Según el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA, Javier García Breva, «el hecho de que se afecten derechos reconocidos mediante medidas retroactivas es de suma gravedad, no sólo para las energías renovables, sino para toda la economía española».
«El precedente de la retroactividad afectará seriamente a la reputación de España de cara a las inversiones nacionales e internacionales«, añadió.
En este sentido, García Breva se mostró rotundo con respecto a la proposición del Ministerio de Industria de reducir en un 30% la retribución marcada por la legislación para las instalaciones fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/2007.
«Lo mínimo que se le puede pedir a un Gobierno es seguridad jurídica, que se respete la regulación y que no se modifique posteriormente con carácter retroactivo«, afirmó.
«Este es hoy un problema de la fotovoltaica pero, como en su día pasó con el prerregistro o con los cupos, esta tecnología sirve de campo de cultivo para después instaurar medidas sobre el resto de renovables«, agregó.
Según APPA, tras un mal año para el sector fotovoltaico -2009-, en el que su volumen se redujo en un 95% con respecto al año anterior, las nuevas propuestas del Ministerio de Industria suponen «otro jarro de agua fría» para la tecnología fotovoltaica. Unas propuestas que, según esta organización, contrastan con el discurso público del Gobierno de apoyo a las energías renovables.
«Estamos viendo un comportamiento bipolar incluso en el propio Ministerio: por un lado se reconoce en privado que la energía fotovoltaica es la energía del futuro y, por otro lado, se le culpa en público de todos los males del sistema eléctrico«, subrayó Javier García Breva.
«Si desapareciese mañana la fotovoltaica de España seguiríamos teniendo déficit tarifario y seguiría siendo necesaria la subida de la luz», sostuvo.
Finalmente, aludió a la reducción de los objetivos de energía solar prevista por el Ejecutivo (suponer pasar de los 15.685 megavatios -MW- del mix de Zurbano a 13.446 MW). Para APPA, esta disminución tendrá «graves consecuencias», ya que conllevará la paralización casi total de la fotovoltaica en España. Asimismo, «la sensación de inseguridad jurídica no sólo afectará a la fotovoltaica sino que se extenderá a otros sectores económicos», dificultando la inversión, concluyó.
Asimismo, un portavoz de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), afirmó que «la seguridad jurídica de invertir en España está muy por encima de cualquier fórmula cortoplacista que merme la confianza de los inversores nacionales e internacionales».
Además de proponer una reducción de las primas del 30% para las plantas que están actualmente en funcionamiento y de hasta el 45% para las futuras adjudicaciones, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, también propuso a las asociaciones del sector una consultaen la que tendrán que decir a Industria si prefieren un recorte de la tarifa o un límite máximo para las horas de producción subvencionadas.
Por último, la propuesta informal de Industria también incluye la reivindicación del sector de que se expulse del sistema de primas a todas las plantas fotovoltaicas que cometan irregularidades.
APREAN critica el recorte de las primas a las fotovoltaicas
Por su parte, la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN) considera que el recorte de las primas para la energía fotovoltaica con carácter retroactivo conllevará la paralización casi total de las instalaciones fotovoltaica en Andalucía y el resto de España y tendrá un impacto en el sector de las renovables, ya que la sensación de inseguridad jurídica se extenderá a otros sectores.
Esta asociación ha denunciado el «ataque frontal» del Gobierno a la energía fotovoltaica y que la inseguridad complica la búsqueda de financiación para los proyectos y condena a miles de promotores a no obtener la retribución que la ley fijaba para sus inversiones.
Ha exigido al Gobierno central estabilidad regulatoria y seguridad jurídica por entender que el hecho de que se afecten derechos reconocidos mediante medidas retroactivas es de «suma gravedad no sólo para las energías renovables sino para toda la economía española, a la vez que afectará seriamente a la reputación de España de cara a las inversiones nacionales e internacionales».
El presidente de APREAN, Mariano Barroso, ha rechazado la proposición del Ministerio de Industria de reducir en un 30 por ciento la retribución marcada por la legislación para las instalaciones fotovoltaicas, y le ha pedido al gobierno seguridad jurídica respeto a la regulación y que no modifique las normas con posterioridad y con carácter retroactivo.
