El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley antifracking de Castilla-La Mancha

Europa Press.- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta autonómica de Castilla-La Mancha, que dispondrán hasta mediados de febrero para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses». La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.

El PP respeta la admisión

Por su parte, el portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno central que «las decisiones judiciales se respetan». «Eso no es ni a favor ni en contra«, ha manifestado, donde ha apuntado que este asunto «lleva un curso» y que, «en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no”. Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar «ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales» y que será el tribunal «el que se pronunciará».

El 37,8% de los vehículos de la Comunidad de Madrid estarán afectados por las nuevas restricciones en el plan anticontaminación

Europa Press.– El 37,76% de los vehículos de la Comunidad de Madrid, un total de 1.792.208, que son aquellos más contaminantes y que, por tanto, no cuentan con un distintivo ambiental, son los que se verían afectados por las nuevas medidas para el protocolo anticontaminación que estudia el Ayuntamiento de Madrid y que restringirían la circulación a aquellos sin etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en escenarios 2 y 3.

Así se recoge en los datos de la DGT, que indican que a 1 de diciembre de 2017 se encontraban registrados en la Comunidad de Madrid un total de 4.746.526 vehículos: 9.516 de ellos son Cero emisiones, 1.610.981 del grupo B, 1.282.963 del C, 50.858 ECO y 1.792.208 sin etiqueta, correspondientes a aquellos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

La DGT cuenta con 4 etiquetas ambientales distintas en función de varios aspectos, como la naturaleza del vehículo o su potencial efecto contaminador. La primera, la más pura, es la de Cero emisiones, que se otorga a vehículos eléctricos de batería (BEV), de autonomía extendida (REEV) o híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros, así como en vehículos de pila de combustible. En segundo lugar, los ECO son vehículos híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

Esta última se aplica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014. También a vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en diésel la Euro 6.

Por último, la B se limita a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir del 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Incluye, a su vez, a vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Esta clasificación de los vehículos se deriva del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se recoge que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión y propone, además, la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten, todo ello bajo criterios europeos. En definitiva, la medida tiene como objetivo «discriminar positivamente» a los vehículos más respetuosos con el medioambiente.

Información en web de DGT

La DGT recomienda, dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, que se adhiera este distintivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. En todo caso, explican que las administraciones competentes podrán acceder en tiempo real al registro de vehículos de la DGT y conocer la clasificación ambiental y el tipo de etiqueta que corresponde a cada vehículo. Además, el ciudadano que quiera conocer qué distintivo ambiental corresponde al vehículo de su titularidad puede consultarlo en la web de la DGT.

Cada autoridad con competencias en fiscalidad del automóvil, movilidad o medio ambiente podrá decidir en cada momento qué incentivos ofrece a los vehículos más limpios. Por ejemplo, la DGT permite circular en el carril bus VAO a vehículos Cero emisiones. Por otra parte, las oficinas de Correos venden desde el pasado diciembre en Madrid el distintivo ambiental para vehículos de la DGT por un precio de 5 euros. Esta medida es voluntaria salvo para aquellos vehículos afectados por alguna medida de restricción por la contaminación, como ocurre en la capital.

Evitar activar el protocolo anticontaminación

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno municipal que trabaje en elaborar medidas preventivas que ayuden a evitar establecer el protocolo anticontaminación. Así se ha expresado Almeida después de que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, avanzara que se está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que se limite la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que estas medidas están pensadas para los días de alta contaminación, por lo que ha propuesto «cambiar de medidas antes». «Este gobierno adopta medidas que son un auténtico fracaso«, ha apuntado. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad no de hablar del protocolo anticontaminación «que se aplica los días de contaminación», sino de estudiar las medidas preventivas a adoptar «para que no se tenga que llegar a esta situación».

Endesa traslada de Barcelona a Madrid el domicilio social de Endesa Red, su filial de gestión de la red eléctrica

Europa Press.– Endesa Red, la gestora de red eléctrica de Endesa, ha trasladado su domicilio social de Barcelona a Madrid, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). En concreto, se ha mudado al número 60 de la calle Ribera del Loira (Madrid), donde la compañía matriz tiene su sede social. Este negocio facturó 700,5 millones de euros en 2016 y obtuvo un beneficio neto de 658,2 millones de euros.

A lo largo de 2017, un total de 2.536 sociedades trasladaron su sede social fuera de Cataluña, lo que supone un 40,9% del total, a distancia de Madrid, con 1.279 salidas, el 20,6% del total. En el balance entre las empresas que llegaron y las que se fueron, la región catalana registró unas pérdidas de sede social de 1.988 empresas, según datos del Colegio de Registradores. Solo entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre solicitaron 3.208 el traslado de sede social en Cataluña, coincidiendo con el desafío independentista, si bien una parte de las mismas se encuentra aún inmersa en el proceso de cambio de domicilio social. 

El Ayuntamiento de Madrid creará un área central 0 emisiones a partir de junio para mejorar la calidad del aire

Europa Press.- El Ayuntamiento de Madrid creará un área central 0 emisiones a partir de junio de este año, según ha asegurado el consejero Técnico de Ciudadanos de la ciudad de Madrid, Javier Castaño, como una de las medidas que se encuentran dentro del plan de calidad del aire de la capital. Según Castaño, el 70% de la mala calidad del aire es causada por el transporte.

