Pablo Iglesias denuncia que la factura del gas natural soporte “el regalazo de los españoles a Florentino Pérez” con Castor

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Europa Press.- Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el pago de 1.350 millones de euros de compensación económica por el almacén de gas Castor a la empresa Escal-UGS, participada mayoritariamente por ACS, Pablo Iglesias (Podemos) considera Castor como «la palabra que señala una manera de gobernar, una época y un estilo» y denuncia que «fue un regalazo de los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas en su factura del gas durante 30 años».

En su opinión, la indemnización es una «cláusula patriótica» para devolver el dinero si había algún problema en el proyecto del «gran» almacén de gas que ha costado más del doble del presupuesto inicial y vaticina que ahora «la factura del desastre alcanzará 4.700 millones de euros» con los que se podrían financiar más de 3 millones de becas o 18.500 aparatos de mamografías. Por eso, ha pedido al Gobierno que exija a Florentino Pérez, cuya empresa participa en un 67% en Escal-UGS, que devuelva la citada indemnización y que el empresario no vuelva a recibir «un solo contrato público».

El proyecto de almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) suspendió su actividad después de que durante las pruebas de llenado en agosto de 2013 se registrasen numerosos seísmos en la zona que obligaron a cesar el proyecto en septiembre y a su hibernación a finales de 2014. El Gobierno terminó con la concesión del almacén y se indemnizó a Escal-UGS con 1.350 millones de euros, un importe que los consumidores de gas pagan en su factura hasta 2034, 96,38 millones durante este año. De hecho, el propio Gobierno ha indicado que la hibernación del almacén tiene un coste de unos 16 millones de euros anuales.

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, estima que la indemnización a Escal-UGS terminará costando «casi 5.000 millones de euros». A su juicio, el «timo» de Castor es «el resultado del juego económico y político español entre el PP y el PSOE en el que siempre gana Florentino Pérez en esa especie de BOE que es el palco del Bernabéu» y que pagarán los ciudadanos hasta 2034. Por eso, exige una subcomisión de investigación en el Congreso para saber por qué se «blindó» un negocio en el que Escal-UGS actuó de manera «negligente»; por qué el Gobierno no ha abierto una auditoría y, en definitiva «quién se sigue lucrando» y cuántos años costará “este desastre».

Por su parte, el diputado del PdeCat Carles Campuzano, considera que Castor es «uno de los escándalos más graves» sobre las relaciones entre el poder político y las empresas que gestionan servicios de infraestructuras estratégicas de España. En línea parecida, el diputado de Compromís Joan Baldoví cree que «con un poco de sentido común» este proyecto no se habría realizado nunca y propone evitar que «siempre los mismos» sean rescatados «a costa» de los ciudadanos».

Desde el grupo parlamentario socialista, Pilar Lucio ha criticado la «vertiginosa» rapidez en el pago de la indemnización por parte del Gobierno a la empresa cuando «no había urgencia» y cuestiona por qué hay que compensar este activo a Escal-UGS, por qué no se corresponsabiliza la empresa adjudicataria y por qué el Ejecutivo, primero devolvió urgentemente el dinero y luego encargó un estudio al MIT.  Asimismo, para el diputado de Ciudadanos, Antonio Roldán, el proyecto de Castor es «otra chapuza que deja el bipartidismo de amiguetes para dar adjudicaciones y contratos que pagan los españoles».

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, ha culpado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió perdón, y al ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, de haber firmado el citado contrato y, por tanto, estima que son estos «quienes deberían dar explicaciones». A su juicio, fue el anterior gobierno socialista responsable de «dejar temblando» a los vecinos de Castellón porque si no se hubiera autorizado la cláusula «abusiva» probablemente el proyecto nunca se habría construido. Asimismo, ha defendido que el PP recurrió la cláusula abusiva para evitar pagar la citada indemnización pero el Tribunal Supremo acordó que esta indemnización debía pagarse.

Bruselas pospone a marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz por el almacén gasista de Doñana

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Europa Press.- La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha decidido posponer al mes de marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante el Parlamento Europeo, solicitada por Izquierda Unida, para que defienda su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural Fenosa en Doñana y para exponer el informe que elaboró su departamento en esta línea, en el que alerta de los riesgos que entraña el mismo para este espacio natural de Andalucía.

