Soria aboga por ser «sumamente respetuosos» con el caso Castor

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En este sentido, el ministro recordó que la autorización del almacenamiento se realizó en 2008, durante el gobierno socialista, como parte de una planificación energética basada en unas previsiones de crecimiento de la demanda de gas que no se cumplieron. Posteriormente, Soria incidió en que el Gobierno del PP revisó a la baja un 10% la retribución de la instalación, declaró la lesividad de algunas de las cláusulas de la concesión, lo que no fue aceptado por la Justicia, paró la inyección de gas ante los seísmos ocasionados en la zona y resolvió como procedía la indemnización a sus promotores.

El almacenamiento gasista Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, se encuentra suspendido de actividad desde septiembre de 2013 tras detectarse cientos de pequeños seísmos en la zona asociados a la inyección de gas. Posteriormente, su promotora Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS, renunció a la concesión, por lo que fue indemnizada con 1.350 millones de euros, y la titularidad del proyecto se traspasó al operador del sistema Enagás.

De este modo se ha procedido a la hibernación del almacén Castor, por la que se prohíbe la extracción o inyección de gas en la instalación. En consecuencia, Enagás se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo, al tiempo que los consumidores del sistema gasista pagarán más en sus facturas de los próximos 30 años para hacer frente a la indemnización ya efectuada a Escal UGS por parte de Enagás. Por tanto, según reafirmó Soria, hasta que los expertos no garanticen de forma «fehaciente» que no hay riesgos en su puesta en marcha, el almacén permanecerá en estado de hibernación y su actividad paralizada.

Así se pronunció Soria después de que el juez de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargado del caso contra el almacén gasista Castor haya abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. La Fiscalía dirige sus acusaciones contra los que eran responsables del Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la concesionaria Escal UGS.

«Una sentencia ejemplarizante» contra Castor

Ecologistas en Acción y Greenpeace aplauden que se haya abierto una causa judicial por presuntas irregularidades en el almacén Castor y desearon que el caso concluya con «una sentencia ejemplarizante» para futuros proyectos. En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción en Vinaròs, Quique Luque, mostró su «satisfacción» por la apertura del caso porque «cumple una de las pretensiones que teníamos, que es la de buscar responsables de la negligencia en los trámites y en el control de las administraciones». «Ojalá haya una sentencia ejemplarizante y siente un precedente para que no se vuelva a repetir y se busquen responsabilidades porque España tiene una historia intolerable de dejadez y de permisibilidad», apuntó el ecologista.

Luque recalcó que el almacén de gas «tiene que ser desmantelado» y se mostró contrario a la hibernación aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. «La hibernación no nos conduce a nada porque el almacén se podría utilizar en otro cambio de Gobierno para reactivarlo. Ya sabemos los peligros que conlleva y que los perjuicios pueden ser mucho más graves si se volviera a abrir, con lo cual no queda otra que cerrarlo», añadió.

Por su parte, Julio Barea, desde la organización Greenpeace, manifestó que la causa judicial debe servir para que «no vuelvan a suceder» casos como el de Castor. «Las autoridades ambientales deben conceder permisos con conocimiento, velando por el medio ambiente y el bien general, nunca por los intereses privados y particulares de empresas o personas», apostilló. En este sentido, Barea calificó de «precedente positivo» que haya una causa judicial abierta por la presunta irregularidad en la concesión de permisos para el almacén de gas Castor.

Respecto al almacén, Barea indicó que «no puede funcionar como tal porque ya se ha visto en las pruebas de inmersión de fluidos cómo ha provocado decenas de terremotos en las zonas cercanas, con lo cual tiene muy mala pinta y no se va a poder utilizar para los fines para los que fue diseñado«. «No sabemos si va a servir para otra cosa, pero igual se tiene que quedar ahí hibernando para siempre«, concluyó.

