El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

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Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

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Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera han perdido población tras su cierre en 2006

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Europa Press.- Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), han perdido población desde el cierre de la planta en 2006, según un estudio sobre el efecto local de la planta encargado por el Movimiento Alternativa a Zorita a la Universidad de Alcalá, que concluye que el cese de la actividad «no ha sido un chollo» para la comarca.

Así lo ha manifestado el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila, en alusión al estudio encargado a la universidad por este movimiento, formado por 13 municipios que conforman la Mancomunidad Tajo-Guadiela, sobre la evolución económica y poblacional de esta comarca en comparación con pueblos no nucleares semejantes. La central de Zorita, cerrada desde el 2006, afronta actualmente su fase final de desmantelamiento y, según muchos de los alcaldes de esta comarca con los que coincide Vila, desde entonces el descenso poblacional y económico es un hecho constatable que hace más necesario que nunca dar apoyo a la zona con el fin de que «no muera del todo».

Según Vila, dicho estudio deja claro que los pueblos que no han tenido nunca una nuclear están ahora mejor que aquellos que la tuvieron y ya no la tienen. Para Vila, esto demuestra la teoría que siempre ha tenido AMAC de que «tener una planta nuclear te da unas ventajas cuando la tienes, pero te deja desierto cuando la cierras».

En este sentido, el gerente de AMAC explicó que, a raíz de la implantación de la primera nuclear de España en la comarca de Zorita, muchos de los residentes abandonaron sus actividades tradicionales para irse a trabajar a la planta pero, tras su cierre, ya no retomaron los trabajos que hacían anteriormente, «acabándose la actividad económica clásica» de esta comarca. Por todo ello, para AMAC, este estudio refleja que «es más necesaria que nunca» la participación y colaboración de las administraciones para combatir la pérdida poblacional y económica de esta comarca de la Alcarria, que precisa de una «atención especial».

Desde estos pueblos tienen aún más claro que el «el golpe más fuerte» aún está por llegar, y que se producirá en 2019 o 2020, con la llegada del desmantelamiento total de la planta por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Por ello, el Movimiento Alternativa a Zorita y AMAC confían en que para entonces exista un proyecto nuevo para una comarca en la que, si no se actúa, «morirá», premonición que comparten la mayor parte de los alcaldes de esta zona, tremendamente preocupados por la creciente despoblación que sufren sus pueblos.

Nucleares operando a largo plazo

Por otra parte, las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II han recibido una misión internacional para afrontar sus operaciones a largo plazo, según indicó la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II (Anav). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promovió la fase preliminar de la Misión Salto que evalúa el estado de las acciones emprendidas en las centrales de Anav para operar las centrales más allá de la vida establecida en el diseño inicial de estas instalaciones y da recomendaciones de mejora de acuerdo a los más altos estándares internacionales de la industria nuclear.

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Alcoa plantea parar la serie de electrolisis en A Coruña y Avilés para que esté operativa si hay un inversor

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Europa Press.– Alcoa se ha mostrado dispuesta a apagar la serie de electrolisis en sus fábricas de A Coruña y Avilés, sobre las que pesa el anuncio de cierre, para que esta parte de actividad de las plantas pueda estar operativa si surge un inversor. Así actúa la empresa al demorar 6 meses el ERE presentado para ambas fábricas, como solicitó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

De la reunión mantenida con el Gobierno, representantes de las administraciones autonómicas de Galicia y Asturias y sindicatos, no han querido concretar nada sobre su posicionamiento. Únicamente han dicho que se trataron «numerosas ideas». Sí han insistido en que tanto la fábrica de Coruña como la de Avilés «están afectadas por problemas estructurales». «Organizativos, productivos y tecnológicos», han añadido, incidiendo en que esto supone «menor capacidad de producción y altos costes operativos». A ello, suman «una tecnología obsoleta, menos eficiente».

Con todo, han dicho que la multinacional está dispuesta «a apagar la serie de electrolisis, una de las partes de la actividad en las fábricas junto a la fundición, para que quede en condiciones óptimas durante un período de tiempo«. De esta forma, según han explicado, «si surge un inversor interesado», podrían volverse a poner en funcionamiento. No obstante, han indicado que, para ello, necesitarían la «cooperación» de los trabajadores.

Hasta el 30 de junio

Por su parte, el Gobierno arrancó a la empresa el compromiso de fijar un plazo de 6 meses para buscar una alternativa al cierre de las plantas. Esto implica la paralización del ERE puesto en marcha por la compañía estadounidense en ambos centros españoles y que se pueda trabajar con un escenario temporal más amplio para encontrar soluciones al problema.

