El objetivo sería mejorar la competitividad de las empresas españolas mediante el abaratamiento de la factura de la luz, que ahora se ve engrosada en miles de millones por el coste de las primas.

La CEOE, que reconoce la importancia de potenciar el papel de las renovables en el modelo energético de España, considera que es fundamental acompasar las exigencias medioambientales con la situación económica general y, en particular, con la situación de las empresas.

Respecto a las primas, aunque reconoce que son necesarias para que las energías limpias sean viables, la CEOE señala que, al encontrase integradas en la tarifa eléctrica (a través de los peajes de acceso), causan un incremento del precio de la luz y una «transferencia de capital de los consumidores a las tecnologías renovables».

Según la patronal, esta circunstancia merma la competitividad de la industria española frente a empresas de otros países.

Por ello, añade el documento, es preciso perseverar en la I+D+i a fin de que las renovables alcancen a la mayor brevedad la madurez suficiente para competir con las restantes tecnologías sin necesidad de subvenciones.

Hasta entonces, la Ley debería establecer los instrumentos necesarios para poder «compartir» entre los «distintos sectores energéticos» el sobrecoste económico de cumplir los objetivos de política energética, incluida la prima de régimen especial. «Para ello podría plantearse su traslado, al menos parcialmente, a los Presupuestos Generales del Estado», propone la CEOE.

Además, para favorecer las medidas de eficiencia, también debería prever el traslado al precio final de la energía de todos los costes del servicio.

La organización presidida por Gerardo Díaz Ferrán considera que la Ley tiene que recoger la necesidad de adaptar la normativa de mercado para retribuir aquellas instalaciones de soporte a las renovables (gas y carbón) y que son necesarias para garantizar el suministro.

En su opinión, estas plantas, como los ciclos combinados, no reciben una retribución adecuada a través de los actuales mecanismos de mercado (incentivos de inversión y de explotación para instalaciones del régimen ordinario).

Respecto a la tarifa de último recurso -la única que desde julio fija el Gobierno y a la que sólo tienen derecho usuarios con potencias contratadas inferiores o iguales a los 10 kilovatios-, la CEOE pide que sea «transitoria» y que no se convierta «permanente y universal».

En cuanto a la planificación energética, la organización empresarial estima que, dado los largos plazos de ejecución de las inversiones energéticas, habría que realizarla como mínimo en el horizonte temporal de 2030 inicialmente previsto, y no a 2020 como plantea el anteproyecto de ley.