Enresa apunta a problemas financieros si las nucleares cierran a los 40 años y ve más económico construir el ATC

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EFE.- El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Juan José Zaballa, calcula que si no se construye un Almacén Temporal Centralizado (ATC), los desechos se tendrán que guardar en los almacenes individualizados de cada planta nuclear (ATI), lo que es «extremadamente» más caro, alrededor del «triple«. Asimismo, Zaballa apuntó a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares españolas en el caso de no prorrogarse su actividad más allá de los 40 años.

Enresa explica que el fondo del que dispone para las operaciones de desmantelamiento de todos los reactores asciende a aproximadamente 4.600 millones de euros. En 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (Trillo, Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones gracias a la generación de electricidad y recursos de estas instalaciones, una cifra que «habrá que preguntarse si es suficiente» o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo. La ampliación a 60 años es una de las peticiones de Unesa, la patronal de las empresas eléctricas.

Madrid acoge una conferencia internacional

«Un informe del Tribunal de Cuentas dice que no es suficiente», aseveró Zaballa, que preside esta semana una conferencia internacional de la Agencia de la Energía Atómica (OIEA) sobre la clausura de instalaciones nucleares retiradas del servicio y restauración ambiental de emplazamientos con contaminación radiactiva. Acompañado por el subdirector general de la OEIA, Juan Carlos Lentijo, el presidente de Enresa ha recordado que, si el cierre de la última nuclear española se produce en 2028, las labores de desmantelamiento no empezarán antes del 2031. Este posible escenario supondrá un «esfuerzo muy importante de financiación» y de disponibilidad de localizaciones para los residuos nucleares, agregó Zaballa.

Por ello ha explicado que «siempre hay estrategias» para sortear posibles dificultades derivadas del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad en el municipio conquense de Villar de Cañas. En este sentido, Enresa está «a la espera» del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que debe pronunciarse sobre un recurso en contra de la decisión del Gobierno regional socialista de declarar la zona del ATC de especial protección medioambiental. En el caso de que no haya un ATC, los desechos deberían almacenarse en los ATI, posibilidad «extremadamente» más cara según  Zaballa.

La Justicia desestima el recurso de los 15 trabajadores despedidos por incumplir la vigilancia en la central nuclear de Almaraz

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EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desestimó el recurso presentado por un grupo de 15 trabajadores despedidos por la empresa encargada de las labores de vigilancia contra incendios en la central nuclear de Almaraz. De este modo, el TSJEX ratifica el fallo del Juzgado de lo Social de Plasencia, que en octubre consideró procedente el despido de estos trabajadores de la empresa contratista que tenía encomendadas las funciones de vigilancia de «Protección Contra Incendios» de la central nuclear.

La sentencia ratifica los incumplimientos identificados y acreditados por estos trabajadores en la realización de sus funciones en algunas rondas de vigilancia. Según la defensa de los recurrentes, la sentencia del juzgado placentino «no acreditaba en ningún momento que los trabajadores sancionados tuviesen conocimiento alguno sobre el Procedimiento para la realización de rondas de vigilancia del PCI, ni control de operatividad de equipos y/o sistemas de extinción de incendios, así como las consecuencias sancionadoras en caso de incumplimiento». Asimismo, defiende que el cumplimiento por parte de los trabajadores despedidos fue del 100% y que la empresa «no aporta ni justifica la determinación de los puntos por los cuales los trabajadores son sancionados con el despido».

“No afectó a la seguridad”

El expediente de despido disciplinario se inició a raíz de una investigación interna de la empresa contratista, que atribuyó a los trabajadores implicados «la comisión de una infracción laboral muy grave», aunque, según señalaron fuentes de la central nuclear de Almaraz, «no afectaron en ningún momento a la seguridad de la planta, dado que esta cuenta con sistemas complementarios y redundantes de vigilancia contra incendios«. El febrero de 2015, el Consejo de seguridad Nuclear (CSN) detectó durante una inspección por la planta, que, en varios casos, las hojas de control de las ronda de vigilancia de la Protección Contra Incendios (PCI) se habían cumplimentado sin que éstas se hubieran realizado.