Gas Natural Fenosa invertirá 1.240 millones de euros hasta 2017 en distribución de gas para sumar 730.000 puntos de suministro

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Así lo anunció el director del Negocio de Distribución de Gas en España, José María Gil Aizpuru, durante la presentación de la nueva estrategia de la compañía en distribución de gas en España, en la que detalló que se prevé sumar hasta el 2017 un total de 730.000 puntos de suministro, que darán servicio a cerca de 2,8 millones de nuevos usuarios. Gil Aizpuru explicó que las vías de crecimiento pasan por «lugares donde ya hay gas, focalizando en los sectores de mayor consumo, como hostelería, lavanderías o restauración, y acelerar al máximo la expansión del gas a nuevas poblaciones«.

La apuesta por el segmento de distribución se basa en la previsión de que este año mejore en un 10% la demanda, a pesar de que en 2014 el consumo del sector residencial cayó un 15% y el industrial retrocedió un 9% en 2014, caída que atribuyen a una climatología benévola, con el año más cálido desde 1880, y al descenso de demanda de gas para la generación eléctrica a través de la cogeneración, dado que muchas industrias paralizaron su producción energética como consecuencia de las diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno. Además, el gas vehiculado para ciclos combinados por Gas Natural Fenosa cayó un 26% en 2014, dato que esperan revertir en parte este año con un crecimiento del 21%.

Por ello, para acelerar su crecimiento en la actividad de distribución en España, invertirá 401 millones de euros durante este año, un 20% más que el año anterior tras destinar 335 millones en 2014, lo que también supuso un 20% más respecto a 2013. De este modo, la compañía prevé llevar el suministro de esta energía a casi 100 nuevos municipios para sumar un total de 1.250 poblaciones gasificadas en 10 comunidades autónomas al final del ejercicio, y cuenta también con proyectos en otras regiones como Baleares, Canarias, Extremadura o Aragón.

Estabilidad regulatoria hasta el 2020

Según Gil Aizpuru, la decisión de acometer estas inversiones responde a la reciente reforma del gas del Gobierno que, si bien representó un impacto negativo para Gas Natural Fenosa de 92 millones anuales al recortar su retribución, «envía señales a las empresas de estabilidad regulatoria hasta el año 2020«, con un escenario de seis años que «nos da tranquilidad para tomar decisiones y acometer nuevas estrategias de cara al crecimiento».

«El grupo energético acometerá todas estas inversiones para crecer en el negocio de distribución de gas natural tras la reforma del marco retributivo aprobada por el Gobierno, que incentiva el crecimiento de la red de distribución en municipios no gasificados y la incorporación de clientes de mayor consumo», apuntó Gil Aizpuru. En este sentido, desde Gas Natural valoró la «garantía» de déficit «cero» con las medidas acometidas por el Gobierno.

De esta forma, la compañía prevé alcanzar este año 207.200 puestas en servicio, un 27% más, tras cerrar 2014 con casi 162.600, un 9% más, hasta cerrar el ejercicio con 5,2 millones de puntos. De esas más de 200.000 puestas en servicio previstas para este año, el 90% corresponderá a finca habitada, viviendas ocupadas donde el gas natural sustituye a otras energías, y sólo el 10% serán viviendas de nueva edificación. Para llegar a los nuevos usuarios del gas, Gas Natural Fenosa construirá cerca de 1.370 kilómetros de redes en 2015, que se sumarán a los casi 48.950 kilómetros con los que cerraron el 2014.

Gil Aizpuru explicó que el nivel de penetración del gas natural en España es de un 28% y se sitúa por debajo del que se registra en otros países europeos, por lo que aún cuenta con un «gran potencial» de crecimiento, de unos 6,9 millones de hogares potenciales. Con planes como el presentado para los próximos tres ejercicios, Gil Aizpuru espera que en España la penetración de gas natural se sitúe «próximamente» por encima del 58% o el 60%, la media comunitaria, ya que hay un clima «más benigno» que en otras zonas de Europa.

