EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha anunciado su intención de recurrir la norma que pretende aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha para obligar a todas las estaciones de servicio a contar con un baño y, por tanto, con personas en las gasolineras.

En este sentido, Aesae recuerda que la Junta de Castilla-La Mancha derogó el artículo 2 del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en el que se obligaba a las estaciones de servicio automáticas a contar con personal para poder operar.

«Sin embargo, unos meses después, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento que pretende aprobar una norma que obliga indirectamente a tener personal en este tipo de estaciones dedicado a tener los servicios higiénicos limpios y seguros», añade Aesae.

A este respecto, el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez, señala que «el tiempo medio de los repostajes en una estación automática es inferior a 10 minutos», mientras que en las oficinas bancarias, por ejemplo, «el tiempo medio es sensiblemente mayor y a éstas no se les exige aseos para los clientes».

Según la Aesae, «la justificación aducida por el Gobierno regional es la de la seguridad vial de los conductores y, a cambio de esta pretendida mejora de la seguridad vial, la Junta no tiene ningún problema en que los conductores castellano-manchegos paguen más de 330 euros al año a las compañías con estaciones de servicio tradicionales, en definitiva, al oligopolio«.

De esta manera, subraya Jiménez, «las grandes empresas no tendrán competencia y continuarán disfrutando de unos márgenes que están entre los más altos de la Unión Europea».

Por último, Aesae destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas «con el precio más alto en carburantes de España», por lo que, si esta medida se aprueba, «liderará, con toda seguridad, la clasificación de comunidades autónomas con los precios más altos».

Andalucía retira un decreto similar

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha retirado el decreto que pretendía aprobar en los próximos meses y que obligaba a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador para poder operar durante el tiempo que ésta permaneciera abierta. Este decreto ha sido finalmente retirado ante la carencia invalidante puesta de manifiesto por la Aesae.

Aesae, ante la «falta de transparencia y la negativa» a dar acceso al expediente, presentó un recurso ante los tribunales. Finalmente, por la falta de transparencia, la Junta ha decidido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano competente para este litigio, dar marcha atrás en su objetivo de aprobar la norma que obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal.

No obstante, y «ante una clara vocación de defender a las estaciones tradicionales» por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la Ley de las Personas con Discapacidad por la que se obliga a las estaciones desatendidas a tener personal.

Estas actuaciones llegan en un momento en el que la Comisión Europea está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás, pues según la Comisión Europea son contrarias al libre mercado y a la libre competencia, según ha recordado la asociación.

Esta falta de competencia provoca que cada familia andaluza tenga que pagar «más de 300 euros al año», según la OCU, respecto al resto de las regiones. «La apertura de una estación de servicio automática no solo beneficia a los que la eligen, sino a todos, porque cuando una gasolinera de este tipo abre el precio de los carburantes disminuye en la zona de influencia en una media de 10 a 15 céntimos por litro», ha explicado Manuel Jiménez Perona.

Según la asociación, actualmente las barreras que existen para las personas con discapacidad «están presentes en muchas estaciones de servicio». Los problemas que presentan son barreras arquitectónicas, surtidores a altura excesiva, etcétera. «Estos obstáculos son insalvables a pesar de que haya una persona en la gasolinera. El problema es de diseño y de no pensar en estas personas», explica Jiménez Perona.