Posteriormente, a solicitud de la inspección residente, el titular de la instalación notificó al CSN el suceso correspondiente a esta incidencia, que fue clasificado con nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). El 23 de junio de 2015 el CSN consideró que este hecho afectaba «de forma muy poco significativa al riesgo de la instalación». El titular de la instalación extremeña tomó, de manera inmediata, las acciones correctoras necesarias para subsanar la situación. Adicionalmente, se requirió a la empresa contratista del servicio la inmediata puesta en marcha de medidas para garantizar el adecuado cumplimiento del mismo, así como la adopción de medidas de control tendentes a evitar la repetición de este tipo de conductas en el futuro.

La primera central nuclear flotante, construida por Rusia, resistirá tsunamis y terremotos

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EFE.- La primera central nuclear flotante del mundo, que ha sido construida a prueba de tsunamis y terremotos como los que causaron el desastre de Fukushima (2011), será instalada en la región ártica rusa de Chukotka, donde comenzará a generar electricidad en 2020. «En estos momentos la plataforma con los dos reactores a bordo está pasando las pruebas navales en los astilleros. Terminarán a finales de este año o en 2017», indicó Gueorgui Tijomírov, catedrático del Instituto de Ingeniería y Física de Moscú (MIFI).

Seguidamente, la planta será trasladada de San Petersburgo a la ciudad más septentrional de Rusia, Pevek (Chukotka), donde reemplazará a su central eléctrica. «La construcción de la infraestructura portuaria necesaria para el atraque de la planta comenzó a finales de 2015. Antes de apuntalar la plataforma, hay que tender las líneas de generación y transmisión de energía a la red general», explicó. Tijomírov pronosticó que «para 2020 la central flotante generará su primer kilovatio», un plazo que calificó de «realista», independientemente de las oscilaciones económicas.

La barcaza en la que están instalados los dos reactores nucleares tiene 144 metros de eslora, 30 de manga y 6 de calado, y una potencia de desplazamiento con lastre de 21.000 toneladas. El personal vivirá a bordo del barco. En cuanto a los reactores (KLT-40C), tendrán 40 megavatios de potencia cada uno, pueden funcionar simultáneamente y dispondrán de combustible suficiente para operar durante 3 años. «Cada 3 años debe repostar combustible y a los 12 debe someterse a mantenimiento general. En principio, el plazo de vida de la central es de 40 años», apunta.

La planta utilizará uranio poco enriquecido; el combustible utilizado permanecerá almacenado en la central, según el físico ruso, y generará el mismo volumen de electricidad que una central terrestre. Tijomírov considera que estos reactores son «absolutamente seguros y fiables«, como han demostrado sus años de pruebas a bordo de, “como mínimo, 3 rompehielos atómico”. «Son bloques compactos y autónomos. No son reactores estilo Chernóbil. Y la variante del desastre de Fukushima también se descarta», insiste.

El experto nuclear explicó que, en caso de alerta de «tsunami o terremoto», algo «improbable» en el Ártico, «la planta será elevada sobre el nivel del mar con ayuda de varios pilares de gran solidez a los que está apuntalada«. «Es una decisión técnica complicada, pero que garantiza tanto la seguridad como el suministro en todo momento«, indicó. Tras el desastre en la central japonesa de Fukushima (2011), las autoridades rusas prometieron que no desplegarían las centrales flotantes en las zonas de mayor actividad sísmica.

En cambio, Greenpeace considera que estas plantas son una «bomba de relojería» al almacenar grandes cantidades de uranio, además de «un regalo para los terroristas» y ser muy costosas, ya que se necesitará una flota de guerra para garantizar su seguridad. En respuesta a esas críticas, Tijomírov descartó una posible amenaza terrorista, ya que todas las centrales nucleares cuentan actualmente con extraordinarias medidas de seguridad para impedir el acceso a los materiales fisibles. «Por el momento, no ha habido ataques contra instalaciones nucleares. Chukotka es además un lugar seguro, ya que está muy alejado«, recordó.

