Enagás presenta una reclamación patrimonial contra el Estado por los costes de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor

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Europa Press.- Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón). Fuentes de la compañía indicaron que han valorado esta decisión como la «mejor opción» y subrayaron que seguirán realizando estas tareas ya que se trata de «un tema de seguridad y responsabilidad».

Esta decisión de la empresa se produce después de que el Gobierno haya decidido finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En la propuesta de orden que fue sometida a consulta, el Ejecutivo reconocía a Enagás Transporte está cantidad por 8,73 millones de euros en concepto de los costes de mantenimiento y operatividad de Castor, y daba también el visto bueno para que el operador del sistema gasista recuperara las cantidades que no fueron abonadas en los ejercicios anteriores como consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ascendía a 17,4 millones de euros. Sin embargo, en la orden definitiva de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio dejaba definitivamente fuera esta retribución para Enagás. Esta reclamación supone un paso previo para iniciar un contencioso administrativo.

En abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no habían recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento gasista Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

Además, recientemente el Supremo volvía a dar la razón a la patronal catalana Cecot en el recurso contencioso-administrativo que presentó. En este sentido, obligaba al Gobierno a devolver a los consumidores las cantidades abonadas por el mantenimiento y operatividad del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. Cecot calculó que entre la primera y esta segunda resolución se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.

La tarifa regulada de gas natural baja un 4,6% para el primer trimestre del año

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Europa Press.- La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural ha bajado un 4,6% de media respecto al último trimestre del año 2018, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este descenso en la tarifa se vio acrecentado por la modificación de la fórmula de cálculo de la TUR aprobada en diciembre, que supone una modificación de la fórmula del coste de la materia prima, y por la congelación de los peajes del sistema gasista para 2019.

La TUR1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina y cuyo consumo no excede los 5.000 kilovatios hora (KWh) anuales, bajará un 3,8%, mientras que la TUR2, que emplean consumidores que también tienen calefacción de gas (entre 5.000 y 50.000 KWh al año) lo hará un 4,8%.

El descenso en el recibo del gas para el primer trimestre de 2019 se debe, principalmente, a una caída del 10,8% en el coste de la materia prima en los mercados internacionales, que depende de 3 componentes: el gas de base (42,1% del coste), el gas estacional (57,9%) y la prima de riesgo por cantidad (factor que afecta a gas de base y gas estacional).

Así, el nuevo coste del gas de base es de 21,8 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 9% respecto a la tarifa vigente, mientras que el nuevo coste del gas estacional, que solo entra en el cálculo en las actualizaciones de octubre y enero, es de 25 euros por MWh. En el caso de la prima de riesgo por cantidad, que también solo se aplica en las revisiones de octubre y enero, toma un valor del 3,3%, lo que incrementa el coste de la materia prima (gas base y gas estacional) en ese mismo porcentaje.

Así, el precio del gas natural rompe con la serie de subidas que había registrado en 2018, con un incremento del 3,4% en la revisión de julio y de un 8,4% en la de octubre. En el primer trimestre de 2018 la tarifa de gas natural ya registró una importante subida del 6,2%, aunque en el periodo de abril a junio se abarató un 3,4%.

Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantendrá congelada en 2019 por quinto año consecutivo. La TUR de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,6 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

Coste de la materia prima

«Un análisis del coste de aprovisionamiento del gas natural de España en los últimos 10 años basado en los datos agregados publicados por la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones de las transacciones por aduanas de gas natural, pone de manifiesto la necesidad de actualizar los parámetros de la expresión de cálculo del gas de base en relación con las cotizaciones históricas del Brent para ajustarla a la nueva realidad del mercado», señala la orden ministerial. Es la primera modificación de la metodología de cálculo en los últimos 10 años, y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, es «un plazo adecuado para adaptarla a la evolución experimentada por los mercados de gas natural».

