Hasta que hagan el cambio, estos clientes, a los que se les podrá cortar la luz si en enero de 2011 siguen acogidos a tarifa, pagarán en su factura un recargo del 20 por ciento sobre la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), en el caso de alta tensión. Los de baja tensión, que ahora pagan un 5 por ciento más al trimestre, sufrirán este sobrecoste a partir de abril.
Según datos de las compañías eléctricas, al cierre del año pasado aún permanecía acogidos a precios regulados unos 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría ayuntamientos y otras administraciones públicas.
Estos clientes deben estar en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses y que ahora se ha ampliado un año más, prórroga que inicialmente fue descartada por el Ministerio. Muchos de estos puntos de suministro corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.
En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran «malos pagadores» y no les ofrecen contratos por morosos.
En julio de 2009, la obligación de pasar a mercado se extendió a los usuarios de baja tensión con potencias instaladas de entre 10 y 15 kilovatios, principalmente pymes, a los que inicialmente se les dio de plazo hasta septiembre de 2010 para hacer el cambio.
Actualmente, estos clientes sufren recargos del 5 por ciento al trimestre en su factura, mientras que, a partir de abril, el suplemento será del 20 por ciento.
Si el 1 de enero de 2011 estos consumidores, tanto los de alta como baja tensión, no han procedido a contratar su suministro en el mercado libre, se considerará rescindido su contrato con el comercializador de último recurso.
Los cortes de suministro no podrán afectar, en ningún caso, a servicios esenciales como el alumbrado público, el suministro de agua, instalaciones militares, centros penitenciarios, transportes públicos, centros sanitarios que cuenten con quirófanos, salas de curas y aparatos de alimentación eléctrica o funerarias.
En su última reunión de 2009, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que están enfrentando muchas administraciones públicas. Tras el análisis, abrió un expediente informativo para analizar los casos de los que tiene conocimiento y, en su caso, formular a Industria una propuesta regulatoria que permita paliar «razonablemente» las dificultades detectadas.
El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de este año ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para aquellos usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.