Además de suministrar energía no contaminante a un área remota, la central flotante puede proveer calefacción, lo que permitirá ahorrar en carbón, gas y petróleo. Del éxito de este primer proyecto depende que el Gobierno apruebe su construcción «en serie», aunque la agencia nuclear rusa, Rosatom, ya tiene en cartera la construcción de 5-7 plantas móviles «para explotar los recursos del Ártico ruso«. De hecho, considera que «si se encuentra petróleo en la plataforma continental ártica, la variante más natural sería instalar una central flotante».

«¿Por qué? Porque construir una central eléctrica sería mucho más costoso», resalta y añade que el deshielo y la apertura de la ruta marítima ártica como alternativa al canal de Suez disparará la demanda de centrales nucleares flotantes en el mercado. Tijomírov cree que esas plantas podrían ser «un buen producto comercial», pero considera «prematuro» hablar de su exportación, aunque países como Chile, Brasil o Indonesia ya han mostrado interés en el proyecto, mientras China ha optado por lanzar su propia versión de este proyecto.

El Cabril espera la autorización para abrir una nueva celda de residuos en verano

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EFE.- El Centro de Almacenamiento de Residuos Nucleares de El Cabril (Córdoba) ya ha construido la llamada «Celda 30», destinada a residuos de muy baja actividad, y espera la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) este verano para ponerla en funcionamiento.

La directora del El Cabril, Eva Noguero, ha explicado en conferencia de prensa que el principal reto de esta instalación para un futuro inmediato es comenzar a explotar la «Celda 30» para «seguir manteniendo y normalizando la retirada de residuos radiológicos de muy baja actividad».

La 30 es la segunda de un bloque de cuatro contenedores con los que este Centro de Almacenamiento de Residuos planea ampliar su capacidad, todos ellos destinados a los de muy baja actividad.

El primero de estos bloques, el 29, ya está funcionando, mientras que la construcción del segundo (que se inició en 2014) culminó el pasado mes de abril, tras haber invertido 1,7 millones de euros en la instalación.

Se trata de una instalación en dos zonas, de las cuales se quiere explotar este año la primera, y con capacidad para almacenar 17.272 metros cúbicos.

Para la «apreciación favorable» del CSN, desde El Cabril se han enviado documentos con información relacionada con el emplazamiento de la estructura y el plan de vigilancia propio sobre la misma, y sobre los que esperan un veredicto favorable este verano.

«Espero que no se vaya más allá de este verano, porque sino nos va a costar trabajo recuperar el ritmo de almacenamiento para residuos de muy baja actividad», ha especificado Noguero, quien ha rechazado que tengan previsto «duplicar la capacidad» de El Cabril, cuya estimación de operatividad llega, según ha dicho, hasta los años 2027 y 2028 «con las instalaciones actuales».

La Generalitat de Cataluña introduce un nuevo impuesto a las centrales nucleares después de que el Tribunal Constitucional lo anulara

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EFE.– La Generalitat de Cataluña introdujo un nuevo impuesto que afecta a las centrales nucleares a través del proyecto de ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos. Según consta en este anteproyecto de ley, sobre el que se pronunció el Consejo de Trabajo Económico Social de Cataluña (CTESC), la Generalitat pretende modificar la ley de protección civil de Cataluña, que data de 1997, para que las centrales nucleares queden afectadas por el gravamen de protección civil.

En concreto, se gravará con 44,14 euros por megavatio a las centrales nucleares, tributo con el cual el Gobierno autonómico trata de aprovechar al máximo sus competencias en esta materia después de que el Tribunal Constitucional haya vetado el impuesto catalán a las nucleares, con el que la Generalitat aspiraba a recaudar 40 millones, por entender que la producción de energía eléctrica nuclear ya está gravada por el tributo estatal a la producción de combustible nuclear. Con todo, se cree que la recaudación de este nuevo impuesto a las nucleares será sensiblemente inferior a la cuantía esperada por el anterior.

