El aumento de la generación eléctrica con gas permitiría disminuir las emisiones en la Unión Europea hasta en un 66%

Europa Press.- El presidente de Sedigas, Antoni Peris, ha pedido que el gas natural sea reconocido como «una energía básica» en el mix energético español. En este sentido, el incremento de la generación eléctrica con ciclos combinados de gas permitiría disminuir las emisiones de la Unión Europea hasta en un 66%, por lo que reivindica al «binomio» gas y renovables como «la solución de futuro» a una economía más sostenible y medioambiental.

En concreto, aumentar la utilización de la generación a gas, frente a las centrales de lignito, del 36% al 65%, reduciría las emisiones de CO2 en aproximadamente 300 millones de toneladas al año, según datos de la patronal gasista, que subraya que Europa tiene suficiente capacidad de generación a gas natural para reemplazar toda la generación por carbón. En este sentido, Peris calificó de toda «una paradoja» que, a pesar de la puesta en marcha de un plan de desarrollo de las renovables que «ha costado mucho dinero a los europeos», las emisiones se hayan incrementado en los últimos años, como ha sucedido en Alemania.

Respecto al papel que puede jugar el gas, destacó las ventajas competitivas de España, con una situación geoestratégica privilegiada en cuanto al gas natural licuado y un sistema de infraestructuras ya existentes. «El gas está ya ahí, no hay que hacer inversiones. La infraestructura ya existe y tenemos capacidad suficiente para traer el gas que nos hace falta, no existe una problemática especial en materia de infraestructura. Además, permite seguir introduciendo las renovables», añadió Peris.

En el caso del transporte, tanto terrestre como marítimo, la utilización del gas natural podría reducir hasta un 25% las emisiones de CO2 respecto al diésel y un 95% frente al diésel y los combustibles marinos. Asimismo, cambiar a sistemas modernos de calefacción a gas permitiría reducir las emisiones del sector residencial hasta en un 55%. En el caso de las calderas de condensación presentan hasta un 65% más de eficiencia que sus tecnologías competidoras.

Peris remarcó el papel «clave» del gas natural para conseguir los objetivos europeos de 2030 y su contribución a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos a nivel europeo en un 40%. «El gas es parte de la solución en generación, en transporte o en el sector residencial, y tiene que estar en la agenda en los próximos años», aseguró. Por otra parte, Peris vaticinó un incremento del 2% en la demanda de gas en España para el conjunto de 2017. «Estimamos, por cómo ha sido el invierno, que puede estar alrededor de esa cifra, aunque aún queda más de medio año», señaló.

Además, la patronal presentó el informe Contribución del gas a la calidad del aire, realizado en 17 municipios españoles, en el que destaca que una mayor presencia del gas mejora la calidad del aire en las ciudades minimizando la contaminación ambiental, especialmente en el sector transporte. En este sentido, el estudio considera que una sustitución del 5% del parque de vehículos pesados y turismos de gasolina y diésel por un parque de gas natural en Madrid y Barcelona reduciría las emisiones de todos los gases contaminantes hasta en un 5%.

En el caso del sector residencial y doméstico, una sustitución de todas las calderas españolas de carbón, y del 20% de las calderas de GLP y gasóleo C, por calderas de gas natural, reduciría las emisiones de todos los contaminantes, especialmente las partículas y el azufre. Por el contrario, añade, si se sustituyeran por biomasa, la calidad del aire empeoraría.

Mix energético para la descarbonización

Por otro lado, Peris reclamó que el gas natural sea reconocido como «una energía básica» en el mix energético español y quede claro «el rol concreto» que jugará en el horizonte energético ante la descarbonización de las economías. En este sentido, Peris subrayó que el sector se encuentra preparado para afrontar «los desafíos» y afirmó que la energía limpia del gas desplegará sus fortalezas hacia una economía baja en carbono. El presidente de Sedigás indicó que el sector energético mundial se encuentra «inmerso en una transformación» para dar respuesta al acuerdo de la Cumbre Climática de París (COP21), que «representó un hito en la historia».

Dentro de estos desafíos, Europa debe abordar su agenda para 2030, que pasa por alcanzar el objetivo de reducir un 40% las emisiones de gases efecto invernadero, elevar a 27% la presencia de las renovables y mejorar la eficiencia energética en un 27%, señaló Peris. Para ello, destacó que el gas puede aportar a todos los sectores en estos objetivos globales, tanto «a través de la mejora del medioambiente, tanto en el cambio climático como en la calidad de aire».

Además, el presidente de Sedigas apuntó el potencial de España como «un país líder», con una capacidad de más de 2 bcm anuales de gas renovable, y destacó que el Plan de Energía y Clima lanzado por el Gobierno debería establecer «un modelo energético sostenible» que ayude a conseguir esos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La CNMC ajusta en 2,6 millones de euros la retribución de Mibgas y detecta un elevado gasto en personal

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó una propuesta de metodología de retribución del operador del mercado organizado de gas, el Mibgas, en la que ajusta la retribución recibida por esta sociedad en los últimos tres años en 2,6 millones de euros, cantidad que deberá ser devuelta.

La metodología del superregulador concluye que Migbas ha de recibir una retribución de 1,1 millones en 2015, 2,3 millones en 2016 y 2,8 millones en 2017, lo que contrasta con los importes provisionales fijados con anterioridad por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que ascienden a 2 millones en 2015, 2,9 millones en 2016 y 3,9 millones en 2017. Una vez que Energía apruebe la metodología de retribución presentada por la CNMC, se deberá liquidar la diferencia entre la retribución definitiva y la liquidación provisional a cuenta percibida por el operador del mercado.

El informe aborda el conjunto de los costes en los que incurre la sociedad. Al estudiar las amortizaciones de activos de la sociedad, la CNMC destaca que, en las cuentas auditadas del año 2015, se indica que el único inmovilizado material consiste en un vehículo comprado por 61.440 euros. El regulador considera que este gasto no debe incorporarse como amortización ni formar parte de la retribución reconocida a la sociedad.

En cuanto al coste de personal, advierte de que es más elevado que el de otras sociedades similares, como son Omie o Red Eléctrica, donde la media está en 92.263 euros y 90.000 euros, respectivamente. También se superan las retribuciones de Enagás, que son de media inferiores a 70.000 euros. Migbas «presenta un coste medio del personal superior al del resto de sociedades reguladas que realizan actividades análogas o comparables», señala la CNMC, que también considera que las dietas del consejo de administración se deben quedar fuera de la retribución.

La propuesta retributiva de la CNMC responde a lo establecido por la Ley 8/2015, según la cual el regulador debe remitir una propuesta al Ministerio para calcular la retribución del operador del mercado organizado de gas. El regulador recuerda que el Mibgas, que es la sociedad que realiza la actividad de operación del mercado del gas, es una empresa que requiere de pocos activos y sus costes se corresponden con los de operación y mantenimiento.

Tubacex firma un importante contrato en Irán para la fabricación de tubos de acero para la producción gasística

EFE.- La empresa española Tubacex firmó un importante contrato para la fabricación local de tubos de acero para la producción de gas con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC). El acuerdo, de tres años de duración y un valor de 556 millones de euros, estipula la producción de unos 600 kilómetros de tuberías y la transferencia del conocimiento técnico a Irán.

El vicepresidente de Ventas y Marketing de Tubacex, Anton Azlor, explicó que se trata de «tubos muy resistentes» que tienen «una metalurgia muy particular para aguantar la alta corrosión» que se da en Irán. Estos tubos, conocidos por su nombre en inglés CRA (Corrosion Resistant Alloys), se destinarán principalmente a la extracción de gas en el importante yacimiento de Pars Sur, según Azlor. El producto será primero suministrado directamente desde España, pero de forma gradual la producción y la inversión se localizará en el país persa. Tubacex habla de una «inversión a muy largo plazo»: «Irán necesita mucho más y por eso la razón de nuestra inversión», agregó el vicepresidente.

Este es el primer contrato firmado para la producción local de CRA por NIOC con un consorcio internacional, integrado por Tubacex y la iraní Foolad Isfahan, desde el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán gracias al acuerdo nuclear que entró en vigor en enero de 2016. En este sentido, el ministro iraní de Petróleo, Biyan Zangané, afirmó que este tipo de tubos eran uno de los productos que tuvieron «mayores problemas» para conseguir durante la época de las sanciones. «En un plazo de tres años pasaremos de un 0% de producción interna a un 100%», para en el futuro tener «la capacidad de producir y exportar tubos CRA«, indicó.

El viceministro de Petróleo y director de NIOC, Ali Kardar precisó, por su parte, que se crearán dos complejos industriales en la isla de Kish, en el sur de Irán, para la producción de estos tubos por su proximidad al yacimiento de Pars Sur. Tubacex es un grupo industrial español fundado en 1963 dedicado a la fabricación de tubos sin soldadura en acero inoxidable y altas aleaciones de níquel, un producto del que es el primer productor a nivel mundial. La empresa multinacional, líder en su sector, cuenta con instalaciones industriales en España, Austria, Estados Unidos, Italia, India y Tailandia.

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

Europa Press.– El Gobierno no contempla extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto «indispensable», no se consume en todo el país y la alternativa, la bombona del butano, ya tiene un precio máximo regulado que «garantiza» que sea «accesible al cliente socialmente vulnerable». Así ha respondido al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había pedido saber si el Ejecutivo tenía previsto impulsar medidas «para paliar la pobreza energética vinculada al consumo de gas».

En su contestación, el Gobierno justifica que el gas natural «no es un producto indispensable en el entorno doméstico como lo es la electricidad», pues aduce que existen «otros productos sustitutivos», poniendo el ejemplo del butano, y además subraya que «no está implantado en todo el territorio nacional». Asimismo, apunta que los consumidores de gas natural «se han beneficiado de la congelación de la parte regulada del recibo durante los últimos tres años, además de reducciones en el coste del gas durante 2015 y 2016».

Además, añade que con el fin de «contribuir a la protección de consumidores que concurren en circunstancias de vulnerabilidad, se ha mantenido un precio máximo regulado de la bombona de butano» que, sostiene, «es inferior al del resto de países de la Unión Europea». En este sentido, el Ejecutivo defiende que esta medida «actúa de facto como una protección de estos consumidores frente a variaciones bruscas en los mercados internacionales, y garantiza que es accesible al cliente socialmente vulnerable», lo que le permite afirmar que «desde esta perspectiva, se puede asemejar a un bono social«.

Precisamente, el tope máximo del butano fue cuestionado por los socialistas por considerarlo insuficiente, ya que denunciaron que el precio máximo de venta de la bombona de butano se había incrementado en un 20% desde julio de 2016. Así, según advertían, la bombona de butano cuesta 13,52 euros, un 4,89% más que el anterior precio. En este sentido, lamentaban que la subida fuera la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza. Por ello, el PSOE preguntó al Gobierno por las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y también si tenía previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos desfavorecidos.

El PDeCAT quiere que Nadal explique en el Congreso las actuaciones del Gobierno respecto al proyecto Castor y su desmantelamiento

Europa Press.- El PDeCAT exigió en el Congreso la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique las actuaciones del Estado en relación con el almacén de gas Castor, así como su futuro desmantelamiento. La formación catalana quiere que Nadal ponga «especial atención» al «cumplimiento de la legislación en las adjudicaciones de este proyecto y detalle costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios del sistema gasístico” tras la indemnización de 1.700 millones de euros a Escal UGS.

Del mismo modo, el PDeCAT quiere que se dé cuenta del estudio y las evaluaciones de impacto ambiental realizadas a raíz de los movimientos sísmicos que se registraron en la zona y, más concretamente, el trabajo realizado recientemente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Precisamente, a raíz de este estudio, el ministro señalaba que «lo ideal» era cerrar el almacén de gas y desmantelarlo, siempre que fuera un trabajo seguro. Por este motivo, la petición de comparecencia de PDeCAT también pide explicaciones sobre la fecha y el procedimiento para el desmantelamiento del almacén Castor.

El PSOE pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y volver a extender a 25 años sus ayudas

Europa Press.- El PSOE reclama facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. Los socialistas alegan que los recortes aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras una sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que tres plantas tuvieran que detener su actividad.

Asimismo, advierten de que a 16 de las 29 plantas de tratamientos de purines les quedarían 3 años de vida útil regulatoria, período en que las plantas devengan prima, «además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de 3 años paradas». Por esta razón, el PSOE registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Energía en la que piden facilitar la reapertura de estas plantas, pues defienden que éstas «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica», adoleciendo únicamente una regulación adecuada.

Asimismo, también instan a restablecer «en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria», argumentando que la propia Ley del Sector Eléctrico señala que «en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores«. Por último, los socialistas instan al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las comunidades autónomas, los municipios y con los departamentos ministeriales implicados.

