Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes».