El gasoducto de la Mariña (Lugo) dará suministro a 55.000 usuarios de siete municipios, incluida Alcoa

En su intervención, el titular del Gobierno gallego destacó que este «hito» supone «poner a la Mariña en el mapa del gas de Europa«. «El sector industrial es determinante para reactivar el pulso de la economía de cualquier país. Por ello nos hemos volcado en apoyar a las empresas y a este sector industrial», enfatizó. Por su parte, Gabarró llamó la atención sobre el tiempo «récord» en que se ha construido el gasoducto, pese a la «complicada orografía» y las circunstancias meteorológicas de la zona. Así, garantizó que «contribuirá a la vertebración del territorio gallego».

En la inauguración, en la estación de medida de San Cibrao, en Cervo, también estuvieron presentes el consejero de Economía e Industria, Francisco Conde; la presidenta de Alcoa España, Rosa García; y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. La presidenta de Alcoa España celebró que la planta de San Cibrao de la multinacional del aluminio se pase ahora al gas natural al 100%, después de la conversión progresiva iniciada en 2011 desde el fuel, con la consiguiente reducción en los costes de producción. Por último, el regidor de la localidad, Alfonso Villares, reivindicó «la unión de esfuerzos» como «la única forma de avanzar y progresar», al señalar que en la obra estuvieron implicadas varias administraciones, Gas Natural Fenosa y Alcoa.

30 millones de euros invertidos

El gasoducto de la Mariña es un tubo de acero que, a lo largo de sus 65 kilómetros de longitud, recorre, bajo tierra, los municipios de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove y Viveiro. De esta forma, conecta con el gasoducto de Llanera-Vilalba, ya existente. La compañía energética invirtió 30 millones de euros en este proyecto, que construyó la empresa FCC bajo la dirección de Gas Natural Fenosa Engineering durante los 11 meses de plazo previstos y «sin ningún tipo de incidente», según la entidad.

En el marco de la planificación gasística aprobada en mayo de 2008 por el Ejecutivo central para la atención del mercado de la comarca, la iniciativa se ejecutó bajo «estrictos criterios de seguridad y de preservación del entorno», señala. Así, el tubo, con un diámetro de 16 pulgadas y 80 bar de presión, es capaz de vehicular más de 50.000 metros cúbicos por hora, en un trayecto que cuenta con ocho estaciones de regulación y medida, y una estación de medida. Para su construcción participaron 200 profesionales y utilizaron la tecnología de perforación dirigida a priorizar la preservación del entorno.

Gas Natural Fenosa en Galicia

Gabarró destacó el «histórico vínculo» que une a Gas Natural Fenosa con Galicia, en la que está desarrollando un plan de inversiones hasta 2017 que dispone 860 millones y que «puede llegar a 1.100» en base a «algunos permisos pendientes». «Mantendremos nuestras inversiones para asegurar un suministro de alta calidad», comprometió Gabarró, quien demostró igualmente su voluntad de «colaborar» con la Administración gallega en iniciativas de movilidad marítimo-terrestre y valorización de la biomasa. Sobre la planta de Meirama, Gabarró indicó que espera «poder realizar» la inversión «importante» para adaptarse a la nueva normativa europea, antes de referirse a la recuperación ambiental de la antigua mina, con un lago que «a mediados del año que viene» confía en que esté listo.

Por su parte, Feijóo cifró en 4 los millones que invertirá Galicia «para seguir impulsando el gas natural» en la comunidad, de forma «especial» en polígonos industriales, ya que aspira a aumentar de 44 a 80 los que tienen acceso a esta energía. De hecho, el presidente de Galicia destacó que es una fuente de energía más competitiva, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El director general de Gas Natural Galicia, Roger Serrat, explicó que el gas natural llegará procedente de puntos como el gasoducto del Magreb, vía barco, por ejemplo, desde la planta de regasificación de Mugardos, y también, aunque en menor medida, de otros puntos del norte de Europa. Además, la compañía aseguró que la construcción del gasoducto fue «un reto ambiental», ya que la infraestructura discurre por parajes de riqueza ecológica y paisajística. De hecho, afecta a ocho espacios naturales protegidos y a varios hábitat prioritarios.

