Fitch valora la propuesta del Gobierno de retribución para las renovables a partir de 2020 ya que mejora su visibilidad

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Fitch Ratings considera que la tasa de retribución financiera propuesta por el Gobierno para la actividad de producción con energías renovables a aplicar para el periodo 2020-2025, que supone un recorte del actual 7,5% hasta un 7,1%, así como la opción de mantener la retribución en el actual 7,4% hasta 2031 para las instalaciones anteriores a 2013, mejora la «visibilidad» para el sector en España.

La agencia señala que en el caso de finalmente aplicarse, ya que «está sujeta a la aprobación de la Ley este año, por lo que hay incertidumbre», sería positivo ya que representa una tasa de retribución «mayor a la esperada», especialmente para los proyectos anteriores a 2013, en los que la tasa estará establecida para dos periodos regulatorios más. Fitch destaca que con el sistema existente anteriormente para fijar la retribución, que tomaba como referencia el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años y lo incrementaba con un diferencial de 300 puntos básicos, ésta se habría reducido más.

Así, valora que la actual propuesta, que utiliza una metodología basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC), será «positiva» para los proyectos renovables ya que los retornos se mantendrán en un entorno de tipos de interés bajos. Además, subraya que proporcionará «visibilidad» durante 12 años para los proyectos anteriores a 2013, que sufrieron la aplicación del recorte a las renovables de aquel año.

PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.

Fortia Energía, comercializadora para los grandes consumidores industriales de electricidad, firma un PPA a largo plazo con la noruega Statkraft

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- Fortia Energía ha firmado con la noruega Statkraft el primer acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para grandes consumidores industriales en España y Portugal, según indicó la plataforma de compra de energía de los grandes consumidores industriales.

En concreto, durante 10 años, Statkraft suministrará 3.000 gigavatios hora (GWh) de electricidad a Fortia, que gestiona el suministro de energía de grandes empresas industriales en los sectores del acero, cemento, metalurgia, química, papel y gases industriales en el mercado ibérico que representan casi el 4% de la demanda del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel). Esta energía se obtendrá de la cartera de Statkraft en España, que consiste principalmente en nuevos proyectos de energía eólica y solar actualmente en construcción. Fortia opera desde hace más de diez años en los mercados mayoristas y es, con unas ventas anuales medias de 11 teravatios hora (TWh), la mayor comercializadora independiente del Mibel.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de la comercializadora para proporcionar a la industria un acceso competitivo y diversificado a los mercados energéticos a través de nuevos modelos contractuales de la Transición Energética, como los PPA. Por su parte, Statkraft ha cerrado varios acuerdos de compra de energía (PPA) tanto para proyectos merchant como para proyectos adjudicatarios en las pasadas subastas de renovables en España. Con una cartera de alrededor de 16.000 MW, Statkraft, propiedad del Gobierno noruego, es uno de los mayores gestores de activos renovables en Europa.

El director general de Fortia, Juan Temboury, destacó que con este acuerdo la plataforma contribuye a fomentar el desarrollo de proyectos de energía renovable, «a la vez que asegura a la industria electro-intensiva un aprovisionamiento a largo plazo a precios competitivos y predecibles». Mientras, el vicepresidente ejecutivo de Mercados y TI de Statkraft, Hallvard Granheim, señaló que este contrato reafirma la posición de liderazgo del grupo en el mercado europeo de PPA y «el compromiso de proveer energía renovable a las principales empresas industriales europeas».

CCOO y UGT seguirán reclamando ante la Justicia el incremento de los salarios de 5.000 prejubilados mineros

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- CCOO de Industria y UGT FICA presentarán un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se reconozca el derecho de las personas prejubiladas de la minería a percibir el incremento de sus salarios actualizados al IPC de 2011 y 2012, así como la regularización de los años posteriores. El conflicto afecta a unos 5.000 prejubilados de la minería de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla La-Mancha, según indicó CCOO.

CCOO cree que se trata de «un incumplimiento más» del Plan del Carbón 2006-2012, ya que en 2011 el Gobierno del PSOE modificó unilateralmente el decreto 808/2006 «sin ningún trámite de audiencia y sin consultar a las partes que lo firmaron». De esta manera, los sindicatos recurrirán el fallo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso presentado por los sindicatos para el reconocimiento del derecho a percibir esos incrementos de las prejubilaciones. Esta batalla judicial viene de lejos, ya que en 2012 la Audiencia Nacional dio la razón a los prejubilados mineros, aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que anuló ese fallo.

Las centrales nucleares generaron casi el 35% de la electricidad sin emisiones en España en 2018, según el Foro Nuclear

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La producción eléctrica nuclear ha supuesto el 34,42% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España en 2018, ya que no emiten gases ni partículas contaminantes a la atmósfera. Así lo puso de manifiesto el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, que analizó los datos de Red Eléctrica de España de 2018. «En la transición energética es necesaria la energía nuclear, hay que dejarla subsistir de aquí al año 2030 por lo menos«, señaló.

