La autorización, mediante una orden de la Dirección General de Política Energética y Minas y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que el 8 de octubre emitió su informe favorable a la renovación de la autorización siempre que la explotación se ajuste a los límites y condiciones.

Según el informe del CSN, estas instalaciones han sido objeto de un «seguimiento y supervisión continuos» de acuerdo con las condiciones aplicables sobre seguridad nuclear y protección radiológica.

Así, con esta nueva autorización, solicitada el 15 de noviembre de 2013,la planta atómica podrá operar hasta el 17 de noviembre de 2024 y tendrá la posibilidad de solicitar una nueva autorización con tres años de antelación a la expiración del nuevo permiso, es decir en 2021, al Ministerio de Industria.

El informe del CSN establecía diez condiciones relativas a la titularidad de la autorización, las actividades autorizadas, la documentación oficial aplicable y sus procedimientos de revisión, las obligaciones de información, el régimen de comunicación de entradas y salidas de material nuclear, el procedimiento y los requisitos aplicables a la renovación de la autorización.

En todo caso, el Ministerio recordó que la autorización podrá dejarse sin efecto si se incumplen los límites y condiciones, si los datos aportados son inexactos o si hay discrepancias «fundamentales» de los criterios en los que se basa la concesión y, si existen factores desfavorables desde el punto de vista de seguridad nuclear y de protección radiológica que se desconozcan en la actualidad.

En concreto, tendrá un plazo de un año para definir y aplicar los Programas de Gestión del Envejecimiento que asegure que la degradación por envejecimiento durante el periodo de operación de la central no afecta al cumplimiento de su función de seguridad en caso de accidente, en el caso de todos los equipos de suministro KWU calificados ambientalmente de acuerdo con la normativa KTA3505 para los que no se ha definido una vida calificada.

Entre los límites y condiciones, el Gobierno señaló a Trillo que durante el periodo de vigencia de la autorización el titular deberá efectuar los Programas de mejora de la Seguridad identificados en la Revisión Periódica de Seguridad, que se realizó en apoyo de la solicitud de la presente autorización.

Al mismo tiempo, tendrá que acometer las propuestas de actuación contenidas en la documentación presentada en apoyo de la solicitud de renovación de la autorización de la explotación relativas a la Revisión Periódica de la Seguridad y la Normativa de Aplicación Condicionada, en los plazos establecidos y las actuaciones comunicadas al titular como conclusión de la evaluación de la misma realizada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

No obstante, se podrán modificar dichos límites y condiciones o imponer otros nuevos, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, según los resultados de otras inspecciones posteriores y del funcionamiento de la central.

Finalmente, el permiso a Trillo indica que si durante este decenio el titular decide el cese de la explotación, se lo tendrá que comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas y al CSN, «al menos con un año de antelación a la fecha prevista», salvo que el cese se deba a causas imprevistas o a resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El reactor de Trillo pertenece a la denominada tercera generación de centrales nucleares españolas. La central fue conectada por primera vez a la red el 23 de mayo de 1988 y el 6 de agosto de 1988 comenzó su explotación comercial.

En esta parada, además de la sustitución de 64 de los 157 elementos combustibles que componen el núcleo del reactor, se realizarán trabajos orientados a la operación segura de la central y a largo plazo, como la limpieza química de los generadores de vapor y la prueba periódica de la estanqueidad del edificio de contención.

Durante la parada está previsto ejecutar cerca de 11.000 órdenes de trabajo, de las que un 71% corresponden a tareas de mantenimiento preventivo e inspecciones; un 6% a trabajos correctivos; otro 12% a trabajos auxiliares y el 11% restante, a modificaciones de diseño en la central. Para llevar a cabo los trabajos previstos se incorporarán unos 1.000 profesionales procedentes de cerca de 60 empresas distintas, que se suman al personal que trabaja en Ascó permanentemente.

Uno de los trabajos que se completará durante esta parada es la limpieza química de los tres generadores de vapor, en la que la central lleva trabajando desde 2012. Además, también se procederá a la sustitución de un motor del generador diesel B, al aireado continuo en el colector de aspiración de las bombas de carga o la revisión de las turbinas de baja presión.