La Comisión Europea desmiente que haya decidido apostar por la energía nuclear ante una información del semanario alemán Der Spiegel

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EFE.- La Comisión Europea desmintió un artículo del semanario alemán Der Spiegel que asegura que el Ejecutivo comunitario ha elaborado un plan estratégico según el cual quiere promover la construcción de centrales atómicas, así como el desarrollo de pequeños reactores. La portavoz comunitaria Lucia Caudet aclaró que el texto al que se refiere este medio es simplemente un «documento de discusión».

«No es de ninguna manera un documento final ni compromete la posición final de la Comisión Europea», sostuvo Caudet, quien recordó que la decisión de escoger o no lo nuclear como parte del mix energético es «una competencia puramente nacional». La portavoz explicó que el pasado viernes el departamento de Investigación e Innovación de la Comisión Europea envió a expertos nacionales este papel de discusión, en el que se apuntaban potenciales prioridades de investigación futura.

Según explicó, este documento parte de la comunicación de la Unión Energética que identificó la energía nuclear como una de esas potenciales áreas de investigación. El texto «será discutido abiertamente el 24 de mayo y llevará a la adopción de una declaración no vinculante» para guiar la política de investigación de los Estados miembros y de los institutos de investigación, añadió. El portavoz comunitario Margaritis Schinas recalcó que la existencia de este documento «no implica que la Comisión Europea haya decidido apostar por la nuclear».

Según Der Spiegel, el documento propone, entre otras cuestiones, estrechar la cooperación entre los 28 estados miembros para la investigación, el desarrollo, la financiación y la construcción de nuevos e innovadores reactores. También aboga por mejorar las condiciones marco para invertir en energía atómica con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Asimismo, la Comisión Europea buscaría acelerar la construcción de pequeños reactores, para que puedan entrar en funcionamiento como muy tarde para 2030.

Según varios expertos, esta iniciativa buscaría reducir la dependencia energética del gas ruso y avanzar en la reducción de las emisiones de CO2 que provoca la producción de otros tipos de energía, especialmente la térmica. El plan comunitario otorga especial relevancia a la seguridad y exige pruebas de resistencia de materiales para las centrales más antiguas. En la Unión Europea hay en la actualidad 131 centrales nucleares en 14 países, con una capacidad total de 121 gigavatios, y 14 miembros planean construir nuevas plantas atómicas.

Podemos pide que el Gobierno en funciones no decida ahora el futuro de la central nuclear de Garoña

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EFE.- Miguel Vila, diputado de Podemos en la legislatura que acaba de finalizar, exigió al Gobierno en funciones que no aproveche esta situación de transitoriedad para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos.

Vila considera que un Gobierno en funciones «no debería de ninguna manera tomar este tipo de decisiones que pueden tener unas consecuencias muy graves», y ha expresado su temor a que intente «una maniobra de este tipo». La autorización de una prórroga en la actividad de la central supondría, en su opinión, un «serio problema» para el siguiente Gobierno, porque revocar una decisión de ese tipo podría implicar el pago de cantidades económicas muy importantes a la propietaria de la central nuclear «por lucro cesante».

Interior pasará de 185 a 490 los efectivos para cubrir la seguridad en las centrales nucleares ante el «desafío» yihadista

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Redacción / Agencias.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que España pasará de 185 a 490 efectivos para cubrir la seguridad física de las centrales nucleares españolas y el material nuclear, que requieren de unos sistemas de protección y seguridad «acordes a la actual amenaza terrorista».

Durante la II Conferencia Internacional de Reguladores de la Seguridad Física Nuclear en el Museo del Prado de Madrid, Fernández Díaz reconoció que los «continuos ataques del terrorismo yihadista contra la estabilidad demuestran que los desafíos para la Seguridad Nacional revisten una elevada complejidad que ha desbordado los conceptos tradicionales de defensa y seguridad pública«. Así, ha destacado que las instalaciones nucleares y el material nuclear requieren de sistemas de protección y seguridad de acuerdo a la amenaza existente que no solo deberán estar «perfectamente capacitados» para intervenir, detectar y retardar «cualquier intento de ataque» sino también para responder «adecuadamente» para garantizar la seguridad de los ciudadanos y su protección.