Foro Nuclear ha destacado que, con el 7,09% del total de la potencia instalada, los 7 reactores nucleares españoles han producido 53.216 gigavatios hora (GWh) netos, el 20,39% del total de la energía eléctrica consumida en España en 2018, constituyendo una «base firme y predecible» para la garantía del abastecimiento de electricidad. «Somos los mayores productores, somos fiables, estables, no emitimos CO2 y no presionamos el precio. Nadie podrá acusar a la energía nuclear de hacer que la factura sea más cara, porque entramos al mercado a precio cero», explicó Araluce, al tiempo que asegura que si se prescindiera de la energía nuclear «se dispararía el precio» de la electricidad.

Las centrales nucleares, según los datos de Red Eléctrica de España, han operado en 2018 un total de 7.192 horas de las 8.760 que tiene el año, lo que representa, de media, el 82,1% del total de las horas del año. Para Araluce, este porcentaje refleja la «disponibilidad, fiabilidad y estabilidad» del parque nuclear que, en sus palabras, funciona con «altísima regularidad, posibilitando así una adecuada gestión y la garantía del funcionamiento del sistema eléctrico». «Las centrales nucleares son necesarias si queremos hacer la transición energética de una forma predecible, garantizando la seguridad de suministro y cumpliendo con los acuerdos ambientales internacionales ratificados», ha subrayado el presidente de Foro Nuclear.

En este sentido, Araluce explicó que de aquí a 10 años sería necesario instalar en España «50 o 60 GW» de potencia de renovables, lo que supondría una inversión «de 60.000 a 70.000 millones de euros» en renovables hasta 2030. «Son unas cantidades gigantescas de dinero, pero tendrán que hacerse realidad. Los objetivos están claros pero lo difícil es el camino, la transición», ha indicado el representante de la industria nuclear, quien afirmó que, por los datos que hay, las centrales nucleares «tienen que seguir funcionando», ya que si no habría que instalar «80 o 90 GW» de potencia renovable durante los próximos 10 años.

Respecto a la seguridad de las instalaciones, ha asegurado que el nivel de regulación de las centrales nucleares en España «es altísimo», ya que hay un organismo regulador con un nivel técnico «altísimo» que las están vigilando «constantemente«. «Las centrales españolas están entre las mejores del mundo en funcionamiento. En toda actividad humana siempre puede ocurrir algo, pero las centrales nucleares son segurísimas», ha sentenciado.

Sobre la central nuclear de Almaraz (Cáceres), apuntó que hay una «incertidumbre» de lo que decidirán las empresas para la renovación de la licencia. «Cada 10 años una central nuclear tiene que presentar estudios para funcionar por 10 años más», explicó Araluce, al tiempo que ha comentado que algunas empresas «quieren pedir la renovación por un periodo inferior a 10 años» debido a la situación de incertidumbre. «En Almaraz se podría recurrir a un arbitraje si los socios no se ponen de acuerdo para pedir la licencia. En los estatutos se contempla dicho arbitraje pero considero que las compañías finalmente se pondrán de acuerdo», manifestó.

Por último, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que el «retraso» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) supone un «extracoste» pero «no influye» en que las centrales sigan funcionando. «Como el ATC no está disponible se ha hecho un almacenamiento en seco en la propia central. Se han construido pensando en que en algún momento el ATC estará disponible», concluyó.

Naturgy cerrará todas sus térmicas de carbón en España en 2020 con el cierre de Meirama, Narcea y La Robla

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Naturgy ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de todas sus centrales de carbón en España, las de Meirama (en Cerceda, Galicia), Narcea (Asturias) y La Robla (Castilla y León),según confirmó la compañía. La empresa comprometió en 2015 una inversión de casi 100 millones de euros para adaptar la factoría de Meirama, pero esa cuantía nunca se llegó a ejecutar, por lo que tampoco se desarrollaron las actuaciones de renovación tecnológica.

El grupo energético enmarca esta decisión de echar el cierre a sus plantas de carbón en 2020 en los objetivos de la política energética europea y nacional anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica para avanzar hacia la descarbonización del sistema. En concreto, el nuevo contexto regulatorio obliga a las compañías propietarias a afrontar nuevas inversiones para que estas plantas puedan continuar funcionando más allá de 2020. Asimismo, los actuales precios de mercado, el mayor coste del precio de CO2 y las tasas medioambientales han agravado la viabilidad económica de este tipo de plantas.

Fuentes de la compañía precisaron que las peticiones de cierre se presentaron el pasado diciembre y que se han presentado planes de adecuación para los casi 240 trabajadores de las tres plantas. El grupo presidido por Francisco Reynés tiene en marcha, dentro de su plan estratégico, inversiones por más de 1.000 millones de euros en generación renovable en todo el territorio nacional antes de 2020. La compañía ha trasladado también a las distintas administraciones autonómicas esta decisión y trabaja, junto a ellas, en el diseño de planes para dinamizar económicamente el entorno de las regiones donde están ubicadas estas plantas.