Peajes para operaciones de bunkering

Por otro lado, la patronal gasista Sedigas ha celebrado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de aprobar en la recién orden ministerial la implementación de peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. De esta manera, se crea un nuevo tramo de bunkering de GNL para volúmenes inferiores a 2.000 metros cúbicos (m3) y, además, se establece que el peaje de acceso al punto virtual de balance aplicable al biogás inyectado en una red de distribución contará con un término fijo = 0 euros/kwh/día/mes.

Estos peajes tendrán carácter provisional hasta que se publique la metodología definitiva de cálculo que elaborará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sedigas ya valoró el real decreto 335/2018 «en la medida en que definía unos peajes específicos para el suministro a buques que utilizaran GNL como combustible”. No obstante, conforme indicaba la normativa, no serían de aplicación hasta la aprobación de los valores correspondientes a los nuevos peajes y cánones. La patronal fomenta el uso del gas natural y del gas renovable en la movilidad terrestre y marítima, estando sus más de 250 asociados comprometidos con la calidad del aire y la descarbonización del transporte.

La Organización Marítima Internacional y la Unión Europea han asumido el reto de reducir drásticamente el contenido de azufre del combustible de uso marítimo al 0,5% a partir del año 2020 (actualmente se permite un contenido del 3,5%). Como medida de acompañamiento, recientemente OMI ha aprobado una resolución para prohibir el transporte de fueloil no reglamentario destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque. Sedigas destaca que el gas natural es una alternativa «adecuada y competitiva» para alcanzar dicho objetivo y mejorar así la calidad del aire en nuestros puertos y en nuestras ciudades.

En Comú Podem solicita al Gobierno que realice una consulta pública que verifique la aceptación del gasoducto MidCat

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Europa Press. – En Comú Podem ha planteado al Gobierno de España la realización de una consulta pública para comprobar la aceptación de la ciudadanía al proyecto MidCat, que uniría Cataluña y el sur de Francia a través de una interconexión gasística.

De esta manera lo ha solicitado la formación de Unidos Podemos, a través de una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, plantea al Ejecutivo la realización de esta consulta, considerando que existen «evidentes contradicciones» entre «las buenas intenciones que promueven en materia medioambiental los cercanos acuerdos de París» y la apuesta de la Comisión Europea por este tipo de infraestructuras, que permitiría importar combustible fósil y contaminante.

En el mismo sentido, asegura que las importaciones de gas a la Unión Europea «son fundamentalmente de países con serios o graves déficits en materia de respeto a los derechos humanos», por lo que pregunta si apuesta el Gobierno por este tipo de importaciones o por generar mayoritariamente electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

En relación al proyecto MidCat, el diputado de En Comú quiere saber si ha habido reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y si dispone de estudios que acrediten que el proyecto no afectaría al medioambiente y a los trabajadores del campo.

El proyecto Core LNGas hive realiza con éxito la primera prueba piloto de transporte multimodal de GNL en Europa

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Europa Press.- El proyecto Core LNGas hive, confinaciado por la Comisión Europea y participado por Enagás, Cepsa y Renfe Mercancías, entre otros, ha realizado con éxito la primera prueba piloto en Europa de transporte multimodal de gas natural licuado (GNL). En concreto, la iniciativa ha consistido en trasportar GNL en un isocontenedor, un tipo de contenedor cisterna especial para el transporte criogénico de GNL desde Huelva a Melilla, por carretera, ferrocarril y barco.

El GNL fue cargado al isocontenedor en la planta de regasificación de Enagás en el Puerto de Huelva y transportado en camión hacia la Terminal Ferroportuaria de Huelva, donde se traspasó a un tren que lo trasladó a Sevilla, desde donde fue transportado en camión hasta el Puerto de Algeciras (Cádiz), donde se trasladó a un buque, que realizó el trayecto Algeciras-Melilla, según Enagás. Asimismo, el proyecto contó con la colaboración de Crisergas, que realizó, supervisada por Cepsa, las operaciones de transporte del isocontenedor, y de Setolazar, propietaria del isocontenedor.

