EFE.- La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que investiga al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, por un posible delito de administración desleal, le ha retirado el pasaporte como medida cautelar. Mientras tanto, la compañía sigue buscando su viabilidad con un plan con el que quiere convencer a sus acreedores de que cuenta con negocio suficiente para evitar el concurso, un escenario que la llevaría a la liquidación y que «supondría enormes pérdidas» para todos.

Este documento «conservador» y «realista» supone la «mejor manera de maximizar el valor» de la compañía, según Toni Álvarez, representante de Álvarez&Marsal, firma que ha asesorado a Abengoa para la elaboración del plan, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que cifra en 5.395 millones de euros el valor de la «nueva Abengoa» que salga del preconcurso, es decir, «siete veces más en operación que en liquidación».

El plan dibuja un modelo de negocio capaz de generar unos 1.000 millones de euros de caja entre 2007 y 2020, un impacto positivo derivado de desinversiones de activos no estratégicos de 473 millones en 2016-2017 y la salida de proyectos con altos requerimientos de efectivo, lo que reducirá sus necesidades de caja en 2.095 millones en el mismo periodo. También plantea un ajuste de la base de costes de unos 200 millones hasta 2018. Una serie de variables que, no obstante, afrontan eventuales riesgos como la dificultad para las desinversiones, unos costes de salida de proyectos mayores de los inicialmente previstos o falta de visibilidad sobre la financiación para las necesidades inmediatas de liquidez.

En cuanto a las necesidades de liquidez, Abengoa las cifra en 826 millones de euros para este año, a los que se sumarían 304 millones de euros para 2017. Junto a esto señala a la necesidad de «garantías técnicas» por valor de 525 millones para poder trabajar. La compañía dibuja una nueva Abengoa, centrada en la actividad de ingeniería y construcción, con el foco en menos líneas de negocios y con fuertes controles financieros para los nuevos proyectos que se pongan en marcha. Así, el grupo espera que los nuevos proyectos cuenten con un margen de entre el 8,7% y el 14% y que cumplan escrupulosamente con los criterios establecidos.

También establece una severa disciplina financiera, centrada en la generación de caja, y con criterios aplicados proyecto a proyecto, con el objetivo de que las necesidades de efectivo de unos «contaminen» el beneficio de otros, según Toni Álvarez. El plan, elaborado junto a Alvarez&Marsal, busca presentar una nueva compañía viable «saneada y rentable» para accionistas y acreedores frente a un proceso de liquidación que «supondría enormes pérdidas para todas las partes presentes en la negociación».

Con el 28 de marzo como fecha tope para evitar el que sería el mayor concurso de acreedores de la historia de España, este plan servirá de base para que KPMG elabore una «solución global» y se inicien las negociaciones que permitan el saneamiento financiero, reduciendo la deuda a un tercio (de los 9.000 millones actuales a 3.000 millones) y permitiendo la viabilidad de la ingeniería andaluza. En lo que se vislumbra como una negociación compleja para intentar reducir esos 6.000 millones de deuda: quitas (que la banca rechaza de entrada), capitalización de la deuda, préstamos participativos a largo plazo o una combinación que, finalmente, terminará dando el control de Abengoa a bancos y fondos.

Retirada de pasaporte a Benjumea

La Audiencia Nacional ha impuesto al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La juez Carmen Lamela atiende así la petición del fiscal José Perals y le prohíbe la salida de España al considerar que no existe certeza de que Benjumea no eluda a la justicia en el futuro. Acusado de administración desleal a raíz de la querella de dos bonistas de la compañía, Benjumea declaró esta semana junto con el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, a quien se le investiga además por el uso de información privilegiada tras su fichaje por Blackrock.

Sobre el cobro de indemnizaciones millonarias de 11,5 millones y 4,5 millones de euros a Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, la juez advierte de que existen indicios de su posible participación en el cobro de unas cantidades «que no se corresponden con las pactadas con la compañía, ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma» en el momento del cese. Una versión que cuestiona la del expresidente de Abengoa, que alegó que es una práctica normal «para asegurar su permanencia en el cargo», y aseguró que su salida fue consecuencia de una exigencia verbal impuesta por las entidades financieras, especialmente por el Santander, de la que no existe constancia por escrito.

El expresidente de Abengoa afirmó que la empresa «no tiene ningún problema salvo el de liquidez», y achacó la situación que actualmente atraviesa la compañía, en preconcurso de acreedores, a la reforma del sector eléctrico y de las renovables puestaen marcha por el Gobierno. Sánchez Ortega, por su parte, aseguró que su entrada en Blackrock cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa, que es el origen de la acusación que pesa sobre él por uso de información privilegiada, fue «una coincidencia».