Enresa desmantela el reactor de la central nuclear José Cabrera

Según informó Enresa, los trabajos comenzaron por los denominados internos superiores -placa superior soporte, columnas superiores soporte, columna superior de instrumentación, tubos guía de barras de control y placa superior del núcleo-, cuya misión consistía fundamentalmente en facilitar la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor, así como transmitir las cargas entre los componentes de esta zona superior del mismo.

El corte de los internos superiores tendrá una duración aproximada de tres meses. Después, se acometerá la segmentación de los internos inferiores, donde se alojaba el combustible que generaba la reacción nuclear, y de la propia vasija.

Todos estos trabajos se llevan a cabo bajo agua y mediante herramientas de corte mecánico manejadas a distancia. La duración estimada de esta fase del desmantelamiento será de más de dos años y medio de trabajos.

El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, la primera que entró en funcionamiento y la primera que será desmontada completamente en España, avanza de acuerdo con el programa establecido. Hasta llegar a este punto, el desmantelamiento de las partes activas, han sido necesarias distintas actividades previas.

Por un lado, se adaptaron diferentes sistemas, y adecuaron y prepararon las zonas de trabajo y se convirtió el antiguo edificio de turbina, una vez desmontados todos sus equipos y componentes, en un edificio destinado a acondicionar los residuos procedentes del reactor.

Además, para desarrollar una óptima gestión de materiales, se instaló y calibró un medidor de bajo fondo o «box counter» que servirá para determinar con exactitud el contenido radiológico de los materiales procedentes de áreas activas.

Japón fija un plan para ahorrar este verano hasta un 15% de electricidad por el apagón nuclear

El plan no contempla de momento imponer recortes obligatorios, tal y como se hizo el verano pasado en la zona de Tokio y en el noreste del país tras el accidente en la planta atómica de Fukushima.

A través del programa presentado, el Ejecutivo pedirá a consumidores de la región de Kansai (centro), que incluye ciudades muy pobladas como Osaka y Kioto, que recorten su consumo en un 15% con respecto al nivel de 2010, año en el que se registró el verano más caluroso en Japón desde 1898.

El verano es la época de mayor consumo en el país debido a que las altas temperaturas y la humedad disparan el uso de aires acondicionados.

La campaña pidió que esta reducción del consumo se lleve a cabo los días de semana, entre las 9.00 y las 20.00, entre el 2 de julio y el 7 de septiembre.

El debate generado sobre la seguridad en las centrales a raíz de la crisis nuclear en Fukushima motivó que Japón, que obtenía un 30% de la electricidad a partir de la fusión atómica, mantenga actualmente detenidos sus 54 reactores atómicos.

Por ello, la región de Kansai, cuya empresa eléctrica regional era la que más dependía de la energía nuclear de todo el país antes del accidente en Fukushima, es el área en la que se pide un ahorro más severo. El plan también solicitó un ahorro del 10% a los consumidores de la región de Kyushu (suroeste), del 7% a los de Hokkaido (norte) y Shikoku (suroeste), y del 5% a los de Chubu (centro), Chugoku (suroeste) y Hokuriku (noroeste).

Las únicas regiones exentas son las de Okinawa (sur), donde no existen reactores nucleares, Tohoku (noreste) y Kanto (centro), donde se sitúa la capital, Tokio. En estas dos últimas regiones, el reciente aumento de la generación térmica de electricidad hace que el suministro sea ahora más estable que en otras zonas.

Los responsables de Fukushima carecían de «sentido de crisis»

Por otra parte, la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente en la central nuclear de Fukushima determinó que los funcionarios encargados de gestionar el asunto carecían de un «sentido de crisis», según informa la cadena NHK.

La presidenta de dicha comisión, Kiyoshi Kurokawa, dio a conocer las conclusiones después de entrevistar al viceministro de Economía, Comercio e Industria en el momento del accidente, Kazuo Matsunaga.

Kurokawa reveló que el ex viceministro rehusó determinar su responsabilidad por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente nuclear como consecuencia de un desastre natural, antes de que ocurriera, y por la respuesta a la emergencia, después.

Interrogado sobre las tareas de evacuación en los municipios cercanos a la central nuclear, Matsunaga se limitó a contestar que tenía conocimiento de que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria había delegado esta función en la Agencia de Seguridad Nuclear.

Kurokawa indicó que la comisión de investigación entregará su informe final sobre las causas del accidente en la central nuclear hacia el mes de junio.

Más de 32.000 toneladas de barro radiactivo

Asimismo, se conoció que los municipios de la prefectura de Fukushima, ubicada en el noreste de Japón, poseen más de 32.000 toneladas de barro radiactivo como consecuencia del accidente en la central nuclear de Fukushima, pero se niegan a procesarlo por cuestiones de seguridad.

