El sector eólico prevé la instalación de 2.000 MW nuevos cada año para alcanzar el 70% de la demanda del país

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Europa Press.- El sector eólico español prevé la instalación de aproximadamente 2.000 megavatios (MW) cada año, con el fin de que el conjunto de las renovables consiga alcanzar al menos el 70% de la demanda eléctrica de España, frente al 40% actual.

Así se desprende de una jornada organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la que 170 profesionales del sector han identificado y debatido sobre los elementos que aún faltan para poder empezar a construir «el próximo cambio estructural energético».

La presidenta de AEE, Rocío Sicre, se ha mostrado «optimista» de cara a la evolución del sector en los próximos años, lo que repercutirá «de forma considerable» en el aumento del empleo y en una participación «más activa» en la operación técnica y económica del sistema eléctrico.

«La eólica ha sido protagonista en la pasada década, permitiéndonos duplicar la generación renovable, con todos los beneficios económicos, industriales y medioambientales que esto ha supuesto para el país. Los próximos años serán claves para el incremento de la aportación de la eólica en España», ha indicado Sicre.

LA EÓLICA CUBRE EL 19% DEL CONSUMO

En diciembre, el sector eólico cerró el año con 23.484 MW y habiendo cubierto el 19% de las necesidades de consumo eléctrico de los españoles, a expensas ahora de la presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, así como del posible cronograma de las futuras subastas de potencia renovable.

La vicepresidenta de OMIE, Carmen Becerril, ha inaugurado el encuentro destacando que los objetivos de 2030 «son alcanzables y posibles». «La colaboración de la eólica a la generación de precios y en el desarrollo del sistema eléctrico es el fenómeno más importante que hemos podido vivir en los últimos 20 años», ha añadido.

El evento se ha centrado en evaluar las perspectivas del desarrollo de los nuevos proyectos eólicos, tanto los que han surgido como resultado de las subastas de renovables como los proyectos que se están construyendo con las coberturas de riesgo ‘merchant’.

Asimismo, se han analizado las nuevas subastas, la regulación sobre hibridación de proyectos, la repotenciación o las perspectivas europeas, en un escenario de progresiva integración para consolidar el mercado único europeo.

El Gobierno prepara con Podemos, a falta de acuerdo con el PP, los consejeros que renovarán el pleno del CSN

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Europa Press.– El Gobierno ha decidido ya a quien quiere situar en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y está a la espera de alcanzar un acuerdo con el PP, que se resiste a perder peso en el regulador nuclear en beneficio de Podemos, ya que la propuesta socialista incluye sentar en el Consejo a un representante de Unidos Podemos.

En la actualidad, el presidente del CSN, Fernando Martí, está en situación de prórroga desde el 28 de diciembre, cuando expiró su mandato, igual que Jorge Fabra, consejero del ala socialista que sustituyó a Cristina Narbona, pero quien desde el pasado 2 de febrero ha cesado definitivamente en sus funciones por jubilación, al cumplir 70 años de edad. Esa es la fecha límite que marca el estatuto del regulador atómico para ocupar un asiento en el pleno, de acuerdo con la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que data de abril de 1980.

De este modo, quedan con mandato vigente Javier Dies, propuesto por el PP, así como la vicepresidenta, Rosario Velasco, del PSOE, y Fernando Castelló, también del PP, aunque estos dos últimos también terminarán su mandato el próximo 22 de febrero. En definitiva, en este momento, de los 5 miembros del pleno, uno está cesado, otro en funciones y otros dos lo estarán en una semana. Actualmente el pleno solo cuenta con 4 miembros, frente a los 5 habituales y, de acuerdo con la normativa del CSN, en caso de empate, será el presidente, Fernando Martí, quien tome la última decisión.