Esta revisión al alza de la demanda en el contencioso que mantienen ante la Cámara de Comercio Internacional se explica a la hora de «tener en cuenta justificaciones afinadas y los intereses acumulados hasta ahora», señaló Areva, que explica que esos 3.500 millones de euros responden a la «carga de trabajo adicional» en la construcción de la central nuclear de Olkiluoto (OL3) respecto al plan inicial, a las «perturbaciones» y a «una prolongación del proyecto.

La compañía francesa, de titularidad estatal, reafirmó la intención de concluir la central nuclear «tan rápido como sea posible garantizando el mejor nivel de seguridad del reactor». Según su compromiso, deben finalizar las obras a mediados de 2016 para una entrada en servicio en 2018, nueve años más tarde de lo previsto. TVO exige al consorcio Areva-Siemens una indemnización que podría alcanzar los 2.300 millones de euros a causa del retraso que acumula el proyecto.

Areva, que acusa a TVO de haber ralentizado las obras de este reactor atómico con procedimientos puntillosos y controles lentos, ha tenido que establecer en sus cuentas hasta ahora provisiones de 3.900 millones de euros. De acuerdo con los términos del contrato inicial de 2003, el consorcio franco-alemán debía entregar en mano a TVO la central terminada, con una potencia de generación eléctrica de 1.600 megavatios, a un precio prefijado en 3.000 millones de euros.

Durante unas jornadas de exdiputados y exsenadores, celebrada en el Congreso de los Diputados, sobre «La gestión del combustible nuclear gastado«, Castelló mantuvo que el licenciamiento del ATC no sólo ha puesto a España en el punto de mira internacional del mundo nuclear, sino que da la oportunidad al país de ser «pionero» y demostrar que el prestigio del CSN va a ser «decisivo» para culminar con éxito esta tarea.

Asimismo, resaltó que hace seis meses se incluyó en la legislación española la Directiva europea para la gestión de residuos nucleares, que incluye la obligación de los estados de contar con un marco regulador sobre combustible gastado y residuos radioactivos, que debe revisarse, como mínimo, cada diez años.

«Estamos en el camino de la gestión responsable de los residuos y con transparencia al público. España es referente internacional en residuos de baja actividad con El Cabril, y ahora lo será en los de alta culminando con éxito el licenciamiento y explotación de Villar de Cañas», celebró.

Finalmente, señaló que quedan retos en la gestión de los residuos nucleares, que se afrontarán con «rigor y transparencia» desde el CSN.

Por su parte, el jefe del grupo mecánico nuclear del ATC, y representante de ENRESA, Francisco Javier Fernández López, defendió también en estas jornadas que el almacenamiento temporal de combustible gastado y de residuos durante décadas ha sido «una necesidad».

Así, destacó, que todos los países tienen ATC o ATI (almacén individualizado) en funcionamiento. «El almacenamiento temporal es una necesidad y la única diferencia entre un ATC o uno individualizado lleva a otros requisitos de eficacia de gestión de residuos», diferenció.

«El ATC creemos que es más eficiente y se sigue la experiencia de El Cabril, es una instalación segura con referentes internacionales y nos apoyaremos en el centro tecnológico de I+D para nuestra gestión presente y futura», sentenció el experto.

En un auto, el Tribunal Supremo rechazó el argumento del parlamento provincial de Álava de que es necesario suspender cautelarmente la actividad de la central ya que si se pusiera en marcha antes de que se resuelva la denuncia contra la reapertura se causaría un grave daño al medio ambiente.

Los magistrados explicaron que no pueden aceptar este planteamiento porque esos supuestos daños serían imputables, en su caso, al Consejo de Seguridad Nuclear y además consideraron que las Juntas alavesas no han argumentado «de forma convincente» por qué debe prevalecer la protección del medio ambiente sobre el «derecho de los ciudadanos a acceder al suministro eléctrico en condiciones equitativas».

En este sentido, apoyó la tesis de la Abogacía del Estado, que recordó en su escrito que España tiene una «persistente dependencia energética del exterior», lo que unido al «elevado déficit tarifario», podrían llevar al Gobierno a decidir que no se debe «infrautilizar ninguna de las fuentes de producción de energía eléctrica disponibles», entre ellas la central nuclear de Garoña.

Tras el rechazo a la suspensión cautelar, el Alto Tribunal tiene que resolver ahora la demanda que las Juntas alavesas presentaron el pasado mes de abril contra el Real Decreto que permite reabrir esta central nuclear, la más antigua de España, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria.