Europa Press.– La federación de construcción y servicios de CC.OO. ha trasladado a los partidos políticos «el daño que está provocando a la marca España» la situación por la que atraviesa Isolux Corsán, al de abandonar sus proyectos internacionales por entrar en concurso de acreedores después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid haya declarado en concurso de acreedores a Isolux Corsán y 6 de sus filiales, según un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los acreedores del grupo tendrán un mes para informar al administrador concursal de los créditos que tienen con la compañía. Los deudores conservarán las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales mediante su autorización o conformidad. El consejo de administración de Isolux Corsán solicitó el concurso de acreedores para el grupo y 6 de sus filiales después de 2 años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entrara en su capital y lo rescatara. En este escenario, el consejo de administración presentó en bloque su dimisión con el fin de «facilitar la gestión de la nueva etapa».

El concurso de Isolux es el mayor de una compañía de construcción de los últimos años y de los de más dimensión de la historia empresarial española junto con los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa, Pescanova o Reyal Urbis. Isolux recurrió finalmente al concurso tras dos años tratando de superar sus tensiones de liquidez y financieras y al no poder acometer una segunda reestructuración de su deuda apenas un año después de que en julio de 2016 fuera rescatada por sus bancos acreedores, que desde entonces controlan la compañía.

El grupo, en preconcurso desde el mes de abril, buscó en los últimos meses un socio que entrara en su capital, inyectara fondos y lo reflotase, pero no tuvo tiempo para conseguirlo. No obstante, se recibieron finalmente 6 ofertas, presentadas por distintos inversores interesados sobre distintos negocios de la división de construcción e ingeniería de la empresa. Se trataba de propuestas que se comprometían a subrogar no sólo a los trabajadores vinculados a los proyectos, sino también a otros de otras áreas. «Corresponde a los nuevos administradores, al administrador concursal y al juez, enjuiciar, valorar y, en su caso, aprobar alguna de estas propuestas recibidas que den continuidad a la labor empresarial y a los trabajos», declaró entonces la compañía.

Isolux se declara en quiebra con un agujero, un patrimonio negativo, de unos 801,9 millones de euros y una plantilla, tras el ERE pactado el pasado año, de 3.884 trabajadores. De ellos, los empleados de las firmas que están en concurso son 1.992 empleados, 1.104 de ellos, en España. Asimismo, a pesar del rescate y la reestructuración de deuda del pasado año, la compañía soportaba al cierre de abril una deuda de 1.270 millones de euros (de ellos, 557 millones ligados a proyectos). El grupo tiene una deuda de 405 millones con proveedores, pero, según asegura, cumple con el pago de las nóminas y el resto de obligaciones con los trabajadores (Seguridad Social e IRPF).

Daño a la marca España

Las principales organizaciones sindicales están llevando a cabo una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar el problema por el que atraviesa la constructora. En concreto, los representantes sindicales han propiciado estas reuniones con el fin de exponer «la crítica situación en la que se encuentra la empresa». Isolux Corsán se encuentra bajo un concurso voluntario de acreedores y sus trabajadores están «viendo peligrar sus puestos de trabajo».

Los sindicatos se reunieron con el secretario de Empleo de la Ejecutiva del PSOE, Toni Ferrer. Posteriormente, se reunieron con Alberto Garzón (IU), y con el diputado de Ciudadanos, José Cano, y con el de Podemos Alberto Rodríguez. Los comités de empresa están entregando a todos los grupos un informe de la situación de la compañía, «donde queda reflejada la trayectoria de la empresa a lo largo de los últimos años» y en los que se están revelando «con más detalle» los hechos más relevantes que han provocado esta situación.

Entre otros temas, se han discutido las cifras que arrojan las cuentas auditadas y el hecho de que, tras realizar tres expedientes de regulación de empleo con sus respectivos planes de viabilidad la empresa, a día de hoy la empresa esté en concurso. CC.OO. asegura que los representantes sindicales de la compañía quieren preservar el máximo número de empleos, reclamar las deudas de las administraciones públicas con la compañía, y ver qué medidas se pueden aportar para continuar las obras y subrogar al personal, «controlando además la agilidad del concurso».