El Principado de Asturias destina 925.000 euros a incentivar el uso de las energías renovables e impulsar la eficiencia energética

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EFE.- El Gobierno de Asturias destinará 925.000 euros a la convocatoria de ayudas dirigidas a favorecer el uso de energías renovables y acciones que faciliten el ahorro y la eficiencia por parte de empresas privadas. El director general de Minería y Energía, Isaac Pola, ha explicado que esta convocatoria subvencionará por primera vez la instalación de puntos de recarga, tanto de vehículos eléctricos como de combustibles alternativos (gas natural, por ejemplo).

El Gobierno calcula que estas ayudas subvencionarán unas 80 actuaciones que beneficiarán a 45 empresas y a 35 comunidades de vecinos. En relación con las renovables, se apoyarán los proyectos que apliquen las tecnologías de biomasa, solar fotovoltaica aislada, geotermia, minihidráulica y minieólica y biogás. En materia deahorro y eficiencia energética, se apoyará el programa de ayudas públicas para industrias y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edificios existentes.

También se beneficiará a los puntos de recarga accesibles al público y los de repostaje accesibles al público y los de recarga para flotas de vehículos. Podrán solicitar estas ayudas las empresas privadas, incluidas las proveedoras de servicios energéticos que presten servicios en industrias o comunidades de vecinos. También las gestoras de cargas del sistema que promuevan el uso de renovables o acciones de ahorro y eficiencia energética. De igual forma se pueden beneficiar las uniones temporales de empresas que ejecuten este tipo de proyectos.

UNEF asegura que el autoconsumo genera retornos al Estado y que el veto del Gobierno es «ideológico»

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que la instalación de 100 megavatios (MW) de autoconsumo en España procuraría un saldo positivo de cerca de 68 millones al Estado y considera que el veto del Gobierno a la proposición de ley del Congreso para fomentar esta actividad mediante la eliminación del impuesto al Sol es «ideológico» y no responde a razones de impacto presupuestario.

En un informe, la asociación fotovoltaica considera que los argumentos del Gobierno para vetar la propuesta de ley aprobada de forma mayoritaria por el Congreso son «ideológicos y no jurídicos». El Ejecutivo, señala, «carece totalmente de justificaciones legislativas a las argumentaciones que presenta». El informe de la Secretaría de Estado de la Energía (SEE) trasciende los ámbitos que le corresponde al realizar cálculos que corresponden a Hacienda y se encuentra además «lleno de juicios de valor subjetivos que nada tienen que ver con el verdadero marco del autoconsumo», señala UNEF.

Al abordar el impacto económico de la instalación de 100 MW, la asociación considera que el saldo anual en retornos fiscales y costes evitados ascendería a 73 millones, cantidad que quedaría minorada en un máximo de 5 millones por la pérdida de ingresos, de modo que el Estado, en cualquier caso, tendría un retorno de 68 millones. Adicionalmente, se producirían unos ahorros en eficiencia, emisiones de CO2 e importaciones de combustibles fósiles que, para una potencia instalada de 100 MW, se situarían en torno a los 7,6 millones de euros.

Al estudiar las estimaciones presupuestarias del Gobierno, UNEF considera que, en el escenario supuesto por la secretaría de Estado de un precio medio del pool de 50 euros por megavatio hora (MWh), la pérdida de ingresos en impuestos bajaría desde los 74 millones estimados por el Gobierno hasta 9,5 millones si se consideran todas las tecnologías renovables, y sería solo de 400.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Por otro lado, la pérdida de impuestos recaudados por ingresos por peajes bajaría desde los 14 millones estimados por el Gobierno hasta 1,5 millones considerando todas las tecnologías renovables, y sería solo de un poco más de 67.000 euros si solo consideramos al autoconsumo fotovoltaico.

Además, UNEF calcula que la aportación extra de los Presupuestos Generales del Estado no sería de 10 millones como estimaba el Gobierno, sino de 1,1 millones considerando todas las tecnologías renovables y de solo poco más de 49.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Al margen de estas consideraciones presupuestarias, la asociación aborda el efecto sobre los peajes eléctricos. Según recuerda, las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red pagan los costes regulados del sistema al igual que el resto de los consumidores.

