Redacción / Agencias.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la norma que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que fue aprobada por el pleno del Senado la semana pasada tras recibir el visto bueno del Congreso y que busca introducir más competencia en el sector. La nueva ley, que entrará en vigor este sábado, establece la creación de un mercado secundario del gas para obtener precios «más competitivos y transparentes» y facilitar la entrada de nuevos comercializadores.

La norma limita la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones. Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién sea el titular de la instalación. No obstante, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere dicha cuota de mercado.

Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado. Conforme a la nueva Ley, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen.

Impulso al desarrollo del fracking

Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica del fracking; para ello el Gobierno crea incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad. La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.

La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de gas o petróleo.

Asimismo, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones, fomentando la competencia, ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores. Además se elimina la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y se modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos. De igual forma, se igualan las exigencias de existencias de seguridad, que aportan una mayor flexibilidad, para los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.