Durante su intervención en el tercer «Global Annual Energy Meeting» organizado por Esade, Van der Hoeven subrayó el «reto» de «aprovechar esta capacidad» que ya existe de manera destacada en la Península Ibérica.

En su opinión, en las «circunstancias adecuadas», el GNL, que se transporta en buques en forma líquida, «podría devolver la confianza en el suministro de gas» puesta en cuestión con el conflicto abierto entre Rusia y Ucrania, ya que al depender de buques y no de gasoductos ofrece más flexibilidad ante posibles interrupciones de suministro.

Para que esta seguridad se transmitiera al resto de Europa sería necesario incrementar las interconexiones gasistas, de la misma manera que es necesario aumentar la conexión eléctrica entre España y Francia.

Van der Hoeven subrayó que una mayor interconexión eléctrica entre la Península y el resto de Europa es un «reto» que necesitará encontrar, por una parte, financiación y, por otra, un «acuerdo político con Francia».

Además, explicó que la elevada capacidad renovable instalada en España necesita de esa interconexión para ganar «flexibilidad», lo que permitiría importar electricidad cuando faltan recursos -sol, agua o viento- y exportarla cuando sobra.

Por otra parte, señaló que si se mantiene el actual nivel de precios del petróleo afectará negativamente tanto a la inversión como a la producción de hidrocarburos, al tiempo que «los riesgos políticos se volverían más intensos».

Sebastián, que firmó el decreto de 2008 que otorgaba a Escal UGS la concesión de ese almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Vinarós (Castellón), aseguró que apenas un mes después de asumir esa cartera ministerial se encontró con un decreto «con la tramitación ya hecha» por parte del anterior equipo, comandado por el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

Frente a la polémica desencadenada por el pago de esos 1.350 millones de euros, que Escal UGS ya ha cobrado, Sebastián, que fue ministro entre 2008 y 2011, sostiene que el Gobierno actual «podría haber resuelto de otra forma» el problema, «porque el almacén no está operativo», en contra de lo previsto en aquel decreto.

Al no haber entrado en funcionamiento, el Gobierno «podía haber tenido un margen de negociación o de maniobra (frente a la concesionaria) que ha decidido no utilizar», según su opinión.

Sin ánimo de entrar en un debate jurídico, un terreno que deja a los expertos en la materia, Sebastián concluyó que el Gobierno tenía opciones «para pagar menos» de indemnización y podría haber «jugado» con el punto de la cláusula de la indemnización, que «estaba pensada si la planta está operativa y un gobierno no la cierra».

Por otra parte, cuestionado por si se siente de alguna forma culpable por el fracaso de este proyecto, Sebastián se preguntó: «¿Culpable de qué?», y añadió: «Lo que me sorprende es que los que estaban antes no hayan salido a defender (el almacén), porque fueron los que más trabajaron este tema», en referencia a sus antecesores en la cartera de Industria.

Sebastián aseguró que la indemnización que ha percibido Escal UGS, participada en su mayoría por ACS, y que pagarán los consumidores a través del recibo del gas durante los próximos 30 años, «no es dinero público», sino de los consumidores de gas, «que son en un 80% la industria».

En esta línea, Sebastián, que se desplazó a Cataluña para participar en el foro empresarial Cornellà Creació, argumentó que si ese almacén no hubiera generado seísmos, la infraestructura habría sido útil, ya que pretendía «cubrir riesgos de suministro y a la vez enfriar el precio del gas en caso de puntas de demanda».

El problema principal del almacén Castor fue que hubo «un error en la decisión de dónde ubicarlo», una decisión en la que subraya que él no participó, y que competía «al ministerio de Medio Ambiente y a la propia empresa», puntualizó.

En cualquier caso, admitió que el proyecto Castor «no ha salido como se esperaba», pero subrayó, en consonancia con el argumento esgrimido por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que «vamos a pagar la mitad para tenerlo hibernado de lo que costaría estando operativo».

«Es muy fácil ser listo a toro pasado», sentenció Sebastián haciendo balance de esta polémica, y recordó que «nadie puso objeciones al decreto» del almacén Castor cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, puesto que además «tenía el visto bueno de todos los servicios jurídicos».

En cuanto a la cláusula de aquel decreto que permitió a la concesionaria percibir una indemnización, comentó que también figuraba en la concesión del almacén de gas Gaviota, ubicado frente a la costa de Bermeo, y que era «habitual» en almacenes de gas construidos «en otros países», y recordó que «el Tribunal Supremo la ha validado».

«En todos los países los almacenamientos de gas recaen sobre los consumidores, porque se benefician de ellos (…) Y los pagan a gusto o bien a disgusto porque es un seguro para tener suministro en caso de que haya problemas», argumentó Sebastián, que no dio por completamente muerta la instalación: «Quién sabe si en un futuro el Castor volverá, yo no lo descartaría».

Liquidación de CTC

Por otra parte, sobre la investigación de la fiscalía relativa a la presunta falta de exigencia a las eléctricas de un exceso de cobro superior a los 3.000 millones de euros derivado de las liquidaciones de los costes de transición a la competencia (CTC), Sebastián indicó que los CTC fueron una compensación que hizo el Gobierno del PP cuando se pasó de un sistema regulado al sistema liberalizado.

A pesar de que con la liberalización se decidió que hasta el 2010 vayan a recibir una compensación, apuntó Sebastián, el Gobierno socialista decidió «que se acabe cuatro años antes».

