Estas alegaciones se producen en el proceso de evaluación de impacto ambiental del sondeo Angosto-A de perforación y estimulación por fractura hidráulica, situado en Loma de Montija, a unos tres kilómetros de Espinosa de los Monteros. En este sentido, en aplicación del «principio de prevención», las asambleas solicitan que se anule el proyecto de perforaciones exploratorias en las áreas de interés Angosto debido a las consecuencias perjudiciales que podría tener su ejecución en las personas y en el medio ambiente.

El objetivo de la entrega conjunta de alegaciones, más allá de la cantidad de firmas recogidas, es «aumentar los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre los distintos territorios afectados, y dejar claro que esto nos afecta a todos. No queremos fracking, ni aquí ni en ningún sitio», explican las asambleas de Cantabria, Burgos y País Vasco de forma conjunta.

El sondeo Angosto-A se encuentra dentro del permiso de investigación Angosto-1, operado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) empresa gestionada por el Gobierno vasco, que promueve varios proyectos de fracking en un territorio muy extenso. Se trata de un permiso de investigación que afecta a las comunidades de Castilla y León, Cantabria y País Vasco. Las asambleas contra el fracking destacan que las afecciones ambientales, económicas y sociales, no se limitan únicamente al sondeo Angosto-A, y alertan del «efecto acumulativo» del elevado número de permisos de exploración, investigación y explotación que se están otorgando en estas comunidades.

El permiso Angosto-1 fue otorgado por seis años en 2006 por el Gobierno socialista, y prorrogado en 2012 por el Gobierno del PP, que recientemente autorizó la concentración de los trabajos e inversiones de los permisos de investigación Enara, Usoa, Mirua, Usapal y Angosto-1, «extendiéndose la afección acumulativa de estos proyectos hasta la Comunidad Autónoma de Navarra». Las asambleas advierten que la Cuenca Vasco-Cantábrica es una cabecera de cuencas hidrográficas que dan de beber a grandes núcleos de población, por lo que denuncian que «promocionar de esta manera el fracking es un atentado contra el sentido común y la salud«.

En el escrito de alegaciones, manifiestan la «caótica tramitación» administrativa que se lleva a cabo no solo en este permiso, en el que a su entender «se evidencia un proceder inaceptable» por parte de la Administración competente en materia ambiental, sino el «déficit democrático y la opacidad» que está siguiendo el impulso del fracking desde la Administración central, mediante «apresuradas modificaciones de ley y recursos de inconstitucionalidad a las numerosas prohibiciones autonómicas, desoyendo la oposición popular y la multitud de informes y estudios internacionales que alertan de sus efectos nocivos».

Desde los colectivos antifracking animan a la población «a no bajar la guardia, a participar en las asambleas y a secundar masivamente las movilizaciones que se llevarán a cabo en caso de que empresas y gobiernos continúen con sus planes de poner en marcha proyectos con técnicas no convencionales como el fracking«. En esta línea, las asociaciones reiteran que el uso de la fractura hidráulica supone asumir riesgos importantes para las personas y el medio ambiente, tales como sobre-explotación de recursos, contaminación de aguas subterráneas y superficiales, emisiones a la atmósfera, riesgos para la biodiversidad, impactos acústicos o tráfico elevado.

Wagner explicó que los sondeos se situarán en seis emplazamientos, tres en el permiso «Urraca», otorgado por el Ministerio de Industria, (Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urria y Villarcayo) y otros tres en el permiso «Sedano», concedido por la Junta de Castilla y León, (dos en Merindad de Río Ubierna y uno en el Valle de Sedano) que poseen una extensión media de 2,3 hectáreas y en los que se podrán realizar dos pozos en cada uno.

El objetivo de los proyectos es confirmar la existencia de gas natural en la formación geológica Camino, que forma parte de la cuenca vasco-cantábrica, la zona de España con mayor potencial para albergar gas pizarra de España.

Al respecto, avanzó que la ejecución de las obras se realizará siempre de forma «paulatina», una detrás de otra, puesto que el análisis de cada pozo determinará la ubicación del siguiente y recordó que el objetivo de estos proyectos es confirmar la existencia de gas natural en el norte de Burgos.

Los proyectos van acompañados de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA), según lo dispuesto en la Ley aprobada en noviembre de 2013, una de las pocas de Europa que obliga a realizar Estudio de Impacto Ambiental en la fase exploratoria de los proyectos. Estos estudios se componen de 10 estudios y 4 anexos, que sirven de base para analizar de forma específica cada uno de los posibles impactos.