En consecuencia, al sector del transporte se dirigen la mayoría de las iniciativas para reducir la contaminación puestas en marcha por el consistorio. El área cero emisiones tendrá como límites el distrito Centro y se pondrá en funcionamiento «teóricamente» el próximo junio. En esta área solo podrán acceder los vehículos de los residentes, los sin emisiones, vehículos autorizados por los residentes, así como los carga y descarga a ciertas horas y los taxis. Esta medida se une a otras incluidas en el plan como la prohibición de entrada en la ciudad de los diésel Euro 3 a partir de 2025 y la prohibición de utilización de los parquímetros de estos modelos a partir de 2020.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria finaliza los ensayos de la plataforma flotante SATH para turbinas eólicas

Europa Press.- El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha finalizado la campaña de ensayos de la plataforma flotante SATH para turbinas eólicas creada por la empresa Saitec Offshore Technologies, que realizará pruebas próximamente en BiMEP, área de ensayos en mar abierto del País Vasco.

El IHCantabria ha indicado que estos ensayos, enmarcados en el proyecto DemoSATH, se han desarrollado a escala 1:35 en el gran tanque de ingeniería marina de las instalaciones cántabras en el que se han reproducido diferentes condiciones meteo-oceánicas de oleajes, corrientes y viento, simulando mediante una turbina multi-fan la acción del aerogenerador frente a situaciones reales de viento turbulento. Desde IHCantabria señalan que «la solución SATH ha podido ser analizada bajo los estados de mar más exigentes, para así comprobar las capacidades de la plataforma, cuyos resultados han demostrado la aptitud de la solución para afrontar las condiciones más desfavorables».

Estos resultados han sido incorporados dentro de la estrategia de desarrollo de Saitec Offshore Technologies y servirán para la optimización del diseño y la validación del mismo de cara a que la tecnología SATH ofrezca una reducción de costes incluso frente a instalaciones de eólica fija offshore. Así, tras cinco años de desarrollo, SATH (acrónimo de Swinging Around Twin Hull) se presenta como «una plataforma flotante que, además de mostrar gran versatilidad para equipar turbinas de diferente capacidad, integra una estrategia innovadora y competitiva a diversas profundidades», indica el IHCantabria.

Saitec Offshore Technologies busca entrar en el mercado de la eólica offshore en emplazamientos de 30 metros de profundidad en adelante, donde se prevé que la plataforma SATH sea una solución competitiva gracias a sus bajos costes de construcción e instalación. La tecnología SATH incorpora características singulares que favorecen la estandarización del producto. Destaca el uso de hormigón prefabricado, lo que posibilita una construcción modular, fácilmente escalable, a la vez que impulsa el empleo de materiales y técnicas de la industria local, a diferencia de otras soluciones, que requieren técnicas avanzadas de construcción en acero.

Castilla y León planea reducir un 32,45% su consumo de energía y un 30,24% sus emisiones de CO2 en 2020

Europa Press.- La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva Estrategia de Eficiencia Energética, la tercera desde 2002, con un «ambicioso objetivo» que busca rebajar un 32,45% el consumo de energía final y reducir un 30,24% las emisiones de CO2 en 2020, sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica en el que el carbón mantiene un hueco «por razones estratégicas» con un «papel preponderante» para las energías renovables.

Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras aprobarse la nueva Estrategia de Eficiencia Energética, que contempla 79 medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones hasta un 12% por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea. «Es mucho más ambicioso», ha destacado la consejera, que ha recordado que no es tan fácil rebajar consumo y emisiones contaminantes en una etapa de crecimiento económico. Dicho esto, ha significado los resultados de los dos planes de eficiencia energética puestos en marcha en 2002-2007 y 2008-2012 con un ahorro energético del 20,89% en Castilla y León en relación a los indicadores de 1990 que fija la Unión Europea.

«Este dato implica que Castilla y León ha cumplido 7 años antes las metas marcadas por Europa, que instaba a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20% en 2020 respecto a 1990 y a reducir en el 20% las emisiones de CO2 en el mismo horizonte», precisó la consejera, quien destacó la «importante mejora» de la competitividad empresarial que aportan estas medidas.

La ejecución de las 79 medidas programadas hasta 2020 implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones que serán aportados por el sector privado, con 547,9 millones, y por el público, con 251,2 millones, tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos en este caso con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.

Según ha precisado Del Olmo, el sector industrial absorberá el 51,3% del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1%), del transporte (10,8%), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10%) y de la Administración autonómica (2,4%). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3% de los fondos y el 0,1% a iniciativas de difusión de un consumo responsable. La mayor parte de la reducción de emisiones de CO2 prevista corresponde al transporte, con 1,1 millones, seguidas de la industria (844.500), edificios (447.600), entidades locales (98.800) y Administración autonómica (23.600).

