El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto la convocatoria pública para determinar los municipios interesados en ser candidatos a que su término municipal albergue el almacén, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas 5 hectáreas.
La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.
Los municipios interesados cuentan con un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la convocatoria pública, para presentar sus candidaturas.
La instrucción y el impulso del procedimiento de selección del emplazamiento corresponderán a la Comisión Interministerial, que aprobará una lista provisional una vez analizadas todas las solicitudes.
A continuación se procederá al análisis del término municipal de los candidatos definitivos y, tras este trámite, se comunicará a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico. Los municipios tendrán un mes para aportar información sobre terrenos alternativos.
Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (Zepas).
También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.
Finalmente, la Comisión estudiará los terrenos propuestos y elaborará un informe de propuesta que reflejará las ventajas de los distintos emplazamientos desde el punto de vista de viabilidad, licenciamiento y desarrollo del proyecto. El informe se remitirá al Gobierno que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, designará el emplazamiento elegido para el ATC y su centro tecnológico.
Asignaciones y fondos
Por otro lado, Industria ha abierto el trámite de audiencia pública para modificar la normativa que establece los criterios de reparto de fondos por Enresa a los municipios situados en el entorno de instalaciones nucleares que almacenan combustible gastado o residuos radiactivos.
Los municipios con derecho a asignación son los situados dentro de una distancia determinada (superficie municipal a menos de 10 km o núcleo poblacional a menos de 20 km) a una instalación nuclear (ya sea una central nuclear o una instalación de almacenamiento).
El borrador de Orden Ministerial estipula para el emplazamiento del ATC una cantidad de 6 millones de euros, Si bien podrá ascender a un máximo de 7,8 millones de euros anuales, teniendo en cuenta la parte fija y la cofinanciación de proyectos.
Con esta modificación se busca incrementar las inversiones de los municipios en su diversificación productiva.
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Garoña, la partida de cofinanciación se incrementa desde el 25% o el 30% previsto hasta el 50%, para aquellas instalaciones cuya fecha de cese de la actividad haya sido determinada. Este incremento regirá durante los cuatro años anteriores a la fecha de cese definitivo de la actividad.
En resumen, el incremento de los fondos destinados a los municipios nucleares a través del mecanismo de cofinanciación respecto a la situación actual ascendería en conjunto a un máximo de 7,55 millones de euros al año (de los cuales 1,05 millones corresponderían al mecanismo específico diseñado para Garoña). Esta cantidad se suma a los 21,7 millones que reciben actualmente los municipios nucleares.