«Desconozco que hubiera ningún informe de que se les había pagado de más, pero sí sé que del 2006 al 2010 no han recibido nada», aseveró Sebastián, para añadir que «si se les pagó más antes, no lo sé, pero se les dejó de pagar cuatro años, una cosa compensa la otra».

El extitular de Industria niega además haber conocido «nunca» la existencia de un borrador sobre ese asunto elaborado en el período de mandato de Clos, y haber recibido informes de la Abogacía del Estado o de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

«Prefiero el sistema de subastas al pool»

Por otra parte, respecto a la reforma eléctrica, Sebastián opinó que los costes de llevar la electricidad a las islas Canarias y a las Baleares y las primas a las renovables deberían cargarse a los Presupuestos Generales del Estado en lugar de endosarse al recibo de la luz, como sucede actualmente.

En cuanto al nuevo sistema del Gobierno para fijar el precio de la electricidad, que sustituye a las subastas Cesur, el exministro, que ahora imparte clases de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que todavía es pronto para evaluarlo, pero que prefiere el sistema de subastas porque el «pool» «mete muchísima volatilidad» al precio de la electricidad.

Con este escenario tarifario y tras la reforma del sistema gasista, Peris espera que 2015 registre un equilibrio entre ingresos y costes del sector, al tiempo que quedan «resueltos los desequilibrios» de años anteriores.

En el ámbito de los peajes, o de la parte regulada de la tarifa, la reforma ofrece un escenario para los próximos seis años «con un valor de referencia en función de las inversiones, si bien el objetivo es que las inversiones sean absorbidas por la mayor demanda», explicó durante la celebración del XVI Encuentro del Sector Gasista.

En cuanto al coste de la energía, el sector «no ve grandes cambios» en unos contratos que suelen indexarse a «muy largo plazo» y en los que el efecto depresor sobre los precios de la cotización internacional a la baja de los hidrocarburos puede quedar en parte compensado por el aumento de la demanda en invierno.

Tras un 2014 al que Peris calificó de «transición», el sector aborda ahora un nuevo ejercicio «de entrada en funcionamiento del nuevo marco y con todo el sector trabajando en ello», en el que ya se dispone de una regulación «predecible» y en el que la planificación que se diseñe quedará previsiblemente limitada a las «infraestructuras básicas».

Como asuntos pendientes, el presidente de Sedigás citó el real decreto de la reforma eléctrica acerca del encaje de los ciclos combinados de gas, el desarrollo de las interconexiones, la apuesta por nuevos formatos como el transporte marítimo y aspectos como la implementación del «hub» gasista.

Tras la reforma del gas, «el sector está experimentando un crecimiento sostenido en nuevos puntos de suministro», que consolida una actividad «capaz de crecer incluso durante la crisis». «Ya estamos notando que las compañías, en el campo de la distribución, están siendo más activas en la incorporación de nuevos puntos de suministro», afirmó.

«La reforma ha dado una señal a las distintas actividades reguladas y, cada una de ellas, en función de la señal, está adecuando sus planes y adaptando la inversión. Los que han recibido la señal más clara son los distribuidores», señaló para ilustrar el incremento de los puntos de suministro.

Una posible mejora del consumo en 2015

El presidente de Sedigas indicó que, tras «un par de años bastante planos», está previsto que esta tendencia se mantenga en 2014, un ejercicio que se caracterizó por haber sido «templado» y no haber elevado el consumo por las temperaturas.

«A esto hay que añadir el efecto de la reforma eléctrica, que afecta a la cogeneración, al tiempo que el consumo de los ciclos combinados de gas sigue bajando», afirmó.

Con todo esto, Peris confió que la demanda de gas en el sector convencional, (hogares y empresas) mejore en 2015, puesto que «si el próximo invierno está más en la media en cuanto a temperaturas, la demanda convencional mejorará en 2015», avanzó.

Hasta octubre, y con datos de Enagás, la demanda total de gas española acumulaba un descenso del 9,1%, con una caída del 9,4% en convencional y del 7,6% para generación eléctrica.

Frente a esto, la demanda total transportada sumaba hasta octubre un ligero incremento del 0,3% gracias al tránsito de productos, tanto con la recarga de buques -que llenan sus depósitos en los puertos españoles para llevar el gas a otros mercados- como por el tránsito de gas hacia Portugal.

Con estos datos, y una vez aprobada la reforma gasista, el presidente de la patronal consideró que el sector afronta un escenario «predecible y estable» desde el que poder abordar las inversiones necesarias para seguir creciendo, tanto en clientes como en nuevos usos.

En este sentido, desde Sedigas se insistió el potencial del sector en España donde, por ejemplo, la penetración del gas en el uso residencial es del 29% frente a la media del 50% en Europa.

Junto a este punto, el sector señaló a nuevos usos en el transporte o al negocio del tránsito, el gas que traen los buques a nuestro sistema y que luego se envía a otros puntos, como potenciales de crecimiento.

Y un poco más a largo plazo, el sector no deja de señalar el papel que puede jugar España como «puerta de entrada» del gas hacía Europa.

Actualmente, España cuenta con 5,4 bcm (5.400 millones de metros cúbicos) de capacidad de intercambio con Francia, una cifra que podría alcanzar los 15,1 bcm (15.100 millones de metros cúbicos) si se materializa el proyecto de interconexión MidCat o corredor del Mediterráneo, para conectar los sistemas gasistas de Francia y España por Cataluña.

Son proyectos internacionales, complejos y con muchos intereses, reconoce Peris, quien confió, no obstante, en poder avanzar en estas infraestructuras y consolidar a España como esa «puerta» de Europa.