La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, ha mantenido en Valladolid una reunión con representantes de empresas que fabrican componentes del sector fotovoltaico en Castilla y León, a quienes ha trasladado la «franca preocupación» del Ejecutivo autonómico por lo que consideran un «freno» al desarrollo de esta actividad en esta Comunidad.

La nueva regulación estatal «deja de lado las competencias de las comunidades autónomas» en esta materia, según Hernández, quien fundamentalmente se ha quejado por la creación de un Registro Nacional de licencias para este tipo de instalaciones, que deja a la Junta de Castilla y León «sin posibilidad de ordenar» la concesión de licencias y su localización en el territorio de la Comunidad.

También ha lamentado que el cupo fijado por el Real Decreto fije en 400 megavatios la potencia instalada que puede asumir España cada año, ya que sólo Castilla y León tiene proyectos autorizados que suman 600 megavatios, según los datos aportados por Hernández.

Adecuar la regulación

El Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, justifica la nueva regulación porque el «espectacular» avance que ha experimentado la fotovoltaica en España hacía necesario estudiar la evolución del mercado y adecuar la regulación a las nueva situación, manteniendo una inversión pública «razonable».

«Hemos corrido mucho y ahora es necesario revisar los resultados y marcar un nuevo régimen de acuerdo con esos mismos resultados y las previsiones que tenemos por delante», dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, en el que se aprobó la normativa.

La viceconsejera castellanoleonesa ha insistido en que un sector que ofrece actualmente 40.000 empleos en España y unos 4.000 en Castilla y León no puede ser «desaprovechado» en la actual situación de crisis económica, por lo que ha augurado que se perderán oportunidades de generación de empleo futuro.

Hernández ha propuesto que se opte por modelos como el de la industria alemana, donde «no existen cupos y la producción se adapta a la demanda.

Cáceres cuenta con una planta fotovoltaica de la empresa extremeña Eco Energía del Guadiana S.A, está dotada de 15.000 placas y cuenta con una capacidad de tres megavatios, capaz de generar energía para abastecer el suministro anual de la población de Casar de Cáceres, en cuyo polígono industrial está ubicada.

La «Dehesa Solar de Cáceres», como se denomina la planta, fue inaugurada por la alcaldesa cacereña, Carmen Heras, que estuvo acompañada por el director general de Planificación Industrial y Energética de la Junta de Extremadura, Manuel García Pérez; y por el presidente y el administrador del Grupo Eco, José Luis Joló y Javier Joló, respectivamente.

En su intervención, Heras ha destacado que Extremadura y en concreto Cáceres están rodeados de espacios naturales «bellos y ricos» en los que la empresa Eco Energías competirá preservándolos y generando riqueza y empleo.

Por su parte, García Pérez ha informado de que de cada 100 megavatios que se producen en toda España, entre 20 y 25 son generados en Extremadura, lo que, según el director general, demuestra el potencial de la región.

En concreto, ha subrayado que la citada planta producirá alrededor de 4.800 megavatios con lo que conseguirá una reducción de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono en un año de cerca de 1.260 toneladas.

En este sentido, el presidente del Grupo Eco ha destacado el compromiso con el medio ambiente de su empresa en la producción de energías renovables.

Además, ha recordado que «Dehesa Solar de Cáceres» es el segundo gran proyecto de Eco Energías, que ya tiene instalada una planta en Villar del Rey (Badajoz), ubicada en una antigua escombrera que produce 1,6 MW, y que inaugurará, asimismo, el 3 de octubre en los términos municipales de Don Álvaro y Mérida su proyecto más importante que ha permitido construir la planta más grande del mundo en sus características.

La «Dehesa Solar Cáceres», según ha explicado el administrador de la empresa, ha supuesto una inversión de cerca de 25 millones de euros, incorpora paneles fijos y está conformada por 30 instalaciones de 101,5 kilowatios pico y 83,3 de potencia nominal.

La obra ha sido realizada en un tiempo récord de tres meses por la empresa Eco Energías del Guadiana S.A. creada en 2006 fruto de la unión de profesionales altamente cualificados y con la idea de aportar soluciones energéticas para Extremadura.

Según han informado fuentes de la Comunidad, la Consejería de Economía y Hacienda exigirá además a las compañías eléctricas la «realización inmediata» de un plan especial de revisión de las instalaciones, con motivo de las fuertes lluvias caídas últimamente en la región.

Asimismo, advierten de que la Comunidad «aplicará con todo rigor» la Ley regional de Garantía de Suministro eléctrico, que obliga a restablecer la electricidad «al cien por cien» de los afectados, transcurridas seis horas desde el registro de la incidencia.

En caso contrario, la ley contempla la imposición de sanciones por falta leve (hasta 600.000 euros), grave (hasta 6 millones) o muy grave (hasta 30 millones de euros).

La Consejería de Economía y Hacienda anima a los usuarios afectados por los cortes de suministro eléctrico a que efectúen las correspondientes reclamaciones y recuerda que velará para que los daños causados se reparen de forma urgente, según los términos que establece la Ley de Garantía de suministro de la Comunidad.

La CNE abrirá otro expediente informativo a Iberdrola

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) también abrirá un expediente informativo sobre el corte de suministro eléctrico que ha afectado a unos 40.000 usuarios de Madrid a raíz de dos incendios ocurridos en varias instalaciones de Iberdrola.

Iberdrola repuso el servicio a la mayoría de afectados

Por su parte, Iberdrola, la empresa eléctrica responsable de las instalaciones que han resultado dañadas, ha señalado que se repuso el servicio a la mayoría de los clientes afectados gracias a la «realimentación» de las líneas incendiadas desde otras instalaciones y a los 20 grupos electrógenos que se han trasladado a la zona.

La compañía movilizó a todo su personal en Madrid e instaló una oficina móvil en Retiro para atender a los clientes afectados.

El fuego se originó ayer sobre las 05.00 horas en una subestación eléctrica situada a la altura del número 86 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, dos horas después de que se hubiese declarado otro incendio en un transformador eléctrico de Iberdrola situado en el número 45 de la calle Menorca, correspondiente al mismo distrito madrileño de Retiro.

Iberdrola restableció sobre las 18.00 horas de ayer la totalidad del suministro eléctrico a los clientes afectados por ambos incendios, que los bomberos apagaron sobre las 19.00 horas.

El siniestro tuvo lugar en el aeropuerto madrileño de Barajas a las 14.45 horas de ayer cuando la aeronave modelo MD-82, con destino a Gran Canaria, chocó supuestamente con la pista durante la maniobra de despegue.

Hasta el momento, y a pesar de que ya han sido recuperadas las cajas negras del aparato, se desconocen las causas del accidente del avión, que partía de Madrid hacia el archipiélago con una hora de retraso, si bien fuentes aeroportuarias no han podido precisar las causas de la demora.

Al parecer, el aparato se partió en dos y provocó un incendio en las inmediaciones de la pista 36 del aeropuerto, una zona que quedó acordonada, mientras los servicios de emergencias realizaban las labores de evacuación a las víctimas.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la región, entre ellos, La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, La Princesa, el Niño Jesús e Infanta Sofía.

Hasta el lugar del accidente se acercaron familiares de las víctimas para conocer de cerca el estado de sus allegados, en tanto que la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja desplazaron hasta allí servicios de atención psicológica para ayudarles.

A pesar del suceso, el tráfico aéreo en el aeropuerto se reanudó su funcionamiento «con regulaciones», en una instalación en la que se suelen realizar 38 operaciones a la hora.

Investigación del accidente

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que se encuentra de guardia, será el encargado de investigar las causas del accidente, por lo que se desplazó hasta el aeropuerto al frente de una comisión judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres y practicar las primeras diligencias.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a un pabellón del Recinto Ferial de Madrid (IFEMA), al igual que se hizo en el atentado del 11-M, donde la Policía Científica y un equipo de un mínimo de veinte forenses proceden a las labores de identificación.

Familiares de las víctimas del vuelo Spanair JK5022 volaron desde Gran Canaria a Madrid en un avión facilitado por esta compañía, que también ha previsto la salida de otra aeronave desde Palma de Mallorca con un equipo de trabajadores voluntarios de la compañía para reforzar el operativo de emergencia.

Desde el momento en que se conoció el accidente se han sucedido las muestras de condolencia y de consternación por parte de las principales instituciones del país ante el trágico suceso.

Así, la Familia Real está siguiendo de cerca los acontecimientos «consternada» y el Rey Juan Carlos está en contacto permanente con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con otros miembros del Gabinete, que le proporcionan información puntual.

Por su parte, Zapatero suspendió sus vacaciones en Doñana para trasladarse a Barajas y poder así seguir de cerca el suceso, al igual que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

También los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Fomento, Magdalena Álvarez, han seguido ‘in situ’ los acontecimientos, así como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los tres se reunieron en una sala de crisis del aeropuerto para coordinar el operativo puesto en marcha en las últimas horas.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, también dio por terminadas sus vacaciones en Galicia para desplazarse a Madrid, y trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas, tal y como también hicieron otros partidos e instituciones.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han decretado tres días de luto oficial a partir de hoy, así las banderas de todos los centros oficiales de la región ondearán a media asta los días 21, 22 y 23 de Agosto.