Estas instalaciones, indica, asumen el término fijo completo en función de su potencia contratada, que siempre debe ser mayor o igual que la de la instalación de autoconsumo, y el término variable de la energía consumida de la red, por lo que no dejan de pagar los costes regulados del sistema en función de lo que consumen de la red. La proposición de ley vetada no propone la exención de peajes y cargos a los autoconsumidores, sino a la energía autoconsumida, la que no pasa por la red de distribución.

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

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Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.

España, entre los 17 países de la Unión Europea que aún no han alcanzado su objetivo de renovables para 2020

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Europa Press.- La energía procedente de fuentes renovables representa en España el 16,2% del consumo energético total, casi cuatro puntos por debajo del objetivo del 20% establecido para 2020, lo que sitúa al país en el grupo que todavía no alcanzó su meta nacional, según los datos de 2015 publicados por Eurostat.

Así, únicamente 11 países del bloque comunitario han superado su objetivo particular para 2020 (Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Finlandia y Suecia). En el caso de España, el peso de las energías renovables en el consumo bruto energético total se ha incrementado desde el 8,3% registrado en 2004 hasta el 16,2% de 2015. No obstante, este último dato sólo es una décima superior al de 2014, cuando la proporción de energías renovables fue del 16,1%.

El porcentaje de energías renovables en la Unión Europea alcanzó el 16,7% en 2015, 0,5 más que en el año anterior y 3,3 puntos porcentuales por debajo del objetivo, que también es del 20% para 2020. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, subrayó que el bloque comunitario está «en la senda correcta» para lograr la meta.

Dentro de los países que no han logrado todavía su objetivo nacional, Austria y Eslovaquia son los países que están más cerca de conseguirlo, mientras que Países Bajos, Francia, Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo son los que están más lejos. Por otro lado, Suecia es el socio europeo con un mayor peso de energías renovables. Con un 53,9%, seguido de Finlandia (39,3%), Letonia (37,6%), Austria (33%) y Dinamarca (30,8%). Por contra, los países con menor proporción son Luxemburgo y Malta (5%), Países Bajos (5,8%), Bélgica (7,9%) y Reino Unido (8,2%).

Podemos ve «arbitrario» el veto del Gobierno a la propuesta sobre autoconsumo y lo recurrirá en la Mesa del Congreso

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Europa Press.- Unidos Podemos ha tachado de «absolutamente arbitrario» y «abusivo» el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, por lo que recurrirá a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptarlo.

El órgano de gobierno de la Cámara, con los votos del PP y de Ciudadanos, aceptó el veto a la citada propuesta, cuya puesta en marcha, según alega el Gobierno, tendría un impacto de 172 millones de euros para los Presupuestos estatales. El Gobierno puede hacer uso de la capacidad que le atribuye la Constitución para paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por disminución de ingresos o por aumento de gasto.

Sin embargo, el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, denunció que este veto del Ejecutivo es «absolutamente arbitrario, abusivo y con una argumentación totalmente falsa» porque la ley no suponía «ninguna alteración del presupuesto vigente». «Tenemos un Gobierno que es enemigo de las renovables, del autoconsumo, y que es amigo de las nucleares y el oligopolio», ha criticado, al tiempo que cargó también contra la actitud de Ciudadanos, porque es «cómplice» del PP.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, quien añadió que «con tal de proteger a las oligarquías eléctricas, el PP, con la ayuda de Ciudadanos, es capaz de negar a los españoles nada más que el derecho al sol«. Dicho esto, Montero anunció que su grupo va a presentar un escrito a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptar el veto del Gobierno.

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

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Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

Miguel Ángel Martínez-Aroca es reelegido como el presidente de los productores fotovoltaicos españoles de Anpier para los próximos 5 años

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Europa Press.- Miguel Ángel Martínez-Aroca ha sido reelegido como presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) para los próximos 5 años. Anpier representa a los 62.000 productores fotovoltaicos, pioneros del desarrollo y generación de la energía solar fotovoltaica en España que, actualmente, aseguran haber pasado a una situación de “precariedad económica” y sin solución política por el momento.