Respecto a la evolución del precio del gas natural, el director del Negocio de Distribución de Gas en España de Gas Natural Fenosa pronosticó que en la medida en que el precio del barril de Brent cae «a valores desconocidos desde hace muchísimos años», se repercutirá en el precio del gas. «Lo lógico por la indexación que hay respecto al Brent es que el gas natural baje», apostilló Gil Aizpuru.

Un juez de Vinaròs imputa a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental en el proyecto Castor

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Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que el juez ha acordado abrir diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta por Fiscalía contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS, controlada en un 66% por ACS. En este sentido, se afirma que Escal obvió un estudio sobre la actividad sísmica y que «sorprende» que la Administración aceptara esta actuación.

Respecto a la administración, el juez acuerda tomar declaración como imputados a las personas responsables del Instituto Geológico y Minero que emitieron un informe en el año 2007 en el que consideraron apto el almacenamiento de gas: el coordinador del Instituto, Jesús Gómez de las Heras; el director de Recursos Minerales Geoambiente, José A. Fernández; el director de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director general José Pedro Calvo; y el director general de Política Energética y de Minas del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jorge Sanz.

También tomará declaración como imputados, por la resolución de 2010 en la que se encarga a Escal el proyecto, al que entonces era el consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla; al subdirector adjunto de la Subdirección General de Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich; a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez; y a Antonio Hernández, que sucedió a Sanz en su cargo. En cuanto a Escal, el juez imputa a su legal representante, así como a los miembros del Consejo de Administración: Recaredo Del Potro; Mohamad Jaffar; José Luis Martínez; Harold Philip; José Alfonso Nebera; Juan Cristóbal González; Ramón Jiménez; y Óscar Manuel Yunta.

Según recoge el juez en su auto, el 31 de enero de 2006 la mercantil Escal solicitó la concesión de la explotación de almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor. Como consecuencia, el entonces director de Política Energética solicitó un informe al Instituto Geológico y Minero de España, que fue emitido en enero de 2007, y que dejaba constancia de que la estructura Castor «se entendía apta para el almacenamiento de gas«. A la vista de este informe que validó la viabilidad del proyecto, el Consejo de Ministros, a propuesta de Sanz, otorgó por Real Decreto la concesión de explotación, habilitando así a Escal a utilizar la estructura subterránea Amposta de acuerdo con la Planificación Energética.

En 2010 se otorgó a Escal la autorización administrativa para el desarrollo del proyecto. Además, la mercantil, a la que se le exigió un análisis «sobre el riesgo de seísmos», lo obvió y señaló que no veía razones para incluir en el Estudio de Impacto Ambiental un estudio de frecuencia de actividad sísmica, y, respecto al aumento de peligro de terremotos, señaló que «es una afirmación carente de fundamento científico». «Lo que fue consentido por la Administración», apostilla el juez, ya que Escal, «no sólo no aporta estudio alguno, sino que se aparta de la actuación responsable», al tiempo que «sorprende extraordinariamente» a la Fiscalía que la Administración «aceptara esta observación sin instar su cumplimiento».

Así, la empresa se dispuso a iniciar la inyección del gas colchón y «empiezan a registrarse los seísmos cada vez con más frecuencia» en septiembre de 2013. La Fiscalía de Castellón acordó un mes después incoar diligencias de investigación penal para esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en el entorno del almacén subterráneo Castor. Tras las investigaciones, la Fiscalía decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por prevaricación medioambiental y es ahora cuando el juzgado acuerda abrir diligencias.

Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales como la sentencia que declaraba nula la licencia de obras a Escal UGS para la construcción de la planta terrestre de operaciones para el almacenamiento, así como otra sentencia que considera que no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental de la tubería que une las instalaciones marítimas con las terrestres del almacén gasista.

Izquierda Unida saluda las imputaciones

El diputado valenciano de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, valoró «muy positivamente» las 18 imputaciones y aseguro que éstas «dan la razón a los colectivos que se posicionaron en contra de esta plataforma y que, sobre todo, han contestado de forma contundente todas las tramitaciones que se han realizado». Además, considera que esta apertura de causa también apoya su oposición a la indemnización que, a su juicio, «fue muy apresurada«.

