Marcelo Mata, coordinador de medio ambiente, seguridad y calidad de la unidad de negocios de Repsol en Ecuador, ha afirmado que en 2012 la inversión en temas ambientales rondó los 10 millones de dólares, básicamente para prevención.

La reducción en inversión ambiental en 2013 responde a la «desaceleración de la compañía» en sus operaciones en el país, dijo.

Repsol explota yacimientos antiguos, con bombeo en declive, y la bajada de la producción reduce también el volumen necesario de inversión en prevención y remediación, explicó.

En un encuentro con periodistas, recordó que desde 2008 hasta 2012 hubo unos 16 derrames de fluido, el más grave de ellos en 2009, el cual afectó a unas ocho hectáreas de pantano que ahora ya están remediadas. Indicó que los derrames ocurrieron por corrosión interna y externa de las tuberías.

Mata apuntó que el área donde opera Repsol está en cinco zonas sensibles para la biosfera. Alrededor del 26% del terreno está dentro del Parque Nacional Yasuní, uno de los de mayor biodiversidad del mundo, donde viven comunidades indígenas como los quichuas y los waoranis.

La compañía, que es la mayor productora privada de crudo de Ecuador, debe abandonar en 2018 el bloque 16 y el campo Tivacuno, que en conjunto se extienden sobre 176.000 hectáreas, y con ello acabaría su presencia en Ecuador, pero analiza alternativas para quedarse.

En noviembre pasado, su gerente en el país andino, Luis García, dijo que Repsol desea negociar una extensión de sus operaciones actuales y analiza su posible participación en la licitación de nuevos campos en la Amazonía.

En concreto, los indicadores que deberá votar, con carácter consultivo, la próxima Junta General de Accionistas están enfocados en la evolución de la compañía en el medio plazo y se estructuran en tres bloques: operativos e industriales, económico-financieros y responsabilidad social corporativa.

Respecto a este tercer bloque, además de la «presencia en los principales índices de sostenibilidad», también se tendrá en cuenta el incremento de la ratio de potencia instalada libre de emisiones con el objetivo de cumplir el compromiso en 2020 de que las emisiones sean inferiores en un 20% a las del sector europeo.

El último indicador del bloque de RSC hace referencia a la participación de los accionistas, por lo que se valorará el resultado de las votaciones a las propuestas que el Consejo de Administración presente a la junta.

Los indicadores operativos e industriales están vinculados a la evolución regulatoria de los mercados en los que opera la compañía. Así, en el caso de España están centrados en la titulación del déficit de tarifa y en la retribución de la distribución.

En cuanto a los económico-financieros están relacionados con los resultados del grupo, la retribución del accionista y la solidez financiera.

De acuerdo con el Informe Anual de Remuneraciones del Consejo, tanto el presidente, como el consejero-director general, serán evaluados en función del desempeño en los parámetros financieros.

En el caso del Ignacio Sánchez Galán se tendrá también en cuenta el desempeño en los parámetros de responsabilidad social; mientras que la valoración de José Luis San Pedro, consejero-director general de la compañía, será ponderada sobre los aspectos operativos e industriales.

Esta instalación, la quinta de este tipo que tiene el grupo sueco en España, cuenta con 10.164 paneles solares, con una potencia instalada total de 2.439 KWp, y su producción se verterá directamente a la red.

La producción anual estimada de la central de producción fotovoltaica será de 3.000 MWh al año, que equivaldría al 80% del consumo de la tienda registrado durante 2012.

Esta instalación se une a las ya existentes en las tiendas de la compañía en Castilleja de la cuesta (Sevilla), A Coruña, Sabadell y a la del Centro de Distribución situado en Valls (Tarragona).

A finales de 2007 se puso en marcha el proyecto «Ikea se hace renovable» con los objetivos de mejorar la eficiencia energética de las tiendas y aumentar la producción de energía renovable.

Dicho proyecto supuso una inversión hasta la fecha de 7,7 millones de euros y un ahorro de 11.795 MWh, lo que supone reducir la factura energética 1,8 millones de euros al año.