Fuel por gas en Alcoa

La presidenta de Alcoa España, Rosa García, destacó el beneficio que conllevará la puesta en marcha del gasoducto de la Mariña con la sustitución del fuel por el gas natural en la planta que la multinacional tiene en San Cibrao, hecho que según García «no tiene nada que ver con el tema eléctrico». Así la factoría de Alcoa podrá mejorar su competitividad en el apartado económico y reducir en torno a un 30% de las emisiones de gas invernadero desde el punto de vista medioambiental.

Rosa García explicó que en San Cibrao hay dos plantas, la de alúmina y la de productos de aluminio. La de alúmina es intensiva en energía térmica, mientras que la de aluminio, similar a las de Avilés y A Coruña, es intensiva en energía eléctrica, apuntó. «Hoy lo que celebramos es que con la llegada del gas tenemos una posición muy mejorada respecto a fuel oil desde el punto de vista competitivo y medioambiental», resaltó.

El objetivo de Alcoa, según subrayó, es «colocar» a sus plantas «en una posición que permita competir en cualquier momento, independientemente de las condiciones de mercado». Con fueloil se hallaban en una situación de «desventaja no solo en el coste diario, sino también pensando en el futuro en potenciales inversiones», según apuntó. Pero ahora el gas natural «pone a San Cibrao en una posición competitiva como una de las mejores plantas de alúmina que pueda haber en el mundo», reivindicó.

El PSOE aplaude la admisión a trámite de los recursos de Castor y espera que se demuestre que el Gobierno no actuó correctamente

Hernando realizó estas declaraciones durante su visita a la Universitat Jaume I de Castellón, al ser preguntado por los medios al respecto.

«Creemos que es una excelente noticia que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite todos los recursos, incluido el del grupo parlamentario socialista, en el tema de Castor», apuntó Hernando, quien aclaró que para el PSOE «era muy importante que esto siga adelante, pues son 1.400 millones de euros, que con todos los intereses serán 4.000 millones de euros al cabo de los 30 años, y eso se va a imputar a la factura que pagan los ciudadanos, lo que nos parece absolutamente injusto».

Hernando, que cree que el Gobierno debería tomar «buena nota» de esta situación, apuntó que los socialistas esperan que el Tribunal Constitucional «debata cuanto antes este tema y no solamente admita el recurso, sino que en el futuro podamos ganarlo y se demuestre que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha actuado correctamente a la hora de adelantar esos 1.400 millones a la empresa de Castor».

Preguntado por la actuación del Gobierno socialista en el proceso del Castor, señaló que «todo el mundo sabe que esto lo empezó el PP y lo ha terminado el PP, que es el que ha terminado pagando estos 1.400 millones. Si por medio se cometió alguna irregularidad, que se investigue, pero el que empezó y terminó ha sido el PP».

Las importaciones netas de gas natural cayeron un 5% en 2014

En el conjunto del ejercicio las importaciones de gas natural por gasoducto aumentaron un 3,2%, hasta 197.194 GWh. Sin embargo, no fue suficiente para compensar la caída del 16% de las de gas natural licuado (GNL), las que llegan en barco, hasta 119.414 GWh, según los datos publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En total, las entradas de gas natural en 2014 en España aumentaron un 2,3%, hasta 384.002 GWh, mientras que las exportaciones repuntaron un 59,2%, hasta 67.342 GWh.

En diciembre, las importaciones netas de gas natural cayeron un 9,2% con respecto al mismo mes de 2013, hasta los 26.030 GWh, con un aumento en GNL del 5,4% y un retroceso por gasoducto del 16,8%. Además, este mes disminuyeron interanualmente tanto las importaciones de gas natural un 8,3% como las exportaciones un 2,1%. Por áreas geográficas, en 2014 disminuyeron las importaciones de América Central y del Sur un 7% y de Oriente Medio, un 13,3%, mientras que subieron las de África un 5,8% y Europa y Euroasia un 5,9%.

En 2014, Argelia fue el primer suministrador de España, con 211.900 GWh, el 55,2% del total importado, seguido de Noruega (12,2%), Qatar (9,1%), Nigeria (8,3%) y Trinidad y Tobago (6,1%). Por su parte, Japón se situó como el primer destino de las exportaciones en el año, con el 18,5% del total, seguido de Corea del Sur (16,7%), Brasil (12,9%), Argentina (12,5%) y Portugal (9,5%), principalmente. El 53,1% del total de las importaciones en 2014 se realizaron por gasoducto, aumentando un 1,2% respecto al 2013. En cuanto a las exportaciones, disminuyeron las salidas por gasoducto un 36,6%) en 2014, mientras aumentaron un 90,9% las de GNL.

