Así lo recomendó Álvarez durante la presentación en el Parlamento del informe de fiscalización de la gestión realizada por Enresa del Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), en 2010 y 2011, cuando el Estado cambió su gestión de los residuos radioactivos. Desde 2010 las aportaciones al Fondo para la Financiación de las actividades del PGRR proceden de la recaudación de cuatro tasas: dos que recaen en las empresas explotadoras de las centrales nucleares, otra sobre los titulares de las instalaciones de fabricación de elementos combustibles y la cuarta es exigible a los titulares de otras instalaciones radiactivas.
«Habida cuenta de que el fondo acumulado por Enresa no constituye una provisión contable en sentido estricto, no garantizaría, como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medioambiente, que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas«, añadió. A su juicio, esto se debe a que no se obliga a revisar anualmente los elementos tributarios de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las nucleares, ni a trasladarles cada año las desviaciones significativas que, en la financiación de estos costes, puedan poner de manifiesto las actualizaciones económico financieras del coste de las actividades que comunican al Ministerio.
Así, el Tribunal de Cuentas pone de relieve que los tipos de gravamen, que entraron en vigor con la mencionada reforma en 2010, no han sido objeto de actualización con posterioridad. Es más, se alerta de que, con la implantación de este modelo de financiación mediante tasas, Enresa ha dejado de tener una capacidad directiva de control sobre la recaudación de estos tributos, que ha pasado a recaer sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Sin embargo, indica que en la regulación del Fondo no se ha previsto un procedimiento alternativo para contrastar con la actual CNMC las cifras recibidas por la recaudación de las tasas con los ingresos que integran las bases imponibles sobre las que se determina el importe de las cuotas tributarias a ingresar por las empresas titulares de las instalaciones nucleares. Si se revisaran anualmente las mencionadas tasas, Álvarez cree que se garantizarían las dotaciones anuales al mencionado Fondo y se distribuirían a lo largo del periodo que resta de vida útil de las instalaciones atómicas, con arreglo a principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
En el documento, se cuestiona así su sistema de financiación a través de tasas, a la vez que se alerta de un déficit de 1.486 millones de euros en la gestión que realiza sobre el fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), a fecha de junio de 2014. Por ello, se pide así cambiar el modelo de las tasas, que no se ha modificado desde 2010, para que se pueda cubrir el coste de tratar los residuos nucleares.
En concreto, apunta a un «desfase» entre los ingresos y los gastos de Enresa que podría dar lugar a ese déficit. En la última actualización económico-financiera realizada por Enresa en junio de 2014, de mantenerse los vigentes tipos de gravamen a las centrales nucleares, se detecta un déficit de 1.486 millones de euros, una cifra que representa el 16,9% de las necesidades futuras de financiación estimadas por Enresa para hacer frente al flujo de costes previstos hasta 2085 por la gestión de los residuos radioactivos y el combustible nuclear gastado.
Las nucleares y El Cabril
Álvarez también subrayó que en el periodo fiscalizado, la distribución por fuentes de financiación de los gastos aplicados al fondo para la financiación de las actividades del PGRR se corresponde con las previsiones legales. No obstante, indica que se exceptúa en lo que respecta al almacenamiento de El Cabril. «Por no tener la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, deberían hacerse cargo en su totalidad las centrales nucleares en explotación», apostilla.
En este sentido, recomendó a Enresa que cargue al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la totalidad de los costes soportados por asignaciones a ayuntamientos afectados por tales centrales e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se vienen repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. Igualmente, ve conveniente que la empresa pública establezca un procedimiento «formal» de comunicación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las nucleares y los registros correspondientes del sistema eléctrico.
En respuesta al diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, Álvarez insistió en que «no es el tribunal el que pone en solfa» el sistema de financiación, tal y como el diputado afirmó, sino que indicó que éste viene derivado de una modificación de una normativa comunitaria en la que se encuentra inmersa la legislación española, que tiene un periodo de tiempo para ejecutar todas las modificaciones derivadas de esa normativa.
