Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

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EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Abengoa ampliará una planta de tratamiento de agua en una central de ciclo combinado de Gas Natural Fenosa en México

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EFE.- Abengoa se ha adjudicado la ampliación de una planta de tratamiento de agua en la central de ciclo combinado Norte Durango, en México, de Gas Natural Fenosa, según anunció la compañía. Gas Natural Fenosa ha encomendado a Abengoa el diseño, la construcción y la puesta en marcha de la ampliación, que se va a hacer para repotenciar el ciclo combinado.

El objetivo es incrementar la producción de agua desmineralizada y mantener constante el agua de alimentación que necesita el ciclo combinado. Tras la ampliación, la planta contará con una capacidad de tratamiento de 1.000 metros cúbicos diarios y tendrá tecnología de desalinización. La central de ciclo combinado Norte Durango, de Gas Natural Fenosa, se encuentra en el estado mexicano de Durango y su potencia instalada es de 450 megavatios (MW).

La Asamblea de la Región de Murcia rechaza tramitar una iniciativa legislativa popular para obstaculizar las perforaciones con fracking

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EFE.- La Mesa de la Asamblea Regional no ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular presentada por alcaldes del Noroeste, el Altiplano y la Vega Alta para que se convirtiera en una proposición de ley en la Cámara que endurezca los requisitos necesarios para efectuar perforaciones de fracking en la Región.

Los 5 miembros de la Mesa han rechazado el documento porque, en virtud del artículo 4.2 de la Ley reguladora de la iniciativa popular, ya se encuentra en tramitación la proposición de Ley de Podemos sobre esta materia, que se registró el 2 de junio, un mes y medio antes que la iniciativa firmada por los regidores de Abarán, Calasparra, Cieza, Jumilla y el municipio albaceteño de Hellín. Los regidores planteaban que la Cámara diera luz verde a una ley que obligue al Gobierno regional a reforzar las condiciones ambientales y de salud a los proyectos de fracking que impidieran la realización de los mismos.

En cambio, la propuesta de Podemos, que actualmente se encuentra en fase de presentación de enmiendas, plantea directamente prohibir el fracking mediante esta técnica atendiendo a las competencias autonómicas en materia de protección del medioambiente y de planificación de la actividad económica. El texto considera hidrocarburos no convencionales los líquidos o gases que estuviesen atrapados en la roca madre cuya permeabilidad sea inferior a 1 millidarcy, así como los gaseosos que estuviesen atrapados en vetas de carbón o de hulla y que no saldrían ni se desprenderían sin la inyección de grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos.

El empleo de esta técnica, si se aprueba la ley, conllevará la comisión de una infracción urbanística por parte de la Comunidad Autónoma en virtud de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Podemos ha recordado en el preámbulo de la norma que la Región tiene escasez de recursos hídricos y altos valores naturales y acuíferos que proteger, como el sinclinal de Calasparra, que se vería «amenazado» por la explotación del fracking en el Noroeste.

Para Podemos, existen numerosos riesgos asociados a este tipo de industria, que puede generar graves consecuencias para usos fundamentales como el abastecimiento humano y la agricultura, al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional ha otorgado permisos para llevar a cabo esta práctica sobre acuíferos calcáreos, «los más frágiles y vulnerables a procesos de contaminación». Finalmente, Podemos ha advertido de los riesgos para la salud de esta práctica, puesto que la técnica emplea un «cóctel» de entre 500 y 600 sustancias químicas «desconocidas» en su mayoría al negarse las empresas a revelar la composición.

La Eurocámara aprueba nuevas normas para garantizar el suministro de gas en la Unión Europea con solidaridad entre miembros vecinos

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Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo reglamento comunitario para garantizar el suministro de gas en la Unión Europea que incluye un mecanismo de solidaridad según el cual los países están obligados a ayudar a los Estados miembros vecinos si se enfrentan a una «grave crisis» de abastecimiento.

La Eurocámara ha aprobado estas nuevas normas con 567 votos a favor, 101 en contra y 23 abstenciones y ahora necesita el visto bueno de los Veintiocho. Así, la nueva legislación comunitaria establece cuatro grupos compuestos por diferentes Estados miembros que formarán parte de una «cooperación asociada frente a riesgos» y se encargarán de elaborar tanto análisis conjuntos como medidas conjuntas de prevención y emergencia.

Además, la Comisión Europea también tendrá derecho a solicitar el acceso a cualquier contrato de suministro de gas relevante para la seguridad de abastecimiento, que representen el 28% del consumo de gas anual en un Estado. De la misma forma, Bruselas también podrá reclamar los detalles de otros acuerdos comerciales que sean relevantes para establecer un contrato de suministro de gas, incluyendo contratos de infraestructuras.

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, subrayó que la seguridad energética «es uno de los elementos clave» de la Unión de la Energía, por lo que «la solidaridad, la cooperación regional más cercana y la mayor transparencia de los contratos están en el corazón de la estrategia» de Bruselas. «Con las nuevas normas estamos mejor equipados para prevenir y gestionar crisis potenciales de gas. Esto nos hace más efectivos, asegura nuestro suministro de gas y reduce los costes para los consumidores», destacó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Las importaciones netas de gas natural a España suben un 9,8% hasta julio

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Redacción / Agencias.- Las importaciones netas de gas natural a España alcanzaron los 198.563 gigavatios hora (GWh) entre enero y julio de 2017, lo que representa un incremento del 9,8% más que en idéntico periodo de 2016.  Las importaciones netas de gas natural por gasoducto se incrementan un 5,3%, hasta los 98.843 GWh, mientras que las de gas natural licuado (GNL) se incrementaron en un 14,8%, hasta los 99.720 GWh.

Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), las importaciones netas aumentaron un 17,5% en julio y se situaron en 27.368 GWh. Ese mes aumentaron las importaciones netas de gas natural licuado (GNL) un 17,4%, hasta los 15.589 GWh, mientras que descendieron las importaciones netas de gas natural por gasoducto un 5,8%, hasta los 11.779 GWh. En términos brutos, las importaciones de gas ascendieron en julio a 29.664 GWh, un 1,2% superiores a las de 2016. El 47,3% se importa a través de gasoducto, mientras el 52,7% restante se realiza en estado líquido.

Por zonas geográficas, destacan las bajas importaciones de Argelia en julio, que caen un 39,8% hasta los 10.101 GWh y marca su mínimo desde octubre de 2012, y Nigeria, que caen un 19,8% hasta los 3.815 GWh. En el lado contrario se sitúan Noruega, que aumentan un 71,8%, y Qatar, que suben un 67,4%. En cuanto a las zonas geográficas, aumentan Europa (129,9% respecto a julio de 2016), Centroamérica y Suramérica (164,9%) y Oriente Medio (67,4%) y disminuyen África (30,1%) y Norteamérica (92,2%). En el acumulado anual se mantienen como principales suministradores Argelia (48,8%), Nigeria (15,7%), Noruega y Perú (9,4%).

Por su parte, las exportaciones de gas natural descendieron un 61,7% frente a julio de 2016, hasta los 2.296 GWh, de los cuales un 98,5% se realizaron por gasoducto. Portugal continúa siendo el principal país destinatario, un 98,8% del total, aunque presenta un descenso del 41%. En el acumulado anual se exportaron 19.151 GWh, un 25,9% menos que en el mismo periodo de 2016, un 98,4% como gas natural y el 1,6% restante como GNL.

Izquierda Unida advierte a la Comisión Europea de los supuestos riesgos del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó al director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, los resultados de una investigación de la Universidad de Huelva sobre los riesgos de poner en marcha el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del parque onubense, impulsado por Gas Natural.

Según explicó, en el espacio donde se instalaría el depósito existen unas fallas que podrían provocar el escape del gas inyectado y la consiguiente contaminación del acuífero. «Entregaríamos unas instalaciones naturales de almacenamiento a una empresa cuya única presencia allí va a ser camiones llevando gas para que se inyecte. Toda compañía que intenta hacer una actividad que puede ser polémica desarrolla una labor de silencio, que es la que más perjudica a Doñana», sentenció.

Francia tiene previsto aprobar este año la prohibición de producir en 2040 petróleo y gas natural en todo su territorio

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Europa Press / EFE.- El Gobierno de Francia tiene previsto aprobar, antes de que concluya 2017, una ley para prohibir tanto las prospecciones como la producción de petróleo y gas natural en sus territorios continental y de ultramar en 2040, según un proyecto de ley presentado por el ministro de la Transición Energética y de Ecología de Francia, Nicolas Hulot, para acabar con la explotación de hidrocarburos en territorio galo antes de 2040, a fin de cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

«Francia asume el papel de líder en la lucha contra el cambio climático e incentiva a los otros países a tomar iniciativas parecidas, en la línea del acuerdo de París de 2015», aseveró Hulot, al término del Consejo de Ministros del Gobierno que lidera Emmanuel Macron. La ley, que debe ratificarla el Parlamento, pretende terminar con la explotación de hidrocarburos convencionales y también de los no convencionales, como el gas de lutita, por el impacto negativo en el medio ambiente.