«Viene también a darnos la razón en una cuestión que para nosotros es muy importante: la celeridad y la precipitación con la que el Gobierno ha indemnizado a la empresa Escal-UGS», indicó Sixto. Por ello, Sixto considera que «se tendría que haber dejado que la Justicia continuara su camino para investigar todolo que se produjo y, en última instancia, haber determinado si la empresa se merecía aquella indemnización o ha actuado de una forma tan negligente que no está justificado en ningún caso la enorme cantidad de dinero con la cual se le indemnizó».

Alcaldes a favor de investigar

Los alcaldes de los municipios castellonenses situados en el entorno de la planta Castor consideran adecuado que se investigue y se depuren responsabilidades en la causa abierta en Vinaròs. Precisamente, el alcalde de Vinarós, Juan Bautista, indicó que «si existe algo punible, exigimos que se depuren responsabilidades«. Bautista recordó que «siempre hemos mantenido dudas sobre el proyecto y las garantías que ofrecía, y así se lo hicimos saber al ministro en 2013». Además, recordó que, tras el episodio de seísmos, «se atendió a los afectados y nos ofrecimos para trasladar al expediente de la Fiscalía cualquier reclamación, aunque finalmente no se transmitió ninguna por daños».

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, mostró su «respeto» a la decisión adoptada por el juzgado, y recordó que «ya dijimos que no era normal que se aprobara un proyecto sin informes de sismicidad». Por ello, el regidor pidió que se investigue y que de ahí salgan «las consecuencias que sean», y exigió la depuración de responsabilidades «incluso políticas, pues algo tendrán que decir desde las administraciones que estaba en el Gobierno, es decir, habrá que explicar las razones por las que se autorizó un proyecto que nunca debió de ser autorizado».

Finalmente, el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, indicó que la concesión del proyecto Castor planteaba «muchas dudas», pues «se hizo de forma muy rápida y sin toda la documentación necesaria», por lo que «ahora que la Justicia decida si existen responsabilidades «. Asimismo, señaló que «lo más normal» sería que la planta se desmantelase, «pues tenemos ahí un mamotreto que no funciona ni funcionará y no lo queremos de decoración«.

El Parlamento británico alerta sobre las «incertidumbres» de los efectos de la técnica de la factura hidráulica

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El comité, en el que participan conservadores, laboristas y liberaldemócratas, además de un miembro del Partido Verde, sostiene que el fracking debe «prohibirse por completo» en zonas protegidas como parques nacionales y áreas de especial belleza natural, así como en zonas con acuíferos de agua potable que pudieran resultar afectados.

La extracción por fractura hidráulica es además incompatible con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido, señaló el EAC, que pidió al Gobierno una moratoria sobre esa técnica.

«En último término, el fracking no puede ser compatible con nuestros objetivos a largo plazo para recortar las emisiones que contribuyen al cambio climático», afirmó la presidenta del comité, la laborista Joan Walley.

«Hay además enormes incertidumbres sobre el impacto que el fracking podría tener en el suministro de agua, la calidad del aire y la salud pública», dijo Walley.

Los medios británicos recogieron una carta remitida en septiembre por el ministro de Economía, George Osborne, al resto de ministros del Gobierno británico en la que les insta a hacer del desarrollo de la industria del fracking una «prioridad personal».

Osborne urgió a los ministros a apoyar el desarrollo de varias «zonas de extracción ejemplares» e impulsar la aceptación de las perforaciones entre los ciudadanos.

El activista Tony Bosworth, miembro de la organización Amigos de la Tierra, que filtró la misiva a los medios, señaló que el texto «muestra como el Gobierno y la industria trabajan mano a mano» para extender la técnica de la fractura hidráulica.

El primer ministro británico, David Cameron, dijo por su parte en un discurso en Hampshire, al sur de Inglaterra, que espera que el Reino Unido imité a los Estados Unidos en el desarrollo del fracking y que la economía de las zonas donde se extraigan hidrocarburos se beneficie de esas perforaciones.