El proyecto Core LNGas hive tiene como objetivo desarrollar la logística necesaria para impulsar el suministro de GNL como combustible en el sector del transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica. Liderado por Puertos del Estado y coordinado por Enagás, cuenta con un total de 42 socios de España y Portugal: 8 socios institucionales; 13 autoridades portuarias, y 21 socios industriales, operadores de GNL, constructoras navales, regasificadoras y otras empresas.

Ribera asegura que la inversión en el almacén gasista Castor estaba avalada por técnicos y ella hubiera sido «irresponsable» oponiéndose

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que Castor fue una inversión avalada por 2 técnicos del Ministerio, por lo que hubiera resultado «irresponsable» por su parte oponerse al criterio técnico e, incluso, hubiera supuesto negarse a cumplir la legalidad. «Los técnicos tuvieron la cautela de introducir un sistema de seguimiento a tiempo real», explicó la ministra.

Según Ribera, este sistema funcionó, al haber alertado de los posibles riesgos que podían producirse y haber procedido a cesar el funcionamiento de la instalación. Por otro lado, Ribera ha cuestionado las «intensas» financiaciones públicas que se destinan a infraestructuras de gas, alegando que el futuro está en alternativas como las renovables y que las inversiones en fuentes de energía deben gestionarse «de otro modo».

Cataluña y el Tribunal Supremo

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha celebrado que el Tribunal Supremo haya sentenciado que los consumidores no tengan que pagar los costes de mantenimiento y operatividad de Castor correspondientes al 2015, según indicó la Consejería de Empresa y Conocimiento. El departamento ha explicado que el alto tribunal ha estimado un recurso presentado por Cataluña para evitar que los usuarios asumieran alrededor de 18 millones de euros de gasto generados por el almacén de gas, en referencia a los peajes y cánones de gas.

Ha indicado que la decisión del Supremo va en línea con la que tomó el Tribunal Constitucional en 2017, que también estimó un recurso de la Generalitat de Cataluña, y ha agregado que también ha impugnado las órdenes de peajes y cánones del gas que afectan a los gastos de 2016, 2017 y 2018 en la misma línea argumental que la de la sentencia actual.

Adelante Andalucía garantiza que impedirá el proyecto de Gas Natural en Doñana y carga contra Felipe González

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Europa Press.- Los candidatos de Adelante Andalucía a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Junta, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han criticado que el expresidente del Gobierno Felipe González haya participado en un acto del PSOE en El Rocío, Almonte (Huelva), y aseguran que frente a esa «provocación e insulto», un Ejecutivo de la confluencia «va a blindar e impedir que se desarrolle el plan de Gas Natural» en este entorno. «No vamos a tener que esperar a lo que diga Europa», recalcaron.

«Frente a la foto del pasado de González, las puertas giratorias y los periodos oscuros, Adelante Andalucía representa el futuro y proponemos una agenda compatible entre medio ambiente, salud y creación de empleo», ha afirmado Maíllo, que ha insistido en que es una «provocación» la foto de Susana Díaz y Felipe González en la citada localidad, toda vez que ha reprochado al expresidente que «cambió de bando» pues «pasó de presidir al Consejo de Participación de Doñana a miembro del Consejo de Administración de Gas Natural, y avaló el proyecto de Gas Natural, que es un atentado a Andalucía porque ataca el patrimonio de Doñana».

Asimismo, ha defendido que la nueva agenda económica de Andalucía «es una economía verde, con la búsqueda de compatibilidad del empleo, el medio ambiente y la salud», de modo que proponen un plan de transición ecológica, un plan de eficiencia energética y otro de energías renovables, «y sobre esos tres pivotes crear un empleo con valor añadido y de calidad».

«Tenemos voluntad simbólica y efectiva de construir una economía sostenible», ha agregado Maillo antes de que Teresa Rodríguez haya concretado que si gobiernan pondrán en marcha un plan de transición energética que contaría con una inversión de 7.200 millones de euros para apostar por los empleos verdes y que incentivaría «desde la administración pública andaluza» a los hogares y las explotaciones que apuesten por las energías renovables porque, como ha agregado, «es el futuro de la garantía de suministro en un momento en el que la factura de la luz no ha dejado de subir».

Tras señalar que la principal preocupación de los andaluces es el empleo, la candidata a la Presidencia de la Junta ha defendido que su creación «tiene que ir de la mano de los empleos verdes», cuando ha hecho hincapié en que Andalucía puede ser «punta de lanza» en energías renovables. Así, Adelante Andalucía se propone invertir 7.200 millones en una legislatura en un plan de transición energética «donde se apueste por el ahorro y la eficiencia energética y que pase también por la generación de empleos vinculados a la rehabilitación urbana; un plan de energías renovables donde apostemos por la investigación e incluso la fabricación de maquinaria”. «Una apuesta estratégica por la cadena completa de las energías renovables», ha concretado.

En lo que a la provincia de Huelva respecta, Teresa Rodríguez ha rechazado que se someta a esta provincia «a un chantaje entre medio ambiente y empleo y entre salud y empleo», toda vez que ha afirmado que la única forma de generar empleo «no es renunciando a tener un aire y un entorno limpio, negamos la mayor, creemos que es posible y el futuro es apostar por la energía limpia y los empleos verdes, para poder garantizar la sostenibilidad«.

«Si no apostamos por un parque natural que es nuestra joya más preciada y no convertirlo en un almacén de gas, estaremos poniendo en riesgo el patrimonio de las siguientes generaciones, y lo mínimo que debe hacer un gobernante es garantizar que se lega a la siguiente generación el patrimonio natural que a uno le toca gestionar», ha remachado Rodríguez.

Greenpeace pide ambición en Andalucía

Por su parte, la asociación ecologista Greenpeace ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, que sitúen la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático en su lista de prioridades. La organización ecologista, además, ha hecho llegar a los principales partidos políticos un documento con propuestas medioambientales prioritarias para Andalucía. La reciente Ley de Medidas frente al Cambio Climático aprobada por el Gobierno andaluz, «no es lo suficientemente ambiciosa» por lo que Greenpeace propone la adopción de políticas activas para la reducción de emisiones, el apoyo a la instalación de nueva potencia renovable, el autoconsumo y la promoción del ahorro y la eficiencia energética.

En líneas generales, las propuestas presentadas en el documento se centran en aspectos relevantes para esta nueva legislatura como la energía y la pobreza energética; la movilidad y el transporte sostenible; la gestión del agua; la gestión sostenible del medio natural; urbanismo y turismo en el litoral; la economía circular; la fiscalidad verde; los criterios de sostenibilidad; y la gobernanza.

 

El Supremo obliga a devolver los más de 17 millones percibidos por Enagás por el Castor en 2014 y 2015

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Europa Press.- El presidente de la patronal catalana Cecot, Antoni Abad, ha afirmado que el almacén subterráneo de gas Castor fue «una inversión fallida» después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha estimado un recurso contencioso-administrativo presentado por Cecot, obligando así a la devolución a los consumidores de gas de los más de 17 millones de euros percibidos por Enagás en concepto de operación y mantenimiento del almacén subterráneo de gas durante 2014 y 2015.

El Tribunal Supremo señala que «la Administración debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la orden que se declara nula». A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional ya declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En concreto, el Supremo se refiere en esta nueva sentencia a los importes percibidos por Enagás por este concepto de operación y mantenimiento en 2014, durante el mes de diciembre, y en el año 2015. No obstante, el Alto Tribunal señala que siendo la devolución de las cantidades «una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que haga un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético, pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar».

