Red Eléctrica compra a Bow Power (ACS y GIP) una concesionaria eléctrica en Perú por 181,6 millones de euros

Europa Press.- Red Eléctrica Internacional llegó a un acuerdo con Bow Power, firma de inversión en energía participada por ACS y el fondo GIP, para adquirir el 100% de CCNCM, sociedad concesionaria de la línea de transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic- Moyobamba 220 kV y subestaciones asociadas en Perú, por 205 millones de dólares (unos 181,6 millones), según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, esta sociedad explota, desde finales de 2017 y en régimen de concesión por 30 años por el Estado peruano, 372 kilómetros de circuito de 220 kV y 138 kV (kilovoltios) y 4 subestaciones en las regiones de Cajamarca, Amazonas y San Martín en el norte de Perú. La operación, cuyo importe de 205 millones de dólares incluye la deuda, está supeditada a la obtención de las autorizaciones pertinentes. La compañía presidida por Jordi Sevilla indicó que los ingresos generados por CCNMC rondan los 18 millones de dólares (unos 16 millones de euros) anuales.

Interconexión entre Perú y Ecuador

Red Eléctrica es el transmisor eléctrico de referencia en el sur de Perú, donde está presente desde 1999. Con esta nueva adquisición será propietaria en el país andino de 6 concesiones de transmisión de electricidad que totalizan 1.686 kilómetros de circuito. Además, con la compra, la compañía, que expande su presencia al norte del país, indicó que se posiciona de forma preferencial tanto para la futura interconexión entre Perú y Ecuador como para los futuros desarrollos de transmisión en el norte del país andino. Con la adquisición de estos activos, Red Eléctrica pasará a gestionar una red de 1.686 kilómetros de circuito en Perú que se suma a los 1.729 kilómetros que gestiona en Chile.

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.

El PP insta en el Senado al Gobierno socialista a que mantenga el carbón como componente del mix energético nacional

Europa Press.- El PP ha defendido una moción en el Senado, aprobada en la Comisión de Transición Ecológica, en la que insta al Gobierno a seguir impulsando las energías renovables, pero manteniendo el carbón como componente del mix energético nacional, planteando una transición efectiva del sector minero y no un cierre inmediato.

En la moción, defendida por el senador del PP por Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, se insta al Ejecutivo a abordar la transición energética desde tres ámbitos: el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro. Asimismo, Rubio Mielgo reprochó al PSOE que vote en contra «a pesar de haber aceptado 3 de las 4 enmiendas que ha presentado este partido». «El PSOE ha demostrado una vez más su incongruencia y su falta de criterio a la hora de defender los intereses de los castellanoleoneses y del medio rural de nuestra comunidad», indicó.

El senador también recalcó que es necesario que el Gobierno defienda los pagos por capacidad para las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red. Para ello, consideró que el Gobierno debe alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.

De esta manera, afirmó que el carbón representa un 30% de la producción de electricidad total de la Unión Europea, por lo que debería seguir ocupando un puesto esencial en las fuentes de energía utilizadas. Pero esto, apuntó, debe ser compatible con el propósito de la Unión Europea de disminuir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95%.

Además, el senador del PP recordó que en Castilla y León existen 8 grupos térmicos repartidos en las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión y ha destacado que, en Europa, países como Alemania y Polonia están apostando por la construcción de nuevas centrales de carbón en la que los avances tecnológicos aportan sistemas de captura y almacenamiento de CO2, sistemas que pueden adaptarse en las centrales existentes de forma progresiva. «El interés general de España implica que el carbón tiene que formar parte del mix energético nacional, asegurando al menos hasta 2030 el funcionamiento de los grupos térmicos existentes», recalcó.

En el texto, el PP también pide al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación de modo que puedan impedirse cierres como el de la central de Velilla, propiedad de Iberdrola, que en noviembre de 2017 solicitó al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el permiso para su clausura. Asimismo, la moción solicita que se establezca, por razones estratégicas, un procedimiento de devolución de las ayudas cobradas desde 2011, que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019.

España recibirá 38 millones de la asignación de capacidad anual de interconexiones con Francia y Portugal

Europa Press.- El sistema eléctrico español recibirá 38 millones de euros como resultado de las subastas de capacidad de interconexión entre España y Francia y Portugal, respectivamente, para el año 2019, importe que se destina a la reducción de los costes regulados del sistema, según apuntó Red Eléctrica de España (REE).

Las subastas de capacidad de interconexión con Francia son una herramienta por la cual los agentes del mercado (generadores y comercializadores) pujan por adquirir los derechos de transmisión de energía entre ambos países para garantizar un precio estable de dicho intercambio de energía. Como resultado de este proceso se fija el precio marginal de cada interconexión y en cada sentido.

En el sentido España-Francia, se ofrecieron y asignaron 600 megavatios (MW) para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 4,36 euros/MW y hora. Por su parte, en el sentido opuesto (Francia-España) se ofrecieron y se asignaron 800 MW, con un precio resultante de 7,51 euros/MW y hora. En ambos sentidos, obtuvieron capacidad 12 agentes participantes. Con respecto al sentido España-Portugal, se ofrecieron y asignaron 250 MW para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 0,12 euros/MW y hora, sentido en el cual han obtenido capacidad 8 agentes participantes. Mientras, en el sentido Portugal-España, se asignaron 350 MW, con un precio resultante de 0,08 euros/MW y hora, habiendo obtenido capacidad 9 agentes.

Como resultados de las asignaciones de capacidad anual de intercambio entre España y Francia se generaron unas rentas de congestión por 75,5 millones de euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español. Asimismo, entre España y Portugal alcanzan un valor de 500.000 euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español. En 2018, la capacidad horaria de intercambio eléctrico alcanzó valores de hasta 3.600 MW y 3.500 MW, en la dirección de Francia a España y de España a Francia, respectivamente, y de hasta 4.000 MW y 3.800 MW, en la dirección de Portugal a España y de España a Portugal, respectivamente, en condiciones favorables de operación.

La CNMC advierte de abusos de las comercializadoras al incrementar los precios para los consumidores reflejando la subida del pool

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de abusos por parte de varias comercializadoras energéticas en las relaciones contractuales con sus clientes debido al escenario de precios elevados en el mercado mayorista registrado este 2018.

Según el informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes de 2017, que recoge un avance de 2018, ante el repunte del mercado mayorista en este año, hay varias comercializadores que han rescindido o modificado sus contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Así, la CNMC considera que estas prácticas podrían no adecuarse a derecho, al dejar la interpretación del contrato a la voluntad de una de las partes y, asimismo, podrían no reflejar las medidas de protección del consumidor.

En su informe, el regulador señala que resulta «destacable» el incremento registrado en términos medios en las ofertas disponibles, especialmente a partir de mayo de este año, coincidiendo con el repunte de precios de gas y electricidad en los mercados mayoristas. En el caso concreto del gas, la CNMC indica que los precios han experimentado variaciones «importantes», con una subida de la tarifa regulada (conocida como TUR) de un 6% para un consumidor con un consumo anual de 6.000 kilovatios hora (kWh) en el primer trimestre del año; y en torno a un 8% para el último trimestre del año.

En el caso de la electricidad, desde mayo hasta septiembre, el organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que se ha producido un incremento de las ofertas en el mercado libre. En concreto, esta subida ha sido de un 3% en el mercado libre, mientras que en el caso de la tarifa regulada (el llamado PVPC y que recoge directamente las variaciones del mercado mayorista) se ha incrementado un 10% en el mismo periodo.

En concreto, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata disponible en 2017, según el comparador de precios de la CNMC, supuso un diferencial para un consumidor con derecho a la TUR de gas de unos 80-180 euros/año. En los consumidores de gas sin derecho a TUR, el diferencial entre ofertas puede variar entre 600 y 3.000 euros/año. En el caso de la electricidad, la contratación de la oferta más cara o la más barata supuso una diferencia para los consumidores eléctricos con derecho a la tarifa regulada de entre 150/200 euros en la facturación anual. En los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC, el diferencial osciló entre 1.000 y 3.000 euros/año.

En lo que se refiere a las diferencias entre el precio libre y regulado, en gas pasar de ser suministrado con el precio regulado (TUR) a ser suministrado eligiendo la oferta más barata del mercado supuso un ahorro para el consumidor doméstico de entre 31 y 76 euros/año según el consumo anual, entre un 4% y un 22,6 % de su factura anual con precios de diciembre de 2017. En el caso de la electricidad, al contrario que en 2016, durante 2017 han existido opciones en el mercado libre algo más baratas que el PVPC, equivalentes a un ahorro de 31 euros/año en la facturación, un 6% de la facturación.

Por otra parte, el informe destaca que a cierre de 2017 había 22 comercializadores en el comparador con ofertas de electricidad verdes, frente a las 14 a junio de 2016. La CNMC indica que, en general, no se aprecia que las ofertas verdes sean más caras frente a las que no lo son. De acuerdo con el sistema de garantías de origen y etiquetado de la CNMC, este tipo de ofertas atrajo a 1,9 millones de consumidores (1,2 millones en 2016), lo que refleja el mayor éxito en la comercialización de estos productos, añade Competencia.