«Hay soluciones y estamos evaluando proyectos», aseguró la titular de la cartera de Industria, al tiempo que resaltó la necesidad de una voluntad por parte de Alcoa para llegar a soluciones similares a las que se alcanzaron en los casos de Vestas y de Cemex. «Si hay voluntad por parte de la empresa, el Gobierno ya ha demostrado en los casos de Vestas y Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresa que se produzca en este país», añadió.

Por otro lado, fuentes de Industria explicaron que se ha abierto una línea de trabajo con la empresa tras el bloqueo mantenido en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. «Ahora se pasa a un escenario de prudencia en el que se han puesto sobre la mesa varias propuestas, entre las cuales está establecer 6 meses de plazo para analizar todo«, añadieron dichas fuentes.

Familias vulnerables de Calatayud experimentan por primera vez en España el prepago de electricidad para incentivar el control del consumo

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Europa Press.- El Proyecto ReluCe, impulsado por Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Calatayud, ya está en marcha. La operativa ha comenzado ya con el objetivo de incentivar el consumo eficiente de energía y control de gasto de las familias vulnerables mediante un sistema de prepago de la electricidad. Esta es la primera experiencia de este tipo que se realiza en España.

Con este sistema, el usuario es informado a través de SMS, de forma semanal, sobre la evolución de su saldo y de la previsión de necesidad de recarga, si fuera necesario, para llegar a final de mes. De este modo, el consumidor puede llevar un control sobre el gasto realizado y adecuar su consumo. Cuando el saldo está próximo a terminarse, los participantes reciben un aviso en el móvil informándole sobre la necesidad de realizar una recarga. Si no la realizan y se quedaran sin saldo, su potencia quedaría reducida hasta un nivel que les permita cubrir las necesidades básicas, evitando el corte de suministro.

El proyecto permite mejorar la gestión del gasto en electricidad en el hogar de estas familias, la planificación de los recursos económicos familiares evitando gastos inesperados y conocer los consumos de forma semanal para poder implementar medidas si se detectan consumos por encima del óptimo en cada hogar. De forma previa al comienzo de la operativa, el proyecto ha optimizado el contrato de electricidad de las 18 familias ayudándoles a tramitar el bono social en los casos que tuvieran derecho al mismo. Por su parte Ecodes, ha mantenido con las familias un continuo contacto, asesorándoles y formándoles en una mejor comprensión de la factura eléctrica y en hábitos y medidas para lograr un consumo eficiente.

Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

El Gobierno aprueba ayudas por 12,9 millones de euros para proyectos que presenten una alternativa en zonas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC) la convocatoria de ayudas por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para 2018.

El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes. En concreto, se trata de ayudas de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas. El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 fue suscrito en 2013 por el entonces Ministerio de Industria, con los sindicatos y la patronal Carbunión.

Causapié, portavoz socialista del Ayuntamiento, hace balance positivo de Madrid Central pero pide mejorar la fluidez en el transporte público

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Europa Press.- La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, hizo un buen balance de la puesta en marcha de Madrid Central, aunque cree que debe mejorar la fluidez de Metro de Madrid y los autobuses, en coordinación entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes.

«Parece que va todo bien, quiero poner en valor el inicio de este gran proyecto para la ciudad de Madrid que espero que sea un gran proyecto para acabar con la contaminación, mejorar la salud de los madrileños y la utilización de ese espacio que debemos de disfrutar todos los madrileños, dando más prioridad a los peatones y un poco a los coches», ha señalado la portavoz socialista. No obstante, cree que en este periodo de prueba habrá aspectos que tendrán que ir mejorando para que funcione «bien» y desde el PSOE ha asegurado que van a estar «en la evaluación permanente en el día a día para ir mejorando».

En este punto, Causapié considera que el Consorcio, Comunidad y Ayuntamiento tienen que «mejorar el Metro y los autobuses» para que «funcione bien el transporte y se den garantías a los madrileños, no solo durante el día sino por la noche». Además, la portavoz socialista en el Consistorio ha solicitado al Gobierno municipal que haga «una excelente campaña de información», algo que asegura le llevan pidiendo «desde hace mucho tiempo».

Primera fase informativa sin multas

En sus 472 hectáreas de superficie (prácticamente la totalidad del distrito Centro), se elimina el tráfico de paso y la circulación de los vehículos más tóxicos para reducir la contaminación en la zona un 40%, con una primera fase sin multas. Esta zona de bajas emisiones, incluida en el Plan A de Calidad del Aire, tiene como objetivo «reducir la contaminación, el ruido y mejorar el reparto del espacio público», indicó la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.