No obstante, el 55,2% suministrado por Argelia no es definitivo para conocer si se superó el tope legal del 50% para un mismo origen de suministro por encima del cual los sujetos del sector están obligados a diversificar la procedencia de los abastecimientos. Para conocer el porcentaje definitivo hay que contemplar otras variables y el dato final se conocerá en mayo. En cualquier caso, desde Cores indicaron que el porcentaje será «distinto» a ese 55,2%, ya que, entre otros factores, las exportaciones subieron considerablemente en 2014. En 2013 las importaciones de gas natural procedentes de Argelia equivalieron al 51,6% del total, lo que supuso sobrepasar el tope legal del 50%.

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos del PSOE y Cataluña contra el decreto de Castor

En concreto, el Alto Tribunal abordará el encaje constitucional del real decreto ley 13/2014, de 3 de octubre de 2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, para lo que decidió dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

En concreto, el recurso del Grupo Socialista en el Congreso se dirige contra la totalidad de la normativa; el del Parlamento catalán, contra los artículos 2 y 4, este último en sus apartados 1 y 3, y del de la Generalitat, contra toda la ley excepto su disposición adicional segunda.

El PSOE recurrió el decreto ley a comienzos de año, al considerar que la empresa promotora de Castor, Escal UGS, controlada en un 66,67% por ACS, recibió una indemnización de 1.350 millones que se repercutirá en la tarifa de gas durante 30 años «sin intentar saber qué había pasado realmente», según indicó en su momento el secretario de Reformas Democráticas del partido, Ximo Puig.

El texto presentado por la formación ante el Constitucional argumentó que hasta seis artículos del decreto ley «exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia» en materia de «adecuación constitucional de las leyes singulares».

En concreto, los socialistas consideraron que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.

En cuanto a la Generalitat de Cataluña, la presentación del recurso fue anunciada a finales del año pasado por el conseller catalán de Presidencia, Francesc Homs, a la vista de la «la falta de justificación y proporcionalidad de la singularidad de la regulación establecida» de la norma, en la que no se percibe además «concurrencia de una extraordinaria urgencia».

Para el Govern catalán, la resolución de la concesión del almacén Castor con un real decreto ley implanta un régimen singular y diferente del que resultaría de la aplicación de la legislación general vigente, «lo que vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la Justicia».

Un almacén polémico

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona.

Desde entonces se sucedieron los informes y peticiones de información a expertos con el objeto de determinar si el proyecto es seguro, es decir, si puede volver a la actividad sin provocar nuevos seísmos, una cuestión que todavía no se resolvió.

Mientras tanto, Escal UGS decidió renunciar a la concesión del almacenamiento, lo que, de acuerdo a la normativa que rige el proyecto, le daba derecho a una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros antes mencionados.

El Gobierno aceptó esta renuncia en el citado real decreto ley junto con la indemnización y estableció la hibernación, por lo que prohibió la extracción o inyección de gas en el almacén. De acuerdo a esta normativa, el almacén Castor pasa a ser gestionado por Enagás Transporte, que es quien inicialmente se ha hecho cargo del pago de la indemnización, aunque recuperará este desembolso a lo largo de treinta años mediante cobros del sistema gasista, es decir, de la tarifa que pagan todos los consumidores.

Además, el sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización a la sociedad Escal UGS por el almacén Castor ya ejecutó en noviembre el pago de los 1.350 millones de euros de compensación.

Redexis Gas comienza a operar en Murcia al adquirir el negocio de EDP

Redexis Gas comenzó a suministrar gas natural en la región de Murcia donde cuenta con el gasoducto de transporte «Moratalla–Mula», de más de 65 kilómetros de longitud, y con 2.000 kilómetros de redes que posibilitan el suministro a 1.260.000 habitantes en 22 localidades, entre las que destacan Murcia, Cartagena y Lorca.

Julio Cesar Campillo, director general de la Zona Sur-Mediterránea, liderará el crecimiento y desarrollo de las redes de transporte y distribución de gas natural en la Comunidad de Murcia. Con 25 años de experiencia en el sector energético español, Campillo es miembro del Comité de Dirección de Redexis Gas desde 2011.

