La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

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Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

Acciona y Siemens Gamesa, entre las empresas del sector energético que piden adoptar un precio suelo europeo del carbono

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Europa Press.– Un grupo de empresas globales, entre las que figuran Siemens Gamesa y Acciona, han propuesto la introducción de un precio suelo europeo o regional del carbono en el sector eléctrico y un precio mínimo para el transporte y edificación. Junto a las dos compañías españolas, también lo proponen empresas vinculadas al sector energético como EDF, Engie, Orsted, Verbund, Vestas, EnBW, Enercon, SSE o Nordex, entre otras.

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, animó a los Estados europeos «a suscribir esta iniciativa». «Creemos que un precio suelo del carbono supondrá una importante contribución a la descarbonización eficiente de la economía europea y nos ayudará a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. La transición a un mundo más limpio es una misión que apoyamos y aceptamos», indicó. Según el grupo, las señales «predecibles y coherentes» de los precios del carbono se consideran en general la forma más eficiente de estimular la toma de decisiones respetuosas con el medio ambiente por parte de empresas y consumidores.

En un informe elaborado por FTI Consulting y Compass Lexecon, que será presentado el próximo 19 de diciembre, destacan que con un precio suelo de carbono, las emisiones de CO2 del sector eléctrico podrían reducirse en un 29% adicional de aquí a 2030 en la zona con precio mínimo de carbono, mientras que las emisiones totales del sector de los países de la Unión Europea se reducen en un 17%.

Además, subrayan que un precio suelo del carbono reduce los costes de las inversiones ya que la menor volatilidad de los precios de la energía conduce a una disminución de los costes de financiación. Asimismo, consideran que un precio suelo del carbono impulsa la transición energética, permitiendo realizar más proyectos de energía renovable con menos apoyo financiero e impulsa una aceleración del cierre progresivo de las centrales de carbón. También proponen, a corto plazo, utilizar los ingresos presupuestarios derivados del precio suelo del carbono para mitigar los posibles impactos sobre las industrias intensivas en energía.

Bruselas autoriza a Francia a invertir 600 millones en instalaciones solares innovadoras mientras la ONU pide triplicar la lucha climática

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Europa Press.- La ONU ha advertido a los países de que deben triplicar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y lograr así reducir las emisiones después de que alcanzaran un récord en 2017. Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado el plan de Francia para invertir 600 millones de euros de fondos públicos en instalaciones solares eléctricas innovadoras, al concluir que la medida ayudará a la Unión Europea a cumplir con sus objetivos energéticos y climáticos sin distorsionar la competencia.

El esquema está financiado con el presupuesto estatal francés y busca impulsar el despliegue de 350 megavatios adicionales de capacidad de generación. Los fondos están disponibles para instalaciones tanto en edificios como a nivel del suelo con una capacidad de entre 100 kilovatios y 5 megavatios. Los beneficiarios serán seleccionados a través de licitaciones públicas que se celebrarán a lo largo de 2019 y recibirán el apoyo público en forma de tarifas de alimentación o de complemento de remuneración durante un periodo de 20 años.

El Ejecutivo comunitario determinó que este programa de ayudas cumple con las normas europeas sobre ayudas de Estado por estar destinado a impulsar el despliegue de energías solares renovables e innovadoras y evitar que los beneficiarios sean sobre compensados. «Nuestro futuro estará alimentado por energía renovable. La iniciativa francesa que aprobamos promocionará las instalaciones solares innovadoras y contribuirá a la transición de Francia a un suministro de energía bajo en carbón y sostenible», destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Las emisiones en niveles récord

Por otro lado, un informe de Naciones Unidas ha concluido que las emisiones globales podrían llegar a estar entre 13.000 y 15.000 millones de toneladas por encima del nivel que se ha estimado como necesario para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un incremento térmico global de 2 grados centígrados. El noveno informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU ha analizado en detalle el impacto del cambio climático y confía en que durante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) se alcance un manual de normas sobre la implantación del Acuerdo del Clima de París que insta a limitar el aumento global de las temperaturas.

