El gas licuado por canalización baja un 3% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización bajará un 3%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa de GLP por canalización antes de impuestos se situará en 68,6449 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 70,8020 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,56 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel caerá un 3,8%, desde los 56,2942 céntimos por kilogramo de abril hasta 54,1371 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Archivados por Medio Ambiente los sondeos de investigación de fracking de Gas Natural Fenosa y Repsol en Valderredible (Cantabria)

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Europa Press.- La Subdirección General de Evaluación Ambiental confirmó el archivo del expediente de evaluación de impacto ambiental de los 8 pozos estratigráficos que Gas Natural Fenosa junto con Repsol tenía planeado realizar en Valdeprado del Río (Valderredible), según anunció la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.

El colectivo antifracking recuerda que los 8 sondeos de investigación eran unos de los trabajos previos necesarios para hacer fractura hidráulica, ya que hubieran conseguido un testigo de las capas que hay en el subsuelo para poder determinar con más exactitud cómo y dónde realizar los pozos de fracking. Este proyecto estaba englobado en los permisos Bezana-Bigüenzo, concedidos en 2009, actualmente caducados, según indicó la asamblea. Gas Natural Fenosa (con Repsol de empresa asociada con un 40% de la inversión, y Pyrenees Energy con un 10%) comenzó la tramitación de estos 8 pozos en 2013.

Los trámites se estancaron por razones «desconocidas» para la Asamblea, puesto que la Subdirección General de Hidrocarburos no le ha proporcionado esta información. El plazo máximo para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, sacarlo a información pública y consultas era de 18 meses y concluyó en la primavera de 2015. A finales del mes pasado, al no haberse realizado la información pública en el plazo legalmente establecido, la Dirección General de calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha archivado el expediente de dichos pozos.

Por otra parte, la agrupación ha señalado que los trámites ambientales para los pozos Valderredible, El Coto-2 y Cadialso-2, también han incumplido los mismos plazos hace meses y por tanto sus expedientes deberían ser también archivados. Además, la tramitación del último pozo de fracking, Sestero-1, en la primavera de 2016, se encuentra «en claro fraude de ley» dado que los permisos Bezana y Bigüenzo perdieron su vigencia por el transcurso del plazo para la realización de la actividad que tenían autorizada (solo se pueden realizar trabajos en el marco de un permiso de investigación si el mismo se encuentra vigente).

Después de conocer la renuncia de Repsol al permiso de fracking Luena que afectaba a los valles pasiegos, y con estos pozos archivados, «cada vez vemos más cerca la posibilidad de que Repsol y Gas Natural Fenosa renuncien a sus proyectos de fractura hidráulica en Cantabria», ha reconocido la Asamblea. «Esto es una gran alegría, aunque no estaremos tranquilos del todo hasta que una prohibición se haga efectiva, ya que en un futuro podrían solicitar nuevos permisos y comenzar de nuevo. Para entonces les estaremos esperando al grito de fracking no, ni en Cantabria ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca», concluyó el colectivo.

Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.

Las importaciones de gas natural en España alcanzan su máximo en un primer trimestre desde principios de 2014

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Europa Press.- Las importaciones de gas alcanzaron los 103.446 gigavatios hora (GWh) en los tres primeros meses del año, con un crecimiento del 15,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa el máximo en un primer trimestre desde principios de 2014, según datos de Cores.

En el mes de marzo, las entradas de gas natural en España se situaron en 27.947 GWh, un 6,3% menos que en el mismo mes del 2016. Las importaciones de gas natural crecieron un 23,6% en el mes, mientras que las de gas natural licuado (GNL) cayeron un 33,3%. En términos de importaciones netas de gas natural en el mes alcanzaron los 24.709 GWh, experimentando un descenso interanual del 9,4%. Las importaciones por gasoducto, que predominan en la estructura del sistema (57,9%), crecieron un 23,2% frente a marzo de 2016.

Argelia es el principal suministrador

Por áreas geográficas, destacó el peso de África, que alcanza un 82,4% en la estructura, con un importante incremento de las entradas de gas natural de Argelia, en un 55,2%. Asimismo, ascienden las importaciones de América Central y Sudamérica en un 13% y descienden las de Europa y Eurasia en un 60,8% y Oriente Medio en un 6,3%. Los principales suministradores de gas natural a España en el acumulado anual fueron Argelia (53,5%), Nigeria (13,4%), Perú (9,3%) y Noruega (7,9%).

Mientras, las exportaciones aumentaron en marzo un 25,5% frente al mismo mes de 2016, hasta los 3.238 GWh, las más altas en cuatro meses. Destacan las exportaciones por gasoducto (98% del total) a Portugal y Francia, 2.585 GWh y 588 GWh respectivamente. El resto de exportaciones fueron por GNL a Italia, Andorra, Macedonia y Suiza, además de Francia y Portugal.

Compromís buscará el apoyo de Europa para conseguir el desmantelamiento del almacén Castor tras los informes del MIT

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Europa Press.- Compromís buscará el apoyo de Europa para conseguir el cierre del almacén Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tras las conclusiones del informe realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que apunta que las operaciones de inyección de gas realizadas en el almacén en 2013 provocaron «terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización».

El portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, ha insistido en que esta instalación es «un riesgo» para los ciudadanos y el entorno de la zona donde se ubica como así lo demuestra el informe del MIT que señala que «es un peligro y recomienda su cierre», ha puntualizado. Asimismo, ha remarcado que el documento «avala» sus peticiones y pone de manifiesto la necesidad de «iniciar el proceso de desmantelamiento, con todas las garantías de seguridad necesarias», para lo que ve necesario «una implicación de las instituciones europeas, dada la magnitud del problema y la singularidad del mismo».

«Sabemos de las presiones que se cuecen en el palco del Bernabéu, pero este informe debería servir para que el Gobierno de Rajoy abandone definitivamente proyectos como el fracking«, ha remarcado Sebastià. Desde Compromís han recordado que ya solicitaron la investigación sobre el problema que suponía el almacén de Castor por los efectos que tenía y que, según el informe, «podía propiciar seísmos de hasta 6,8 grados», ha puntualizado. Por ello, ha reivindicado la implicación de Europa en este tipo de proyectos que «atentan contra la seguridad de los ciudadanos y de su entorno». «No se pueden consentir que presiones e intereses personales pongan en peligro el bienestar de miles de personas», ha zanjado Sebastià.

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

Nadal señala que Castor se desmantelará «cuando se pueda garantizar la seguridad” mientras el PP culpa a Zapatero

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Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, asegura que las disculpas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Vinaròs por el almacén Castor «se quedaron cortas» tras el informe por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que el almacén no se reabrirá y que su desmantelamiento se producirá tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener «las garantías» de que esta decisión «no va a suponer ningún problema».

«Cuando se pueda hacer se hará», fue la respuesta de Nadal sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Según ha explicado, el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

Aprovechando esta estabilidad, Industria encargará nuevos informes para determinar el futuro de Castor, según indicó Nadal. Y es que, igual que existe un riesgo para la zona con la inyección de gas, también lo existe a la hora de desmantelar el proyecto. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

El MIT, “la mejor técnica”

Otra de las novedades que aparecen en el informe del MIT es que la falla que se pensaba afectada hasta ahora no es la que ocasionó los problemas, sino otra que está muy cercana: la falla de Amposta. Por este motivo, el Ejecutivo también «deberá hacer estudios de todo tipo, técnicos y geológicos, para ver cómo se hace con el futuro con esta instalación» que, para Nadal, «está claro que no puede volver a funcionar».

Finalmente, Nadal apunta que desde el MIT se ha reconocido la buena labor de los técnicos del Ejecutivo, tanto antes como después de la puesta en marcha de la plataforma aunque señalan que estas instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que es obligatorio actualmente. Por eso llaman a incluir un trabajo como el que ellos realizan a partir de ahora. Concretamente, ha explicado que este centro tiene «la mejor técnica que existe a nivel mundial» porque unen tres tipos simultáneamente: la técnica de los sismólogos, la de los geólogos y las de los ingenieros. «Por eso el Gobierno eligió este sitio, porque se sabía que tenían las técnicas más avanzadas a nivel mundial», ha concluido.

El PP recuerda a Zapatero

Por su parte, el diputado popular Miguel Barrachina ha recordado que el expresidente socialista Zapatero hizo una visita a Vinaròs en la que aprovechó «para pedir perdón pero, después del informe de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) es evidente que aquellas disculpas se quedan cortas«. Según considera, el «contundente» informe muestra el «grave error» que los socialistas cometieron cuando impusieron el Castor en Vinaròs «y que ha acabado por ser un desastre que debemos pagar entre todos en nuestros recibos del gas».

Asimismo, el PP ha pedido celeridad a la justicia, «ya que hay 18 altos cargos, todos del PSOE, imputados por este atropello a los intereses de los consumidores y que además ha sido toda una agresión a la provincia de Castellón». El PP ha recordado que el almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un real decreto del PSOE.

El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y «defendió» los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial del mismo año «inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha añadido el partido, que ha añadido que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades».

«Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó, mientras el PP busca garantizar que se cumpla la Ley, a la vez que trabaja por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha apuntado Barrachina. No obstante, el diputado ha recordado que el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP «al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa, lo que ha supuesto una herencia envenenada para los consumidores de toda España». Barrachina ha sentenciado que Castor “fue una apuesta de los socialistas que ahora pagamos todos».

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

El Gobierno autonómico de Cataluña pide la mejor solución para el territorio y la ciudadanía con el fallido almacén Castor

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, exigió que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget considera que, tras conocerse el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, que vincula los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón) con la actividad del almacén gasista Castor, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia» y que «había cosas que salieron adelante sin tener los informes suficientes». De hecho, cree que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral.