De este modo, Redexis Gas pasa a prestar servicio en 21 provincias españolas a través de sus 8.000 kilómetros de redes extendidas a lo largo de 215 municipios españoles, continuando con su marcado ritmo de crecimiento en el sector gasista nacional.

Fernando Bergasa, presidente ejecutivo de Redexis Gas comentó que la junta directiva se siente «muy orgullosa de tener la oportunidad de integrarnos como agente activo de la sociedad murciana, contribuyendo con nuestras infraestructuras de gas natural a su progreso y desarrollo económico y sostenible».

«Tenemos importantes planes de crecimiento enfocados al despliegue de modernas y eficientes infraestructuras de gas natural en Murcia», concluyó.

La española Técnicas Reunidas se adjudica un contrato en Abu Dhabi por más de 600 millones de euros

El proyecto es parte del programa de Adnoc para producir 400 millones de pies cúbicos de gas desde sus campos «offshore» para incrementar las ventas de gas, y el contrato tiene una duración de 40 meses, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el contrato fue adjudicado bajo la modalidad «llave en mano» e incluye la ingeniería, suministro de equipos y materiales, construcción, instalación, pruebas y puesta en marcha. El proyecto incluye varias instalaciones de procesamiento de gas, gasoductos, tuberías de condensado y todas las interconexiones necesarias.

Éste será el cuarto gran desarrollo de Técnicas Reunidas en Abu Dhabi tras haber completado el proyecto para el complejo petroquímico de Borouge, el desarrollo de los campos de Sahil y Shah, y encontrarse finalizando la puesta en marcha del centro de captación de gas de Shah.

«Este nuevo proyecto consolidará aún más el posicionamiento de Técnicas Reunidas en Abu Dhabi y es una muestra más del compromiso en participar en los desarrollos energéticos de los Emiratos Árabes Unidos», indicó.

Enagás compra la sociedad dueña de las regasificadoras canarias

Según informó Enagás en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe total de la transacción, que comprende el precio de las acciones y de los créditos participativos, asciende a 8,98 millones de euros.

Enagás se hace así con la totalidad de las acciones de Gascan, al comprar las participaciones que actualmente están en manos de la filial de Endesa en las islas, Unión Eléctrica de Canarias GEneración (Unelco), con un 41,94% del total, y Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, con un 10,88%, ya que el 41,18% restante ya era propiedad del gestor del sistema.

El traspaso de las regasificadoras a Enagás era una obligación legal incluida en la Ley 17/2013 para mejorar la competencia de los sistemas eléctricos extrapeninsulares aprobada por el Gobierno en 2013.

Por ello, la firma señaló en el hecho relevante que con esta operación «se da cumplimiento a lo establecido» en esta ley, «al pasar la titularidad de las instalaciones de regasificación de gas natural en el ámbito territorial del archipiélago Canario al grupo empresarial del que forma parte el gestor técnico del sistema», al que pertenece Enagás Transporte.

En abril de 2013, el presidente de la compañía, Antonio Llardén, señaló que la obligación de hacerse con el 100% de las dos plantas regasificadoras previstas en Gran Canaria y Tenerife supondría para Enagás una inversión adicional de entre 300 y 350 millones a partir de 2015.

Enagás permutará 259,2 millones de euros en bonos por otro lote que presente vencimientos más cortos

Los nuevos bonos, emitidos el pasado 23 de enero, tienen vencimiento en 2025 y suman un valor nominal de 259,2 millones de euros, mientras que los títulos antiguos sujetos a la permuta vencen en 2017 y tienen un valor nominal de 282,3 millones de euros.

La operación de permuta se enmarca dentro de la emisión de bonos por 600 millones de euros cerrada por Enagás el pasado 23 de enero.

En concreto, serán objeto de permuta los bonos de la serie 1, con vencimiento en 2017, adquiridos por BNP Paribas, títulos que serán amortizados y cancelados.

Tras el cierre de la operación, la serie 1 de Enagás tendrá un saldo vivo nominal de 467,7 millones de euros.

EDP vende su negocio de gas en Murcia a Redexis por 186 millones

En un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal, EDP recordó además que el resto del negocio que se comprometió a vender a Redexis, el de gas en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Extremadura, y Castilla y León a cambio de 51 millones de euros, «está todavía pendiente de la aprobación de las autoridades reguladoras».