«Quiero ver cómo el gas no convencional se explota adecuadamente en nuestro país. Creo que hay buenas razones para hacerlo. Queremos mayor seguridad energética, queremos mantener los precios bajos y queremos también combatir el cambio climático«, dijo Cameron.

El jefe del Gobierno británico sostuvo que «lo más importante que tiene que ocurrir es que se excaven algunos pozos exploratorios para que las comunidades locales puedan ver los beneficios».

«Creo que sólo entonces veremos que la gente en este país comprende que, si funciona en Norteamérica, puede funcionar aquí», afirmó Cameron.

La creciente producción de petróleo en Estados Unidos a partir del fracking es uno de los factores que ha llevado al exceso de oferta en el mercado mundial responsable de una caída de más del 50% en los precios del crudo desde junio.

El butano podría bajar un 5% en abril y abaratarse un 20% al año

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Esta tendencia implica que la bombona pasará del tope legal de 17,5 euros en el que se encuentra desde marzo del año pasado a 16,6 euros en abril, esto es, casi un euro menos, y luego irá registrando diferentes rebajas bimestrales del 5%, hasta caer al entorno de los 14 ó 15 euros, siempre que se mantenga el actual escenario de costes de la materia prima.

Las fuentes recordaron que, conforme al mecanismo de revisión trimestral lanzado esta legislatura, la bombona se revisa bimestralmente en horquillas de hasta el 5% al alza o a la baja en función de la evolución de los costes de la materia prima, si bien existe un tope de 17,5 euros por encima del cual no se sube el precio de la bombona, pero sí se genera un déficit de tarifa que el sector tiene derecho a recuperar.

A comienzos de 2014, el precio se encontraba en el tope de 17,5 euros y el déficit de tarifa rondaba los 60 millones de euros. Desde octubre de ese año hubo un cambio de tendencia en las cotizaciones internacionales, de modo que en marzo o abril de este año el déficit de tarifa habrá llegado a cero y el Ministerio de Industria estará en condiciones de revisar a la baja el precio final.

Cuando puso en marcha el mecanismo, Industria pretendía inicialmente tener congelado el precio máximo hasta 2016 para ofrecer mayor estabilidad, si bien luego accedió a adelantar esta revisión a 2015. El desplome del precio del petróleo ha provocado un vuelco en todas las previsiones y este adelanto de fechas juega ahora a favor del consumidor.

Las fuentes aseguraron que los costes están cayendo «en picado» y que la bombona de butano está a punto de entrar en una situación de superávit tarifario. Sólo hay un elemento que obstaculiza la rápida traslación de las caída de costes, que es la devaluación del euro, ya que los mercados y los fletes cotizan en dólares.

En los momentos de mayor déficit de tarifa del butano durante el año pasado el coste real de la bombona era de cerca de 23 euros, si bien los consumidores la compraban a 17,5 euros. Ahora, el escenario es el contrario y podrían producirse bajadas de casi un euro cada dos meses sin que los operadores sufran en el margen.

Esta bajada de precios puede animar la competencia en un sector en el que los principales operadores reclaman a Industria una liberalización efectiva. Las botellas de menos de 9 kilos ya tienen precio libre y se pueden vender donde lo deseen las empresas.

Según los datos que maneja el sector, la demanda de butano envasado cerró el ejercicio 2014 con una caída del 7,5%, o unas 70.000 toneladas menos, debido a la crisis, a temperaturas más altas y a los consumidores que han reemplazado este combustible por otro como el gas natural o la electricidad.

El consumo total de gas licuado del petróleo (GLP) cayó un 8,5% en el ejercicio, o en unas 130.000 toneladas, después de que haya caído no sólo la demanda de butano, sino también la de granel y la de gas canalizado, en un 15% y en un 20%, respectivamente.