Elaborados por más de una treintena de especialistas, en ellos se analizan aspectos como la geomecánica del subsuelo, hidrogeología, geología, ciclo de agua, sismicidad, arqueología, biología, no afección a Red Natura 2000, modelo de ruido y calidad del aire.

Durante la tramitación de los proyectos y hasta que se autoricen todos los permisos necesarios, el vicepresidente de Operaciones de Europa de BNK España reiteró que no se realizará sobre el terreno ninguna actividad relacionada con la exploración de hidrocarburos y recordó que los presupuestos incluidos en los proyectos, cada pozo requerirá una inversión de entre 10 y 20 millones de euros, dependiendo de sus características, ubicación y profundidad.

Como consecuencia, la empresa pagará entre 300.000 y 600.000 euros por cada sondeo al ayuntamiento correspondiente en concepto de impuestos municipales y tasas, cálculo realizado tomando como referencia un Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 4%.

A estas cantidades hay que añadir lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Hidrocarburos aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, en la que se establece que si la exploración tiene éxito y la extracción es posible, los propietarios de terrenos situados en la zona del yacimiento obtendrán un 1% de la producción, lo que supondrá un beneficio de entre 2 y 4 millones de euros por cada emplazamiento.

El mismo proyecto de Ley, que ahora se encuentra en trámite parlamentario, establece además una tasa de 125.000 euros por cada sondeo; y un impuesto a la producción de entre el 1% y el 4% que revertirán «con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen estas actividades».

Troy Wagner aprovechó su presencia en la capital burgalesa para defender, además, el carácter «seguro» de los trabajos de la compañía e insistió en la «enorme oportunidad» que supone para una provincia la posesión de gas.

Por otro lado, señaló que los proyectos elaborados van acompañados de los correspondientes estudios de impacto ambiental requeridos por la legislación y explicó que se distribuirán a instituciones técnicas, administraciones, sindicatos y colectivos, dado su carácter público.

Para informar sobre estos proyectos, BNK España creó una plataforma web específica con toda la información relativa a los planteamientos en el norte de la provincia de Burgos, en la que se habilitó un formulario interactivo para dirigir preguntas o dudas.

CyL aclara que sólo autoriza sondeos de exploración

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, recordó que el Gobierno autonómico no ha cambiado de criterio respecto a la técnica del fracking y aclaró que en la Comunidad sólo se autorizan sondeos de exploración o de investigación y no de explotación.

«No confundamos», advirtió De Santiago-Juárez, quien recordó también que esos sondeos se someten a declaración de impacto ambiental por lo que consideró que se trata de un asunto «absolutamente reglado».

En una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Industria concedió esta autorización conforme al modelo de separación patrimonial, tras asumir la resolución dictada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca del permiso solicitado por Reganosa en febrero de 2014.

En esta resolución del año pasado, el regulador aceptó que la empresa asumiese la condición de gestora de la red de transporte, condición que ostenta Enagás a nivel estatal, siempre y cuando dos de sus socios, Gas Natural Fenosa y Sonatrach, no pudieran votar en las juntas de accionistas.

Este requisito se sumaba al de que los dos socios no pudiesen nombrar a miembros del consejo de administración y permitiría a Reganosa gestionar sus 130 kilómetros de red de transporte de gas en Galicia, que se conectan con otros de sus activos, entre ellos la regasificadora de Mugardos y los ramales conectados con dos centrales de ciclo combinado, incluida la de As Pontes.

Gas Natural Fenosa controla un 21% de Reganosa a través de la sociedad Gasifica, mientras que la estatal argelina Sonatrach tiene otro 10%. Otros de los accionistas, sin intereses tan directos en el sector energético, son Forestal del Atlántico (16%), Gadisa (20%), First State Regasificadora (15%) y la Comunidad Autónoma de Galicia (17%).

Tras la denegación del permiso en 2012 por parte de la CNE para convertirse en gestor de la red de transporte, extremo que ratificó posteriormente la Comisión Europea, la empresa adoptó una serie de cambios en sus estatutos para adaptarse a los artículos de la Ley de Hidrocarburos y hacer compatible su funcionamiento con este tipo de actividades.

Como parte de este proceso de adaptación, los representantes de Gas Natural Fenosa y de Sonatrach ya salieron en 2013 del consejo de administración de Reganosa.