La central burgalesa es propiedad de Nuclenor, sociedad participada la cincuenta por ciento por Endesa e Iberdrola y que pidió la ampliación por diez años de la licencia de explotación de la planta.

Durante su despedida ante la Junta General de Accionista de Endesa, Miranda aseguró que, tras los últimos cambios regulatorios en el sector eléctrico, «la principal asignatura pendiente de nuestra industria es la decisión de cuál es el papel que queremos que juegue la energía nuclear en nuestro modelo energético».

El directivo subrayó que España tiene un parque de generación nuclear que se encuentra entre los mejores del mundo, en cuanto a fiabilidad, competitividad y buena gestión, y advirtió de que desmantelar esta industria «puede tener un coste de incalculables consecuencias en todos los órdenes».

Apuntó que Endesa es partidaria de que la sociedad española aborde un debate responsable sobre la energía nuclear para decidir el papel que debe jugar en el futuro.

«Mientras tanto, y siempre con transparencia y control adecuados, así como con la garantía del CSN, debemos seguir contando con aquellas centrales en funcionamiento que, desde el punto de vista técnico, puedan seguir manteniendo su actividad y, cuando esto sea posible, incluso más allá de su vida de diseño original».

Por su parte, el presidente de la eléctrica, Borja Prado, dijo que el Gobierno tiene «el derecho y la obligación» de consensuar y fijar la estrategia energética del país y aseguró que siempre contarán con la «leal colaboración» de Endesa en esa tarea.

Prado confió en que la decisión final del Ejecutivo «permita obtener el máximo rendimiento energético, económico y social a todas aquellas instalaciones que, como Garoña, estén en condiciones de funcionar con las máximas exigencias de seguridad».

El Ejecutivo tiene hasta el 5 de julio para decidir sobre el futuro de Garoña, sobre la que pesará su promesa electoral de ir cerrando las centrales nucleares al final de su «vida útil».

De esta forma, UPyD «no sólo se muestra favorable a mantener abierta la central», sino que aboga por iniciar el procedimiento que permita la creación de una nueva, «ocurra lo que ocurra con ésta».

Rosa Díez, que mantuvo una reunión con los directivos y el Comité de Empresa de la central durante su visita a las instalaciones, explicó que, según informes elaborados por miembros de su partido «expertos en la materia», esta decisión es fruto de unas «recomendaciones en las que sólo se ha tenido en cuenta el análisis profesional de la cuestión».

Por ello, explicó que, desde este partido, son «partidarios de compaginar la energía nuclear con las renovables, teniendo en cuenta en la decisión las cuestiones medioambientales, energéticas y económicas».

Según apuntó, «para hacer viable ese mix energético todos los expertos saben que la energía nuclear ha de tener protagonismo al menos en los próximos 30 años«.

Sin embargo, reconoció que la decisión definitiva que tome el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a este respecto, «acortará el futuro», ya que es «estratégica desde el punto de vista económico, del empleo y de la competitividad de las empresas y del país tanto en el presente como en el futuro».

De esta manera, criticó la postura del presidente del Gobierno al apuntar que «le parece mejor comprar energía a otros que invertir y convertirse en una potencia desde ese punto de vista».

«Si después del informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear José Luis Rodríguez Zapatero toma la decisión de cerrar Garoña, será una demostración de que tiene mucho más peso en sus decisiones el interés partidario y electoral, que el interés nacional», añadió.

Así, «una vez emitido el informe del CSN no existe ningún argumento ni de seguridad, ni económico, ni ambiental que indique que esta central tiene que cerrarse».

La diputada argumentó que no se trata de energías renovables o energías nucleares «ya que no son competidoras, sino complementarias».