El único foco de actividad que registra crecimientos de la demanda es el autogás, con subidas del 20%. Ante este nuevo uso del GLP, el sector se propuso redoblar sus esfuerzos para que la sociedad conozca este combustible de automoción, más barato, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Enagás emite bonos a 10 años por importe de 600 millones de euros

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El vencimiento de la emisión, que tuvo un cupón anual del 1,25% y un precio de emisión de 99,08 euros, será el 6 de febrero de 2025, ya que la fecha de emisión de los bonos, así como el desembolso y cierre de la emisión está previsto que tenga lugar el próximo 6 de febrero.

La emisión, dentro del programa «Guaranteed Euro Medium Term Note Programme» (Programa EMTN), se cerró en menos de dos horas con una demanda final de más de 6.000 millones de euros, más de 10 veces la cifra ofertada.

Parte de estos bonos serán permutados por parte de una emisión ya existente de Enagás, con vencimiento el 5 de octubre de 2017 y un saldo vivo de 750 millones de euros con cupón 4,25%, adquirida por BNP Paribas como parte de este acuerdo.

El gestor técnico del sistema gasista aprovechó así el buen momento para acudir a los mercados crediticios, al igual que hicieron la pasada semana Gas Natural Fenosa, que colocó 500 millones de euros de deuda a 10 años, Iberdrola, que emitió bonos por 600 millones de euros a 8 años, o Banco Popular, con una emisión de deuda senior por 500 millones de euros a 5 años.

Enagás subrayó que el éxito de la colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, contribuye a mejorar su «buena situación financiera», que cuenta con fuentes de financiación diversificadas.

Tras esta operación, un 66% de la deuda corresponde al mercado de capitales, un 32% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO) y un 2% a financiación bancaria.

En marzo del pasado año, la compañía dedicada al transporte de gas cerró una emisión de bonos por 750 millones de euros con un vencimiento de 8 años y con un cupón anual del 2,5%.

La operación se cerró en dos horas con una demanda final de más de 4.500 millones de euros, más de seis veces la cifra ofertada.

Entre enero y septiembre de 2014 la compañía obtuvo un beneficio neto de 308,1 millones de euros, un 1,5% más que en el mismo periodo de 2013, en los primeros resultados que se ven afectados por las medidas aprobadas en julio por el Gobierno para ajustar el sector gasista.

Arca Ibérica se personará como acusación popular en el proceso contra los responsables del Castor

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La denuncia de Fiscalía se dirige contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del Castor, así como contra la mercantil Escal UGS. Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica en septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la planta Castor y los movimientos. Escal UGS, concesionaria de Castor, realizaba trabajos de inyección del gas colchón, utilizado para adecuar el almacenamiento a las inyecciones y extracciones de gas propias de un almacén gasista.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, la Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por presunta prevaricación medioambiental.

Anulada la licencia de obras

Más problemas legales para Escal UGS. El juzgado contencioso-administrativo número 2 de Castellón anuló el acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) de 28 de diciembre de 2009 por el que se aprobó la licencia de obras otorgada a la empresa Escal UGS para la construcción de la planta de operaciones del proyecto Castor de almacenamiento gasista y un posterior decreto del alcalde del municipio.

El juzgado estima así parcialmente el recurso que interpuso Río Cenia SA contra dichos actos administrativos, que consideraba que los mismos infringen la normativa porque la planta de operaciones no tiene por objeto contribuir a la ordenación y desarrollo del medio rural y, en todo caso, no se compadece con las normas de directa aplicación en el suelo no urbanizable. Así se alega en el recurso que la administración demandada tramitó un procedimiento distinto al legalmente previsto para la aprobación del Estudio de Integración Paisajística y que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Vinaròs no era el órgano competente para aprobar dicho estudio.

Además, se indica que la anulación del acuerdo de aprobación del Estudio de Integración Paisajística lleva aparejada de forma directa la anulación de la licencia de edificación de la planta de operaciones, pues apunta que el Ayuntamiento otorgó a Escal UGS licencia municipal de obras para construir la planta en suelo rural sin que, previamente, la Generalitat hubiera emitido la preceptiva Declaración de Interés Comunitario.

