Gas Natural Fenosa cierra la compra de la chilena CGE y se hace con su 96,5% por 2.550 millones de euros

Tras la liquidación de la oferta, que finalizó el pasado 11 de noviembre, Gas Natural Fenosa Chile abonará 4.700 pesos chilenos por acción «en la mayor OPA realizada nunca en este país», lo que supone un desembolso por la operación de aproximadamente 2.550 millones de euros. El tamaño total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participación minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente 6.000 millones de euros, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por la multinacional energética fue aceptada por 402.122.728 acciones, representativas del 96,5% del capital de CGE de Chile.

La operación está previsto que se cierre antes de acabar este mes, puesto que Gas Natural Fenosa tiene de plazo hasta el 28 de noviembre para pagar a los accionistas que acudieron a la OPA.

Con la conclusión de esta adquisición, el grupo español entra en el negocio energético de Chile y fortalece su presencia en Latinoamérica. La operación se enmarca en los objetivos de internacionalización y crecimiento de Gas Natural Fenosa, de acuerdo con su Plan Estratégico 2013-2015, al tiempo que «no altera la solidez financiera» de la compañía, puesto que le permitirá cumplir los objetivos marcados en su plan estratégico y el nivel de su deuda estará bajo control, de forma que a finales de 2015 será «tres veces mayor» que su beneficio operativo (Ebitda).

La energética presidida por Salvador Gabarró ya tenía garantizado el éxito de la operación puesto que el pasado mes de octubre suscribió un contrato de promesa de compraventa con los principales accionistas de la sociedad chilena, representantes del 54,19% del capital social, por el cual se comprometieron irrevocablemente a vender sus acciones en el marco de la OPA que se iniciaría. La única incógnita estaba en conocer qué porcentaje de CGE acabaría en sus manos.

El pasado 4 de noviembre el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, se mostró confiado en que la OPA, la mayor de la historia de Chile, acabaría teniendo una aceptación «muy elevada».

La adquisición por parte de Gas Natural Fenosa es la mayor operación de compra internacional realizada por la multinacional energética española «en toda su historia» y también la mayor compra de una «utility» en Latinoamérica. Con esta adquisición, generará más de la mitad de su beneficio operativo (Ebitda) en el extranjero.

«La compra de CGE es un hito que le permite entrar en el mercado energético de Chile desde una posición de liderazgo, a través de la principal empresa de distribución de electricidad y gas del país», que tiene más de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, lo que incluye también a parte de la capital del país, Santiago de Chile, aunque presta servicio también en Argentina y Colombia, subrayó.

A través de su filial Transnet, es el primer operador de red de alta tensión de Chile; mediante Gasco distribuye GLP en Chile y Colombia, y a través de Metrogas distribuye gas natural en Chile.

Al anunciar la OPA, Gas Natural Fenosa dejó claro que no se plantea vender los activos que herede de esta compañía y que esperaba crecer en este país en todos los negocios en los que está presente CGE, entre ellos distribución de gas y electricidad.

Con la adquisición de CGE, la multinacional energética española está presente en el negocio energético en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica y en las cinco principales capitales del continente (Bogotá, Buenos Aires, México DF, Rio de Janeiro y Santiago de Chile).

Repsol será proveedor de AutoGas de la flota comercial del Grupo Pascual

Según explicaron ambas compañías, esta alianza se enmarca en el plan de renovación de la flota de Pascual con vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

Pascual cuenta con más de 600 nuevos vehículos, de los cuales 289 utilizan combustibles más respetuosos con el medio ambiente: la mayoría son de AutoGas y el resto de diesel mejorado.

Repsol lidera la distribución del AutoGas en el mercado español, con una red de más de 290 estaciones de servicio en las que se ofrece este carburante alternativo, que utilizan en España más de 34.000 vehículos.

La compañía energética ofrece también soluciones de suministro para flotas mediante surtidores de uso particular o «skids», de los que existen unos 290 en el mercado español.

En todo el mundo se calcula que hay 21 millones de conductores que eligen el AutoGas como opción, según se aseguró.

Esta decisión se fundamenta en tres motivaciones fundamentales, la primera de ellas es económica, ya que su coste es un 40% inferior al de los carburantes tradicionales y además recibe ayudas tanto de las administraciones públicas como de los fabricantes de automóviles que incentivan su comercialización.

Desde el punto de vista medioambiental, el AutoGas contribuye a la mejora de la calidad del aire por sus mínimas emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno, además minimiza el efecto invernadero por sus bajas emisiones de CO2.

En cuanto a las razones técnicas hay que destacar que estos vehículos disfrutan de una mayor autonomía, un tiempo de repostaje similar a los convencionales y tienen menos desgaste del motor, lo que supone menos costes de mantenimiento y menor número de averías.

Los bancos ejecutan el pago de 1.350 millones de euros a Escal UGS por la indemnización del almacén Castor

Este importe debía ser abonado en un solo pago en el plazo de 35 días hábiles desde la publicación del real decreto ley 13/2014, en el que se recoge tanto la solución financiera para Castor como los términos de su hibernación. El plazo vencía este 14 de noviembre. El importe de la indemnización será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Los pagos comenzarán a realizarse en 2016 a razón de unos 100 millones de euros anuales.

El Gobierno, que intentó a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del Gobierno socialista del acuerdo de 2008 que concedía a Escal UGS el derecho a esta indemnización, sostiene que este coste de 100 millones anuales por una instalación que quedará hibernada será, al menos, inferior a los 210 millones previstos inicialmente, con el complejo en operación. Tras los seísmos detectados a finales del año pasado y la renuncia de Escal al proyecto, Castor queda ahora en una situación de hibernación en la que estará prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural.

PSOE denuncia «opacidad» del Gobierno

El secretario general provincial del PSOE en Castellón y portavoz en la Diputación provincial, Francesc Colomer, lamentó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se haya negado «hasta en tres ocasiones» a facilitar información al Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana, sobre las autorizaciones, los informes y los permisos del almacén subterráneo de gas Castor.

Según destacó Francesc Colomer, respecto a la información que se les ha proporcionado desde el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, «nos llama la atención que nos reconozca que el 4 de julio de 2014 se pidió información al Ministerio de Industria sobre las autorizaciones y sobre los informes técnicos emitidos y no ha obtenido aún respuesta». Además también se asegura que en agosto y en octubre se dirigieron de nuevo al Ministerio, pero «tampoco ha tenido éxito». Por tanto, «son tres las ocasiones en la que el Síndic ha pedido una información al Ministerio y éste se niega a darla en una clara política de oscurantismo y opacidad que no se puede tolerar«.

El portavoz socialista insiste en que «la sentencia del Supremo recogía claramente que la operatividad de las instalaciones era un requisito ineludible». Por tanto, Colomer sostiene que el Gobierno «ha mentido sistemáticamente, incluso no cumpliendo los criterios del Supremo, ya que ha obviado dos requisitos ineludibles para pagar la indemnización, como son que las instalaciones estuvieran operativas y que, en el caso de que lo hubieran estado, se evaluara si hubo dolo o negligencia por parte de la empresa». Asimismo, a juicio del socialista, el decreto aprobado «vulnera incluso la Constitución Española, un hecho que refuerza nuestra petición de presentar el recurso de inconstitucionalidad, que está siendo estudiado por los servicios jurídicos para garantizar que el recurso prospere, porque nos jugamos mucho todos los ciudadanos».

Colomer indica que el PSOE pide al Síndic de Greuges que exija «cuantos informes sean necesarios para exigir responsabilidades porque no podemos permitir que el Gobierno se precipite a pagar tan rápido a Florentino Pérez porque consideramos absolutamente injusto que se abone la indemnización a Escal, cuando hay más que sobrados argumentos para que esto no se hiciera«. Colomer considera que «desde el momento en que se hace patente la relación de la plataforma con los terremotos, la única actitud posible es el cierre de la actividad, pero, sin embargo, el PP hizo todo lo posible por mantenerla abierta y no fue hasta un año después cuando propuso la hibernación».