En el caso de Meirama, Naturgy tiene un plan por el cual prevé invertir aproximadamente 80 millones de euros en un parque eólico y en un centro avanzado de gas renovable, además de una iniciativa para atraer nuevos proyectos industriales al emplazamiento en colaboración con la Xunta de Galicia. La empresa también ha diseñado un plan de adecuación para los 77 trabajadores de la central, que contempla la recolocación de una gran parte de ellos y salidas pactadas para el resto. También se propondrá a las empresas auxiliares de la comarca continuar trabajando para los nuevos proyectos renovables de Naturgy.

En el caso de Narcea y La Roba, la compañía cuenta con un plan de adecuación para los 82 y 80 trabajadores, respectivamente, que componen la plantilla y que contempla soluciones consensuadas, bien mediante su continuidad en los trabajos de desmantelamiento o reubicación en otras unidades de la empresa, o bien mediante salidas pactadas. En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares de las distintas centrales, Naturgy hará lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo.

De esta manera, Naturgy sigue los pasos de Iberdrola, que en noviembre de 2017 pidió también al Gobierno el cierre de sus térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En el caso de Endesa, también el pasado mes de diciembre presentó la solicitud formal de cierre para sus centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al ser «imposible» abordar las inversiones necesarias para que estas plantas cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea que entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

No obstante, la energética presidida por Borja Prado sí continuará con la generación en las centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), donde sí que realizó las inversiones necesarias. De esta manera, de las 14 centrales operativas en España, no habrá abiertas más allá de 2020 más que 5; estas 2 de Endesa, Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.

Ribera defiende ante los inversores internacionales que la transición energética movilizará en España más de 200.000 millones hasta 2030

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. Ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es «un país idóneo» para invertir de manera sostenible y un país «atractivo» para las inversiones en energía.

«Nuestro país tiene el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la Unión Europea», indicó Ribera, quien subrayó que transformar la economía y hacerla más sostenible generará «oportunidades a largo plazo«. No obstante, destacó que, para aprovechar estas oportunidades que presenta la transición energética, será necesario contar con «una visión de país a medio y largo plazo y con un plan estratégico.

Ribera apuntó que, de esta previsión de cifras de inversión que se presentan con la transición energética, un 45% será para renovables, un 40% para eficiencia energética y un 12% para la electrificación, y señaló que podrían suponer un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.000 y más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década. Asimismo, consideró que renovar el modelo energético «es fundamental» ya que pasar a un modelo de cero emisiones en 2050 requiere focalizarse en eficiencia y renovables. «Todos los negocios tienen una oportunidad en las medidas que llevarán a ese modelo en la transición», apuntó.

Posteriormente, la ministra indicó que una transformación tan importante «requiere maximizar las inversiones en eficiencia», así como inversiones en redes y digitalización. «Todo ello son grandes oportunidades de inversión para el conjunto de la economía, pero también para el consumidor, y es lo que queremos reflejar en esa senda que será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima«, añadió. Ribera afirmó que estas oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros son una cifra «muy importante» que tendrá «un impacto muy positivo en el conjunto de los ahorros de la balanza comercial, de la dependencia energética del exterior, de generación de empleo y de crecimiento del PIB».

Confianza en aprobar los Presupuestos

Por otro lado, Ribera mostró su confianza en que el Congreso de los Diputados respalde los Presupuestos para 2019 ya que son «enormemente importantes desde el punto de vista social del acompañamiento social en un momento de cambio y modernización de la economía». No obstante, Ribera aseguró que en el caso de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno dispone unos presupuestos prorrogados «que permiten funcionar con total normalidad».

Sobre el decreto por el que se devuelven a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en energía, entre ellas los peajes de la luz y el gas, la ministra aseguró que el regulador se encargará ya de la siguiente revisión para 2020, ya que la medida entró en vigor con el decreto. «Evidentemente lo fijará para la siguiente revisión, que es en 2020», apuntó.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá su asignación en los Presupuestos de 47 millones de euros durante 2019

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.– El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá prácticamente invariable su asignación presupuestaria para 2019, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación. Así, el CSN contará con 47 millones de euros de asignación presupuestaria, la misma suma que durante 2018, aunque con un ligero incremento del 0,1% respecto a los 46.877.940 euros del año pasado.

Se trata del segundo año consecutivo en que el regulador nuclear mantiene su partida presupuestaria, con muy leves incrementos, puesto que el año pasado aumentó un 0,9% respecto al 2017. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. El organismo se enfrenta actualmente al proceso de renovación de buena parte de los consejeros del pleno por motivo de fin de mandato o por jubilación.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».