EDP agregó que la conclusión de la venta de su filial Gas Distribución de Murcia, acordada el pasado 16 de diciembre, le reportó «plusvalías de 78 millones de euros».

Gas Distribución de Murcia, ya en las manos de Redexis, opera en 22 municipios de la región y es propietaria del gasoducto Moratalla-Mula, de 65 kilómetros de longitud, así como las redes de las localidades murcianas de San Pedro del Pinatar y San Javier.

La eléctrica lusa comentó que espera cerrar el resto del negocio (Madrid, Cataluña, Extremadura, y Castilla y León) en el primer semestre del 2015, con el visto bueno de los reguladores, y tasó en 5 millones de euros la plusvalía de la operación.

La operación en total, que le servirá a Redexis sumar 2.300 kilómetros más de infraestructuras gasistas a su cartera, permitirá a EDP ingresar 237 millones de euros.

La Diputación de Castellón cree que los responsables de poner en marcha Castor deben responsabilizarse del pago de la indemnización millonaria

Moliner se pronunció así sobre la causa que ha abierto el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, en la que están imputadas 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el también presidente provincial del PP indicó que «lo que hace claramente el juzgado de Vinaròs es acotar las responsabilidades y ponerles fecha, pues estamos hablando de decisiones tomadas entre 2006 y 2007 y 2009 y 2010 y a los responsables les pone nombres y apellidos y, en muchos casos, están apareciendo directores generales de los ministerios del Gobierno socialista«.

Moliner cree que esto es «positivo» porque «había una cierta tentación de intentar expandir el problema y de hacer ver que todo el mundo era responsable y no es cierto». «Al final hubo un Gobierno que decidió conceder una Declaración de Impacto Ambiental que, en estos momentos y de cara a la investigación judicial, ofrece algunas dudas«, manifestó antes de añadir que «lo que es evidente es que quienes fueron los responsables de poner en marcha Castor deben acabar siendo responsables de haber tenido que pagar entre todos los españoles la indemnización más millonaria de la historia de este país«.

Respecto a si contempla la posibilidad de que se pueda solicitar una reversión de la indemnización pagada a la empresa concesionaria, Moliner apuntó que «estamos en una fase absolutamente embrionaria del proceso judicial, por lo que sería tirarme al vacío aventurar cuál puede ser el final de la instrucción». «Creo que lo mejor es dejar trabajar a la Justicia y que, fruto del resultado final, podamos tomar las decisiones que correspondan», subrayó el dirigente del PP, quien considera que «si el resultado final acaba señalando con el dedo acusador, pues evidentemente algo habrá que hacer«.

Víctor Capilla, nuevo juez titular

El juez Víctor Capilla será el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que instruye la causa del proyecto Castor, frente al cual hay en la actualidad una juez sustituta. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió así el concurso en el que se incluía una plaza para el citado juzgado de Vinaròs.

Hasta que Capilla se haga cargo del juzgado como titular, la juez sustituta continúa con el trabajo de la oficina judicial. Aquel evaluará la situación del juzgado, de la carga de trabajo y de la capacidad de respuesta. En el caso de que corresponda, se evaluará la conveniencia de los refuerzos que se reclamen y se agilizará, en su caso, su incorporación a la mayor brevedad. Recientemente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que su departamento tendrá «máxima sensibilidad» para reforzar este juzgado de Vinaròs debido al «evidente» aumento de carga de trabajo que tendrá con la instrucción de la causa, abierta esta semana.

La causa parte de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Castellón, que dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS. De momento el juzgado acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos supuestamente delictivos.

Se ordena así citar a declarar en calidad de imputados a los responsables del informe favorable para Castor, del Instituto Geológico y Minero del 23 de enero de 2007 y a los responsables de la resolución del 7 de junio de 2010, y dentro de la misma a los responsables de la Declaración de Impacto Ambiental que dieron luz verde al proyecto. Asimismo se cita como imputados a los ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos su presidente Recaredo del Potro.

Tras los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el entorno del Castor, la Fiscalía acordó incoar de oficio diligencias de investigación penal que han desembocaron en la denuncia presentada el pasado 23 de diciembre de 2014. Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales con problemas derivados de permisos de obras ahora anulados así como la ausencia de estudios de impacto ambiental en infraestructuras que completaban la planta.