Por contra, el portavoz del PP en la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, aseguró que, según la sentencia del Tribunal Supremo, en la que falló desestimar la solicitud del Gobierno de Mariano Rajoy de nulidad del acuerdo que obliga a pagar a la empresa, se debe abonar la indemnización a Escal «aunque exista dolo o negligencia» por parte de la concesionaria «porque el Consejo de Ministros del PSOE ya se encargó de blindarlo en 2008«.

Impugnar la indemnización al Constitucional

Diversas entidades de la sociedad civil rechazan la indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 garantiza a Escal UGS por renunciar a la concesión del almacén gasista Castor y urgen a los partidos de las Cortes a impugnarlo ante el Constitucional. Entre los grupos que se oponen a esta indemnización figuran la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CECU, Equo y el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Estas asociaciones ya han buscado apoyos en ICV, BNG y Compromís a su iniciativa y están entablando contacto con otras formaciones para trasladarles su reivindicación sobre Castor, para la que están organizando además una recogida de firmas en Internet.

Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos presentes en las Cortes para que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015. Las organizaciones, que han firmado un manifiesto, hacen un llamamiento para que la ciudadanía no pague la deuda del proyecto y para que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas, aseguran, que el real decreto imposibilita.

Escal UGS, participada en un 66,6% por ACS, presentó su renuncia el pasado verano a la concesión del almacén y hace poco más de un mes se aprobó el real decreto que le garantiza una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, para completar el valor neto contable de las instalaciones de 1.460 millones de euros. El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.

Las organizaciones firmantes apoyan la hipótesis de que, en la práctica, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. Habría que añadir aproximadamente 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.

Las organizaciones denuncian que con la actual fragilidad económica por el aumento del desempleo y los recortes sociales, «cuando la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan aún más«. Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadana en una recogida de firmas a través de la plataforma Avaaz para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas.

Fitch revisa la perspectiva de Enagás de «positiva» a «estable» debido a la reforma del Gobierno

La agencia indicó que la revisión de la perspectiva refleja «el impacto adverso» de los cambios aprobados por el Gobierno el pasado mes de julio y el marco regulatorio español para el sector del gas.

En concreto, estos cambios regulatorios supusieron una reducción en los ingresos regulados de Enagás, en un promedio en torno al 10%, y de la rentabilidad, así como el empeoramiento de los indicadores crediticios de la empresa desde la reforma.

Además, Fitch consideró que la capacidad de la empresa para compensar el impacto de la regulación a través de la eficiencia operativa y una mayor afluencia de dividendos es limitada, suponiendo que no haya un impacto de la próxima reforma fiscal.

Sin embargo, la agencia destacó que el nuevo marco regulador proporciona una mayor sostenibilidad y previsibilidad al sistema de gas en el medio plazo.

El PP valenciano dice que deberían ser los socialistas los que paguen la indemnización del almacén Castor

El PSOE valenciano, por su parte, expuso las responsabilidades de los populares al dar la licencia de actividad a Castor e incidieron en que la Generalitat Valenciana, del PP, incluyó el proyecto en el Plan Estratégico de Infraestructuras «y lo hizo propio». Así se pronunciaron en el pleno de las Cortes autonómicas, donde el PP rechazó la proposición no de ley de Compromís, que quería instar al Gobierno a desmantelar la plataforma y la totalidad de las instalaciones del Castor como medida preventiva para que no se produzcan nuevos terremotos.

Desde Compromís, el diputado Josep Maria Pañella explicó que otra de sus reclamaciones era someter el proceso de adjudicación a una auditoría que afecte tanto a la parte técnica de la construcción como a la administrativa de la concesión para «aclarar posibles responsabilidades de la empresa y la administración». Asimismo, exigían retener la compensación de 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria Escal UGS hasta que no esté la auditoría y que la Abogacía de la Generalitat Valenciana prepare un recurso contra dicha compensación.