La fábrica de ENUSA en Juzbado nombra director a Antonio Munuera y suministrará el combustible nuclear necesario para 24 recargas

Europa Press.- El director técnico de seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Munuera, ha sido nombrado director de la fábrica de combustible de uranio de ENUSA en Juzbado (Salamanca). Asimismo, la empresa pública de elementos de combustible de uranio ENUSA ha firmado un acuerdo con Endesa, Iberdrola y Naturgy por el que cubrirá las necesidades de los 5 reactores nucleares españoles de diseño Westinghouse para los próximos 5 años, según ha indicado la empresa.

Se trata del mayor contrato asociado de ENUSA ya que suministrará el combustible nuclear necesario para las próximas 24 recargas: 11 en las centrales nucleares de Ascó (I y II), 5 en Vandellós II y 8 en Almaraz (I y II). El combustible será suministrado por la fábrica de elementos de ENUSA en Juzbado (Salamanca). El presidente de ENUSA, José Vicente Berlanga, ha destacado que el contrato supone «uno de los mayores hitos» para la empresa pública y atribuye el contrato a la «seriedad del trabajo constante y a la alta capacitación de la plantilla».

Según explica la empresa estatal, este contrato da continuidad a los firmados hasta ahora y con ello se compromete a suministrar el combustible nuclear para todas las recargas mencionadas, el diseño del núcleo y el licenciamiento de los correspondientes ciclos de operación para esas regiones de recarga, así como otros servicios de ingeniería asociados con el combustible, incluyendo las herramientas para el seguimiento de la operación. Asimismo, ENUSA dará servicios de combustible a estas centrales durante la vigencia del contrato, desde manejo de combustible fresco hasta la gestión del combustible irradiado durante las paradas de recarga. ENUSA es proveedor desde 1974 del combustible nuclear a estos reactores diseñados por Westinghouse.

Munuera, nuevo director de Juzbado

Por otro lado, Munuera se incorporará a la dirección de la empresa pública durante el primer trimestre de 2019, una vez se concreten los últimos trámites administrativos, según un comunicado remitido a los trabajadores de la fábrica de Juzbado. Así, el presidente de ENUSA destacó que con el nombramiento de Munuera se pone fin a la interinidad de los últimos 5 años. El nuevo director de Juzbado relevará al director interino Javier Montes, al que Berlanga agradeció «su gran labor».

Berlanga manifestó a los colectivos de representantes de los trabajadores de la empresa que el candidato debía cumplir con los «requisitos adecuados para un puesto que es de vital importancia» y que, además, a su juicio debería tener la «misión de iniciar un proceso de transmisión del conocimiento» para garantizar la continuidad de la labor desarrollada hasta ahora en Juzbado.

Berlanga define a Munuera como un «hombre de extensa experiencia en el sector» ya que desde 1985 ha sido funcionario en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el organismo regulador fue nombrado Director Técnico de Seguridad Nuclear y, además, en 2014 fue designado presidente del grupo de trabajo sobre seguridad nuclear del European Nuclear Regulatory Safety Regulators Group (ENSREG).

El nuevo director de Juzbado se jubiló en el CSN en noviembre y ahora ha sido nombrado director de la empresa pública estatal. El pleno del CSN agradeció «expresamente» su «dedicación y esfuerzo» en el cumplimiento de las tareas de la Dirección Técnica de Seguridad nuclear así como su contribución a «aumentar el prestigio» del CSN en sus actuaciones a nivel nacional e internacional. Precisamente, Munuera ocupó un papel clave y polémico durante la solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Ahora, en tanto su puesto esté vacante hasta la designación de sustituto en el cargo por el Consejo de Ministros, el Pleno del CSN encomendó la coordinación de las 3 subdirecciones de la Dirección Técnica, la interlocución ante el Pleno y la Presidencia, así como la firma de documentos e informes al exterior de la Dirección Técnica al actual Subdirector de Tecnología Nuclear, Rafael Cid.

El Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales sectoriales en las zonas vulnerables

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales en las zonas de España vulnerables y que tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y socioeconómicos. La ministra destacó que la Estrategia Nacional de Transición Justa servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios.

La Estrategia permitirá apoyar iniciativas económicas idóneas para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas. Así, ha precisado que con estos acuerdos empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones podrán participar en proyectos de desarrollo territorial. Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Los convenios, que recogerán las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, combinarán políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo. Para ello, se evaluarán la vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición.

Descarbonización “justa y totalmente beneficiosa”

El nuevo marco establecerá las políticas industriales, de investigación y desarrollo de promoción de la actividad económica y del empleo y formación profesional para una descarbonización «justa y socialmente beneficiosa». También incluirán medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Ribera subrayó la importancia de realizar una transición justa en el proceso de descarbonización en la que se impliquen los propios actores con acciones concretas y que «no deje a nadie atrás» y ha defendido que el español será uno de los primeros marcos regulatorios que se aprobarán en todo el mundo. «Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios», apuntó. En su opinión, no dejar a nadie atrás implica «atender» las realidades del corto plazo

Ribera ha insistido que la Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica. La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para la transición y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras que responda a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre de las minas a final de este año.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en España en 2025 para evitar 700 muertes prematuras al año

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reclamó al Gobierno un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que establezca 2025 como fecha límite para el fin del carbón y que cuente con el debido proceso de participación pública. El IIDMA pide al Ejecutivo que el PNIEC 2021-2030 que España debe remitir a Bruselas antes de final de año debe ser «ambicioso» y «urgente» y ser sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica y cumpla los requisitos de participación pública.

El colectivo recuerda que las emisiones de las centrales térmicas de carbón provocan más de 700 muertes prematuras al año en España y un coste económico sanitario derivado cuantificado entre 880 y 1.667 millones de euros. La directora del IIDMA, Ana Barreira, insiste en que la Evaluación Ambiental Estratégica requiere que el PNIEC de 2021 a 2030 cumpla con las obligaciones de evaluación y participación pública del Convenio de Aarhus, del que España es parte, porque de lo contrario el plan será contrario a derecho. En este contexto, reclama al Gobierno un compromiso público firme para el abandono del carbón.

Decathlon redujo sus emisiones en 8.963 toneladas de CO2 anuales desde 2014 y toda la energía que consume es renovable

Europa Press.- Decathlon ha reducido 8.963 toneladas de CO2 anuales desde 2014, cuando la compañía inició un plan estratégico para reducir sus emisiones de gases invernadero, y ha logrado que el 100% de la energía que consume en sus tiendas y centros logísticos proceda de fuentes renovables.

Además, la empresa ha logrado un ahorro de consumo de 16,1 gigavatios hora al año y en este momento está a la espera de poner en marcha una segunda planta fotovoltaica para autoconsumo en Córdoba. En este momento, Decathlon cuenta con otra planta fotovoltaica en Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde 2014 ha reducido su consumo energético con medidas como la sustitución de iluminación fluorescente de las tiendas y de los rótulos por iluminación LED, ha optimizado el gasto en sus tiendas gracias a la monitorización y control del funcionamiento de los equipos y de las temperaturas, o la mejora del aislamiento de cubiertas y cerramientos para una mayor eficiencia en su climatización.

En 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) certificó que la energía consumida en sus tiendas y centros logísticos procede de fuentes renovables en su totalidad. “Ahora pondremos en marcha una planta fotovoltaica en Córdoba destinada al autoconsumo», destacó el líder de desarrollo sostenible de Decathlon, Íñigo García, que además señala que las medidas implantadas suponen un ahorro de casi 3 millones de euros al año.

El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sistema eléctrico por las futuras redes de distribución cerradas

Europa Press.– El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sector eléctrico por la creación de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, una de las medidas recogidas en el real decreto de medidas urgentes aprobado para ayudar a la gran industria a hacer frente al impacto del precio de la electricidad, debido a la reducción de los ingresos por peajes de acceso.

En la memoria de impacto económico del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, el Gobierno indica que esa merma de los ingresos por peajes de acceso se puede producir por el grado de simultaneidad de los consumos pertenecientes a la red cerrada, dependiendo del perfil de consumo de los clientes que se integran, así como por el posible cambio del nivel de tensión en el punto de conexión de determinados consumidores que se integran en la red cerrada.

No obstante, el Ejecutivo precisa que efectuar una valoración del impacto económico de la medida, cuando su determinación no se concreta mientras no se establezca su desarrollo reglamentario, resulta «cuanto menos difícil». A pesar de ello, considera que el mayor impacto en peajes es que el consumidor individual que se conecte a la red de distribución cerrada pase del escalón de tensión más bajo al escalón de tensión más alto. El paso de uno a otro escalón de tensión supone unas reducciones en el peaje en torno al 60%, lo que representa alrededor de 12 euros por megavatios hora (MWh).

Así, en la memoria se estima que, si se considera que toda la industria química que actualmente está en el primer escalón de tensión pasara al de mayor tensión, con una demanda de 790 gigavatios hora (GWh) según los datos del sector, el impacto total en peajes sería de una reducción de los ingresos de 9,5 millones de euros. Además, supondría una reducción de medio millón derivado del impuesto de la electricidad por peajes que impactaría en las comunidades autónomas.

No obstante, el Ejecutivo estima compensar el impacto de este incentivo con el incremento que supondrá de la actividad industrial, lo que podría materializarse en un aumento del consumo que implicaría un incremento de los impuestos, de los peajes y del impuesto de generación. Asimismo, valora los efectos positivos que van más allá del sector eléctrico, derivados del incremento de la actividad en el sector industrial y del aumento asociado del empleo, unido a la obligación de mantener la actividad productiva durante unos 3 años.

El Gobierno aprobó recientemente una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo. En el caso concreto de las redes de distribución de electricidad cerradas, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo su creación, lo que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.