El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) ha indicado que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero llegaron a 53.500 millones de toneladas en 2017 después de tres años consecutivos de descensos. Sin embargo, las emisiones de GEI en 2030 deberán bajar desde un 25% a un 55% para situar al mundo en el camino para limitar la temperatura global de 2ºC a 1,5 ºC. El aumento de las emisiones y la lacónica acción significa que la brecha para el informe de este año es «mayor que nunca», según el estudio.

Las políticas climáticas actuales deberán acometer un recorte de 6.000 millones de toneladas de CO2 en 2030, para detener el calentamiento a la atmósfera para 2100, aunque sus efectos seguirán más allá de ese horizonte. El estudio advierte también de que si la brecha de emisiones no se cierra en 2030 es muy plausible que el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a 2ºC esté también fuera de alcance. Para mantener como posible este reto de los 2ºC los países deberán triplicar sus esfuerzos actuales, mientras que para alcanzar el objetivo de 1,5ºC la ambición se deberá quintuplicar.

En la actualidad, las 20 mayores economías del mundo (G20) no están de forma colectiva en el camino de alcanzar sus compromisos, según la UNEP. Así lo confirma el análisis y la revisión del progreso de los compromisos de los países en este sentido, las también llamadas contribuciones nacionales, que indican que son «insuficientes». A esto se suma el informe del Panel de Cambio Climático de la ONU (IPCC) que advertía de que para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un incremento de 1,5ºC se deberá hacer rápidamente un esfuerzo sin precedentes.

Las instituciones locales, nacionales y los gobiernos regionales; las compañías, los inversores, la educación superior y las organizaciones de la sociedad civil están incrementando sus compromisos para la acción climática mundial y están ejerciendo una fuerte presión. Aunque las estimaciones de reducción de emisiones potenciales varían, se prevé que se podría evitar hasta 2030 unos 19.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y con ello se podría alcanzar el objetivo de los 2ºC.

El Gobierno incorpora a la normativa española el reglamento de la directiva de Euratom sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento sobre seguridad nuclear en las instalaciones nucleares con el que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/87/Euratom que establece que el objetivo debe ser la prevención de accidentes en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación nuclear.

En la actualidad la normativa española ya tenía incorporada en gran medida los requisitos que exige esta Directiva pero no contaba con una norma de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear en instalaciones nucleares. El cambio es que la responsabilidad primordial en materia de seguridad nuclear recae sobre el titular de la autorización e incluye el control de las actividades de los contratistas y subcontratistas que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones nucleares.

Las nuevas exigencias pretenden garantizar un alto nivel de seguridad nuclear para proteger a los trabajadores y al público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de centrales y reactores nucleares o instalaciones de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado o residuos radioactivos de alta actividad. En concreto, a partir de ahora los requisitos generales en el emplazamiento, diseño, construcción, puesta en marcha, explotación y desmantelamiento de las mismas deben ir dirigidos a la prevención de los accidentes y atenuar sus consecuencias.

Asimismo, se deberá evitar que las emisiones radioactivas que requieran medidas de emergencia fuera del emplazamiento y las grandes emisiones radiactivas que requieran medidas de protección a la población. Se trata de objetivos trasversales que inciden en todas las etapas de vida de una instalación nuclear: desde la concepción y diseño del proyecto, la construcción, la puesta en marcha, la implantación de sistemas de gestión, la explotación y el desmantelamiento.

Moving for Climate NOW llega a Katowice (Polonia) y entrega su Manifiesto a la ONU al inicio de la COP24

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Europa Press.- El equipo ciclista Moving for Climate NOW, iniciativa impulsada por la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas e Iberdrola, ha llegado a Katowice (Polonia) tras haber recorrido más de 600 kilómetros en bicicleta eléctrica desde que partiera de Viena (Austria), para concienciar a la sociedad de la necesidad de actuar con urgencia y con todos los mecanismos disponibles contra el cambio climático.

Coincidiendo con el inicio de la Cumbre del Clima (COP 24) en Katowice, Moving for Climate NOW ha sido recibido en la ciudad por el secretario ejecutivo adjunto de la secretaría de la ONU para el cambio climático (UNFCCC, por sus siglas en ingles), Ovais Sarmad, y por el responsable de la unidad de Política Climática del Ministerio de Medio Ambiente de Polonia, Jakub Gibek.

Durante el encuentro, el equipo ha entregado a Sarmad y Gibek el Manifiesto contra el cambio climático que han trasladado a lo largo de toda la marcha. Este documento se focaliza en esta ocasión en el Diálogo de Talanoa, espacio de conversación diseñado para fomentar la participación de gobiernos y sociedad civil, con el objetivo de hacer un balance del trabajo conjunto realizado hasta el momento para la consecución de los objetivos climáticos acordados en la Cumbre de París de 2015. Iberdrola es la única empresa española y la única energética presente en los debates de la fase técnica de este Diálogo, según la compañía.

El manifiesto afirma que «la Cumbre de Katowice va a ser muy importante porque es el momento de ultimar los principales elementos del Acuerdo de París y aplicar las conclusiones del Diálogo de Talanoa para fundamentar futuras medidas climáticas, teniendo en cuenta asimismo las conclusiones y directrices del informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5ºC y la magnitud de las medidas requeridas». Asimismo, aboga por una transición justa que preste especial atención a las comunidades vulnerables y no deje a nadie atrás y en la que el sector energético juega un papel fundamental, contribuyendo a desarrollar un modelo basado en energías limpias, movilidad sostenible y eficiencia energética.

Durante el encuentro, Ovais Sarmad ha elogiado la labor de los ciclistas participantes en la marcha «por inspirar al mundo para avanzar en la dirección correcta que permita cumplir el Acuerdo de París». «Esta es la COP más importante desde la firma del Acuerdo y necesitamos iniciativas como ésta para poner de manifiesto que gobiernos, sector privado y ciudadanos pueden trabajar juntos para luchar contra el cambio climático a través de alianzas multilaterales», ha añadido.

Mientras, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé, ha afirmado tras entregar el Manifiesto que «necesitamos cambiar el relato y explicar a la ciudadanía que la descarbonización de la economía es menos costosa que la no descarbonización: ya nos estamos enfrentando a los costosos problemas que se derivan de la quema de combustibles fósiles, a través de los presupuestos gubernamentales para salud e infraestructuras«. Asimismo, Sallé añadió que «la lucha contra el cambio climático es una obligación, tenemos que convertir los riesgos en oportunidades de negocio y debemos aumentar tanto la ambición como la urgencia».

Por su parte, el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas Víctor Viñuales ha transmitido que «el desafío climático es uno de los pilares de la Agenda 2030 y un reto tan urgente que no puede ser abordado individualmente». «La acción colectiva a través de las alianzas aumenta nuestras posibilidades de éxito y queremos ampliar el nivel de compromiso para llegar al mayor número posible de grupos de interés. Moving for Climate NOW es una metáfora: un viaje a una economía baja en carbono, que conlleva esfuerzo, visión y cómplices comprometidos en el camino», resumió.

En la presentación del movimiento, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, afirmó que «la transición energética hacia la descarbonización va a requerir de la aportación de todos, así como de valentía en la toma de decisiones, constancia en su ejecución y sensibilidad para las comunidades vulnerables, para no dejar a nadie atrás. Es técnica y económicamente posible, es una oportunidad y, además, es una demanda de la sociedad que reclama respuestas de futuro».

Moving for Climate NOW celebra ya su tercera edición, después de haber pedaleado ya hasta la Cumbre del Clima de Marrakech, en 2016 (COP 22), y la de Bonn, en 2017 (COP 23). En esta nueva edición, la marcha partió de Viena (Austria) el lunes 26 de noviembre hasta llegar en diciembre a Katowice (Polonia), coincidiendo con el arranque de la Cumbre del Clima (COP24) que comienza en la ciudad.

El equipo está formado por más de 40 personas procedentes de distintas organizaciones y países, en línea con el ODS17 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (alianzas para lograr los objetivos). En esta tercera edición se han unido al equipo ciclista Moving for Climate NOW representantes de asociaciones como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y de organismos gubernamentales como la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad.

Asimismo, hay organizaciones no gubernamentales como Ayuda en Acción, Federación Europea de Transporte y Medioambiente, Peace Boat y The Climate Reality Project y de centros universitarios y think tanks como la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Federal de Río de Janeiro, el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y el equipo nacional de rugby, además de la filial brasileña de Iberdrola, Neoenergia. Como en las anteriores ocasiones, la marcha ha cumplido con la paridad de género, en línea con el cumplimiento del ODS 5.

Ribera estudia que las cuencas asuman las instalaciones hidroeléctricas al acabar su concesión mientras Unidos Podemos pide su gestión pública

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que «no es descartable» que las cuencas hidrográficas puedan explotar «de forma transitoria al menos» instalaciones hidroeléctricas cuya concesión finaliza, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios que puedan derivarse «sin que puedan cederse a un tercero«. Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, en el Pleno del Congreso.

Ribera ha destacado la extinción de estas concesiones como una «oportunidad» para replantear el papel que debe jugar en la transición energética la energía hidroeléctrica, que representa un 20% de la potencia instalada, y «moderar los precios de mercado». La ministra ha subrayado que deberá ser la Dirección General de Aguas, quién evalúe qué hacer con las instalaciones a medida que se van extinguiendo estas concesiones. Según ha explicado, deberá analizarse «en el marco comunitario» si estas instalaciones son financieramente viables, o incluso si deben ser demolidas en caso de que su mantenimiento sea contrario al interés público. Asimismo, Ribera ha señalado que podrían sacarse de nuevo a concurso instalaciones.

En estos pliegos, ha añadido, deberá incorporarse la retribución al organismo de cuenca por canon concesional, un plan de inversiones, una valoración del inmovilizado con su inventario y con la obligatoriedad de que la reversión sea «gratuita y libre de cargas», de forma que la Administración no deba asumir ningún coste en caso de aprovechar las instalaciones. En este sentido, la ministra cree que «la demanda social» de «revertir al interés público» los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas «debe ser atendida«, una demanda que, ha asegurado, «encaja» con las premisas de las directivas comunitarias correspondientes.

El diputado Josep Vendrell (En Comú Podem) ha coincidido en la «oportunidad histórica» que se presenta con la caducidad de estas concesiones. A su juicio, han sido «un chollo» durante estos años al tratarse de centrales «hiperamortizadas». Por ello, ha reclamado al Gobierno que facilite la gestión de las mismas a través de sociedades públicas que exploten estas instalaciones y, aunque ha concedido que es «admisible» que puedan volver a producirse concursos, «no sin revertir beneficios» al sector público, y ha defendido que la reversión pueda llevarse a cabo a través de una titularidad pública.

Ha exigido un «debate a fondo» sobre esta cuestión, el establecimiento de auditorías sobre las concesiones, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el papel que han jugado estas instalaciones en los precios del sistema eléctrico. Y es que ha señalado que la producción de energía hidroeléctrica «es enormemente rentable«, pues al estar construidas en un anterior período regulatorio y estar ya amortizadas, gozan de una sobrerretribución que, ha recordado, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, llamaba a acabar. Asimismo, ha recordado las denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por casos de «manipulación de precios».

Endesa, Iberdrola y Naturgy asumirán más del 88% de la financiación por las comercializadoras eléctricas del nuevo bono social

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola y Naturgy se harán cargo de más del 88% del coste del nuevo bono social eléctrico, según la orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado octubre, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que amplía las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.

El decreto-ley hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. La norma también prorrogaba hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, que expiraba en octubre.

