La Junta de Castilla-La Mancha insta al Gobierno a «prohibir de manera taxativa» el fracking en todo el territorio nacional

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar «una prohibición taxativa» de la práctica del fracking en toda España «al menos hasta que no haya garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

Así lo ha solicitado el consejero durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y «a los que no se puso freno durante la anterior legislatura», según ha recordado el Gobierno regional. Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero indicó que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional contó con el apoyo de Podemos y deseó que «el PP se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha» para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos. El consejero reconoció «el esfuerzo y el trabajo» de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que contribuyeron «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», afirmó.

Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha pretendían instalarse 5 proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.

El consumo de carburantes de automoción crece un 4% y registra su mejor mes de enero desde 2011

Europa Press.- El consumo de carburantes de automoción aumentó en enero un 4% con respecto al mismo mes del 2016, alcanzando los 2 millones de toneladas, según Cores. El consumo de carburantes volvió así a la tendencia al alza, después del descenso del mes anterior, y registró sus mejores datos de un mes de enero desde 2011. Este aumento responde tanto al incremento de los gasóleos en un 4,4%, con 1,73 millones de toneladas, como de las gasolinas, en un 2,1%, con 349.000 toneladas.

Igualmente, ascendió el consumo del resto de productos petrolíferos, excepto los fuelóleos, que cayeron un 11,1%. Los GLP aumentaron un 28,5%, los querosenos crecieron un 14,3%, los gasóleos un 7,2% y las gasolinas repuntaron un 2,2%. En enero, el consumo de gas natural encadenó su sexto mes de incremento interanual, con un crecimiento del 25,4% frente a enero del 2016, situándose en 38.470 gigavatios hora (GWh). Además, destacó este mes el consumo de gas natural convencional, que aumentó un 22,5%, alcanzando 31.008 GWh, cifra que representa un máximo histórico. El consumo destinado a generación eléctrica continúa presentando importantes incrementos (42%).

Los permisos para explorar hidrocarburos mediante fracking en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria se extinguen sin prórroga

Europa Press.- Los permisos para explorar hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) se han extinguido sin prórroga al denegar el Ministerio de Energía, la solicitud de suspender los permisos Angosto-1, Enara, Usoa, Mirua y Usapal. Así consta en una orden ministerial que publica el BOE, respecto a los permisos de investigación otorgados en noviembre de 2006 a Enara y en enero de 2008 al resto.

El Gobierno fue concediendo prórrogas a estos permisos para explorar hidrocarburos, hasta 2013, luego hasta 2014 y, finalmente, hasta el 19 de junio de 2016 para Angosto 1 y hasta el 18 de febrero de 2017 para Enara, Usoa, Mirua y Usapal. El operador solicitó en 2015 que se interrumpiese el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de medidas adicionales de protección medioambiental mediante fracking dictada por la comunidad autónoma del País Vasco.

Por ello, la Secretaría de Estado de Energía concluye que el análisis del programa de trabajos e inversiones del conjunto de permisos de investigación «no permite deducir» que concurran las circunstancias para permitir tal suspensión de plazos, a pesar de que no niega que la aprobación de la normativa autonómica vasca suponía una carga adicional en la tramitación de los sondeos de investigación. Si bien, no aprecia un obstáculo impeditivo para seguir con los trámites.

Barcelona acogerá Gastech en 2018, el mayor evento mundial del sector del gas natural

Europa Press.– Barcelona acogerá en 2018 la feria y conferencia Gastech, la más importante del mundo del sector del gas natural, que se organizó en sus tres últimas ediciones en Asia, mientras que en su 30ª edición regresa a Europa y tendrá lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 17 al 20 de septiembre.

Este evento bienal prevé reunir a 600 expositores y más de 20.000 profesionales. En su edición española contará con la colaboración de Sedigas y del consorcio formado por compañías como Enagás, Gas Natural Fenosa y Repsol, según indicaron Fira y las empresas impulsoras. La capital catalana congregará a la industria del gas natural y gas natural licuado (GNL) mundial para presentar soluciones innovadoras, generar negocios, intercambiar ideas y establecer nuevos contactos, en una cita impulsada por Dmg Events Global Energy.

El año 2018 se celebrará el 45º aniversario de la creación del evento en 1972, y la organización ha elegido Barcelona por sus infraestructuras congresuales, turísticas y de transporte, además de por sus atractivos gastronómicos y culturales, así como su posicionamiento en el negocio del gas. El presidente de Sedigas, Antoni Peris, destacó que Gastech «es un evento muy relevante para tratar problemas que afectan al sector del gas y el GNL». «Además, la creación reciente de un mercado organizado de gas en España, Mibgas, y su voluntad de convertirse en un centro europeo de GNL deja entrever un futuro prometedor para esta industria», concluyó.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha recalcado la importancia de atraer un salón «de estas características y dimensiones, tanto por lo que representa para la ciudad y su entorno como para las grandes compañías del sector del país», para seguir acogiendo eventos de primer nivel internacional. Según las previsiones de Gastech, las importaciones europeas de GNL crecerán en 2017 por segundo año consecutivo tras un periodo de declive entre 2011 y 2015, y gran parte de este gas entrará a través de la red española de terminales de importación de GNL.

El gas licuado por canalización sube un 5,6% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió desde el 21 de febrero un 5,6%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. El precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará a partir de ahora en 80,0633 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 75,7749 céntimos de enero.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,56 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 7%, desde los 61,2671 céntimos por kilogramo de enero hasta 65,5555 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización euro/dólar.

La Unión Europea destina 6,25 millones de euros a realizar estudios para la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya

Europa Press.- Los países de la Unión Europea acordaron destinar un total de 6,25 millones de euros para elaborar estudios adicionales sobre la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya que unirá el País Vasco con Aquitania (Francia), según indicó la Comisión Europea, que señaló que los países comunitarios aprobaron su propuesta para invertir 444 millones de euros en 18 proyectos prioritarios de infraestructuras energéticas. La financiación proviene del programa Conectar Europa (CEF).

La conexión submarina eléctrica entre España y Francia es el único proyecto español seleccionado. Concretamente, la Unión Europea aprobó destinar 6,25 millones de euros a Red Eléctrica de España y a la compañía francesa Reseau de Transport d’Electricité (RTE) para la realización de estudios adicionales. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, señaló recientemente que espera que esta nueva infraestructura esté lista para 2022 y que incrementará la interconexión energética de 2,8 Gigawatios a unos 5 Gigawatios, con un coste cercano a los 2.000 millones de euros.

De los 18 proyectos europeos para los que se ha aprobado financiación, 7 están relacionados con el sector eléctrico y tienen una financiación de 176 millones, 10 con el sector del gas (228 millones) y uno sobre una red eléctrica inteligente (40 millones). Por otro lado, la mayoría (13 proyectos) se basan en la elaboración de estudios (94 millones) y únicamente 5 obtienen fondos para trabajos de construcción (350 millones). Los proyectos que más financiación han obtenido son la construcción de la interconexión de gas entre Polonia y Eslovaquia (107 millones), de una terminal marítima de gas natural licuado en la isla croata de Krk (102 millones) y de un almacén energético de aire comprimido en Reino Unido (90 millones).

La organización ecologista Greenpeace lleva el proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana al Defensor del Pueblo

Europa Press.- Greenpeace ha presentado ante el Defensor del Pueblo nacional una queja por el proyecto de Gas Natural Fenosa, denominado Marismas, para la explotación y almacenamiento de gas en el entorno del Espacio Natural de Doñana. La organización pide que la oficina que dirige Soledad Becerril inste al Gobierno andaluz y al central a revisar la evaluación de impacto ambiental (DIA) del proyecto y ajustarla a la normativa y exigencias actuales.

Según la organización ecologista, se denuncian así que las actuaciones de Gas Natural Fenosa vulneran el artículo 45 de la Constitución, que obliga a la protección del medio ambiente, ya que considera que Gobierno y Junta «han hecho dejación de su obligación de proteger el Espacio Natural de Doñana». Greenpeace recuerda que el proyecto Marismas fue partido en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) por Gas Natural Fenosa «con el objetivo de ocultar el impacto ambiental acumulado del proyecto global y lograr así más fácilmente las autorizaciones«.

«El proyecto de Gas Natural Fenosa supone un grave peligro para Doñana por las implicaciones ambientales que la explotación y almacenamiento del gas tiene para un entorno tan frágil, amenazado y necesitado de protección. Este proyecto pone de nuevo los intereses privados por delante del general», ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace. En su denuncia, Greenpeace también informa a la Defensora del Pueblo de que en la DIA, «los riesgos sísmicos de la zona no han sido debidamente considerados«, como a su juicio queda de manifiesto en el informe técnico elaborado por «prestigiosos geólogos» que recoge «explícitamente las propias dudas expuestas en la DIA”.

Greenpeace señala además que el proyecto cuenta con «un gran y contundente rechazo social manifestado en la oposición de importantes y numerosos sectores de la sociedad y también de los poderes públicos» y recuerdan que se han recogido casi 250.000 firmas en contra o que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y que el Parlamento de Andalucía instó al Gobierno de esa comunidad autónoma a adoptar las medidas necesarias y a estudiar las vías legales para paralizar el citado proyecto. También han mostrado su oposición los Ayuntamientos de Viso del Alcor y de San Juan del Puerto.

Enagás prevé un déficit gasista de unos 140 millones en 2016 y que el sistema entre en equilibrio en 2018

Europa Press.- Enagás prevé un déficit gasista de entre 130 y 140 millones de euros para 2016 y estima que el sistema entrará en equilibrio en 2018, según una presentación remitida por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo estima una aceleración del crecimiento de la demanda nacional de gas del 3,5% anual para el periodo 2017-2020, frente al 2,1% en 2016, en línea con «el crecimiento económico» del país y debido a un mayor consumo del gas para generación eléctrica, lo que llevará a este equilibrio del sistema, según indicó el presidente de Enagás, Antonio Llardén. Además, prevé que, con el crecimiento estimado de la demanda, el déficit acumulado en el sistema gasista se absorbería en el año 2022. Enagás asevera que la aplicación del actual marco regulatorio «ya está consiguiendo eliminar el desajuste entre ingresos y gastos del sistema gasista».

Asimismo, el grupo considera que recuperará la inversión de 275 millones de dólares (unos 259 millones de euros) y las garantías depositadas por 227 millones de dólares (unos 214 millones de euros) correspondientes al proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en un plazo «máximo» de tres años, de acuerdo a los análisis realizados para la compañía del contenido del contrato de la concesión. Llardén indicó que este plazo de tres años es «una mera cuestión de prudencia», ya que el Gobierno peruano se comprometió a realizar unos procesos de subasta de los bienes de la concesión y adjudicar los mismos a un nuevo concesionario en un plazo de 12 meses.

Así, con la suma que se obtenga en la subasta se abonará a GSP hasta el 100% del valor contable neto de los bienes de la concesión. Si el producto de la subasta es inferior al 72,25% del valor contable neto, o si no hubiera postores o no se hubiera celebrado ninguna subasta en el plazo de 12 meses, el concedente garantiza como mínimo el 72,25% de este valor contable neto a favor de GSP, señaló Enagás, quien precisó que las controversias no-técnicas superiores a 30 millones de dólares (unos 28 millones de euros) se resolverán mediante arbitraje internacional (Ciadi).

No obstante, Llardén, quien reafirmó el compromiso de Enagás de «facilitar al máximo» esta continuidad del proyecto, subrayó que GSP seguirá «adelante, ya es un objetivo de infraestructura y político del Gobierno peruano y se entiende que es uno de los proyectos estrella para la reestructuración económica del país». Asimismo, consideró que Enagás no debe realizar ninguna «modificación importante» a la hora de establecer sus criterios de inversión internacional, ya que el caso de GSP se trata de una circunstancia muy concreta que afectó al socio mayoritario, la brasileña Odebrecht).

Respecto a posibles adquisiciones, Llardén destacó que el grupo, más allá de sus compromisos de dividendo e inversión, cuenta con unos 1.000-1.300 millones de euros en caja disponibles que se podrán destinar para reducir deuda «en los momentos más oportunos» o para las oportunidades de inversión que se puedan presentar. «El equipo está estudiando los objetivos y según lo que veamos se tomarán las decisiones más oportunas. Podemos navegar y cambiar u orientar el rumbo de la nave según sea más oportuno», señaló al respecto.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso pide de nuevo al Gobierno que prohíba el fracking en toda España

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con «pleno respeto» a las competencias autonómicas con el fin de «prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica, también conocida como fracking, en todo el Estado, por los riesgos que supone para el medio ambiente y para las personas”.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, 14 en contra (PP) y una abstención (PNV). No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con fracking, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica. La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y derogue los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen fracking.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el fracking es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por «agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos» con el fin de fracturar las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción. González Ramos indicó que se trata de una técnica que «plantea graves riesgos» en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

«Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente», apuntó, antes de pedir a Rajoy que «sea valiente y apueste por las energías renovables«. «¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene 8 veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un Ministerio que tiene en su nombre el Medio Ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno», apostilló. «Los socialistas queremos preservar la salud y de su entorno», manifestó el diputado, que cree que el fracking es «una amenaza de la que protegerse».

