Europa Press.- La Fundación Renovables rechaza la decisión del Gobierno de endurecer las condiciones para el cierre de plantas eléctricas y tachó de «inadmisible» que el Ejecutivo trate de evitar el cierre de las centrales de carbón en lugar de comprometerse a eliminar este combustible de la generación energética antes de 2030, en el marco de la Cumbre del Clima (COP23) que acogió Bonn (Alemania) y la solicitud de Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas en España.

«Es inadmisible que, lejos de formar parte de la lista de países que han sellado la alianza global por la que se comprometen a eliminar el carbón de la generación energética antes de 2030, el Gobierno español esté poniendo todo tipo trabas para evitar el cierre del carbón», ha lamentado. En este sentido, la Fundación Renovables ha reclamado al Gobierno «coherencia y responsabilidad» ante el desafío climático y que adopte una política energética sostenible «con la mirada puesta en el horizonte de un 2050 100% renovable y con emisiones cero». La Fundación Renovables considera que con las nuevas condiciones para el cierre que se pretende establecer se «vuelve a dar la espalda a cualquier planificación de un futuro sin emisiones».

Según la Fundación, Bonn envió una «clara señal» de que las dinámicas globales se están alejando del carbón. «Nuestro país no puede seguir desoyendo esas señales, por oportunidad y conveniencia para el clima y también para nuestra economía», ha afirmado. Así, ha destacado que España cuenta con la tecnología, el conocimiento y la experiencia para estar en la vanguardia del cambio hacia una sociedad descarbonizada, por lo que apunta que solo falta «la voluntad política».

Por ello, la organización manifiesta su «total rechazo» al borrador de real decreto lanzado por el Ministerio de Energía, que hace retroactiva la ley de clausura del carbón «con el fin de vetar los planes de las eléctricas». Con esta postura, la Fundación Renovables cree que el Gobierno, «en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, se reafirma en su fósil postura y decide intervenir contra natura para mantener un parque de generación que ni los propietarios de las centrales quieren, estableciendo mecanismos de subasta carentes de cualquier tipo de sentido o planificación y abriendo la puerta a un esquema de compensación si nadie adquiere las centrales».

Nadal quiere mantener el carbón

Así, la organización ve «inadmisible que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegure que España está en la senda de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones a 2020, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantiene un pulso con las eléctricas por mantener activas las centrales más contaminantes». Además, pide al Gobierno que lleve a cabo «una verdadera reforma» en la que se establezcan los precios reales para cada tecnología de acuerdo a los criterios de «no dependencia, sostenibilidad y eficiencia».

Iberdrola solicitó el 10 de noviembre al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo. La compañía enmarcó esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007.

Tres días después, el Ministerio de Energía activó el decreto por el que regula el cierre de centrales eléctricas en España, con el que pretende asegurar que las decisiones de cierre sean «coherentes con los instrumentos de planificación energética». A diferencia del régimen anterior, que sólo contempla la seguridad del suministro, este reglamento también valorará la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos, así como su efecto sobre los precios y la competencia del mercado eléctrico. De esta manera, el Gobierno denegará el cierre de una instalación cuando considere que amenaza a la seguridad de suministro energético o del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad.