El Defensor del Pueblo catalán pidió que el Gobierno de Cataluña y el Parlamento autonómico presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el real decreto-ley por el que se aceptó la renuncia de Escal UGS, del grupo ACS, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fijó una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros. El Gobierno paralizó el proyecto, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, tras los más de 600 movimientos sísmicos detectados en la zona y atribuidos al almacén.

El Síndic calificó de «fatal» la gestión del Gobierno y cuestionó que la compensación otorgada a la compañía se haya hecho conforme a las reglas de la competencia. Asimismo, el Síndic alertó de que el decreto-ley aprobado el pasado 3 de octubre por el gobierno podría vulnerar el Tratado Fundacional de la Unión Europea en materia de ayudas de estado.

Ribó presentó las conclusiones del informe que recoge las actuaciones irregulares de la administración detectadas por entidades de defensa de los derechos de los consumidores, colegios profesionales afectados, como los abogados e ingenieros, y movimientos vecinales. Como principal irregularidad, el Síndic destacó la falta de «transparencia» y respuesta del Gobierno central sobre la información relacionada con el almacén de gas y declaró que «es necesario impugnar el real decreto-ley y pedir jurídicamente los estudios necesarios para analizar hasta qué punto se cumplió con lo previsto«.

El Síndic expuso diez recomendaciones en relación al proyecto Castor, entre las que destacan que el Gobierno dé prioridad al pago de los afectados por daños morales o materiales y que la plataforma se cierre definitivamente. Otras de las recomendaciones presentadas por el Síndic es la creación de un órgano independiente que elabore un dictamen para decidir hasta qué punto la actividad de la plataforma cumplía con la legislación medioambiental.

Además de los efectos «incuestionables» que Castor ha causado en los ciudadanos de la zona, el Síndic recordó que también causará perjuicios a otros ciudadanos españoles, que deberán asumir los costes «aberrantes» estipulados en el decreto, que estima una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros. El coste total estimado, que repercutirá en los usuarios del sistema gasista y los contribuyentes, es de 3.500 millones de euros, correspondientes a la indemnización, el mantenimiento de la plataforma y su posible cierre e intereses bancarios.

La industria continúa siendo el principal consumidor de gas, con un 65% sobre el total consumido, seguido del sector doméstico-comercial y de las centrales de ciclo combinado y térmicas, con un 17% en ambos casos. Estas últimas, durante este periodo, incrementaron su cuota de mercado. En total, el sector convencional consumió el 82% de gas natural en España durante el primer semestre.

Durante estos meses, la demanda nacional alcanzó los 219.935 gigavatios hora (GWh), un 9% menos respecto al mismo periodo de 2013, debido a las temperaturas, con el primer semestre más cálido de los últimos 35 años, y el descenso de la actividad cogeneradora.

Además, señaló que el menor consumo del mercado convencional vino «claramente marcado» por unas temperaturas más benignas durante el periodo invernal, que provocaron un menor encendido de calefacciones por parte de los hogares y el sector comercial.

Sedigás destacó que el potencial de crecimiento tanto en la industria como en el sector doméstico-comercial en España es todavía importante, y apuntó que mientras la penetración del gas en los hogares europeos tiene una media del 50%, en España el porcentaje alcanza el 29%.

El periodo invernal de 2014 (enero-abril) fue más cálido de lo habitual, con una temperatura media de 11,56 grados, y el vertido de electricidad a la red por parte de las empresas cogeneradoras descendió en un 21%, según datos de REE. El 92% de la energía que utilizan los cogeneradores en España es el gas.

Durante este periodo, el consumo de gas de los ciclos combinados siguió bajando, siguiendo la tendencia iniciada en 2008, aunque con una tasa más moderada, destacando las subidas de junio (27%), abril (9,8%) y septiembre (20%).

Entre las principales causas destacó el alto nivel de producción eólica, el buen comportamiento de la hidráulica, de la generación con carbón y también de la solar térmica. Esto ocurre en un contexto donde la demanda eléctrica bajó en un 1% en relación con los nueve primeros meses del año anterior, según REE.

Con esta decisión, el regulador da por cerrado un proceso que se inició como consecuencia de una denuncia de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie) acerca de prácticas de la empresa limitadoras de la competencia en los puntos de servicio.

