Europa Press.- El Gobierno vetó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Baleares contra las prospecciones en el Mediterráneo alegando que implicaría una reducción de ingresos por importe de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas. Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento balear sobre la protección del Mediterráneo de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
En su escrito de disconformidad, el Gobierno comienza señalando que la iniciativa provocaría una disminución de los ingresos en 4,7 millones de euros, procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente estas actividades, que dejarían de ingresarse y que podría incrementarse. Este Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, según señala el Ejecutivo, grava el valor de los productos de dominio público extraídos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos. «La base imponible del impuesto está constituida por el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados», apunta el Gobierno.
«Atendiendo a los proyectos actualmente existentes, la aprobación de la ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas tercera (perforación de sondeos en permisos de investigación y concesiones de explotación) y cuarta (adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación) del canon de superficie», apunta.
Pero este no es el único argumento del Ejecutivo para vetar este propuesta ya que, según señala, su aprobación también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones de euros. Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área.
«La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos», apunta el Gobierno. Así, el Ejecutivo señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio del petróleo de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.
Ciudadanos trabajará contras las prospecciones
Por su parte, Ciudadanos de Baleares criticó el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos«, y aclara que se trata de un veto del Gobierno ejercido dentro de las facultades que le otorga la Constitución. En este sentido, la diputada autonómica de Ciudadanos Baleares, Olga Ballester, explicó que «el Gobierno tiene la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas legislativas que suponen modificación del presupuesto o disminución de ingresos».
En este sentido, ha precisado que el poder legislativo «no puede anular esa prerrogativa que posee el poder ejecutivo y que le otorga la Constitución», y ha apuntado que, si la Mesa se opone a que el Gobierno ejerza esa facultad de veto, «su decisión sería en breve tumbada por el Tribunal Constitucional, quedando la tramitación de la proposición de ley anulada. Un bucle que nos retorna a la situación inicial», ha aseverado al respecto.
«En Ciudadanos apostamos por hacer política útil y no de cara a la galería, por lo que seguiremos trabajando por otras vías como es la negociación directa con el Gobierno para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones», reivindicó. «En Ciudadanos trabajamos por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos, así como un modelo energético sostenible«, ha aseverado la diputada, quien ha recalcado que los proyectos de prospecciones petrolíferas «ponen en riesgo el equilibrio ecológico, así como nuestros principales sectores productivos», concluyó Ballester.