Fuentes de Enagás indicaron que confían en que este tema «se resolverá con agilidad» ya que se refiere a costes auditados que corresponden a materias de seguridad. Asimismo, subrayaron que la compañía va a seguir realizando estas tareas «sí o sí, ya que se trata de un tema de seguridad y responsabilidad». En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un decreto de urgencia.

A finales de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente a noviembre. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Aún así, el reconocimiento de los pagos a Enagás por esas labores de mantenimiento y seguridad del Castor podrían incorporarse por el Gobierno en una próxima orden de peajes del sistema gasista.

«Una inversión fallida» para Cecot

Por su parte, Cecot ha indicado que Castor fue una inversión «en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad» y ha criticado que se haya pagado un mantenimiento cuando no se ha puesto en marcha. Ha alertado también de la afectación a la competitividad del sector industrial, que consume más del 60% de gas, ya que el incremento de costes no supondrá una mejora en los servicios de suministro. La organización empresarial interpuso un recurso en 2015 para evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, asumieran el coste de compensación a la constructora y concesionaria de Castor.

A finales de abril de 2015, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a tomar medidas para evitar que los españoles abonaran los 1.350 millones de euros de compensaciones y en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la medida de la Eurocámara, argumento que ha usado la patronal en las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales publicadas a partir del Decreto-ley 13/2014. También mantiene la impugnación de las órdenes para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y espera que las sentencias también sean favorables y significaría que se debería reintegrar una cuantía de unos 200 millones de euros.

Cecot ha recordado que hay un estudio del INE, llamado Panorámica Industrial, que ha apuntado quea partir de 2016 el coste del Castor está perjudicando la continuidad de sectores como la industria extractiva, la manufacturera española y la química, entre otros, teniendo en cuenta que España es lo de los países de la Unión Europea con la energía más cara. El consumo de gas energético en la industria extractiva y manufacturera española es del 28%, mientras que en la química puede alcanzar el 43%.

Unidos Podemos exige a la Unión Europea y al Gobierno la paralización del gasoducto MidCat entre España y Francia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado a varios organismos de la Unión Europea y al Gobierno de España la paralización del proyecto de gasoducto conocido como MidCat, que unirá España con Francia. A través de una carta, representantes de Podemos y Equo en Bruselas y en el Congreso de los Diputados han alertado a Europa de los riesgos que puede suponer esta iniciativa.

MidCat, un gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que Unidos Podemos busca revisar. Por ello, la misiva, firmada por los eurodiputados Floren Marcellesi (Equo) y Ernest Urtasun (En Comú), y por los diputados Juan López de Uralde (Equo), Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú), se dirige al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Unión de la Energía, Maros Sefcovic; el comisario de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete; la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Revisar el PIC del MidCat

Para todos ellos, los dos partidos que forman parte del grupo confederal tienen una petición. En primer lugar, piden que se revise la idoneidad de financiar este tipo de proyectos, teniendo en cuenta los compromisos de España y de la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático y muy especialmente el Acuerdo de París de 2015. Además, sugieren la revisión de la condición de PIC de estos proyectos, rehacer la interconexión gasística a través de Cataluña con Francia y que la CNMC rechace la solicitud de inversión de Enagás para el MidCat.

Ambas formaciones también denuncian «falta de transparencia» lo que, a su juicio, supone dificultades a la hora de hacer un seguimiento riguroso del MidCat. Unidos Podemos también señala que la financiación de este tipo de infraestructuras «supone dar prioridad a una fuente de energía contaminante» como es el gas que, además, se caracteriza por su «fuerte concentración y procedencia de Estados cuyo cumplimiento de los Derechos Humanos y valores de libertad y estado de Derecho son dudosos«. «Esta decisión va directamente en contra del modelo de diversificación energética y promoción del desarrollo e investigación en energías renovables defendido por la propia Comisión Europea», concluye Podemos.

