Redacción / Agencias.- Patronal y sindicatos, defensores de las estaciones de servicio atendidas, lanzaron la plataforma Gasolineras Atendidas y Seguras (GAyS), con la que quieren reclamar la presencia de al menos un empleado por estación de servicio. Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas adicionales de seguridad que deben implantar las gasolineras desatendidas, entre ellas un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, la supervisión con cámaras de seguridad y la conexión a una central receptora de alarma.
Además, estas gasolineras, que no cuentan con empleados, deberán realizar revisiones periódicas de detección de fugas y se establecen requisitos adicionales para las instalaciones que suministran biocombustibles. Estas exigencias legales se enmarcan dentro de una nueva normativa para prevenir y reducir la contaminación de suelos en instalaciones petrolíferas adaptando sus requisitos a los avances tecnológicos y a los nuevos carburantes (bioetanol y biodiesel). Estas medidas se incluyen en un real decreto del Gobierno que actualiza la vigente reglamentación para las instalaciones para suministro a vehículos.
Asimismo, el texto establece, para todas las gasolineras, requisitos y calendario para que las instalaciones enterradas existentes con tanques de simple pared y tuberías de impulsión de simple pared se conviertan a doble pared. En el caso de las gasolineras cuyas ventas anuales sean iguales o inferiores a 3 millones de litros, tendrán que instalar un sistema de detección temprana de fugas. Para evitar la contaminación de los terrenos en los que están instalados los tanques de combustible y las tuberías, la norma describe los sistemas que se emplearán para la detección temprana de fugas.
GAyS nace en su contra
Esta iniciativa fue presentada en el Congreso de los Diputados en una reunión entre representantes de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES), de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y de los sindicatos UGT y CCOO con parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos para abordar lo que consideran como problemática de las gasolineras desatendidas.
Convocadas por la Comisión de Economía del Congreso, las asociaciones trasladaron a los diputados sus inquietudes en torno a la proliferación de gasolineras desatendidas y de los riesgos que llevan asociados; como la inseguridad, la destrucción de puestos de trabajo, o los problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad, además de no cumplir la legislación vigente, según Aevecar, que estuvo representada en la reunión por su presidente, Alejandro Ripoll.En la reunión participaron, entre otros, el presidente de la Comisión, Arturo García Tizón (PP); el vicepresidente primero, José Miguel Sánchez Camacho (PSOE); el vicepresidente segundo, Manuel Blasco Marqués (PP); el secretario segundo y portavoz de Ciudadanos, Rodrigo Gómez García; y la portavoz del PSOE en la Comisión, Patricia Blanquer.
Agentes sociales contra las gasolineras
Mientras tanto, en Aragón organizaciones sindicales (CC.OO Industria y UGT FICA), la patronal del sector de estaciones de servicio (Aesar), organizaciones de consumidores y usuarios (UCA Aragón y Actora) y la asociación de discapacitados Cocemfe se han unido en contra de las gasolineras que no cuentan con personal. Estas organizaciones se reunieron con el Gobierno de Aragón, al que trasladaron su preocupación por estas estaciones de servicio y exigieron una nueva normativa que les impide operar, como ocurría hasta 2016, cuando fue derogada la obligatoriedad de que contaran con, al menos, una persona al cargo.
El responsable de Industria de CC.OO Aragón, Carlos Guerrero, incidió en tres aspectos: la importante pérdida de empleos en el sector por la competencia «desleal» de estas nuevas estaciones, que no prestan los mismos servicios; los riesgos en materia de seguridad y contaminación, y la imposibilidad de que consumidores y usuarios puedan ejercer sus derechos, algo que afecta en mayor medida a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Se oponen, por tanto, a la existencia de estas estaciones de servicio desatendidas y reclaman que el Gobierno autonómico cuente con su participación a la hora de redactar una nueva normativa o volver a la anterior.
Asimismo, todos los comparecientes han puesto en valor que seis asociaciones que defienden intereses distintos se hayan puesto de acuerdo para defender un bien común. Guerrero ha recalcado que no plantean que siempre haya personal suministrando carburante, sino que simplemente haya como mínimo un trabajador a cargo del conjunto de la instalación mientras esta esté abierta al público. Así, instó al Gobierno PSOE-CHA a decidir si quiere apostar por un «modelo social» o por el «modelo liberal de barra libre».
Más gasolineras pero menos empleo
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), Pilar Soto, ha alertado de que en toda España el número de gasolineras se ha incrementado de 10.310 a 11.188 entre 2011 y 2016, mientras que en lugar de crear empleo se han destruido 2.700 puestos de trabajo. Ello significa que las nuevas estaciones son fantasma y que el resto se ven obligadas al cierre o a amortizar algún puesto de trabajo porque no pueden competir. «Competir es bueno, pero hay que competir siempre en igualdad de condiciones», ha insistido, a la vez que ha recordado que «las leyes son para todos y que la Administración «no puede hacer oídos sordos» a esta reclamación generalizada.
Ha reivindicado que las estaciones de servicio crean más de 1.300 puestos directos en todo Aragón, a los que habría que sumar los indirectos, que son pequeños empresarios, aunque lleven la imagen de una petrolera. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y la Región de Murcia hay, como había en Aragón hasta febrero de 2016, una normativa que exige que haya al menos una persona a cargo de las instalaciones, mientras que la peor situación se da en Cataluña, con un incremento «exagerado» de las estaciones fantasma hasta el punto de que en Lleida superan a las convencionales.
El secretario general de la sección sindical UGT-FICA Aragón, José Juan Arceiz, ha denunciado las malas prácticas de estas nuevas estaciones y ha asegurado que no van a permitir empresas sin trabajadores, porque está en riesgo «todo el sector«. En representación de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Marta Valencia ha expresado su preocupación con la proliferación de las estaciones desatendidas, ya que para ellos los coches son sus «piernas», por lo que estas instalaciones minan su autonomía personal. La presidenta de la Asociación de Consumidores Torre Ramona (Actora), Lucía Germani, ha criticado que la Administración sea la única que falta en este frente común.