En sus 7 años de vida la entidad ha alcanzado los 5.000 asociados y decenas de miles de simpatizantes. Además, cuenta con un equipo formado por ingenieros, abogados, periodistas, economistas, una sede en Madrid y una delegación permanente en Bruselas. A lo largo de su andadura, Anpier asegura haber alcanzado «la interlocución necesaria ante las Administraciones y el reconocimiento sectorial, mediático y social» para difundir su defensa de un nuevo modelo «energético renovable y social, que respete la seguridad jurídica».

Martínez-Aroca señaló que el objetivo de la asociación es aportar a los españoles «la confianza necesaria para participar en el sector ya no como meros consumidores, sino también como productores». También indicó que las 62.000 familias fotovoltaicas han demostrado la capacidad de los ciudadanos «de acceder a la generación eléctrica» aunque «se ha preferido mantener al pueblo al margen, fomentando la ignorancia en la materia, complicando al extremo la normativa, estimagtizando y convirtiendo sus inversiones en fracasos que disuadan a otros«. «Nuestro gran reto es cambiar este bochornoso escenario», concluyó.

Energía asegura que subastará 3.000 MW renovables, pese a reservar 1.000 MW a mecanismos de ampliación de un “anexo confidencial”

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asegura que en la próxima subasta de renovables se licitarán los 3.000 megavatios (MW) de renovables inicialmente anunciados, a pesar de que el borrador de resolución para fijar los detalles de la convocatoria solo garantiza expresamente la licitación de 2.000 MW y condiciona los 1.000 MW restantes a que concurran «determinados supuestos».

Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron que Energía licitará en total 3.000 MW, de los que 2.000 serán «conforme a la subasta de precio marginalista» y los 1.000 restantes, «con una regla de ampliación que no se hace pública para evitar ventajas» entre los distintos participantes. El punto cuarto del borrador de la resolución asegura que «se otorgarán derechos económicos para un máximo de 2.000 MW de potencia instalada, sin perjuicio de lo establecido en el anexo confidencial que regula un procedimiento por el cual en determinados supuestos se podrá incrementar la potencia asignada prevista en esta subasta».

Pese a esta redacción, Energía asegura que subastará finalmente los 3.000 MW. Esta cifra aparecerá recogida a modo de un máximo previsto en un decreto previo a la resolución con la convocatoria de la subasta. El borrador de resolución también recoge un descuento máximo en la presentación de las ofertas en función de diferentes tecnologías. Este «valor máximo del porcentaje de reducción del estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia ofertado» será un elemento que evite la presentación de ofertas temerarias, según creen fuentes del sector. Estos porcentajes se sitúan en el 66,01% en el caso de la eólica, en el 59,84% en el de la fotovoltaica y en el 98,94% en el resto de tecnologías.

Esta resolución se suma a la remitida recientemente con los detalles del proceso. La subasta utilizará un sistema marginalista en el que los interesados pujarán a la baja del incentivo hasta completar los megavatios en juego. Las ofertas se irán ordenando de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo será la que marque el precio para el conjunto. La referencia final de la subasta será «el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia para nuevas instalaciones».

Entre las novedades, figura la posibilidad de presentar ofertas negativas y el fuerte incremento de los avales, que se triplican. De este modo, los inversores interesados podrán hacer ofertas negativas para entrar a toda costa en el cupo. De cualquier forma, en caso de que las ofertas sean negativas, se tomará el valor cero. Las fuentes del sector indican que, de este modo, se incentivará aun más la competencia y se reducirá la probabilidad de que se produzcan empates. En cuanto a los avales necesarios para participar, pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros.

Las subastas serán tecnológicamente neutrales, de modo que podrán competir todas las fuentes de generación renovable. Otra de las novedades de esta subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW. También se incluye la novedad de que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento.

Las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas, pero ahora se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los diferentes proyectos generarán al sistema eléctrico. Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento. Las ofertas se ordenarán, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente y resultarán adjudicatarias de la subasta las ofertas que tengan un menor cociente hasta alcanzar por defecto el límite de potencia que se establezca.

Energía evitará ofertas temerarias en la subasta de renovables limitando los descuentos sobre el incentivo y triplicando los avales requeridos

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital incorporará nuevos elementos en la próxima subasta de renovables con el objeto de impedir la aparición de ofertas temerarias, entre los que figuran la fijación de un descuento máximo y la presentación de unos avales 3 veces superiores a los contemplados hasta ahora.

El incremento de los avales aparece recogido en un borrador de resolución, mientras que la fijación del descuento máximo aparecerá previsiblemente en otra resolución cuyo contenido se conocerá más adelante. Energía ha de determinar además la fecha de la subasta y la cantidad de megavatios en liza. La subasta utiliza un sistema marginalista en el que los interesados pujan a la baja del incentivo ofrecido hasta completar la bolsa de megavatios en juego. Las ofertas se van ordenando de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo es la que marca el precio para el conjunto.

En la resolución se incorpora como novedad que los interesados podrán hacer ofertas negativas para entrar a toda costa en el cupo. Este valor negativo de las ofertas será una señal de que el inversor no solo no generará un sobrecoste al sistema, sino incluso un ahorro. En todo caso, el borrador establece que, en caso de que las ofertas sean negativas, se tomará el valor cero. Las fuentes indican que, de esta forma, se incentivará aun más la competencia y se reducirá la probabilidad de que se produzcan empates.

Frente a esta medida, que a priori eleva la agresividad de las ofertas, Energía aprobará previsiblemente una resolución posterior que fijará el descuento máximo y que será clave para evitar las ofertas temerarias. En cuanto a los avales necesarios para participar, el borrador de resolución establece que pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros.

Energía, que ha abierto un periodo de alegaciones hasta el próximo 21 de marzo previo a su publicación en el BOE, ha diseñado como ya había anunciado unas subastas tecnológicamente neutrales, en las que podrán competir todas las fuentes de generación renovable. Esta circunstancia difiere de lo ocurrido en la primera subasta, en la que se pusieron en juego 700 megavatios (MW), de los que 500 MW eran eólicos y los 200 restantes, de biomasa.

Otra de las novedades de la subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW. También se incluye la novedad de que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas, pero ahora se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los diferentes proyectos generarán al sistema eléctrico.

Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento. Las ofertas se ordenarán, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente y resultarán adjudicatarias de la subasta las ofertas que tengan un menor cociente hasta alcanzar por defecto el límite de potencia que se establece en esta resolución, con la última oferta marcando el incentivo referente.

La termosolar reclama tener un cupo en la próxima subasta de renovables

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Europa Press.- El presidente de Protermosolar y de Estela, Luis Crespo, ha reclamado que el Gobierno asigne un cupo para las tecnologías renovables gestionables en la próxima subasta renovable. «La planificación de nueva capacidad renovable en España debe incluir, incuestionablemente, potencia gestionable, como la termosolar, que proporcione respaldo a las tecnologías fluyentes, como la eólica o la fotovoltaica», afirmó Crespo.

El presidente destacó que el precio del kilovatio hora (KWh) «no puede ser el único criterio que marque la planificación energética», ya que las centrales termosolares son hoy en día competitivas, «frente a la doble inversión que supondría centrales fluyentes respaldadas con nuevos ciclos combinados cuando concluya la vida operativa de los actuales». Crespo, que estimó que los costes de generación del kWh de las centrales termosolares con 6 horas de almacenamiento son bastante más baratos que los de las centrales fotovoltaicas, indicó que, incluso con la posición adoptada por el Gobierno de neutralidad tecnológica, las subastas deberían diferenciar entre renovables con y sin almacenamiento.

Para el presidente de Protermosolar, un sistema libre de emisiones «no puede conseguirse exclusivamente con renovables fluyentes», por lo que espera que las decisiones que se adopten para cumplir los objetivos de 2020 no estén basadas únicamente en el criterio del mínimo coste, sino en optimizar el valor de la nueva potencia para el sistema eléctrico en su conjunto y para el relanzamiento industrial nacional.

En este sentido, subrayó que los posibles apoyos a la termosolar se comienzan a pagar 3-4 años después de la aprobación de las centrales, mientras que los impactos macroeconómicos positivos empiezan de inmediato. «La contribución al PIB y al empleo serán otras razones adicionales que muevan a los responsables energéticos de los países soleados a apoyar su implantación», concluyó Crespo.