Tras el hallazgo, el consorcio empresarial iniciará los estudios técnicos con los resultados obtenidos del pozo y la información sísmica obtenida previamente en la zona para determinar cuál es su potencial gasífero y las posibilidades económicas del bloque exploratorio. El pozo, denominado Orca-1, a 40 kilómetros de la costa, tiene una profundidad de 4.240 metros bajo una capa de agua de 674 metros. El gas se encontró a 3.600 metros, lo que lo convierte en el primer descubrimiento en aguas profundas en el Caribe colombiano.

El consorcio Tayrona está participado por la brasileña Petrobras (40%), que actúa como operadora del bloque, la colombiana Ecopetrol (30%) y Repsol (30%), que se incorporó al consorcio en 2010, tras realizar un importante descubrimiento gasífero en aguas adyacentes del Golfo de Venezuela. En lo que va de 2014 la petrolera española que preside Antonio Brufau acumula diez sondeos positivos.

El presidente del Colegio de Geólogos (ICOG), Luis Suárez, pidió la creación de una Mesa de los Recursos Geológicos-mineros y Energéticos para que la ciudadanía conozca de manera fiable que es «necesario y posible el aprovechamiento de estos recursos y la protección del medio ambiente», dijo durante el acto de clausura y entrega de diplomas del I Curso sobre Hidrocarburos No Convencionales.

Suárez también se refirió a las palabras del secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que acusó a Rusia de estar financiando a los grupos antifracking en Europa, según Financial Times. «Estas informaciones no han llegado a España ni a los medios españoles», afirmó.

Por su parte, la secretaria del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE), María Dolores Norte, aseguró que el fracking está «englobado en una estrategia geopolítica mundial de la que España no debería quedarse al margen».

De este modo, los representantes de ambos colectivos profesionales quieren «fomentar» entre los ciudadanos la información fiable y señalaron que han pedido, en calidad de representantes de la sociedad civil, la creación de esta mesa para informar a los ciudadanos de forma «técnica y fiable de la investigación de petróleo, la fracturación hidráulica, la geotermia, el almacenamiento de gas, y todos estos temas que preocupan a la sociedad».

Además, tanto el ICOG como el COIMCE coincidieron en que el debate del fracking debe aportar «elementos de racionalidad y pedagogía que sólo pueden ser facilitados en un entorno profesional y académico».

Junto a esto, abogaron por informar a la opinión pública y formar a los profesionales «como una labor fundamental para que España se suba al tren de la revolución energética producida por el fraking».

«Es necesario que la sociedad conozca que se puede conciliar el aprovechamiento de los recursos con la protección sostenible del medioambiente», concluyó.

«No fue este Gobierno, fue otro» el que aprobó el real decreto sobre Castor, aseguró Soria en el Pleno del Senado, en alusión al anterior Ejecutivo socialista. «Y yo me pregunto: ¿dónde estaba usted que no dijo nada?«, añadió, en alusión al senador que le interpelaba sobre las cláusulas lesivas.

Durante su intervención, Soria recordó que el actual Gobierno de Mariano Rajoy declaró lesiva la cláusula del decreto de 2008 sobre la indemnización, si bien «el Tribunal Supremo dio la razón a quien elaboró el real decreto», que recogía que en caso de renuncia por parte del operador habría indemnización «incluso si mediara dolo o culpa». Si ha habido o no negligencia, debe ser ahora determinado por los tribunales, explicó.

El ministro señaló que no conoce ninguna infraestructura energética en España, eléctrica o gasista, «que no la pague el sistema eléctrico o gasista» y sostuvo que Castor «tampoco es una excepción», si bien su retribución por estar hibernada será de 112 millones de euros al año, un 52% menos que si hubiese estado operativa.

«Si comparásemos lo que habríamos tenido que pagar los consumidores antes con lo que pagarán ahora, la diferencia a favor de los consumidores es de 110 millones de euros», señaló.

Por su parte, Ferran Bel preguntó sobre las razones por las que el Gobierno optó por repercutir en los consumidores el coste de la indemnización derivada de la suspensión del proyecto Castor y aseguró que a los ciudadanos «no les sirve» la explicación de lo que habrían pagado antes. «No entienden por qué deben pagar un conjunto de negligencias que corresponden a la Administración y a las empresas», afirmó.

El sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización a la sociedad Escal UGS por el almacenamiento subterráneo de gas de Castor ejecutó a mediados de este mes de noviembre el pago de los 1.350 millones de euros de compensación fijados por el Consejo de Ministros en octubre. En concreto, el real decreto del Gobierno estableció la hibernación de las instalaciones de Castor y reconoció una compensación de 1.350 millones de euros a Escal UGS, empresa encargada del proyecto, a abonar inicialmente por Enagás Transporte para posteriormente ser resarcida por el sistema gasista durante 30 años.