En este espacio estará restringido el tráfico de los vehículos, excepto residentes, transporte público, los vehículos de determinados colectivos necesarios para el distrito y los menos contaminantes, según los distintivos ambientales de la DGT, que se recomienda llevar en el parabrisas hasta que comience a ser obligatorio, el próximo 24 de abril de 2019, según la ordenanza de Movilidad Sostenible.

La primera fase será informativa, con controles manuales de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, esto es, lo que rige fundamentalmente es la señalización vertical y horizontal, aunque todas las cámaras estén instaladas. Los policías informarán de las normas de Madrid Central. En enero entrará en funcionamiento el control automático con dos meses de notificaciones de las infracciones sin multas.

Madrid Central elimina el tráfico de paso por el distrito y también los vehículos más contaminantes y que más kilómetros realizan para conseguir una reducción de emisiones del 40% en la zona. Su zona de aplicación está delimitada por la circunvalación de rondas y el eje Prado-Recoletos. El perímetro lo forman las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Se ha pintado en la calzada una doble línea roja que señala el perímetro de Madrid Central. Por la zona delimitada pasan más de 70 líneas de la EMT, 6 de Metro y 9 de Cercanías. Hay además 59 paradas de Bicimad, 27 paradas de taxi y una decena de empresas de carsharing, junto a 9.000 plazas de rotación y 4.000 plazas en aparcamientos disuasorios en la ciudad. Sabanés insistió en que se llega a Madrid Central tras tres años de trabajo y un proceso «dialogado» con todos los sectores, expertos, con el Ministerio, etc.

Como norma general podrán acceder y circular los vehículos de personas empadronadas dentro del área de Madrid Central y con movilidad reducida. Además, hay una serie de excepciones y moratorias para diversos colectivos, como los invitados de las personas residentes (20 invitaciones al mes), distribución urbana de mercancías, empresas de servicios, fuerzas de seguridad y emergencias, colegios o trabajadores nocturnos. Los vehículos con etiqueta CERO y ECO podrán acceder y estacionar en el SER. Y los que tengan etiquetas B o C podrán acceder para aparcar en un garaje particular, reserva de estacionamiento no dotacional o aparcamiento de uso público.

En el caso de las motos y ciclomotores, podrán entrar y estacionar sin limitaciones con etiqueta CERO o ECO. Con clasificación B o C podrán acceder entre las 7 y las 22 horas. Fuera de ese horario podrán hacerlo si estacionan en un parking, garaje particular, plaza de aparcamiento para residentes o reserva de estacionamiento no dotacional. Los paneles informativos con la ocupación de los parkings llegarán en meses. En la web municipal madrid.es se ha creado un apartado dedicado a Madrid Central, donde se recoge toda la información sobre el funcionamiento de Madrid Central.

Las excepciones y moratorias permiten acceder a vehículos de empresas y profesionales de servicios y suministros en un horario en función de la tecnología del vehículo, permitiendo la circulación de vehículos sin etiqueta durante un periodo de transición. Según se recoge en ordenanza, los vehículos con MMA no superior a 3.500 kilogramos que no tengan distintivo ambiental podrán acceder hasta diciembre de 2019 y el resto tendrá un horario diferenciado en función de su tecnología.

Los titulares de plazas de garaje particulares y plazas de aparcamiento municipal para residentes situadas en Madrid Central podrán acceder a sus plazas con cualquier vehículo hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando no se les permitirá el acceso sin distintivo ambiental. Los propietarios de plazas deberán acreditar su propiedad, solicitar permiso para un vehículo y si precisan acceder con otro podrán hacer un cambio de matrícula al día.

Los parkings de uso público o privado y reservas de estacionamiento no dotacional podrán acceder para estacionar todos los vehículos que tengan etiqueta ambiental. Los taxis, así como VTC con servicio previamente contratado, deberán tener distintivo ambiental para acceder. Los que tengan distintivo B podrán acceder hasta el 31 de diciembre de 2022 salvo en el caso de vehículos acondicionados para el transporte de las personas con movilidad reducida, que podrán seguir haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025.

A los vehículos de carsharing se les aplica la norma general. En su mayor parte son eléctricos, por lo que podrán circular y aparcar en el SER sin limitaciones. Las actividades y establecimientos ubicados en Madrid Central tendrán 10 permisos individuales de un día al mes. Los vehículos sin etiqueta podrán ser invitados hasta el 31 de diciembre de 2019.