«Bienvenido sea el informe del MIT si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», sentenció antes de anunciar que la Generalitat continuará luchando para evitar esta consecuenciapor la vía judicial mediante las causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia.

Además, el Gobierno catalán ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacén Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», sentenció Nadal tras conocerse las conclusiones del informe.

Exige al Estado desmantelar Castor

Por su parte, el delegado del gobierno autonómico para las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, ha exigido al Gobierno central que ejecute «pronto» el desmantelamiento de la plataforma de gas Castor porque la hibernación no es viable. «El MIT ha confirmado lo que teníamos claro desde el primer momento: detenido el Castor, detenidos los terremotos», ha defendido Pallarès, que ha criticado que la mala gestión del Gobierno central la deberán pagar, una vez más, los ciudadanos, que primero sufrieron los terremotos, luego tuvieron que afrontar la indemnización a la empresa Escal UGS y ahora el coste de desmantelar la plataforma.

Compromís pide que el desmantelamiento del almacén de gas Castor se produzca cuanto antes y se identifique a los responsables

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Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han pedido que el desmantelamiento del proyecto Castor se produzca cuanto antes y que se identifique a los responsables. Así se han expresado tras conocerse las «pretensiones» del Ministerio de Energía de «alargar la agonía» de dicho proyecto, «que seguirá hibernando mientras se estudia su posible desmantelamiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de los contribuyentes».

Compromís lamenta que no se haya hecho «el mínimo esfuerzo en identificar a los responsables políticos de la mala gestión y actuaciones imprudentes que permitieron poner en funcionamiento un proyecto energético que pretendía convertirse en el mayor almacén submarino de España y que ha acabado siendo el mayor fiasco económico de los últimos años». Para el senador Jordi Navarrete, «en la coalición no nos vamos a quedar callados como han hecho otros, ya que considerábamos y seguimos considerando que esto es un atropello, un chanchullo, no han justificado los enormes sobrecostes ni la gestión económica que denunciaba la Comisión Nacional de la Energía y no nos han facilitado las memorias y auditorías que les reclamamos».

Compromís entiende que «se actuó de forma imprudente, obviando estudios tan evidentes como los sismológicos, y no es posible que todos los involucrados hayan cobrado, incluso repartido dividendos multimillonarios, y se esté repercutiendo a los consumidores en sus facturas un escándalo de tal magnitud sin que existan culpables políticos y técnicos». Así, ha apuntado que, tras los temblores, la propia empresa promotora «no se demoró en renunciar al proyecto y cobrar la parte que le correspondía por su diseño y construcción». «El Gobierno les pagó también con celeridad y, tras unos años de retrasos que han conllevado los nuevos e innecesarios estudios, se opta por estudiar si se desmonta, alargando de nuevo los plazos y aquí no ha pasado nada».

Se ha pedido el desmantelamiento

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Mònica Àlvaro, recordó al Gobierno que «ya en la pasada legislatura, y a propuesta de Compromís, las Cortes Valencianas, la diputación de Castellón y la gran mayoría de instituciones valencianas ya aprobaron proposiciones no de ley reclamando no sólo el cierre del Castor, sino su desmantelamiento«. En todo este tiempo, según lamentó Àlvaro, «el Ejecutivo del PP ha hecho caso omiso a los acuerdos de las Cortes a este respecto».

El almacenamiento se encuentra desde 2015 en hibernación y gestionado por Enagás, que asumió esta función tras el pago de una indemnización a la sociedad adjudicataria, Escal UGS. Su actividad se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, los movimientos sísmicos. En mayo de 2014, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) presentó los resultados de su informe sobre Castor, en el que considera que la sismicidad en la zona de Vinaroz (Castellón) es en parte de origen natural, si bien resulta «razonable» considerar que estuvo relacionada con las operaciones de inyección de gas colchón realizadas en 2013 en la instalación.

El IGME también concluyó que la primera parte de la secuencia sísmica fue de tipo «inducida» y su magnitud resultó «relativamente pequeña», lo que sería «habitual» en muchas operaciones similares. Asimismo, fue sincrónica, es decir, que se produjo al mismo tiempo que las inyecciones de gas. Este informe fue el tercero de los realizados por el instituto nacional e incorporó los datos más avanzados hasta ese momento acerca de la localización de la incidencia sísmica.

El primero fue en 2007, a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, relativo a cuestiones generales del proyecto de almacenamiento. Fue emitido antes de la autorización de construcción del almacén y en él no se hacía referencia a la posible sismicidad inducida. El segundo informe se emitió el 20 de diciembre de 2013, después de los terremotos y en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Política Energética (Ministerio de Industria) sobre las causas de la sismicidad acaecida en meses anteriores en el entorno del almacén Castor.