Según explicaron fuentes socialistas conocedoras de la negociación, el Gobierno formalizará próximamente su propuesta a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, pues el regulador nuclear rinde cuentas ante el Parlamento. El Ejecutivo quiere plasmar en el pleno del CSN el actual reparto de fuerzas parlamentarias y, por tanto, quiere dar un sitio a Podemos, con quien ha pactado el perfil del nuevo consejero. Así, el candidato a entrar, según han confirmado estas fuentes, sería el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Sin embargo, Castejón no es bien visto por el PP, que se opone «hasta el momento», siempre según estas fuentes, a su nombramiento al considerar que no es apto para el cargo por ser un declarado contrario a la energía nuclear y porque con el nuevo reparto propuesto por el Gobierno los populares perderían un asiento en el pleno del regulador. Eso sí, hasta ahora y desde la marcha de Antonio Gurguí, propuesto por el antiguo CiU, el PP tenía una mayoría en el pleno del regulador, donde contaba con Javier Dies, Fernando Castelló y el presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Los candidatos, que serán propuestos próximamente a la Comisión, tendrán que exponer su idoneidad para el cargo y ser refrendados por tres quintos de la Comisión, una mayoría para la que el PSOE y Podemos necesitan los votos del PP, grupo que podría presentar un veto razonado a los candidatos. En caso de no obtener esa mayoría, un mes después de la fallida votación el Gobierno puede aprobar los nombramientos por Real Decreto. Así fue precisamente el nombramiento de Javier Dies, por Real Decreto Ley el 16 de diciembre de 2015, ya que la Comisión de Industria consideró que pese al perfil nuclear del candidato, su nombramiento daba una mayoría absoluta al PP en el reparto de fuerzas del regulador.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de creación del CSN, los consejeros seguirán en su puesto hasta que tomen posesión sus sucesores. En caso de que no se hayan designado nuevos consejeros, el artículo 9 del estatuto del CSN señala que el secretario general del regulador comunicará al Congreso de los Diputados la situación de prórroga del presidente o consejero o consejeros «en la fecha en que dicha prórroga supere 6 meses«.

Precisamente, desde Ciudadanos han reclamado la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique los planes para renovar el CSN puesto que, según la formación naranja, el Ejecutivo tiene el nuevo pleno «acordado y pactado en una habitación oscura» con PP y Podemos. El portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, denunció que el Gobierno «sigue practicando» en el CSN la «política del dedazo» y considera que «se tiene que acabar el pasteleo de los partidos nombrando a dedo las instituciones públicas» y apostar por perfiles más profesionales, especialmente para cuestiones como la seguridad nuclear.

En este sentido, ha recordado que, tras su llegada a la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez «quitó» de la presidencia de ENUSA a un ingeniero que llevaba en el sector 20 años, «para poner a un filósofo«. «Esa actitud de colonización de las instituciones es lo que nos ha llevado a la corrupción y la mala gestión y eso se tiene que acabar», ha insistido.

Lo cierto es que las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós (Tarragona) tienen puesto el cronómetro con la vista puesta en la fecha de 31 de marzo de 2019. Para entonces, siempre y cuando el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, deberán presentar su solicitud de renovación de su licencia de explotación, que expira en 2020. Sin embargo, si el Plan no está aprobado para entonces, Almaraz tendría algo más de plazo, hasta el 7 de abril, y Vandellós hasta el 21 de mayo, para presentar formalmente su solicitud.

En todo caso, si las plantas presentan su solicitud y no hay cambios en la política energética, el regulador aún tardará un año en analizar el resto de la documentación y como pronto el regulador no tendrá una decisión hasta marzo de 2020. Hace dos años ambas plantas presentaron la documentación asociada a su autorización de explotación, que fuentes internas del CSN aseguran que se estudia según la tramitación habitual.

RWE cree que 2038 es demasiado pronto para el adiós alemán al carbón y supondrá una pérdida significativa de empleo

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Europa Press.- La recomendación de que Alemania deje de usar completamente carbón como combustible a partir de 2038, efectuada por una comisión designada por el Gobierno, tendrá un impacto negativo significativo sobre el empleo, según ha advertido la eléctrica alemana RWE, señalando que la fecha fijada para el abandono de esta fuente de energía «es demasiado pronto».

«La fecha de finalización de 2038 recomendada por la Comisión para la generación de energía a base de carbón es demasiado pronto para la compañía», advierte la utility germana, que defiende la necesidad de volver a examinar esta fecha en 2032. En este sentido, RWE sostiene que la implementación de las propuestas de la Comisión gubernamental representaría un tour de force de políticas estructurales para las regiones afectadas, añadiendo que las medidas planteadas por los expertos para abordar estos problemas representan «un buen primer paso», pero advirtiendo de que la gestión de este cambio estructural «es una tarea de décadas».

Asimismo, la eléctrica recuerda que ya había advertido de que este plan tendría un «impacto considerable en la empresa y sus empleados», tanto de manera directa como mediante proveedores y empresas colaboradoras. «Las propuestas de la Comisión tienen graves consecuencias para el negocio de lignito de RWE», advirtió Rolf Martin Schmitz, consejero delegado de RWE, subrayando el compromiso de la empresa para salvaguardar los intereses de sus empleados y accionistas.

El máximo ejecutivo de RWE ha añadido que las propuestas supondrán «una reducción significativa» de puestos de trabajo para 2023, aunque aún no se puede cuantificar», pero que va «mucho más allá» de los planes anteriores. En este sentido, Schmitz ha apuntado el impacto directo sobre los empleados de las plantas afectadas por el cierre previsto para 2022, añadiendo que indirectamente se verán afectados también los empleados en minería a cielo abierto, por lo que ha expresado su deseo de que el plan se ejecute de una manera socialmente aceptable, «porque los empleados no deben ser víctimas de decisiones políticas».

La llamada Comisión del Carbón recomendó que Alemania deje de usar este combustible a más tardar en 2038. La Comisión solo efectúa recomendaciones. La puesta en práctica correrá por cuenta del Gobierno federal de la canciller Angela Merkel y de los Ejecutivos de los estados federados. Un 37% de la energía eléctrica de Alemania se genera a través de la producción de lignito y hulla.

Alemania aspira a poner fin a la explotación de lignito y hulla para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El carbón cobró mayor importancia al resolver el Gobierno el apagón gradual de la centrales nucleares hasta 2022. La Comisión aconsejó que los estados federados afectados reciban compensaciones de unos 40.000 millones de euros durante un plazo de 20 años y propuso que en el año 2032 se revise la posibilidad de adelantar la fecha de salida a 2035 en consenso con los operadores energéticos.

Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

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Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

El sector industrial lastra el consumo eléctrico de las grandes empresas y lo hace caer en un 3% en diciembre

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Europa Press. – El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas ha caído el pasado mes de diciembre un 3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE).

Por sectores, el consumo industrial descendió un 3% y el de los servicios un 2,4%. De este manera, en los cálculos de estos datos se ha previsto los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

Si se compara con el mes de diciembre de 2017, y centrado en las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia bajó un 3,7% y la industria química un 7%; la fabricación de otros productos minerales no metálicos creció un 4,4%, y la industria de la alimentación un 2,8%; mientras que la industria del papel cayó un 0,1%.

En este sentido, las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas durante el mes fueron la fabricación de otros productos minerales no metálicos, con un aumento del 4,4%, la industria de la alimentación (+2,8%), el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+8,7%), otras industrias extractivas (+4,1%) y el comercio al por mayor e intermediarios del comercio excepto de vehículos de motor y motocicletas (+1,5 %).

 

Desciende el 1,3% en todo el año

Si atendemos a los datos de los últimos 12 meses, el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 1,3% respecto al ejercicio 2017.

Desglosado por sectores, el consumo de la industria descendió un 2,5% y el de los servicios aumentó un 0,6%, según los datos del índice de Red Eléctrica.

Cabe destacar que el IRE es un indicador cuyo objetivo es facilitar información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes y medianas empresas, entendidas como aquellas que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios. Así, las medidas se recogen en más de 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas.

 

La Fundación Renovables defiende en el Congreso el cierre programado de las nucleares antes de 2024

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Europa Press.– El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, defendió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024. Ferrando trasladó su preocupación por la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar próximamente a Bruselas, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años.

Ferrando también tuvo la oportunidad de exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear y responder a los distintos planteamientos expuestos por los representantes de los Grupos Parlamentarios tras su intervención. Según indicó la organización, Ferrando explicó que la Fundación Renovables propone el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024 porque «son insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad».