Fuentes europarlamentarias indicaron que la Comisión de Peticiones valoró la solicitud de Izquierda Unida de incluir para debate en su reunión de febrero las peticiones sobre Doñana, si bien el Partido Popular Europeo solicitó que se posponga el debate para marzo o abril, «y dar así más tiempo a la Comisión Europea para que envíe una valoración por escrito». Por su parte, Izquierda Unida indicó que, «debido a la situación de emergencia que vive el parque de Doñana, presionaremos para que se incluya el tema en la agenda de marzo«.

Izquierda Unida, organización que tiene registrada una petición sobre el proyecto de almacén de gas en Doñana, trasladó a la Comisión Europea a través de su eurodiputada, Marina Albiol, el informe del Defensor del Pueblo que alertaba de los riesgos sísmicos y de la necesidad de contar con un estudio de impacto medioambiental no fraccionado, es decir, «que tenga en cuenta el impacto total de los 4 subproyectos en los que se dividió» el proyecto.

El propio Maeztu, tras reunirse recientemente con una delegación de Izquierda Unida encabezada por el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó que está dispuesto a comparecer en Bruselas para defender su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana. Maeztu afirmó entonces que Doñana «es una joya que tenemos que cuidar» y por eso el proyecto gasístico «debe suspenderse definitivamente», motivos por los que aceptó la petición de la formación de izquierdas para defender su informe en Bruselas.

El gas licuado por canalización baja un 1,4% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 1,4%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 83,0516 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 84,2755 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel baja un 1,7%, desde los 69,6967 céntimos por kilogramo de diciembre hasta 68,4728 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

La CNMC asegura que la orden ministerial de derechos de cobro del sistema gasista encarece el recibo en 8,2 millones

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la propuesta de orden del Ministerio de Energía que establece los tipos de interés de los derechos de cobro del sistema gasista incrementa los costes que se repercuten a los consumidores en la factura del gas en más de 8,2 millones de euros.

Esta propuesta de orden ministerial fija una metodología que difiere de la que en su día elaboró la CNMC que, según la Comisión que preside José María Marín Quemada, es «más robusta y refleja más adecuadamente las condiciones de mercado». Con esta propuesta de orden se determina el tipo de interés definitivo que se aplica a los derechos de cobro del déficit acumulado del sistema gasista al finalizar 2014, los desajustes anuales y el desvío en la retribución del gas destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.

Concretamente, la metodología aprobada por la CNMC supondría una reducción de 8,2 millones de euros en los costes del sistema gasista respecto a la propuesta de orden, millones que se repercuten a los consumidores a través de la factura del gas en el horizonte temporal que abarcan dichos derechos de cobro. En este sentido la CNMC recuerda que uno de los principios rectores de la Ley 18/2014 es que «en las metodologías retributivas reguladas en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema».

La CNMC considera que se deberían mantener de forma definitiva los tipos de interés propuestos por la Comisión y que hasta ahora han sido reconocidos como tipos de interés provisionales en las anteriores órdenes ministeriales de peajes y retribuciones.  Además, respecto a la amortización anticipada de los distintos derechos de cobro, la orden del Ministerio establece que se aplicará en primer lugar al desajuste del ejercicio más antiguo. La CNMC considera que la opción más beneficiosa desde el punto de vista económico sería amortizar el derecho de cobro que suponga un mayor ahorro en costes para el sistema gasista, en lugar de al más antiguo.

Respecto a la cesión de los derechos de cobro del déficit 2014, el organismo revela que la mayoría de titulares de este derecho le indicaron que han cedido esos derechos. Por último, teniendo en cuenta que la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se ha aprobado en noviembre, se calcula el tipo de interés y las anualidades que resultan para el desajuste 2016 de acuerdo con la metodología de la CNMC.

Las importaciones netas de gas natural a España crecen un 20,8% en noviembre

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Europa Press.- Las importaciones netas de gas natural a España alcanzaron los 35.934 gigavatios hora (GWh) en noviembre, lo que representa un incremento del 20,8% con respecto a noviembre del 2016, según datos de Cores. En concreto, las importaciones netas de gas natural licuado (GNL) se dispararon un 36,3%, mientras que las entradas realizadas a través de gasoducto lo hicieron en menor medida (+7,5%).

En concreto, las importaciones de gas natural crecieron un 13,9% frente a noviembre de 2016, realizándose el 50,4% por gasoducto, que disminuyeron un 2%, mientras que las importaciones en estado líquido aumentaron un 36,2%. Por zonas geográficas, continúan presentando incrementos las importaciones con origen en América Central y del Sur (+74,5%) y Oriente Medio (+96,8%). Por el contrario, disminuyen los suministros procedentes de África (-7,7%) y Europa y Euroasia (-3,6%), cambiando la tendencia de octubre. En el acumulado anual, los principales suministradores de gas natural a España fueron Argelia (47,6%), Nigeria (13,3%) y Noruega (10,0%).

Por su parte, las exportaciones de gas natural se situaron en 2.067,4 GWh, registrando un descenso interanual del 43,2% en noviembre. Disminuyeron los envíos realizados por gasoducto un 44,3%, con descensos interanuales en los últimos seis meses. Mientras, las exportaciones de GNL aumentaron un 13,6%, principalmente por las destinadas a Francia, que se dispararon un 85,4%. En el acumulado anual, las exportaciones cayeron un 28,3%, siendo el 94,7% realizadas por gasoducto y el 5,3% restante, exportaciones en forma de GNL.

Asturias se convierte en el laboratorio mundial del primer tren de viajeros que utiliza gas natural licuado (GNL)

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Europa Press.- El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha inaugurado en Asturias la «primera experiencia en el mundo» de un tren con gas natural licuado (GNL) en el sector ferroviario de viajeros, entre Mieres y Figaredo (Asturias). El objetivo del proyecto, encabezado por Renfe junto con Gas Natural Fenosa y Enagás, y en colaboración con Bureau Veritas, es verificar la viabilidad de una solución con potenciales ventajas ambientales y económicas para los tráficos que se desarrollan actualmente con tracción diésel en España.

El proyecto se enmarca dentro del plan de descarbonización y eficiencia energética en el que trabajan Renfe y Adif y en la estrategia de impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, en línea con la aplicación de la Directiva 2014/94 sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en Europa. Este proyecto está en línea con los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno. La citada ley marcará el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y energía de forma eficiente. En el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, el ferrocarril juega un papel fundamental.

Según datos del Ministerio de Energía, el ferrocarril consume prácticamente la mitad de toda la electricidad utilizada en el sector del transporte en España (el 45,8% frente al 20,1% de la carretera). Además de continuar con la electrificación del ferrocarril, es conveniente apostar por alternativas. Y el gas natural, aseguran, es el combustible alternativo con mejores condiciones para protagonizar una transición segura y eficiente en el corto plazo, por motivos de disponibilidad, precio y estabilidad.

El proyecto de innovación en tracción ferroviaria analizará la viabilidad de la adaptación de vehículos ferroviarios para su funcionamiento con motores y depósitos de GNL y el correspondiente análisis técnico, legal, económico y ambiental para la red ferroviaria española y europea. Las pruebas con motor GNL están programadas en un tren autopropulsado del parque diésel de Feve (2600). Para ello, se sustituyó el motor diésel de una de las dos unidades automotoras pareadas por otro que consume gas natural para su propulsión y se instalaron los depósitos en los que se almacenará el GNL junto con los elementos auxiliares necesarios.

Las circulaciones permitirán contrastar los resultados obtenidos, tanto para tecnología diésel como para la de gas, ya que se mantiene una cabeza tractora con cada tipo de combustible en el mismo tren. De estas pruebas se extraerán conclusiones sobre requisitos técnicos de espacio, peso, refrigeración, y autonomía para la tracción de gas natural, además de otras consideraciones y variables comparativas en emisiones y economía operativa.

El proyecto contempla la incorporación de motores GNL a una serie de trenes en las Cercanías asturianas para prestar servicio en la línea de Cercanías F8 (Baíña-Collanzo). Como parte de su estrategia hacia una mayor descarbonización de los tráficos, Renfe también trabaja en otros proyectos de sustitución de motores diésel con tecnologías alternativas, como el hidrógeno o las baterías alternativas.

Las ventajas que el uso del gas natural puede tener como combustible ferroviario responden a varios factores. Puede contribuir a reducir la contaminación medioambiental respecto al diesel al disminuir en un 20%/30% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), en un 99% las de óxidos de azufre, en un 90% las de materia particulada (PM) y en un 70%/90% las de monóxido de carbono (CO), la contaminación acústica y los gases invernadero, así como abrir opciones ante posibles nuevas exigencias ambientales en el sector ferroviario.

Desde el punto de vista económico, el Ministerio de Fomento sostiene que puede contribuir a reducir costes operativos por un mejor escenario de precios en general respecto a los combustibles derivados del petróleo, reducir la dependencia energética de esta fuente y ofrecerse como alternativa a la inversión en electrificación de tramos no electrificados. España cuenta con una larga experiencia de gestión de GNL y su logística está considerada dentro de los marcos de acción que los Ministerios de Energía y Fomento desarrollan al amparo de las directivas comunitarias, factores que pueden garantizar la seguridad de suministro para este mercado potencial.