El juzgado señala que no se aportó ninguna prueba por la parte demandada sobre la necesidad de emplazar la planta de operaciones de Castor en el suelo donde se ubicó con el fin de justificar la decisión adoptada, «pues las demandadas debían justificar la excepcionalidad de dicha decisión, las cuales no han probado la idoneidad de dicha elección, por lo que se entiende infringida la normativa que alega la demandante».

Además, considera que debe prevalecer la interpretación jurídica realizada por la demandante, en cuanto a que si hubiera sido lícito construir en suelo rural la planta de operaciones, los actos materiales de edificación deberían haber ido precedidos de la obtención de una Declaración de Interés Comunitario emitida por la Administración autonómica valenciana y de una licencia municipal de obras otorgada por el Ayuntamiento de Vinaròs, ya que el proyecto no reunía los requisitos para tener la consideración de red básica de transporte de gas natural.

Las reservas de petróleo de EEUU aumentan 10 millones de barriles

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En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio diario de 7,157 millones de barriles, un 4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En la semana que terminó el 16 de enero, las refinerías operaron al 85,5% de su capacidad, frente al 91 de la pasada semana.

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en febrero subía 0,75 dólares y se situaba en 47,03.

Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisó que aumentaron en 600.000 barriles, con lo que se situaron en 240,9 millones de barriles, un 0,2% más que la semana anterior.

Por su parte, las reservas de combustible para calefacción bajaron en 3,3 millones de barriles, hasta los 136,6 millones, un 2,3% más que la semana precedente.

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvo en 691 millones de barriles.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada semana 1.852,6 millones de barriles, comparado con 1.850,2 la semana precedente.

Redexis Gas inaugura en Granada su mayor gasoducto en España, al invertir unos 80 millones de euros

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El acto de apertura simbólica de la válvula de distribución del gasoducto, que tuvo lugar en Baza (Granada), fue presidido por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa.

La inauguración contó además con la intervención del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, el alcalde de Baza, Pedro Fernández, y la consejera delegada de la compañía, Cristina Ávila, además de otras autoridades de ámbito nacional, autonómico y local.

Con una inversión de más de 35,5 millones de euros destinados a su construcción y 135 kilómetros de extensión, esta infraestructura proporcionará gas natural a 30 localidades de Granada y Almería, cubriendo las necesidades de suministro energético de más de 137.000 ciudadanos y negocios, así como empresas e industrias de la zona. Para las labores de distribución de gas natural, Redexis Gas dedicará una inversión cercana a los 45 millones de euros.

«Este importante gasoducto impulsará la competitividad del tejido empresarial e industrial de Granada y Almería, y su relevancia queda reflejada en los 1.000 puestos de trabajo generados de forma directa o indirecta en su construcción», señaló Fernando Bergasa, presidente de Redexis Gas.

Según dijo, esta infraestructura «supone un paso más en la configuración energética de la red de transporte de gas natural en España y dotará de una mayor seguridad y competitividad a las industrias y ciudadanos de su ámbito de influencia, al mismo tiempo que avanzará hacia la implantación de una energía sostenible para el futuro, que genera ahorros para las familias y eficiencia para los negocios».

El gasoducto Huércal Overa-Baza-Guadix beneficiará a numerosas industrias de la zona, centros de logística y distribución, empresas relacionadas con la minería, energía termosolar, gran consumo y fabricación de celulosa, entre otras, y proporcionará suministro energético a empresas como Cosentino o Cementos del Marquesado.

Este proyecto aportará también otros beneficios para la comunidad, como son los hospitales de Baza en Granada, y al hospital «La Inmaculada» en Almería.