El popular Mariano Castejón argumentó que los movimientos sísmicos «no respondían a la existencia de la instalación, sino a su actividad; gracias al PP no está en funcionamiento». Asimismo, justificó que el desmantelamiento «no se haga de manera precipitada» por motivos de seguridad. A su juicio, los socialistas que autorizaron la instalación deberían pagar la indemnización «de su bolsillo» o pedir perdón a la ciudadanía.

Por su parte, el PP presentó una enmienda a la iniciativa, que no fue aceptada, por la que se proponía sustituir el texto de Compromís por otro que expresara el apoyo de las Cortes valencianas al Gobierno en el acuerdo de paralización definitiva del Castor. Del mismo modo, los populares solicitaban al Ejecutivo que dirige Rajoy que tenga en cuenta las opiniones de los sectores afectados y se evalúen los costes adicionales que sobre el recibo del gas pueda tener el desmantelamiento de la planta.

El PP también instaba al Gobierno a estudiar acciones para exigir responsabilidades derivadas de la tramitación, adjudicación, autorización de la concesión de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural en la planta Castor; asimismo se dirigía a Fiscalía para que investigue la comisión de algún tipo de indicio penal por parte de responsables públicos que aprobaron la clausula que obligó al Tribunal Supremo a motivar una sentencia que obliga a indemnizar a la empresa. Esta enmienda será presentada en pleno como proposición no de ley por parte de los populares.

Josep Maria Pañella calificó de «rebajas» las enmiendas que presentó el PP. «Primero reclamemos y luego paguemos porque la empresa puede desaparecer» y «no vamos a permitir cambios en la proposición no de ley», remarcó. Asimismo, criticó que la intención de los populares es que «se investigue al PSOE», cuando Compromís «quiere que se investigue la gestión de los socialistas pero también la del PP».

Por su parte, la diputada socialista Ana Besalduch, defendió el apoyo a esta iniciativa de su grupo. En su intervención declaró que no iba a «obviar las decisiones del Gobierno socialista» relativas al almacén, pero criticó que los populares «olvidan» que Castor es un proyecto «que nació en 1996 y que fue Soria el que dio licencia de actividad«. Besalduch se mostró de acuerdo con la elaboración de una auditoría del proceso de elaboración y adjudicación del proyecto. «No tenemos miedo. Si alguien ha cometido una negligencia, que pague», remarcó.

Gas Natural Fenosa cierra una emisión de obligaciones perpetuas de 1.000 millones de euros

La emisión, que se lanzó en el mercado europeo, se fijó con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 100% de su valor nominal, según informó la compañía.

Gas Natural Fenosa recibió una demanda casi seis veces superior al importe de la emisión, con órdenes de más de 400 inversores institucionales de 23 países.

En concreto, los inversores extranjeros suscribieron más del 90% de la emisión, entre los que destacaron los de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.

La multinacional catalana destinará los fondos recibidos en esta operación a «reforzar su estructura de capital, optimizar la estructura financiera, incrementar su liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, aumentando el peso del mercado de capitales».

Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realice el próximo 18 de noviembre y que las obligaciones sean admitidas a cotización en el mercado regulado de Luxemburgo.

Cataluña solicita un dictamen para llevar al Tribunal Constitucional la indemnización al almacén Castor

El Govern avanzó el pasado 6 de octubre que estaba preparando un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno que incluye la indemnización a la empresa concesionaria del almacén de gas Castor, y activó el procedimiento para llevar este caso al Constitucional.

Asimismo, entre las iniciativas del Govern también está la posibilidad de llevar el caso a las instituciones europeas para que estudien si las decisiones del Gobierno central se adecuan a la legalidad comunitaria.

