Europa Press / EFE.– Los ciudadanos británicos que vivan cerca de explotaciones de fracking elegirán cómo gastar los recursos del Fondo Soberano del Esquisto (SWF) que será dotado mediante un 10% de la recaudación fiscal por la explotación de este tipo de energía, lo que proporcionará 1.000 millones de libras (1.178 millones de euros) a lo largo de 25 años, que las comunidades afectadas podrán destinar a mejorar infraestructuras, financiar proyectos comunitarios o incluso a la distribución de un pago directo a los hogares.
El Gobierno del Reino Unido ha lanzado una consulta pública sobre cómo deberá gestionarse este nuevo fondo soberano, cuyos recursos «consistirán inicialmente de hasta el 10% de la recaudación por impuestos a la producción de gas de esquisto» y que deberán destinarse al beneficio de las comunidades que acojan las explotaciones. «Las comunidades que acojan la actividad de fracking deberían beneficiarse directamente más allá del esperado impulso a la economía local», señala el Gobierno, que subraya su intención de que los hogares de estas comunidades obtengan «ganancias directas» de los beneficios del desarrollo del fracking.
De este modo, el Ejecutivo plantea varias opciones para que estas comunidades puedan influir en cómo se gestiona el fondo y en qué se gasta el dinero, que las autoridades calculan en 1.000 millones de libras a lo largo de los próximos 25 años. «Proponemos inicialmente establecer un pago máximo de 10 millones para cada comunidad o región vinculada a una explotación de esquisto durante la vida útil de la misma, que probablemente sea de unos 25 años», plantea el Gobierno, aunque apunta que «esto podría revisarse en el futuro».
La primera ministra británica, Theresa May, avanzó que prevé pagar directamente a los ciudadanos una proporción de los beneficios obtenidos con los impuestos sobre el fracking, mientras que el Ejecutivo anterior planeaba entregar esos fondos a las autoridades locales de las áreas afectadas. El proyecto, que está en fase de consultas, significaría que cada familia podría recibir entre 5.000 y 20.000 libras, es decir, de 5.850 a 23.400 euros. May, que asumió el cargo en julio, apuntó que el mismo modelo podría ser aplicado a otros ámbitos, como en los impuestos sobre nuevos desarrollos inmobiliarios, cuyos beneficios irían también a parar personalmente a los residentes.
«El Gobierno que lidero estará siempre guiado por el interés de la mayoría de familias ordinarias, para las que la vida es más dura de lo que muchos políticos piensan», afirmó. «Este anuncio es un ejemplo de cómo poner esos principios en acción. Se trata de asegurarse de que la gente se beneficia personalmente de las decisiones económicas que tomamos, y no solo los ayuntamientos, para que puedan retomar el control de sus vidas», agregó.
Asimismo, el Gobierno británico señala que este fondo soberano del esquisto supone «nueva financiación», subrayando que no servirá como reemplazo de financiación pública existente y que será adicional a cualquier beneficio proporcionado por la industria del fracking mediante sus paquetes de beneficios comunitarios. La consulta planteada por el Ejecutivo del Reino Unido pretende así examinar qué prioridades debe asumir el Gobierno en la gestión del SWF, así como en la asignación de los recursos, incluyendo los potenciales modelos de reparto para asegurar que los hogares y comunidades próximos a las explotaciones se benefician y deciden cómo se gasta y en qué se gastan los recursos.
UK Onshore Oil & Gas (UKOOG), entidad que agrupa a las empresas desarrolladoras de explotaciones de gas de esquisto, ha dado la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de establecer este nuevo fondo soberano. «UKOOG sigue creyendo que la población local debería compartir el éxito de nuestra industria y ser recompensada por acoger explotaciones en beneficio del resto del país y por eso lanzamos en 2013 un plan de beneficios comunitarios al que se suma este fondo», destacó la organización.