En este contexto, ha explicado que el nuevo modelo definido para la seguridad de las centrales nucleares en España se basa en la activación de Unidades de Respuesta de la Guardia Civil, que se ubicarán de forma permanente en cada una de las centrales nucleares. En concreto, ha precisado que en 2016 hay 185 efectivos dedicados a este fin y que la cifra aumentará en otros 305 en 2017, hasta cubrir todas las centrales nucleares en España con un total de 490 efectivos. Además, Fernández Díaz felicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por «convertir a España en una referencia a nivel mundial en el campo de la seguridad nuclear».

El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhaussen, consideró que la reunión es una oportunidad para aprender unos de otros y fortalecer la colaboración, para desarrollar estrategias conjuntas de regulación nuclear para proteger tanto a los ciudadanos como a las infraestructuras críticas«. Por su parte, el director general adjunto de Seguridad Nuclear de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Juan Carlos Lentijo, destacó que la ampliación de la aplicación de la Convención sobre protección física de material nuclear significa que «ahora» hay requisitos legalmente vinculantes para los países para proteger las instalaciones nucleares, así como los materiales nucleares objeto de utilización, almacenamiento y transporte».

En la misma línea, el presidente del Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos (USNRC), el organismo regulador estadounidense, Stephen G. Burns, subrayó que esta conferencia «se basa en el trabajo de 4 años, en los que se han mantenido las mismas inquietudes: los marcos legales y reglamentarios para la seguridad, las metodologías de establecimiento de amenazas base de diseño y su evaluación, así como la protección de la información y la ciberseguridad, la conexión entre la normativa de seguridad y su protección». El objetivo de la Conferencia internacional es «fortalecer la capacidad de seguridad física nuclear en todo el mundo y apoyar la implementación de buenas prácticas en este campo».

Los municipios nucleares apoyan la oposición a un almacén de residuos radiactivos en Garoña

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EFE.- Los municipios del entorno de las centrales nucleares de España (AMAC) expresaron su «total apoyo» a la posición tomada por los municipios de AMAC de la zona de Santa María de Garoña reivindicando un desarrollo alternativo de sus municipios después de un posible cierre de la central nuclear. En este sentido, se oponen a la instalación de un almacenamiento de residuos radiactivos en el exterior de la central nuclear «sin que suponga ninguna oportunidad de creación de riqueza para la zona».

Por ello, AMAC comparecerá en todos los expedientes de licenciamiento que se incoen en el Ministerio de Industria para el almacenamiento de residuos y para las inversiones que se realizan en las plantas para oponerse a toda actividad que conlleve un aumento de residuos y su almacenamiento en el emplazamiento. Las zonas nucleares españolas constatan que la posición de la gran mayoría de los partidos políticos españoles conlleva la desaparición temprana de las centrales nucleares, lo cual se ha refrendado por la decisión tomada por la mayoría del Congreso de los Diputados a favor del cierre de las centrales a sus 40 años de funcionamiento.

La preocupación de los alcaldes es mayor el observar que ninguno de los partidos políticos que se posicionan a favor del cierre «manifiesta interés por el futuro de los ciudadanos que viven en el entorno de estas plantas, que son los que se verán realmente afectados por la pérdida de una actividad económica que se instaló para beneficio de las zonas más desarrolladas de España».

Además, la AMAC entiende que estas decisiones se toman sin pensar en solucionar la gestión de los residuos y se pretende, como en Almonacid de Zorita o en Garoña, «abandonar la actividad y dejar los desechos». AMAC recuerda que actualmente existen almacenamientos de residuos en todas las piscinas de combustible de las centrales y almacenamientos en seco al aire libre en Trillo, Almonacid de Zorita y Ascó; además está pendiente de la licencia municipal el de Garoña, y en fase de licenciamiento el de Almaraz.