La Fundación Renovables señaló que su propuesta lleva implícita una auditoría técnica sobre el estado de cada central y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. A estos efectos, considera que los propietarios «tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones para mantener el máximo grado de seguridad».

Nuevo récord de producción de energía eólica diaria en el sistema peninsular, con 367.697 MWh

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Europa Press. – La generación eólica ha marcado un nuevo récord al producir 367.697 megavatios hora (MWh), superando así los 365,384 MWh que se registraron el 12 de febrero del 2016 y que suponían el anterior mejor registro.

Específicamente, este registro ha supuesto que la eólica haya cubierto el 43,2% del total del sistema eléctrico español de la jornada y se convirtiera así, en la tecnología líder de generación del momento, seguida de la nuclear (17,7%) y el carbón (12,8%), según los datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE).

Durante la jornada, el viento ha sido el auténtico protagonista del sistema eléctrico peninsular. En este sentido, el conjunto de las renovables ha significado el 53,3% del ‘mix’ de generación y las tecnologías limpias (que no emiten CO2 a la atmósfera) aportaron así, el 71,3% del total.

Finalmente, la capacidad instalada de potencia eólica asciende a 23.041 MW en el sistema eléctrico peninsular español. Las nuevas renovables deberán incrementarse en el entorno de 5.000 MW cada año hasta el 2030 como parte de la transición energética, para cumplir con los objetivos de descarbonización y lucha contra el cambio climático marcados por la Unión Europea, que incluyen que el 32% de la energía final consumida sea de origen renovable.

Las principales compañías eléctricas defienden en el Congreso una menor fiscalidad para afrontar más inversiones en las centrales nucleares

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP han defendido en el Congreso ante los grupos parlamentarios la necesidad de rebajar la carga fiscal a la que deben hacer frente con el fin de poder acometer las inversiones necesarias en sus centrales nucleares. Estas compañías acudieron a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dentro del marco de comparecencias que tienen lugar para elaborar el informe parlamentario de este organismo del ejercicio 2017.

Concretamente, acudieron a la comisión, celebrada a puerta cerrada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Iberia de Endesa, Gonzalo Carbó de Haya, y el director de Generación EDP, Miguel Mateos. Más allá de la actividad desarrollada en el ejercicio en cuestión, diferentes grupos han explicado que las compañías plantearon que tenían que hacer frente a «una carga tributaria inasumible» o que los costes eran «exagerados».

«Básicamente ese era el mensaje. O me bajáis los impuestos o la nuclear no me sale rentable porque no salen las cuentas», ha explicado uno de los diputados, al tiempo que otra diputada presente en las comparecencias se preguntaba cómo podían ser negocios no rentables cuando siguen operando y su voluntad es continuar haciéndolo. «Se les preguntó si era cierto que no querían seguir operando y ninguna lo afirmó, todo lo contrario. Dijeron que estaban preparadas después de incorporar modificaciones tras Fukushima y que estaban dispuestos a pasar la revisión periódica», ha asegurado esta diputada.

Y es que, según corroboró otro diputado, ninguna de las compañías expresó que el negocio fuera inviable. Es más, considera que con los datos expuestos, la sensación que dejaron fue de que tenían una «firme disposición» de mantenerse. «Van a solicitar la prórroga todos», apostilló. Una afirmación que no es unánime dentro de la ponencia, puesto que otro diputado destaca que únicamente Endesa avanzó de forma contundente que, salvo que se le impidiera, iba a pedir el alargamiento de vida de sus centrales por 10 años más, mientras que el resto, Iberdrola, Naturgy y EDP, se mostraban más a la expectativa de lo que marque para las nucleares el futuro Plan de Energía y Clima.

Así, otra diputada incidió en la necesidad de contar con esta estrategia con la suficiente previsión, y así no repetir errores del pasado. «Por eso pedimos una planificación ya. Si no, viviremos la situación de Garoña», apuntó. «Hay que dar algo de estabilidad política y previsión, y que nadie vaya a presionar ni a poner en un brete a ningún Gobierno, amenazando con cerrar», sentenció.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».