Las políticas en materia de eficiencia energética se centran en el desarrollo de un nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para el periodo 2008-2012 (actualmente en fase de elaboración) en conjunción con el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Eficiencia Energética de España (E4), cuyos fondos están regionalizados.

Dentro de este Programa conjunto se actúa en los siete sectores de actividad con mayor potencial de ahorro energético (Industria, Transporte, Edificación, Equipamiento doméstico, Servicios Públicos, Agricultura y Transformación de la Energía), a través de Medidas consideradas prioritarias en el citado Plan de Acción por la Administración Central, tales como:

– Programa de Ayudas Públicas en el Sector Industrial.
– Planes de Movilidad Urbana.
– Gestión de Flotas de Transporte por Carretera, Promoción de la Conducción Eficiente de Vehículos y Renovación del Parque Automovilístico de Vehículos.
– Rehabilitación de la Envolvente Térmica y Mejora de las Instalaciones Térmicas y de Iluminación de los Edificios Existentes.
– Continuación con el Plan Renove de Electrodomésticos.
– Potenciar el Desarrollo de la Cogeneración.
– Aplicación de diversas técnicas de Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura.

Además, la propia Junta establece otras medidas complementarias en consonancia con las peculiaridades de nuestra región, el entramado industrial, los servicios y la actividad rural.

Paralelamente se establecen campañas de formación y difusión, como apoyo a la aplicación de los cambios normativos que se han venido produciendo en el sector energético. Los fondos previstos en el Plan de Acción para este periodo 2008-2012 se sitúan en los 22 M€ anuales, de los cuales unos 17 M€ son aportados por la Administración Central y los 5 M€ restantes por la Administración Autonómica.

Dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energéticase contemplan también otras medidas, no asumibles en la E4 pero muy importantes para Castilla y León, relacionadas con el desarrollo de proyectos energéticos innovadores, operaciones de demostración con posibilidades de réplica en diversos sectores, diversificación de fuentes energéticas, promoción de los biocarburantes y el hidrógeno en el sector transporte, valorización energética de ciertos residuos, etc.

Con todas estas políticas energéticas se pretende superar el objetivo energético marcado por la Unión Europea de reducir en un 1% anual el consumo energético en los próximos nueve años, a la vez que diversificar en lo posible las distintas fuentes energéticas.

Las compañías tienen previsto invertir en Cataluña 2.184 millones de euros en instalaciones eléctricas hasta el año 2011, según el plan de actuación presentado por el conseller de Economía, Antoni Castells, y elaborado a raíz del apagón del pasado 23 de julio, que afectó a 350.000 abonados.

El volumen total de inversiones en distribución eléctrica para este año ascenderá a 481 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a 2007, mientras que las inversiones previstas en redes de transporte se situarán en 94,8 millones de euros.

Los desembolsos para 2008 -los únicos aprobados- se destinarán a nuevas instalaciones, sobre todo subestaciones previstas en el Plan Tramontana de Fecsa Endesa -que acumula retraso en su aplicación- y en líneas de media tensión.

El apagón del pasado 23 de julio fue «revelador de hasta qué punto había insuficiencias» en las instalaciones eléctricas de Cataluña -en palabras de Castells-, una situación que se pretende mejorar con la aprobación de la Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico, que está en fase parlamentaria. El plan de actuación presentado prevé un refuerzo de las labores de inspección y control sobre las compañías.

La Generalitat ha fijado la obligación de que las compañías inspeccionen cada tres años la totalidad de las 60.000 instalaciones eléctricas existentes y se ha comprometido a incorporar diez nuevos profesionales y a mejorar sus sistemas de información para controlar que esos chequeos se llevan a cabo del modo adecuado.

La primera fase de inspecciones se centrará en las subestaciones de 220 y 110/132 kilovatios -como la de Maragall, que se calcinó durante el apagón del 23 de julio-, donde cualquier incidencia puede afectar a un mayor número de abonados.

Para elevar «el nivel de presión» sobre las compañías -según ha explicado el director general de Energía y Minas, Agustí Maure-, la Generalitat incorporará a un responsable de control de inversiones, ocho inspectores técnicos y un letrado, además de mejorar sus sistemas de información, lo que supondrá un gasto aproximado de un millón de euros.

Castells ha asegurado que las compañías eléctricas «exageran un poco» a la hora de evaluar el impacto económico que conllevará la aplicación de la futura Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico. Dicha ley prevé que todos los abonados reciban el servicio eléctrico por más de una subestación, además de elevar las sanciones, actualizándolas al nuevo marco legal español, por lo que las multas podrán ascender a 30 millones de euros, en lugar de los 3 millones que se aplican ahora.

El conseller se ha mostrado dispuesto a «hablar a fondo» con las compañías eléctricas -sobre todo Fecsa Endesa– sobre este asunto, pero ha remarcado que en un servicio público tan importante como el suministro de electricidad no se pueden repetir apagones como el del 23 de julio de 2007.

También ha considerado que las inversiones necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas se pueden realizar «muy razonablemente» sin trasladar el coste a los usuarios a través de las tarifas. La Generalitat presentará en breve un informe de evaluación del estado de la red eléctrica en Cataluña a 31 de diciembre de 2007.

El delegado provincial en funciones de la Consejería de Agricultura y Pesca, Juan Deus, ha abogado por que Medgaz, el consorcio que desarrolla el gasoducto submarino que unirá Argelia y España, subvencione un mes de paro biológico a la flota de arrastre almeriense.

En respuesta a los periodistas en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida junto a la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), Deus ha trasladado a Medgaz esta opción, ante la «cierta distorsión» que está generando la infraestructura entre el sector pesquero, que defiende la paralización de obras hasta que el consorcio demuestre que de ellas no se derivará afección alguna para los recursos.

El delegado en funciones ha apreciado que Medgaz «debería demostrar esa sensibilidad que tiene a nivel medioambiental» abriendo vías de colaboración con el sector, por ejemplo mediante la subvención de un mes de paro biológico para la flota de arrastre. Ha citado además como opción que el consorcio se comprometa al pago de futuras indemnizaciones si el tendido finalmente genera como defiende Asopesca algún tipo de distorsión que pueda poner en peligro a un sector que atraviesa «un momento de flaqueza».

Por su parte, Antonio Quero, presidente de Asopesca, ha reiterado la petición de que Medgaz garantice por escrito que el trazado del gasoducto no va a ocasionar daños a los caladeros y que, una vez concluida la infraestructura, no se prohibirá el arrastre y el cerco en las zonas próximas al tendido.

Tras asegurar que el sector pesquero almeriense lleva tres años planteando estas reclamaciones sin que la empresa se haya sentado formalmente a negociar con ellos, Quero ha indicado que a partir del próximo día 16, cuando previsiblemente se convocará una manifestación, se iniciará una etapa de «enfrentamiento» en la mar entre el sector y Medgaz.

A juicio de Asopesca, el futuro gasoducto atraviesa una zona muy rica en pescado que podría verse afectada por la obra y, con ello, poner en peligro el futuro de 317 embarcaciones de pesca y 1.777 empleados.

El pasado 7 de marzo se inició la primera fase de la construcción del gasoducto con la llegada al puerto de Almería de uno de los buques que prepararán y colocarán los primeros tubos en aguas poco profundas. Según el plan previsto, Medgaz transportará 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año previsiblemente a partir del 2009 desde Beni-Saf, en la costa argelina, hasta Almería, mediante un gasoducto sumergido de 210 kilómetros de longitud que alcanzará una profundidad máxima de 2.160 metros.

El desarrollo de la energía solar se basa en dos formas totalmente diferenciadas de utilización: el autoconsumo que incluye la totalidad de la energía solar térmica y la fotovoltaica aislada, y en segundo lugar la energía solar fotovoltaica conectada a red para venta de la electricidad producida.

La energía solar térmica supone una eficaz medida de ahorro energético, pues su uso implica directamente un menor consumo del combustible de la caldera instalada, ahorrando hasta un 30% de la factura energética correspondiente en términos de vida útil de la instalación.

Su evolución en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la siguiente:

|Situación 31/12/2000|Situación 31/12/2007|Evolución|Datos por habitante (2000 – 2007)|
|10.223 m2|63.085 m2|Multiplicado por 6,2|21,1 m2/1000 hab.|

Por su parte, la energía solar fotovoltaica aislada posibilita el abastecimiento energético en ubicaciones dónde se encarece notablemente el coste de instalación y conexión a la red de electricidad.

La evolución en Castilla y León de la energía solar fotovoltaica es la siguiente:

|Situación 31/12/2000|Situación 31/12/2007|Evolución|Datos por habitante (2000 – 2007)|
|573 kWp|68.762 kWp|Multiplicado por 120|27,3 kWp/1000 hab.|

La energía solar fotovoltaica conectada a red permite una cierta descentralización de la producción eléctrica, acercándola a los puntos de consumo en un exponente de la generación eléctrica distribuida. Este sector ha experimentado un espectacular incremento en estos últimos tiempos pasando de los 3,5 MW instalados a finales de 2005 a los más de 68 MW instalados en la actualidad.

