Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara un decreto en el que, entre otras cosas, obligará a las estaciones de servicio a contratar a un auditor externo que verifique aspectos como las ventas realizadas, los descuentos aplicados o los tipos de contratos del operador. Esta obligación afectaría a los titulares de las instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos e instalaciones terrestres obligados a remitir información de precios a la Dirección General de Política Energética y Minas.
En la actualidad, más de 9.000 estaciones de servicio participan en el sistema de remisión diaria de precios al Ministerio de Energía, que luego utiliza la información, entre otras cosas, para informar a los consumidores finales a través de Internet. A partir de ahora, los sujetos «deberán acreditar mediante auditoría independiente» algunos de los datos de los que informan regularmente a Energía, entre ellos los de las cantidades anuales vendidas por producto, las cantidades anuales vendidas con descuento o los contratos de suministro en exclusiva. Quedarán exentas de las medidas las estaciones de servicio que suministren carburante a las Fuerzas Armadas y las que vendan menos de 500.000 litros anuales.
Fuentes del sector indicaron que, como media, una gasolinera vende en España entre 1,5 y 2 millones de litros al año, y que el volumen indicado por Energía en el borrador implica a efectos prácticos la inclusión de la gran mayoría de estaciones de servicio dentro de la nueva obligación, salvo las cooperativas o las desatendidas. El auditor independiente que contraten las estaciones de servicio deberá estar inscrito en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La medida figura en un proyecto de real decreto en el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte.
El borrador también incluye un objetivo del 0,1% en la incorporación de biocarburantes avanzados para 2020, frente a la referencia del 0,5% fijada por la Comisión Europea. Estos biocarburantes avanzados aportan una reducción considerable de las emisiones y se diferencian de los convencionales en que no se producen a partir de cultivos para alimentos, como el azúcar, el almidón y los aceites vegetales. La directiva comunitaria, explica Energía, «establece que los Estados perseguirán un objetivo del 0,5% de biocarburantes avanzados», si bien «abre la posibilidad de fijar un objetivo inferior«.
El Gobierno considera que el desarrollo de los biocarburantes avanzados depende principalmente de tecnologías innovadoras, actualmente no disponibles a gran escala, por lo que en 2020 es probable que no exista la posibilidad material de alcanzar el objetivo indicativo propuesto por la Comisión Europea. «Este aspecto es especialmente perjudicial para España, debido a su gran parque de vehículos diésel y el retraso en el desarrollo de bios avanzados. La puesta en marcha de fábricas a escala comercial capaces de producir estos biocarburantes presenta actualmente un gran nivel de incertidumbre y requerirá todavía varios años, además de inversiones notablemente elevadas», señala.
El Gobierno cita datos de la división de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) según los cuales en el 2020 podría alcanzarse el objetivo propuesto del 0,1%. Para ello, habría que recurrir al bioetanol producido a partir de orujo se uvas y lías de vino, así como al biodiesel procedente de materias primas como desechos industriales, bagazo, efluentes de molinos de palma y lodos de depuración, con tecnologías más maduras en plantas de producción ya existentes.