Según la orden, Endesa se hará cargo del 37,14% del coste del nuevo bono social, mientras que Iberdrola correrá con el 35,04% y Naturgy asumirá el 15,81%. Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,69% del reparto de la financiación del bono social, a Viesgo Infraestructuras Energéticas el 2,2% y a Cide HCEnergía un 1,47%. En total, la financiación del nuevo bono social recoge a unas 250 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica.

Precio más bajo de Europa

Por otro lado, España ha registrado el menor precio mayorista de la electricidad de los principales países europeos, con 65,9 euros por megavatio hora (MWh). Así, el precio del pool en España se situó muy por debajo del que marcarán mercados como Alemania (84,1 euros por MWh), Italia (84,8 euros por MWh), Francia (90,5 euros por MWh) o Reino Unido (87,7 euros por MWh). Fuentes del sector indicaron que el principal motivo para este nivel de precios es la reducida producción renovable en todo el Viejo Continente y las bajas temperaturas. Sin embargo, en España la producción renovable es ligeramente superior a la media y las temperaturas son más suaves.

Estos precios están alejados del máximo anual alcanzado el pasado septiembre, cuando se situó en 75,93 euros por megavatio hora (MWh). La causa fue la baja aportación de las energías renovables al mix, especialmente de la eólica, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto, según la novena liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador indicó que este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 393,9 millones de euros y de la actividad de la distribución en 220,9 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta liquidación alcanzó los 167.541 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 69,4% de la demanda prevista para 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (68,2%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 85,83% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.622 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el 31 de septiembre asciende a 5.414,5 millones de euros (antes de impuestos).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 614,026 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,177 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 326 millones de euros, frente a un déficit de 396 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 17,8%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.012 millones de euros, un 5,8% superior al 2017 debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta novena liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.122 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 31 de septiembre ha ascendido a 7,88 millones, con un aumento interanual de 103.366 consumidores (+1,3%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

El MIT considera que la energía nuclear es «clave» para lograr los objetivos de la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- Un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) considera que la energía nuclear es «clave» para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía y luchar contra el cambio climático ya que, sin la contribución de esta tecnología, el precio de reducir de manera suficiente el CO2 aumentaría «significativamente».

El codirector del estudio del MIT, Jacopo Buongiorno, ha explicado el trabajo The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World e insiste en que la no emisión de CO2 durante la producción eléctrica de la energía nuclear, hace a esta tecnología «esencial» en la lucha contra el calentamiento, en el cumplimiento de los Acuerdos de París y durante la transición hacia una economía baja en carbono en muchas regiones.

Buongiorno recalcó que la lucha contra el cambio climático será más difícil y costosa si se prescinde de la energía nuclear y las centrales podrían jugar un papel relevante en la necesidad de cubrir el aumento de la demanda mundial de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2. En ese contexto, resaltó que el estudio expone la contribución potencial de la energía nuclear como tecnología no contaminante.

El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido que las centrales nucleares españolas son la tecnología que más electricidad producen (20%), más horas funcionan y más ayudan a evitar emisiones. «En 2017 casi el 40% de la electricidad libre de CO2 se consiguió gracias a la energía nuclear», destacó. A su juicio, la transición energética tiene que ir acompañada necesariamente de la energía nuclear si se pretende reducir las emisiones y cumplir el Acuerdo de París.

Por su parte, el representante de la dirección general del Joint Research Center de la Comisión Europea, Marc Noël, ha defendido la energía como un aspecto «esencial» para el modo de vida actual. Tras la adopción en 2015 del Acuerdo de París varios estudios han analizado el mix energético mundial y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero así como el papel potencial de la energía nuclear.

Berta Picamal, consejera ejecutiva de FORATOM, asociación de la industria nuclear europea, opina que la propuesta de recompensar a la energía nuclear por sus beneficios y que todas las energías de bajas emisiones de carbono compitan «en igualdad de condiciones» como sugiere el estudio del MIT, «debería tenerse en cuenta» por parte de la Unión Europea en su estrategia para reducir emisiones. En este contexto, el Foro Nuclear defiende que en la transición energética se necesita garantizar el abastecimiento eléctrico sin efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad.

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

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Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.