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León ha venido promoviendo el desarrollo del sector solar. Así, en el año 2001 se pone en marcha el Plan Solar de Castilla y León, Plan que desarrolla un programa específico de subvenciones, elabora normativa técnica, acomete la formación de las empresas instaladoras y la información a los usuarios, con la paulatina incorporación de instalaciones solares en edificios públicos.
Como resultado, en lo refiere a la energía solar, en la actualidad, en Castilla y León se encuentran instalados en el entorno de 72.000 m2 y más de 50 MWp. Esta capacidad se ha venido incrementando paulatinamente con los años, habiendo llegado, desde finales del 2002, a cuadruplicar y multiplicar por 50 la superficie solar térmica y potencia fotovoltaica respectivamente. En total, en la Comunidad de Castilla y León se instalaron 12.615,08 kilovatios de energía solar fotovoltaica en el 2006, 11.675 kilovatios más que en el año 2005.

El desarrollo industrial de la energía solar en Castilla y León

La energía solar implica también un importante desarrollo industrial, destacando en Castilla y León la presencia de las siguientes fábricas: planta de Gamesa Solar de fabricación de captadores solares térmicos en Almazán (Soria), fábrica de módulos solares fotovoltaicos en Toro (Zamora) propiedad de Instalaciones Pevafersa, dos empresas de fabricación de seguidores solares en Portillo (Valladolid) -Instalaciones Pevafersa- y Boecillo (Valladolid) -Mecapisa-, y una de dopaje de módulos fotovoltaicos de Instalaciones Pevafersa en Boecillo (Valladolid).
Este esfuerzo inversor se consolida con las cuatro nuevas fábricas promovidas por el Grupo Unisolar (fabricación de captadores solares planos y módulos fotovoltaicos) en Béjar (Salamanca), ClimateWell Ibérica (fabricación de máquinas de absorción) en Ólvega (Soria), DC Wafers (fabricación de células fotovoltaicas cuyo inicio de actividades se producirá este año 2008) en León, y Atrapasol (Grupo Mañanes IPS) de fabricación de captadores solares térmicos para integración en Benavente (Zamora).

Respecto a las empresas instaladoras, más de 60 están operando en este sector, con un empleo mantenido de 240 personas en solar térmica y 950 en fotovoltaica. Entre ellas destacar que alguna de ellas ya ha instalado sistemas de refrigeración solar y que otra posee una importante red de franquicias a nivel nacional.

La evolución anual experimentada en la superficie y potencia instalada en Castilla y León es la siguiente.

Energía Solar Térmica (Superficie instalada anualmente, en m2)
| |2001|2002|2003| 2004|2005|2006|
|Total Instalado|2.895|4.798|6.601|8.254|14.884| 7.458|
|Total Acumulado|13.118|17.916|24.516 |32.770|47.654|55.112|
Final del año 2006: 55.112 m2 energía solar térmica

Energía Solar Fotovoltaica (Potencia instalada anualmente, en kWp)

| |2001|2002|2003|2004|2005|2006|
|Total Instalado|163,03|36,82 |645,07|1.037,66|1.059,33|12.615,08|
|Total Acumulado|736,13|772,95|1.418,02|2.455,68|3.515,01|16.130,09|
Final del año 2006: 3.700 kW energía solar fotovoltaica

El hecho de que a corto – medio plazo, como consecuencia de legislación nacional, por transposición de Directivas Europeas, o por ordenanzas urbanísticas (Burgos, León, Miranda de Ebro, Cuellar y Valladolid), se haga realmente efectiva la obligatoriedad de incorporar energía solar en la nueva construcción, va a suponer un cambio radical en este sector.
Así, la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación implica a partir de ahora esa obligatoriedad, implicando un notable cambio en este sector, aumentando su actividad de un modo muy importante.

Al mismo tiempo, el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios regulará las condiciones que han de cumplir tanto las nuevas como reformas de las instalaciones térmicas de los edificios, como las empresas instaladoras encargadas de ejecutarlas.

Igualmente, el enfoque de las ayudas públicas al sector solar irá poco a poco cambiando, según confirma el EREN. Las ayudas directas a las instalaciones, habrán de ser paulatinamente sustituidas por campañas institucionales de publicidad y formación, así como la incentivación de sistemas pasivos en la edificación, nuevos usos solares en refrigeración, calefacción o procesos industriales o la calidad de las instalaciones a través de sus prestaciones.

La preocupación por la calidad de las instalaciones derivadas de la obligatoriedad introducida por el Código Técnico de la Edificación va necesitar del trabajo de la Administración en dos direcciones.
La primera se basará en las campañas de formación e información diferenciadas a las diferentes entidades implicadas como son las empresas constructoras, de ingeniería y arquitectura, los administradores de fincas, funcionarios municipales, de las diputaciones y de la propia Junta de Castilla y León, instaladores de calefacción y agua caliente sanitaria, etc.

El EREN ha puesto en marcha programas específicos, realizando una intensa labor de difusión y formación a arquitectos, constructores, funcionarios, instaladores, consumidores, etc., sobre estas nuevas normativas.

La segunda buscará el establecimiento de instrumentos y procedimientos normativos que dentro de la legislación vigente, potencien a aquellos profesionales y empresas con elevados parámetros de calidad, así como reforzar los procedimientos de control, inspección la inspección y legalización de las instalaciones, implicando y colaborando con las entidades locales

Finalmente se contempla con enorme interés las posibilidades de las plantas eléctricas termosolares, de las que ya han sido presentados varios proyectos en Castila y León por un total de 400 MW y que contarán con el respaldo de la administración regional.

El pleno del Parlamento Vasco ha aprobado hoy, por unanimidad, una resolución en la que muestra su apoyo a la empresa Iberdrola y el mantenimiento de su sede central en Euskadi, «sin que se fragmente».

Todos los grupos de la Cámara, excepto el PCTV-EHAK y Aralar que no participaron en el debate ni en las votaciones, respaldaron una proposición no de ley del PSE-EE en la que animan a Iberdrola a que «continúe ejerciendo de líder del sector energético y apostando por las nuevas fuentes de energía renovable».

Este debate se ha producido después de que se haya conocido el interés de comprar la eléctrica vasca por parte de la compañía pública francesa del sector, EDF, y la constructora española ACS, o la posibilidad de otra operación liderada por Gas Natural.

El Parlamento también ha apoyado, por unanimidad, una enmienda de adición del tripartito en la que se insta al Gobierno español a que utilice el «ordenamiento jurídico para garantizar que no se produzcan asimetrías que rompan la equidad y reciprocidad en las operaciones mercantiles».

El portavoz en el debate del PNV, José María González, ha explicado que esta asimetría se da en el interés de compra de Iberdrola por parte de la compañía pública francesa, por lo que ha dicho que el sentido de esta enmienda es animar al Gobierno español a que «impida» que se lleve a efecto esta operación.

El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha defendido la iniciativa original y ha dicho que Iberdrola es una «marca de país que genera riqueza e imagen en el mundo y que hace posible además que Euskadi esté presente como un referente importante en el sector energético mundial».

López ha rechazado una enmienda del PP, en la que se pedía explícitamente que el Gobierno impidiera que empresas privadas españolas de sectores estratégicos no acaben siendo públicas o filiales de públicas de otros países.

El secretario de los socialistas vascos ha explicado que eso es «justamente lo contrario de lo que Manuel Pizarro hizo con Endesa, olvidándose de estos criterios de interés público que ahora el PP reclama al Gobierno de España» y centrándose en conseguir el mayor precio por la venta de la energética, «aunque el comprador fuese la empresa pública italiana Enel».

Antonio Damborenea (PP) ha dicho que su enmienda decía lo mismo que la del tripartito, que ha apoyado el PSE-EE, pero de forma explícita, y ha sostenido que en esta materia lo realmente importante es defender el derecho de los ciudadanos a que tengan un suministro eléctrico bueno y a un precio razonable.

Damborenea ha explicado que fue el Gobierno socialista el que, con el caso de Endesa, «abrió el melón» de la compra de empresa de sectores estratégicos.

González (PNV) ha añadido que la «asimetría» citada en su enmienda se refiere a que EDF es una empresa pública que, incumpliendo las directrices de la UE, goza de una «ventajosa» situación de cara a este tipo de operaciones y en el mercado, ya que el Gobierno francés, por ley, no puede enajenar la gran mayoría de su capital.

El parlamentario del PNV ha considerado que en estos asuntos los distintos gobiernos españoles han actuado «con mucha ingenuidad, por no decir otras cosas» y ha mostrado su apoyo a un «altamente deseable» mercado común de la energía.

Rafael Larreina (EA) ha aprovechado este debate para recordar que La Caixa participa de Gas Natural y que se debe hacer en Euskadi una «reflexión urgente» para promover la fusión de las tres cajas vascas que sirviera como la entidad catalana de apoyo a proyectos empresariales vascos.

Larreina ha asegurado que la no fusión de las tres cajas ya ha provocado que la sede de la antigua empresa Gamesa ya no esté en la Comunidad autónoma vasca, porque la Caja Vital, ha dicho, no tenía los recursos necesarios para apoyar el proyecto industrial.