Nadal pide paciencia a la oposición para disponer de los informes técnicos que avalen el desmantelamiento del almacén gasista Castor

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido paciencia y sacar el tema de Castor de la discusión política mientras se dispone de los informes técnicos necesarios que determinen que no hay riesgos y que avalen el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

A pregunta del diputado Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, sobre el calendario de actuaciones definido por el Gobierno para desmantelar el Castor, Nadal ha señalado la conveniencia de esperar y de dejar que los técnicos trabajen para que se asiente el gas. «No hagamos política de lo que tiene que ser una solución técnica», ha reclamado. «Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes. No es cuestión de hacer debate político de esto antes de que tengamos los análisis adecuados», ha señalado el ministro.

Nadal ha señalado que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, está vigilando constantemente la evolución del almacén de gas. «Cuando los técnicos nos digan que podemos desmantelarlo, lo haremos. Dejemos que trabajen los ingenieros», ha instado. En su opinión, uno de los muchos errores en política energética del anterior Gobierno socialista fue Castor, que ha definido como un proyecto «demasiado grande y caro, con un fallo de diseño tan grande que provocó problemas graves».

Asimismo, ha destacado la prudencia con la que ha actuado desde el principio el Gobierno popular sobre este «problema heredado», desde cuando ordenó hibernarlo al empezar los movimientos sísmicos hasta sobre la forma de pago por el Tesoro español. Por su parte, el diputado de Esquerra le pidió al ministro transparencia sobre este proyecto y resaltó que su grupo nunca apoyó este almacenamiento de gas y que en 2007 ya solicitó su paralización. Asimismo, explico que su formación ha buscado otros estudios sobre el tema y ha planteado la posibilidad de que el almacén sea sellado sin extraer el gas.

La CNMC reintegra al sector gasista otros 6,7 millones de los pagos anulados por la indemnización de Castor

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reintegrado al sector gasista otros 6,7 millones de euros correspondientes a los pagos anulados del almacén Castor, según indicó el organismo. En concreto, se ha reintegrado el pago previsto en enero, correspondiente a la liquidación décima del año pasado, con lo que la cantidad total pagada en 2017 en concepto del abono de las indemnizaciones con cargo al sistema gasista ascendió a 60,5 millones de euros.

A finales de enero, la CNMC paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. El regulador aplicaba así la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Constitucional, que declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones anuales y que se incluían en el sistema gasista.

Por su parte, con esta reintegración, el déficit provisional gasista fue de 385 millones de euros a diciembre, frente a los 430 millones de euros en el mismo periodo del 2016. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.586 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento del 28% de los ingresos por peaje de regasificación y del 14% por reserva de capacidad.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 46 millones de euros, un 23,4% superiores a los del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 2.540 millones de euros. Además, la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.687 millones de euros.

La CNMC aprueba el contrato marco para el acceso a las conexiones internacionales mediante gasoductos con Europa de Enagás Transporte

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Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el contrato marco para el acceso al sistema de transporte y distribución de Enagás Transporte mediante conexiones internacionales por gasoducto con Europa. La Ley 34/1998, en su artículo 70, establece el derecho de acceso a las infraestructuras de transporte con base en los principios de no discriminación, transparencia y objetividad. En la Circular 3/2017 se establecieron los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las conexiones internacionales.

Para participar en los procedimientos de asignación de capacidad mediante subasta, los comercializadores o consumidores directos deberán firmar con carácter previo un contrato marco con el operador de la interconexión en el lado español, donde se establecerán las condiciones del servicio del transporte y las obligaciones y responsabilidades de las partes. Dicho contrato se realiza al margen de los trámites a realizar con los operadores en el otro lado de los puntos de la interconexión.

El contrato marco se corresponde con los que están en vigor y describen el objeto del contrato, la entrada en vigor, su duración, las obligaciones y responsabilidades de las partes, las condiciones de prestación de los servicios contratados y las condiciones de facturación. Está disponible en las web de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, del Gestor de Red de Transporte Enagás y de la Iniciativa Regional del Gas del Sur de ACER.

Energía reivindica que el coste anual de indemnizar a Castor es la mitad de lo que suponía el almacén funcionando

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional, permitió una «reducción sustancial» en la factura de los consumidores de gas al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo «no atendió a las reclamaciones» del Gobierno. «Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas«, añadió el secretario de Estado de Energía, quien destacó que «asumir las sentencias» es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido «un grado de arbitrariedad» se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que «no es posible». «Este tipo de situaciones no son agradables, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener», apuntó. Además, Navia afirmó que si el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor «en tiempo y en forma» se hubiera generado una situación «muy seria» con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. «Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época había presiones financieras muy importantes«, señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que el Tribunal Constitucional «en ningún momento» cuestiona el pago de la indemnización ya que, si hubiera sido así, el Gobierno «habría actuado en consecuencia», y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. «Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar», destacó.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor «no va a volver a entrar en funcionamiento» y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando «se pueda producir en condiciones de seguridad«. A este respecto, afirmó que «lo lógico» es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento. «No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico», concluyó.

Salvemos Doñana registra casi 200.000 firmas pidiendo al Estado la paralización del proyecto de gas planteado por Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana, en la que se incluyen hasta 214 organizaciones adheridas, ha registrado en la Delegación del Gobierno de Andalucía un total de 197.000 firmas para solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la cancelación definitiva del proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del espacio. A la entrega han acudido representantes de algunas de las organizaciones que conforman la plataforma que defiende este entorno natural.

En nombre de Salvemos Doñana, Juan Romero ha advertido tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico que «el subsuelo de Doñana no es una infraestructura industrial para que una empresa multinacional venga a hacer negocio a costa de un bien público». Tras recordar las acciones que ha realizado la plataforma para pelear contra el proyecto de gas, Romero ha incidido en que hay nueva información que respalda sus reclamaciones, como el Instituto Geológico Minero, que «ha aportado documentación que recoge que se trata de una zona inundable», así como también ha criticado que «se ha obviado» el riesgo sísmico que hay en la zona.

«Queremos que el Gobierno central modifique la Declaración de Impacto Ambiental y que la Junta, de oficio, modifique la Autorización Ambiental Unificada», ha agregado el portavoz, que ha avisado a Gas Natural Fenosa y a las administraciones que apuestan por el gas de que «no nos vamos a cansar hasta parar este proyecto». «Tenemos la esperanza de que a esto le quede dos telediarios», zanjó.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho hincapié en que «es la sociedad civil organizada la que va a conseguir salvar el patrimonio que es de todos, mientras quienes gobiernan en no pocas ocasiones están pensando en cálculos electorales». Además, ha subrayado que el proyecto de gas «no aporta absolutamente a la ciudadanía»: «No hay nada de contrapartida, convertimos nuestra joya natural más preciada en un almacén de gas para que se lucren multimillonariamente los que nos cortan la luz y nos dejan en la pobreza energética a cambio de absolutamente nada, y teniendo sobre la mesa nuevos elementos que nos permiten parar el proyecto«, sentenció Rodríguez.

Por eso, ha dicho que el partido morado tiene muchas esperanzas en que las firmas registradas «generen reacciones», al tiempo que ha recordado al Gobierno autonómico que «tiene que cumplir sus compromisos» y, por tanto, emprender acciones legales contra el proyecto. «Estaremos ahí para, erre que erre, recordar a la Junta que debe cumplir con los compromisos y no sólo hacerse la foto con las plataformas», ha proseguido Teresa Rodríguez, quien ha insistido en que «si conseguimos parar esto será obra de la sociedad civil organizada de Andalucía que defiende el patrimonio de nuestros hijos».

De su lado, el líder andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó a la Junta a denunciar al Gobierno central ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo por permitir el desarrollo del proyecto de Gas Natural. Ha defendido que para lograr paralizar este proyecto es necesario que la Junta «pase a la acción«, toda vez que ha reiterado que su formación está totalmente «en contra de que se metan en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas», lo que convertiría esta joya de Andalucía en «un polígono industrial». Según Maíllo, «Marismas Occidental es un proyecto especulativo que demuestra que las puertas giratorias existen y funcionan perfectamente».

López de Uralde, de Equo, ha señalado que este proyecto de Gas Natural «no hace falta», de manera que «además de los impactos medioambientales o de que los estudios de impacto ambiental se han dividido en 4 subproyectos para saltarse ilegalmente la normativa ambiental, es innecesario». «El Gobierno tiene la obligación de parar este proyecto, que no tiene sentido», sentenció antes de advertir de que puede ocurrir lo mismo que en el caso del Castor.

Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos todos y cada uno de los 4 subproyectos que integra.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en primavera del año pasado, Fiscal recordó a la plataforma que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«. Salvemos Doñana, por su parte, ha informado al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad.

La asamblea está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén de gas en Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en la zona para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías renovables.

Las importaciones netas de gas natural a España crecieron un 11,7% en 2017

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Europa Press.- Las importaciones netas de gas natural alcanzaron los 356.897 gigavatios hora (GWh) en el total del ejercicio 2017, lo que representa un crecimiento del 11,7% con respecto al año 2016, según datos de Cores. En concreto, las importaciones netas de gas natural licuado (GNL) crecieron un 20,5%, mientras que las entradas realizadas por gasoducto aumentaron un 3,8%.

En diciembre, las importaciones netas de gas natural alcanzaron los 34.696 GWh, lo que representa una caída del 5,9% con respecto al mismo mes del año 2016. En concreto, las importaciones netas de GNL cayeron un 16,8%, mientras que a través de gasoducto aumentaron un 7,3%. En datos brutos, cayeron un 7% las importaciones de gas natural, hasta los 37.237 GWh, por la reducción de las compras efectuadas en estado líquido, que se redujeron un 16,6% y representaron el 45,2% del total. El 54,8% restante se realizó por gasoducto y aumentó un 2,8%. Mientras, los principales suministradores de gas natural en el 2017 fueron Argelia con el 48,2%, Nigeria (12,5%), Perú (10,1%) y Noruega (9,9%).

Las exportaciones de gas natural se situaron en 2.541 GWh en diciembre, registrando un descenso interanual del 19,7%, mientras que los envíos realizados por gasoducto acumularon siete meses de descensos interanuales, con una caída del 21,1%, y las exportaciones de GNL aumentaron un 101,9%. En 2017, las exportaciones cayeron un 27,7%, siendo el 94,9% realizadas por gasoducto y el 5,1% restante en forma de GNL.

Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley antifracking de Castilla-La Mancha

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Europa Press.- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta autonómica de Castilla-La Mancha, que dispondrán hasta mediados de febrero para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses». La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.

El PP respeta la admisión

Por su parte, el portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno central que «las decisiones judiciales se respetan». «Eso no es ni a favor ni en contra«, ha manifestado, donde ha apuntado que este asunto «lleva un curso» y que, «en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no”. Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar «ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales» y que será el tribunal «el que se pronunciará».

Compromís exige a Nadal no facturar a los consumidores gasistas «los chanchullos de PP y PSOE con ACS» en Castor

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Europa Press.- Compromís denució ante el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que el coste de la indemnización por el fallido proyecto de almacenamiento de gas Castor, que entienden como un «chanchullo de los gobiernos del PSOE y del PP con ACS», acaben cargándose en la factura del gas.

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que anulaba las indemnizaciones aprobadas tras la hibernación del almacén por los seísmos causados en la zona, la formación valenciana espera que el Gobierno «recalcule a la baja» estos pagos. Asimismo, pide que el departamento de Nadal «depure las responsabilidades políticas pertinentes y que sean los culpables de las cláusulas abusivas los que las paguen de su bolsillo«. «Lo que han llevado a cabo es un auténtico atentado contra los derechos más básicos de la ciudadanía», subrayó la portavoz energética de Compromís, Marta Sorlí.

En este sentido, ha criticado que «miles de familias en situación de pobreza energética parecen no ser suficientes para Rajoy» pues «apuesta por que toda la ciudadanía pague a través de la factura del gas los 4.700 millones, entre la indemnización y los intereses, de sus errores y los del PSOE». «Se ha demostrado que el Castor fue una autoadjudicación sin precio para ACS», ha criticado Sorlí, que reitera «que los chanchullos de los Gobiernos del PSOE y del PP con Florentino no se pagan con la factura del gas».

Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

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Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.