Entre las medidas para mejorar la competitividad de la industria y el sector ganadero, con el reto de conseguir una tercera parte del ahorro estimado para 2020, destacan el fomento de inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías y la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de subvenciones. Se pretende introducir también «la mejor tecnología disponible», implantar sistemas de gestión energética UNE-EN-ISO-50001 o aplicar técnicas sobre agricultura de conservación, reducción del consumo de agua e introducción de motores y bombas de mayor rendimiento.

Eficiencia energética en los edificios

El segundo bloque del documento se centra en la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios y hostelería. En el ámbito de los hogares se establecen medidas de apoyo para la sustitución de equipos consumidores de energía por otros de alta eficiencia energética además de incentivos para los edificios de energía cero (near zero energy building, en inglés). En lo que se refiere a los inmuebles del sector terciario, persigue fomentar mejoras en los sistemas de climatización, iluminación y aislamiento térmico. La estimación es que la disminución del consumo logrado con estas acciones represente el 17,7% del objetivo total previsto, cifró Del Olmo.

El transporte es el primer sector consumidor de energía final, con casi el 40% del total en Castilla y León, con el objetivo de que asuma el 44% del ahorro proyectado en la estrategia. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos y en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. Por su parte, la Junta continuará con el plan de desarrollo del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.

El cuarto capítulo gira en torno al consumo energético derivado de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales, tanto en electricidad (alumbrado público y de edificios, además del ciclo del agua), como en gasóleo para edificios y vehículos, gas natural y gasolina. Entre las iniciativas previstas, destacan los programas de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para acometer mejoras en edificios, sistemas de alumbrado exterior y de depuración y abastecimiento de aguas ya que el 4% del objetivo de ahorro fijado para 2020 corresponde a este ámbito.

En la Administración autonómica, quinto apartado del plan, se articulan medidas de optimización por la vía de la sustitución de calderas, instalaciones de refrigeración y ventanas, y otras mejoras en los sistemas de iluminación y climatización en oficinas, hospitales, colegios, centros de salud y de servicios sociales. En este ámbito, el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, potenciará el uso de la herramienta OPTE (Optimización de Tarifas Eléctricas), para que la Junta contribuya con el 9,4% al ahorro de energía estimado para el conjunto de Castilla y León al finalizar el periodo de vigencia de la estrategia.

El sexto eje está dedicado a la I+D+i y pretende orientar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación hacia la energía segura y sostenible. Para Del Olmo, merece una mención especial la propuesta de sellar acuerdos entre el EREN y grupos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León en materia de eficiencia energética. Finalmente, el séptimo área de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León planifica acciones informativas, formativas y de sensibilización dirigidas a ciudadanos, grandes empresas, pymes e instituciones, que se canalizarán a través de la web del EREN, de jornadas y de los medios de comunicación.

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.

La Plataforma contra el ATC nuclear y Ecologistas en Acción creen que la sentencia del TSJCM supone «su final definitivo»

Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.

Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.

“Estupenda noticia” para los opositores

La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».

Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».

Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».

Ecologistas pide cancelar el ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.

Page cree que hay una razón económica muy poderosa para que el Gobierno central quiera seguir construyendo el ATC nuclear

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno “prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber «alguna razón económica muy poderosa» para que el Ejecutivo «siga planteándosela», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM).

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró el «compromiso» del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando «muy importante» que salga adelante. García-Page ha reiterado que España «tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos«, al tiempo que se ha mostrado «satisfecho» de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el  POM es «tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar».

El presidente regional ha criticado la «demagogia barata» de «ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque hacían un agujero donde se enterraban residuos nucleares», asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense «se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos». «Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta», ha recordado, manifestando que «hay opciones posibles y alternativas» al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares.

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page considera que «que falte agua para el ATC puede ser hasta conveniente para que no salga adelante», aunque ha reconocido que podría ser malo «para otras inversiones positivas» en la zona.

PP pide soluciones a Page

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha señalado que respeta las decisiones judiciales respecto al ATC de Villar de Cañas, al tiempo que ha pedido a García-Page, que aporte soluciones y no confrontaciones con el Gobierno central. Así ha reaccionado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha recordado que el presidente castellano-manchego dijo «hace tiempo» en relación al ATC que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la capacidad de crear 1.000 puestos de trabajo en Villar de Cañas. «Estamos esperando esos puestos de trabajo que Page prometió, ¿Dónde están?», se ha preguntado la diputada popular.

PSOE pide un debate autonómico

Por otro lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del ATC de Villar de Cañas. Así lo anunció el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quien lamenta que el ATC «sea consecuencia» de una decisión política y no técnica, en donde se prevé una inversión de 700 millones de euros. «Esa inversión daría solución inmediata a la vida de mucha gente en nuestra región, sin embargo nos meten basura nuclear con un cementerio que está teniendo todas las dificultades del mundo, incluso ante los tribunales», ha argumentado Mora.

Bajo su punto de vista, esa es la «consideración» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, con Castilla-La Mancha. «Los ciudadanos no le importaban nada y su único objetivo era quedar bien con Rajoy para ser ministra. Le importa un pito esta región», sentenció. Con todo, y tras la sentencia del TSJCM, Mora se mostró confiado en que el Gobierno de España sea «sensato de una vez».