El Gobierno aceptó en octubre la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones de euros, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

El gobierno catalán cree que el decreto ley que establece esta compensación «vulnera los derechos e intereses de los usuarios del sistema gasista en Cataluña, afecta a la autonomía de la Generalitat y no hace un uso adecuado del ordenamiento jurídico».

Asimismo, la Generalitat cuestiona que se declare la extinción por renuncia de la empresa promotora sin que la empresa haya acreditado el cumplimiento de las condiciones.

No hay información «suficiente» para cerrar definitivamente o reabrir Castor, según Industria

Así lo señaló Nadal durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, en la que defendió que el real decreto aprobado por el Gobierno prohíbe por el momento la actividad en la instalación y se estudia una solución financiera que tenga el «menor coste posible» para el consumidor.

En este sentido, Nadal afirmó que «ahora mismo Castor no le cuesta nada al consumidor de gas» puesto que la instalación está hibernando y por lo tanto «no hay retribución alguna al respecto».

No obstante, indicó que sí tendrán que pagar a «aquellos que nos han pagado el dinero para hacer frente a la obligación financiera frente a la concesionaria».

El Gobierno aprobó a principios de octubre un real decreto por el que se adoptaba la hibernación de las instalaciones de Castor y reconocía una compensación de 1.350 millones de euros a Escal UGS, controlada por ACS en un 66,7% y empresa encargada del proyecto, que será abonada por Enagás Transporte y resarcida por el sistema gasista durante 30 años.

Dado que el tipo de interés es «mucho más bajo» y el plazo más largo, el coste tras el real decreto es «100 millones de euros más bajo de lo que era antes» de su entrada en vigor.

De hecho, Nadal opinó que «existen grandes dudas de que hubiera sido necesario realizar» este proyecto, y «más aún» teniendo en cuenta que «hubiera costado al consumidor gasista en torno a 230 ó 240 millones de euros anuales».

El secretario de Estado de Energía garantizó que los ciudadanos de Castellón y Tarragona podrán tener la «más absoluta seguridad» de que no se pondrá de nuevo en marcha el almacén «si no se tiene el 100% de seguridad de que es segura».

Sin embargo, matizó que tanto para el cierre definitivo como para su apertura habría que estar «muy seguro» por las repercusiones económicas y de seguridad, por lo que con la hibernación se abre un período de análisis y búsqueda de la mejor solución.

Tras los movimientos sísmicos derivados del almacén cuya actividad permanece paralizada, Nadal apuntó que de los informes del Instituto Geográfico y Geológico se deriva que existe una «relación causal» entre las inyecciones y los movimientos de las fallas tectónicas.

Sobre si inyecciones posteriores generarían nuevos movimientos sísmicos, indicó que «puede ocurrir que la falla se haya descargado o no», pero en cualquier caso «el riesgo es elevado».

Para poder determinar el área exacta donde se producen los movimientos y su evolución futura se necesitará un «análisis pormenorizado de meses o años por parte de los mejores expertos», detalló Nadal, quien subrayó la «dificultad» de los estudios dada la localización del almacén.

«Evidentemente no se pueden tomar nuevas decisiones hasta tener una idea lo más clara posible de si poner en marcha la instalación podría generar movimientos sísmicos» agregó.

Precios de los combustibles

Preguntado por si se traslada o no la disminución de la cotización internacional del petróleo en los precios de los combustibles en España, Nadal aseveró que «ha aumentado la competencia», y esto significa que «los precios bajan más deprisa, se traslada antes al consumidor final la disminución del precio del petróleo».

No obstante, pidió que se tenga «cuidado» con las estadísticas comunitarias, puesto que, por ejemplo, la forma de introducir los descuentos en las gasolineras es diferente en cada estado.

En cualquier caso, subrayó que los márgenes en España, con una fiscalidad «más baja» y grandes dominantes de mercado que «van perdiendo cuota de mercado», «tienden a comportarse igual o mejor que la tendencia europea».