Tras la denuncia y la vigilancia iniciadas por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), E.ON empezó a aplicar una serie de medidas tras las cuales el también extinto regulador de la energía, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), no volvió a recibir denuncias al respecto.

Entre las medidas adoptadas por E.ON España figura la de haber separado «claramente» las funciones técnicas de las comerciales en sus oficinas de atención a los puntos de servicio. El área técnica pasó a la sociedad E.ON Distribución, mientras que la comercial corresponde a E.ON Energía y E.ON CUR.

Para desarrollar la función técnica, E.ON Distribución pasó a firmar un nuevo contrato de prestación de servicios técnicos con los instaladores autorizados para la operación de los equipos de medida y control de la red de baja tensión.

A través de un concurso público, la compañía viene celebrando con instaladores autorizados en baja tensión un contrato en el que se delimitan los servicios que han de prestar los adjudicatarios, entre ellos las modificaciones de potencia y cambios de comercializadora.

Estos contratos, de tres años de duración, se anuncian en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y a ellos pueden concurrir todas las empresas instaladoras que cumplan determinados requisitos de capacidad técnica y económica, según los compromisos de E.ON. «Cumplidos estos requisitos, la adjudicación se realizará en función de un criterio meramente económico», señaló.

Otra de las medidas consistió en dividir las áreas de E.ON Distribución en nueve zonas de gestión y otorgar un único contrato en cada una de ellas. Salvo casos excepcionales, el contratista disfruta de exclusividad en la prestación de los servicios técnicos por cuenta de la distribuidora en su zona.

Con el fin de reducir al máximo el contacto entre los contratistas y el cliente final, E.ON decidió internalizar las gestiones de atención a los usuarios conectados a su red de distribución. De este modo, se limita el contacto entre el instalador designado y los clientes hasta el final del proceso de alta de un nuevo suministro o modificación de uno ya existente.

E.ON vende su 20% en Gasum Oy al Estado finlandés

Por otra parte, la compañía alemana de suministro energético vendió su participación del 20% en Gasum Oy al Estado finlandés por 200 millones de euros.

E.ON informó de que Gasum Oy se dedica a la importación, distribución y venta de gas natural en Finlandia.

La venta es parte de la estrategia de E.ON de optimizar su cartera de negocios y se suma a la desinversión de la participación del 34% en el proyecto nuclear finlandés Fennovoima y de las compañías de energía finlandesas E.ON Kainuu Oy y Karhu Voima Oy en 2013.

La empresa Fortum Oy también acordó vender su participación del 31% en Gasum Oy al Estado finlandés, que incrementará su paquete accionarial en la gasística hasta el 75% desde el 24%, tras estas dos operaciones.

La apertura que se enmarca dentro del acuerdo firmado a principios de 2014 entre Vitogas y Petronieves, busca impulsar el uso del Autogas en la Cataluña.

La idea clave del acuerdo, y uno de los puntos fundamentales de la estrategia de Vitogas España, es cubrir las necesidades de consumo de los consumidores que han elegido el GLP como alternativa para su automóvil, a la vez que promover el uso de un combustible más limpio y eficiente y con un coste que permite importantes ahorros respecto al diesel y a la gasolina.

La estación de servicio donde ya está funcionando el nuevo surtidor de Autogas está ubicada en Sant Esteve de Sesrovires y forma parte de la numerosa red de estaciones propiedad de Petronieves, que también apuesta por la mejora de la calidad del aire de las ciudades catalanas, promoviendo el uso del GLP.

En España ya son más de 500 los puntos de suministro (300 de los cuales están en gasolineras) que ofrecen Autogas y más de 28.000 vehículos que lo utilizan, por lo que Vitogas mantiene altas expectativas sobre su evolución en el mercado, haciendo del Autogas un eje clave de sus negocios para los próximos meses.

Vitogas ya cuenta con más de 50 unidades de suministro, entre skids y surtidores en gasolineras, en comunidades como Madrid, Valencia, Castilla León, Aragón, Galicia o Andalucía.

Actualmente el Autogas es el combustible alternativo más utilizado del mundo, debido a sus múltiples ventajas económicas y medioambientales; en España su consumo está creciendo a un ritmo del 30% anual. Este combustible alternativo destaca por su carácter sostenible (bajas emisiones de CO2, NOx y partículas) y por sus grandes ventajas económicas, con ahorros de hasta el 40% con relación a los carburantes tradicionales.