Las importaciones netas de gas natural en España cayeron un 11% en agosto respecto al mismo mes del 2017

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Europa Press.- Las importaciones netas de gas natural ascendieron en agosto a 26.199 gigavatios/hora (GWh), con un descenso del 11% respecto al mismo mes de 2017, según datos de Cores. En concreto, las realizadas a través de gasoducto cayeron un 17,5% en el octavo mes del año, mientras que las de gas natural licuado (GNL) descendieron un 26,5%.

Las importaciones brutas de gas natural ascendieron en agosto a 30.146 GWh, un 4,5% inferiores a las de agosto de 2017. Las entradas por gasoducto superan a las de GNL y representaron un 53,4% del total. En agosto, los principales suministradores fueron Argelia (49,1%) y Qatar (10,6%). Asimismo, aunque su peso es pequeño sobre el total, este mes también se recibieron gas natural de Bélgica y Estados Unidos, por primera vez desde mayo de 2014 y diciembre de 2017, respectivamente.

Mientras, las exportaciones de gas natural se situaron en 3.947 GWh, lo que supone un 85,25% más que en agosto del 2017. Aumentaron un 90,7% interanual las realizadas a través de gasoducto, mientras que las de GNL descendieron un 70,2%, las más bajas desde agosto 2011. Tras las exportaciones de gas natural del mes anterior a Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Argentina, este mes el único destino volvió a ser Europa. En el acumulado anual, las exportaciones aumentaron un 37,9%, el 81,8% realizadas por gasoducto. Los principales destinos continuaron siendo Portugal (57,7%) y Francia (25,1%).

La CNMC lanza una consulta pública para modificar la regulación «obsoleta» de las plantas regasificadoras y mejorar su competitividad

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública para modificar la regulación de las plantas regasificadoras de gas natural licuado (GNL) en España, al considerar que se ha quedado «obsoleta» y necesita cambiarse para adaptarse «al mercado de gas actual«, así como para mejorar su funcionamiento y la competitividad.

En la actualidad, España es el mayor importador de GNL de Europa (34%) y el país con más plantas regasificadoras, con 7 (6 activas y 1 hibernada), y con mayor capacidad de almacenamiento. Estas infraestructuras permiten realizar las operaciones de carga, descarga y almacenamiento del GNL, procedente de barcos metaneros, que, posteriormente, se introduce en el sistema de gasoductos como gas natural o se transporta como GNL en camiones cisterna. Sin embargo, la CNMC considera que «la mayor parte están infrautilizadas», ya que la utilización media de su capacidad es del 25%. Además, el 47% de las transacciones en 2017 se concentró en la regasificadora de Barcelona, mientras que otras plantas del Mediterráneo registraron muy poca actividad, añade el regulador.

Por ello, el organismo considera que el modelo vigente que regula el acceso a las plantas en España presenta «deficiencias» y resalta la pérdida de demanda en favor de regasificadoras de países vecinos. También subraya que existe una alta concentración en determinadas plantas mientras otras registran poca actividad, lo que genera dificultades operativas para los operadores y limita las oportunidades de trading a los comercializadores.

Asimismo, señala que otra de las situaciones que se observa es que descargar en una planta regasificadora del sur de la Península, como la de Sagunto, puede llegar a ser un 50% más caro que hacerlo en la de Barcelona. Este hecho lleva a que, mientras Sagunto puede no tener ninguna descarga en varios meses, en Barcelona existe dificultad para acomodar todas las peticiones recibidas.

La CNMC propone en su consulta pública, que se prolongará este mes, un nuevo modelo de acceso a las plantas, que potencia los productos y servicios de GNL más atractivos para el mercado y el acceso a estas infraestructuras. El organismo destaca que la implementación de este modelo está sujeta, particularmente, a las modificaciones normativas necesarias para asignar la competencia relativa al acceso a las instalaciones de GNL prevista en la Directiva Europea de Gas.