El PSOE reclama al Gobierno un bono social para el butano tras encarecerse un 20% en menos de un año

Europa Press.- El PSOE ha reclamado al Gobierno un bono social para abaratar el precio que las personas con menos recursos abonan por el butano que, tras la última subida acumula, apuntan los socialistas, un incremento del 20% desde julio de 2016.

Según los nuevos precios máximos de venta recogidos en el BOE, la bombona de butano puede llegar a costar 13,52 euros, lo que supone una subida del 4,89% respecto al anterior precio. Esta subida es la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza y supone un 20,2% más que el precio máximo estipulado hace menos de un año. Por ello, el PSOE registró en el Congreso una batería de preguntas dirigidos al Ejecutivo para conocer las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y le cuestionan por las medidas previstas a corto y medio plazo para evitar que este precio siga aumentando.

Asimismo, preguntan al Gobierno si tiene previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos más desfavorecidos. Según recuerdan los socialistas, «el Gobierno se comprometió hace dos años a crear un bono social del gas para las familias más vulnerables que contaba con el acuerdo del sector del butano». «La Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que atendiera los problemas que generaba su política energética para amplios colectivos que sufren de pobreza energética», apostillan.

El autor de esta iniciativa, el secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «que actúe ya y no retrase más la adopción de estas medidas» y que «explique a los jubilados y familias con pocos ingresos «cómo llegar a fin de mes con la constante subida generalizada de precios en los recursos básicos, personas a las que el Gobierno se niega a ayudar para salir de la vulnerabilidad a la que le han conducido sus políticas antisociales?», ha cuestionado.

Santiago Pérez es el nuevo director general de la Asociación Española de Operadores de GLP (AOGLP) en sustitución de Blanco

Europa Press.- Santiago Pérez ha sido nombrado director general de la Asociación Española de Operadores de GLP (AOGLP), cargo que ocupa desde el 1 de mayo, en sustitución de José Luis Blanco. Desde este cargo contribuirá al crecimiento del mercado del gas licuado en España, según indicó la asociación. Pérez es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Máster en Administración de Empresas por IESE Business School.

La trayectoria profesional de Pérez está ligada a la del GLP desde 1989, año en que se incorporó como analista en Repsol Butano y en cuyo grupo ha desempeñado puestos tan relevantes como el de director general de Repsol YPF Gas en Argentina, el de director de operaciones de GLP o el de director comercial de GLP Mundial. Asimismo, dirigió en el periodo 2006-2008 Repsol Gas Portugal. A su experiencia internacional en Argentina y Portugal, añade su participación en asociaciones del sector como la WLPGA, la AEGLP, la Cámara Argentina de Empresas Argentinas de Gas Licuado y la Asociación Portuguesa de Empresas Petrolíferas, en las que ha ocupado puestos directivos.

El consumo de gas natural crece un 8,4% en el primer trimestre

Europa Press.- El consumo de gas natural en el mercado nacional alcanzó 96.499 GWh en el primer trimestre de este año, lo que supone un aumento del 8,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según la Asociación Española del Gas (Sedigas). En el mercado convencional (doméstico-comercial e industria, incluida en esta última la demanda para usos no energéticos), la demanda aumentó un 7,2% con relación al primer trimestre de 2016. Este incremento de la demanda del mercado convencional da continuidad al producido durante 2016.

Dentro del mercado convencional, durante el primer trimestre de 2017 se estima que la demanda de gas natural del mercado doméstico-comercial se incrementó un 2,3%, motivado principalmente por unas temperaturas mucho más frías producidas durante el mes de enero, la ola de frío que provocó un incremento del uso de los sistemas de calefacción. El incremento hubiera sido mayor, según Sedigas, teniendo en cuenta que durante febrero y marzo la demanda descendió por unas temperaturas más cálidas con respecto a los mismos meses de 2016.

Por su parte la demanda de gas para generación eléctrica (ciclos combinados) se incrementó un 16,5% con respecto al mismo periodo de 2016. Se ha producido principalmente por una menor eolicidad (-15,6%) e hidraulicidad (-43%) para su generación. El hueco que han dejado estas tecnologías ha sido cubierto por los ciclos (+26,7%) y el carbón (+70%). Según estimaciones de Sedigas, la demanda del mercado industrial se ha incrementado un 9,1%. El mayor uso de la cogeneración para la producción de electricidad es la mayor aportación al mix eléctrico de los últimos cuatro años. Según datos de REE el vertido de electricidad de las empresas cogeneradoras a la red se ha incrementado un 14% con respecto al mismo periodo de 2016.