España prevé gestionar 188.000 m3 de residuos nucleares, más de la mitad de muy baja actividad

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Europa Press / EFE.– España calcula que la cantidad estimada de residuos nucleares de baja y media actividad a gestionar en función de su parque nuclear será de 188.000 metros cúbicos (m3), de los que un 54% serán de muy baja actividad. Así consta en el Informe Nacional sobre la aplicación de la directiva europea para la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, de agosto de 2015, el primer informe nacional remitido por España a la Unión Europea en materia de residuos.

Además de las plantas atómicas, el ámbito industrial, médico y de investigación contribuyen a generar desechos radiactivos, pero en mucha menor magnitud. El documento recuerda que en España los residuos radiactivos de baja y media actividad son almacenados definitivamente en el Centro de Almacenamiento de El Cabril. El combustible nuclear gastado, salvo el de la planta de Vandellós I, clausurada en 1989 por un grave accidente, se guarda actualmente en las piscinas de los reactores y en los almacenes temporales individualizados (ATI) de Trillo, José Cabrera (en desmantelamiento) y Ascó.

Asimismo, especifica que hasta 2014 se habían generado en España un total de 57.300 m3 de residuos radiactivos, de los cuales el 70% corresponden a residuos de baja o media actividad. En este sentido, señala que la estimación de la generación futura de residuos radiactivos y combustible gastado se ha basado en que no se contempla la opción del reprocesado del combustible nuclear gastado y en un parque nuclear actual de 5 centrales nucleares con 7 reactores en operación hasta los 40 años de funcionamiento, una central nuclear parada (Garoña) y 2 reactores en desmantelamientos.

El informe también señala como hipótesis para esta estimación la previsión de puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) a principios de 2018 y de un Almacén de Espera de Contenedores (AEC) a mediados de 2017, con un periodo de operación de éste de 60 años. Asimismo, se basa en el desmantelamiento inmediato de las centrales nucleares de agua ligera a iniciar 3 años después de su parada, y con duración de 7 años. En el caso de Vandellós I, se prevé ejecutar la última fase de su desmantelamiento a partir de 2030 con una duración de 6 años.

España asegura disponer de la infraestructura «necesaria» para la gestión segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, desde el punto de vista institucional, administrativo, técnico y económico-financiero. Las mayores previsiones de generación de residuos radiactivos de baja y media actividad corresponden a Cofrentes, con 3.316 metros cúbicos; Almaraz (Cáceres), con 2.062 metros cúbicos; Ascó, 1.948; Vandellós II (1.061); Garoña (939) y Trillo (907). A ello hay que sumar un capítulo aún mayor: los desechos derivados del futuro desmantelamiento de las plantas, que rozarán los 128.000. Por otro lado, el inventario de combustible gastado refleja que el total a gestionar en el futuro ascenderá a 19.740 elementos de combustible.

En la categoría de residuos de alta actividad se incluyen básicamente los residuos procedentes del reprocesado del combustible del reactor desmantelado Vandellós I en Francia, que retornarán en breve a España. De acuerdo con el principio de Quien contamina paga, el 99% de los ingresos que alimentan el Fondo de Enresa para la gestión de los residuos proceden de las tasas que pagan los titulares de las centrales u otras instalaciones nucleares o por los generadores de residuos radiactivos fuera del ciclo del combustible nuclear.

El informe, en cuya redacción participaron el CSN, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), los titulares de las planas nucleares y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, también explica que la propia Enresa, como responsable de elaborar el inventario nacional, está revisando la metodología empleada hasta el momento para la estimación de las cantidades de residuos a gestionar, “considerando las incertidumbres asociadas” y que está previsto finalizar el ejercicio en junio de 2016, con la edición de un nuevo inventario con los datos cerrados al finalizar 2015. De hecho, el CSN está evaluando actualmente la petición de Nuclenor para la renovación de la licencia de explotación de Garoña.