En este sentido, la inauguración del gasoducto Huercal Overa-Baza-Guadix permitirá prescindir de 2.130 camiones de transporte de gas natural licuado (GNL) al año, así como la eliminación de las plantas de GNL que daban suministro de energía a Baza y Guadix, y que suponían 850.000 kilómetros de transporte de carga peligrosa dentro de zonas medioambientalmente relevantes como el Parque Nacional de Sierra Nevada y el Parque Natural Sierra de Baza. Un total de 674 toneladas de CO2 emitidas anualmente a la atmósfera se evitarán gracias a este proyecto.

En Andalucía, Redexis Gas está presente en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y proporciona suministro de gas natural a través de 1.200 kilómetros de redes construidas y gestionadas en dicha comunidad autónoma.

La empresa realizó una inversión total en infraestructuras de gas natural de más de 150 millones de euros en Andalucía para construir modernos gasoductos y redes de distribución que le permiten llevar esta energía a una población de más de 1.000.000 de habitantes.

El presidente de Redexis Gas afirmó que la intención de la compañía en Andalucía es «invertir más de 200 millones de euros en los próximos 5 años, llegando a más de 70 municipios, 1.500.000 ciudadanos y miles de comercios e industrias».

Redexis Gas, propiedad de Goldman Sachs Infrastructure Partners y coinversores, es una compañía dedicada al desarrollo y operación del transporte y distribución de gas natural en España y genera más de 250 puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos y cerró el año 2013 con 105 millones de euros de Ebitda.

Opera más de 5.800 kilómetros de redes propias de gas repartidas a lo largo de Aragón, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, con las que facilita el acceso a una fuente de energía segura, cómoda y eficiente a más de 3.700.000 personas, industrias y comercios, en un total de 193 municipios.

Ucrania insta a Gazprom a negociar un nuevo contrato de gas natural

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«Teniendo en cuento la falta de competitividad de la anterior fórmula de precios, Naftogaz propone a Gazprom abrir en breve negociaciones sobre las condiciones del suministro de gas a Ucrania», informó la compañía estatal Naftogaz.

Naftogaz recordó que los nuevos precios deben entrar en vigor el próximo 1 de abril, ya que ése fue el acuerdo alcanzado el pasado año por Ucrania, Rusia y la Unión Europea.

«Considerando lo constructivas, transparentes y fructíferas que fueron las negociaciones del pasado año con participación de representantes de la Unión Europea, Naftogaz propone negociaciones en el mismo formato a tres bandas«, precisó.

Y advirtió que «las condiciones invernales en las que la compañía compra ahora gas a Gazprom ya son peores que las que ofrecen los suministradores europeos de Naftogaz».

Kiev advirtió que Rusia ya ha perdido en los últimos meses parte del mercado ucraniano en favor de las compañías europeas, por lo que «el regreso a las antiguas condiciones (de precios) conducirá a una mayor reducción de la presencia de Gazprom en Ucrania».

Así reaccionó Nagtogaz a las advertencias del presidente de Gazprom, Alexéi Miller, de que a partir del 1 de abril Rusia eliminará todos los descuentos, por lo que Kiev tendrá que pagar en torno a los 500 dólares por cada mil metros cúbicos de gas.

Además, el Gobierno ruso exigió a Ucrania el pago de 2.440 millones de dólares de deuda por el gas natural suministrado por Gazprom al país vecino en 2014. «Las deudas hay que pagarlas», dijo Dmitri Medvédev, primer ministro ruso.

Al respecto, el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, remitió a Gazprom al tribunal de arbitraje de Estocolmo, en el que Naftogaz denunció a su homóloga rusa por valor de 6.000 millones de dólares. «Que decida el tribunal», arguyó.

Naftogaz recordó que en diciembre importó 1.500 millones de metros cúbicos de gas, de los que un 33% provinieron de Rusia y el resto de la Unión Europea.

A finales de 2014, Rusia, Ucrania y la Unión Europea se comprometieron a garantizar el suministro de gas ruso y su tránsito por Ucrania hasta marzo próximo, después de que Moscú recibiese «garantías» de que Kiev pagaría una parte sustancial de su deuda antes de finales de año y dispondría de fondos para las nuevas compras de gas.