En la comisión ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el impuesto al sol, en referencia a los peajes existentes para quienes opten por el autoconsumo con energía solar,y seguir desarrollando energías limpias. Al término de la comisión, celebró que la iniciativa haya salido adelante y confía en que el resultado será celebrado en las zonas donde hay permisos de investigación, en las que asegura que «hay mucha oposición». Entre ellos, ha destacado algunos permisos que están «en la tierra de María Dolores de Cospedal», cerca de las Lagunas de Ruidera, en Guadalajara y en Hellín, pero ha indicado que también hay permisos en País Vasco o Castilla y León.

«Esto es un éxito», ha celebrado el socialista que dice que ahora el Gobierno «hará lo que considere conveniente» pero opina que esta es una forma de decirle al Ejecutivo que no se puede «seguir por esta vía» de entretenerse en plataformas de petróleo o proyectos de fracking en vez de apostar por las energías renovables. En definitiva, con estos proyectos de combustibles fósiles España está «perdiendo una oportunidad histórica» de favorecer las renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica.

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 «no hicieron absolutamente nada», mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de fracking puedan realizarse si ofrecen «mínimas garantías». El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la «contradicción» de que pide la prohibición del fracking y «respeto» a las competencias autonómicas. «Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas», arguyó.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el fracking «no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre». Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por «otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia«, Toni Postius (PDeCAT) comentó que el fracking está prohibido en países de la Unión Europea como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica «antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas».

La Unión Europea cree que España cumplirá sus objetivos de eficiencia energética para 2020 y retrasa el MidCat a 2022

Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha fijado para 2022 la puesta en funcionamiento de la primera fase del gasoducto MidCat, cuya entrada en funcionamiento se esperaba para 2020, y ha transmitido el convencimiento del Ejecutivo comunitario de que España cumplirá sus objetivos de eficiencia energética para 2020, según indicó a la Comisión Mixta del Congreso y Senado celebrada en la Cámara Baja.

Para ello, ha puesto como ejemplo varias estadísticas que confirman el buen ritmo de la economía española en la transición energética. Así, ha dicho que el consumo final en 2014 se situó en el equivalente de 79 millones de toneladas equivalentes de petróleo, cuando el objetivo se sitúa en 80, mientras que el consumo de energía primaria fue de 112,57 millones, por debajo del 119,8 para 2020. En materia de reducción de emisiones las proyecciones que maneja la Comisión estiman una reducción de las emisiones no cubiertas por el mercado europeo de carbono en un 12,4% en 2020. Casi 2,5 puntos por encima del objetivo de reducción, que según Cañete se sitúa en el 10%.

Espera el MidCat para 2022

Por otra parte, Cañete aseveró que la Comisión Europea está absolutamente «movilizada» para que España deje de ser una «isla energética» y está dando su apoyo para que esté finalizado en mayo el cálculo de costes y beneficios del MidCat. Este gasoducto unirá Cataluña con Francia y su construcción se ha proyectado en dos fases, la primera de las cuales transcurrirá hasta la frontera francesa. Por otro lado, «para luchar contra la pobreza energética, lo primero es consumir menos», aseveró Arias Cañete, que volvió a incidir en la importancia de la eficiencia energética. Además, sostuvo que los países deben alcanzar un acuerdo sobre la definición del consumidor vulnerable para poder fijar objetivos en la materia y ver cómo se cumplen.

Pugna entre Gobierno y regulador

Asimismo, el comisario se ha declarado firme defensor de las renovables y ha expresado su apoyo al autoconsumo que, no obstante, aunque es «muy atractivo», generará «muchos problemas» en cuanto a la gestión del sistema. Además, Arias Cañete explicó que 4 de los 5 expedientes abiertos a España en Energía están próximos a ser cancelados y ha recordado de que se trata de los relacionados con las directivas sobre operaciones offshore, biocombustibles, eficiencia energética y agua potable. Por contra, los «problemas» subsisten en las directivas relacionados con el mercado de electricidad y de gas, en las que aún no hay acuerdo con relación a los poderes que debe tener sobre el sector el regulador nacional.