Según el Ejecutivo francés, se trataría de la primera vez que un país toma una decisión de este calado, aunque más bien es una iniciativa simbólica, ya que la producción gala de gas y petróleo (0,8 millones de toneladas de petróleo en 2015) supone apenas el 1% del consumo nacional ya que el resto (99%) es importado. Esta prohibición forma parte de un plan para eliminar la dependencia de la economía francesa de los combustibles fósiles, así como fomentar el desarrollo de las energías renovables y cumplir con los compromisos firmados en los Acuerdos de París contra el cambio climático.

Según el proyecto, Francia ya no expedirá más permisos de exploración ni la extensión de las concesiones actualmente en vigor, de forma que se irán limitando de forma gradual hasta ser retiradas por completo en 2040. El Gobierno recordó que actualmente hay 63 concesiones de hidrocarburos en Francia que cubren una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados. Con la puesta en marcha de esta ley, el Ejecutivo aseguró que podrá declinar más de 40 demandas de permisos, aunque aclaró que mantendrá las que ya fueron autorizadas.

Según el Ministerio que dirige Hulot, frenar la explotación y producción de hidrocarburos en Francia tendrá «un impacto limitado» en las empresas del sector por tener un perfil exportador y porque tendrán unos 25 años para adaptarse a la disminución de actividad. Esta ley podría afectar a compañías como la petrolera Total que, aunque suspendió la exploración en territorio continental, aún tiene permisos para continuar con las prospecciones en territorios de ultramar como la Guayana Francesa. Total rechazó realizar cualquier tipo de declaraciones al respecto.

Iberdrola consigue cerrar el suministro de gas natural al nuevo ciclo combinado que está construyendo en México

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EFE.- Iberdrola México firmó un contrato con CFEnergía, filial de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), para suministrar gas por 24 años a la planta eléctrica El Carmen, que se construye en el estado mexicano de Nuevo León, según anunció la firma española.

CFEnergía suministrará gas natural para la operación de la nueva planta de ciclo combinado El Carmen y el área de construcción de la CFE construirá la infraestructura necesaria para conectar la nueva central de Iberdrola México al sistema eléctrico nacional. El Carmen, la primera planta que se construye en México para la venta de energía eléctrica al mercado mayorista, tendrá una potencia instalada de 866 megavatios con una inversión de 450 millones de dólares, y se espera que entre en operación en septiembre de 2019.

La central eléctrica recibirá el gas natural a través de un gasoducto de 302 kilómetros que conectará el municipio de Escobedo (Nuevo León) con el condado Webb (Texas, Estados Unidos). El mismo gasoducto permitirá suministrar combustible a la central Noreste, también de Iberdrola, que operará bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía (IPP). La filial de la CFE suministra gas a las centrales IPP de Iberdrola denominadas Altamira V, Tamazunchale y Baja California III. La compañía española Iberdrola inició en febrero pasado la venta de energía al mercado eléctrico mayorista de México al entrar en operación su central de ciclo combinado Baja California III. 

La demanda de gas natural sube un 18% en agosto, el mayor crecimiento estival mensual desde 2008

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Europa Press.- La demanda de gas natural en España se situó en 25.100 gigavatios hora (GWh) durante el agosto, lo que se traduce en una progresión del 18% en comparación con el mismo mes del año anterior, según Enagás, que explicó que esta progresión experimentada estuvo motivada, principalmente, por el empuje de la demanda de gas natural para la generación de electricidad, con un aumento del 60%, hasta 7.800 GWh, registrando el valor más alto para este mes desde 2011.

Por su parte, la demanda convencional, destinada a los consumos de los hogares, comercios e industrias, cerró agosto con un crecimiento del 4,5% y 17.300 GWh, logrando el valor más alto para este mes de la historia. «Este aumento se ha producido principalmente por un mayor consumo de gas en la industria, que crece alrededor de un 6%», explicó Enagás. Entre enero y agosto, la demanda de gas natural en España registra un aumento del 9% debido a los crecimientos de la demanda convencional y en las entregas de gas natural para la generación de electricidad. Además, la demanda industrial contabiliza una subida del 7%.