Así, sostuvo que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como el Ministerio de Industria semanalmente ven la evolución de los precios en las gasolineras europeas y «vemos que efectivamente repercuten la tendencia». «Ante la bajada, el comportamiento de las gasolineras españoles es muy semejante al del resto de gasolineras europeas», apuntó.

EUPV denuncia que Industria «obvía» los requerimientos de información de la Sindicatura de Greuges sobre el proyecto Castor

«Nos parece muy grave la opacidad que envuelve el Castor y no puede ser que un Ministerio simplemente se niegue a enviar una información que le es pedida por un organismo valenciano», apuntó Tormo, quien consideró que «tenemos derecho a saber y que el Síndic de Greuges tenga todos los datos pertinentes para defender nuestros derechos, como valencianos».

Así, el diputado criticó que «la única iniciativa de la Sindicatura en proceso actualmente es el trámite de una queja que se encuentra bloqueada por el Ministerio de Industria, ya que, de momento, se ha negado a compartir una copia de los permisos o de las autorizaciones concedidas, como también de los informes técnicos emitidos en el procedimiento de aprobación o autorización del proyecto Castor«.

Por otra parte, Tormo señaló que «parece que nuestro Síndic no contempla unirse a su homólogo catalán, que anunció días atrás actuaciones junto a asociaciones civiles en Europa para impedir que los ciudadanos acaben pagando una indemnización multimillonaria«. «Sólo ha contactado con el Defensor del Pueblo y el Ministerio para pedir datos, cuestión que, desde el respeto, consideramos insuficiente, más teniendo en cuenta la actitud obstruccionista del ministro Soria», dijo.

Independencia y energía (I): de la ideología al pensamiento único

Cuatro conclusiones pueden extraerse de la lectura de este documento: en primer lugar, se presenta un futuro idealizado en lo energético de lo que supondría una Cataluña independiente, con una electricidad un 30% más barata que en la actualidad; en segundo lugar, se sugiere una subordinación de las empresas y sus instalaciones a los objetivo de política energética de una Cataluña independiente puesto que, según el Libro Blanco, «en cualquiera de las circunstancias de futuro que se prevean, las mencionadas empresas considerarán Cataluña como una parte significativa de su mercado. Su posición será, con toda seguridad, colaboradora y, por lo tanto, no se tienen que esperar problemas».

En tercer lugar, el Libro Blanco da lugar a que el conflicto entre ideología independentista e ideología relativa al mix energético se resuelva a favor de lo primero, especialmente significativo para los grupos catalanes de izquierdas, ERC e ICV. La cuarta conclusión es que este escenario ideal para una Cataluña independiente conlleva una toma de decisiones unilaterales en cuestiones que son al menos bilaterales, como son las interconexiones energéticas con Europa, tantas veces pospuestas por Francia, así como el papel que jugarían en el nuevo Estado los operadores de transporte y sistema de España. Conclusiones que se dan por resueltas a favor de las tesis de los autores del Libro y en un corto plazo de tiempo.

De partida, el Libro Blanco afirma que «todo sistema energético avanzado tiene como objetivo garantizar el suministro de sus demandas, con unos estándares de calidad satisfactorios, respetando la sostenibilidad medioambiental y buscando unos precios competitivos para los consumidores». En este sentido, desde Cataluña denuncian que el Estado ha invadido sus competencias en la medida en que consideran que es una materia «compartida» en la que, desarrollando las bases estatales, podrían articular una política energética propia. A su juicio, esto choca con la actuación del Estado, «que ha conseguido un alcance extraordinario amparada en la capacidad de planificación general de la actividad económica que le reconoce la Constitución«. Como ejemplo de este alcance «extraordinario» hablan de la nueva Ley del Sector Eléctrico, recurrida por la Generalitat por considerar que invade competencias.

El primer paso para desarrollar una política energética propia parte de hacer un balance de los recursos autóctonos de Cataluña. Los datos reflejan que «sólo el 5% del consumo energético proviene de recursos energéticos propios«. Este 5% obedece a la producción de las instalaciones renovables y también a la «muy pequeña» extracción de petróleo de Tarragona, en la plataforma Casablanca de Repsol, que produce 8.000 barriles diarios que equivalen a un 1,1% del consumo. En consecuencia, el Libro Blanco reconoce que «Cataluña no tiene petróleo ni gas y depende en un 95% de recursos energéticos importados«.

Según su procedencia, el consumo de energía primaria (recursos energéticos consumidos directamente o por transformación en otras energías) en Cataluña indica que el petróleo tiene un peso mayoritario del 47%, frente al 25% del gas, el 20% de la energía nuclear, 7,5% de la producción de renovables y residuos y un 0,5% del carbón. Aproximadamente dos tercios de estos recursos los demanda el transporte y la industria. Con una producción tan escasa en Tarragona, los autores del Libro Blanco descartan la explotación de hidrocarburos no convencionales, puesto que consideran que el fracking «no llega a ser alternativa alguna para el abastecimiento energético de Cataluña», una Cataluña independiente dependería en gran medida de la importación de crudo a través de sus puertos, infraestructura del Estado español en territorio catalán, así como de la red de CLH.

Más gas con Artur Mas

Esta necesidad importadora no difiere mucho en el caso del gas, pero sí destaca por el papel otorgado para este recurso por la planificación realizada por los arquitectos de la independencia catalana. Según el Libro Blanco, el gas natural que llega a Cataluña proviene mayoritariamente de dos países: de Argelia, a través de los gasoductos de Enagás que distribuyen el gas del país magrebí por toda España, y de Qatar, mediante los buques metaneros que traen su gas natural licuado (GNL) y lo descargan en el puerto de Barcelona utilizando la planta de regasificación de Enagás. Un lazo más entre Cataluña y el emirato, explícito en sus vínculos comerciales con el Fútbol Club Barcelona, y que ya señaló el catedrático Josep María Montaner en su artículo El modelo Qatar.

Es relevante también la consideración que se realiza sobre la planta de regasificación de Enagás, operador del transporte y gestor técnico del sistema gasista en España, empresa privada que cuenta como uno de sus mayores accionistas a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y de la que el Libro Blanco reconoce sus funciones públicas asignadas por la legislación española. Dicho esto, los autores añaden que esta planta de regasificación tiene «capacidad de transformación suficiente para atender la demanda de Cataluña pues actualmente funciona al 20% de su capacidad«. No es una cuestión menor dado que Cataluña demanda el 21% del gas consumido en España. Prácticamente un tercio se utiliza para producir electricidad, otro tercio por la industria y otro tercio en el consumo doméstico.

Por su parte, la red de distribución gasista es mayoritariamente de Gas Natural Fenosa, que también copa la comercialización con un 80% de cuota de mercado, seguida de Endesa con un 12% e Iberdrola con un 5%. Desde el Libro Blanco tampoco se olvidan de las interconexiones con Europa, de las que destacan que el gasoducto MidCat «es una apuesta de la Unión Europea para la consecución de un Mercado Común de la Energía» y serviría para reducir la dependencia comunitaria del gas ruso. «Con el MidCat, Cataluña cumpliría con el doble objetivo de proporcionar una salida del gas magrebí y el de las plantas de regasificación de GNL hacia Francia al mismo tiempo que se reforzaría la seguridad de la demanda catalana de gas», afirma el Libro Blanco.

De hecho, entre las primeras medidas de una Cataluña independiente apuntan a «asegurar la interconexión con Francia mediante el MidCat», expresado de forma unilateral y obviando que es una cuestión largamente tratada en las relaciones entre España y Francia, reacia a avanzar más en interconexiones. Además, el documento imagina un escenario ambicioso: «Esto favorecería la creación de un hub logístico y comercial de gas natural en el sur de Europa que aseguraría menos dificultades de abastecimiento «, afirma el Libro Blanco, para añadir que «eventualmente, eso haría posible también la creación de un nodo comercial de GNL en el Mediterráneo«.