Reganosa suministra gas natural licuado (GNL) al primer tren europeo de viajeros que utiliza este combustible para reducir sus emisiones

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Europa Press.- El primer tren europeo de viajeros que utiliza gas natural licuado (GNL) como combustible y que contribuye a «reducir» las emisiones de gases de efecto invernadero y a «abaratar el coste» del carburante ha iniciado su periodo de prueba. Reganosa ha indicado de que el tren fue abastecido desde la terminal que la empresa tiene instalada en el puerto de Ferrol. Así, ha explicado que la primera entrega se ha realizado por medio de un camión cisterna desplazado desde Asturias.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de proyectos de la Unión Europea para «impulsar el uso de energías más limpias» en el transporte, tanto terrestre como marítimo. En este sentido, Reganosa ha explicado que «el gas natural licuado presenta ventajas muy importantes» con respecto al gasoil y al fueloil. En concreto, el GNL contribuye a reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono y partículas, además de disminuir la contaminación acústica. Renfe señaló que la elección de nuestro país se debe a “una larga experiencia en gestión de GNL».

El tren elegido para esta primera experiencia de cambio de combustible ha sido un «automotor de vía estrecha» al que se le ha «retirado la maquinaria diésel para incorporarle otra de gas» y un «depósito especial», según explicó Reganosa. El convoy también dispone de una «cabeza tractora impulsada por gasoil», lo que «permitirá comparar los resultados» de cada combustible empleado. Para la realización de las primeras pruebas, Renfe ha reservado un tramo de 20 kilómetros entre las localidades asturianas de Figaredo y Trubia. El combustible que se precise se entregará semanalmente por medio de camiones cisterna expedidos desde la terminal de Reganosa hasta estos tramos.

Facua denuncia que la subida del gas natural para el primer trimestre lo eleva al nivel más alto desde 2015

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Europa Press.- Facua ha denunciado que la nueva subida de la tarifa regulada TUR de gas natural sitúa su precio en el nivel más alto desde abril de 2015. La asociación señala que la TUR 1, para consumos superiores a los 5.000 kilovatios hora (kWh) anuales, será un 6,3% mayor que en el último trimestre de 2017, mientras que la TUR 2, para los que sobrepasan esa cantidad de consumo con agua caliente y calefacción con gas natural, será un 5,5% superior.

En concreto, los usuarios de la TUR 1 con un consumo de 400 kWh pagarán ahora 32,31 euros, frente a los 30,62 euros que les costaba en octubre de 2017, mientras que en el caso de los acogidos a la TUR 2 con un consumo de 800 kWh abonarán 57,82 euros, frente a los 54,38 euros anteriormente. Así, Facua critica que, «lejos de aliviar la situación económica actual de las familias españolas, el Gobierno toma medidas insuficientes y no baja la tarifa de gas natural para alcanzar al menos los niveles del comienzo de legislatura».

El recibo soporta varios impuestos

Además, subraya que los incrementos aprobados en el término fijo del recibo yla tarifa por el consumo se han visto «agravados» con la subida del IVA en septiembre de 2012, que pasó del 18% al 21%, y la introducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos en enero de 2013, «que ha incrementado el precio del kWh«. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a 2016, en España hay 7,6 millones de clientes de gas natural y el consumo medio doméstico-comercial es de 8.748 kWh al año, según indicó la asociación.

La Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno central «apoye económicamente» al proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, denuncian la subvención a Gas Natural por 6,3 millones de euros para el 2018 señalando que así se fomenta el «agravar» los problemas del parque, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamenta que el Ministerio» siga apoyando económicamente el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Martínez Vidal asegura que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a efecto recientemente, refiriéndose a que la Junta «ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los 4 subproyectos en los que se divide este gran proyecto de almacenamiento de gas».

El director general de Prevención ha explicado que «estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013 y el único proyecto que cuenta con autorización es el de Marismas Occidental«, para el que solicitan que «se paralice la ejecución del proyecto«. «Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del IGME y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida», ha indicado.

Por ello, ha señalado que, según el artículo 44 de la ley 21/2013, se ha solicitado la revisión de estas vías por «concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos». De esta forma, ha asegurado que «el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único».

“Pagando para agravar los problemas”

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, incide en que la subvención a Gas Natural «es inmoral e incongruente».Y es que, agrega, se abona una subvención, que supone «la mitad del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático«.Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.»Hay un informe del Defensor del Pueblo donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».