Pero serían necesarias más infraestructuras gasistas, incluyéndose un almacenamientos subterráneo. De hecho, el Libro Blanco sopesaba la posibilidad de utilizar la plataforma Castor, lo que podría explicar el interés que siempre ha expresado el Gobierno catalán por todo lo que ha rodeado al almacén recientemente hibernado. Pero además del Castor, los responsables de este proceso de transición a la Cataluña independiente recuerdan explícitamente como «Gas Natural Fenosa está haciendo los trámites para disponer de un gran almacén de gas natural en Balsareny con una capacidad de 3.200 GWh, unos 14 días del suministro de Cataluña».

Ciclo combinado y energía nuclear

Con el carbón destinado únicamente a usos industriales, la energía nuclear y los ciclos combinados de gas se configuran como las tecnologías predominantes de una Cataluña independiente. Según los datos del Libro Blanco, entre un 12% y un 18% de la electricidad consumida en Cataluña proviene de España. El plan B de una Cataluña independiente, si no se alcanzara un acuerdo con España para garantizar su suministro eléctrico, es que las centrales de ciclo combinado de gas ubicadas en territorio catalán, trabajando actualmente al 16% de su capacidad técnica, «aumenten su producción hasta el 70-80% con el fin de garantizar el abastecimiento«. También se cuenta a priori y de forma unilateral con las centrales nucleares de la geografía catalana, Ascó y Vandellós, que equivalen al 40% de la potencia nuclear de España y que son propiedad de Endesa y también minoritariamente de Iberdrola, producen 24.000 kWh anualmente, «el 50% de la energía que se consume en Cataluña», según el Libro Blanco.

Los planes del soberanismo para sus centrales nucleares son contundentes: prorrogar por 20 años más su vida útil, hasta los 60 años, siguiendo el ejemplo de las nucleares de Estados Unidos que utilizan la misma tecnología. Un planteamiento impecable desde el punto de vista de que la energía nuclear disminuye la dependencia de hidrocarburos y las emisiones de CO2 pero que choca con lo que proclaman algunos partidos que quieren la independencia y lo que sus votantes esperan de ellos. Siendo además un apartado que incluyen en sus reflexiones sobre la sostenibilidad medioambiental del sistema eléctrico de una Cataluña independiente.

A diferencia de otras tecnologías, los permisos para autorizar instalaciones renovables sí que son competencia de las comunidades autónomas. Sin embargo, en Cataluña la producción es de apenas el 7%, cuando en 2013 tan sólo la eólica a nivel nacional supuso el 20,9%. De hecho, la potencia eólica instalada en Cataluña es el 4% de la total de España. Cierto es que las previsiones para 2020 respecto al año 2009 son de multiplicar por cuatro su producción renovable, con importantes incrementos en eólica y termosolar especialmente. Pero también es cierto que las políticas de impulso de las renovables realizadas desde la Generalitat vienen siendo lentas, cuando no un freno o contrarias a su desarrollo. Además, en Cataluña quieren potenciar el biogás, la producción energética derivada del tratamiento de los purines, dónde han funcionado seis plantas, y también destacan especialmente las posibilidades de los residuos como fuente de energía.

Como se puede apreciar, las posiciones del soberanismo catalán en lo que se refiere a mix energético para la Cataluña independiente difieren notablemente de las posturas que han venido defendiéndose en el pasado por los partidos catalanes que lo integran, en especial por ERC e ICV, especialmente en lo que atañe a la energía nuclear. Por lo tanto, como se expone en esta primera parte, el conflicto planteado entre ideología independentista e ideología relativa al mix energético, en el Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña se resuelve a favor de lo primero.

El Libro Blanco, un pensamiento único que homogeniza la política energética para Cataluña. Un planteamiento uniforme que supone evidentemente para los partidos de la izquierda nacionalista una renuncia a sus posiciones pasadas sobre el mix energético.

En la segunda parte del artículo trataremos sobre la organización y gobernanza del modelo energético que resultaría del Estado catalán.