La cadena NHK realizó un estudio en el que preguntó a las autoridades de la prefectura de Fukushima y a las de 26 municipios, entre otras entidades, cómo gestionaron el barro radiactivo que están acumulando en su territorio.

El 80% de las aproximadamente 39.000 toneladas de barro radiactivo existentes permanecen en almacenes especiales que contienen la radiactividad sin procesar por el miedo de la población local, lo que podría generar un problema de espacio a corto plazo.

En concreto, la localidad de Minamisoma, ubicada muy cerca de la central nuclear, informó de que posee 620 toneladas de barro radiactivo y advirtió de que podría rebasar la capacidad de su almacén hacia el mes de junio.

La legislación vigente en Fukushima establece que el barro radiactivo con más de 8.000 becquerelios por kilogramos puede y debe ser procesado por los municipios para eliminar por completo la radiactividad.

Antes del terremoto y el tsunami que sacudieron la prefectura el 11 de marzo de 2011, las autoridades de Fukushima procesaban el barro radiactivo y lo reciclaban como cemento o fertilizante. Ahora, las empresas encargadas del proceso se niegan a hacerlo por cuestiones de seguridad.

El pleno del Parlamento vasco pide al Gobierno que abandone el procedimiento para revocar el cierre de Santa María de Garoña

Todos los grupos de la Cámara, excepto el PP y UPyD, han apoyado esta enmienda transaccional que insta al Gobierno central a que ordene el cierre definitivo de la central en julio del 2013 al finalizar la licencia de explotación en vigor.

El texto pide al Gobierno de Rajoy que desista del procedimiento de revocación de la orden del Ministerio de Industria del anterior Gobierno que ponía fecha al cierre de la central y que «extienda» a los municipios vascos ubicados en el área de influencia de la central los beneficios del Plan de Dinamización Económica y medidas de Empleo aprobado por el anterior gobierno de Zapatero. El texto se remitirá al CSN y a Nuclenor como empresa propietaria de la central.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo inició la semana pasada el procedimiento de revocación parcial de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), según el proyecto de orden ministerial de este departamento firmado por el ministro José Manuel Soria el pasado 27 de abril.

De esta forma, Industria acuerda incoar «por razones de oportunidad» el procedimiento de revocación parcial de la Orden de cierre de la planta burgalesa emitida el 3 de julio de 2009 que establecía que la central debería cesar sus operaciones el 6 de julio de 2013.

El titular de Garoña, Nuclenor, dispone ahora de un plazo máximo hasta el 6 de septiembre de 2012 para presentar una solicitud de renovación de licencia de operación por un nuevo periodo «no superior a seis años» de forma que se podría ampliar la actividad de Garoña hasta el año 2019 como dictaminó el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, por unanimidad, se mostró favorable a que la planta operara diez años más.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha explicado que el Gobierno central se encuentra analizando todos los informes y dictámenes posibles y que tomará la decisión de prorrogar o no y no la central tras sus análisis, «y no en base a un voluntarismo pronuclear del PP«.

Asimismo, ha defendido que «con la ley en la mano y con los informes del CSN» a pesar de sobrepasar los 40 años, la central «puede seguir funcionando porque se cumplen todos los requisitos técnicos, jurídicos, legales, empresariales y políticos». «Hay una necesidad de generar energía en este momento de crisis», ha señalado.

Barrio ha recordado que el gobierno de Zapatero prorrogó la vida de Garoña, central que «ha mantenido sus condiciones y puesta a punto para producir energía». En este sentido, ha explicado que el año pasado produjo el 30 por ciento de la electricidad consumida en Castilla y León y ha señalado que su cierre «supondría un importante declive económico en la zona con la pérdida de puestos de trabajo».

«El PP va a apoyar la decisión tome el Gobierno central asesorado por el CSN, no caeremos en las incoherencias que algunos de los grupos parlamentarios plantean permanentemente», ha zanjado.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, por su parte, ha mostrado su oposición a la iniciativa y ha apostado por abordar un debate «serio y riguroso a nivel nacional» en el Congreso de los Diputados con el que se planteen iniciativas «realistas» para «articular la mejor política energética para el país».

El parlamentario del PNV Norberto Aldaiturriaga ha defendido que la postura de su formación siempre ha sido «clara» solicitando el cierre de Garoña argumentando razones de obsolescencia y seguridad y ha recordado el caso de Fukushima y el cierre de centrales nucleares de Alemania y Japón para afirmar que estas políticas «deben hacernos reflexionar al respecto».

«Los problemas de seguridad que plantea, la situación de riesgo que supone para los casi dos millones de personas que nos encontramos en un radio de acción de 80 kilómetros, no compensan los hipotéticos beneficios para la comunidad que se obtiene de su actividad», ha defendido.

Desde el PSE, Natalia Rojo, ha recordado la postura del PSE contraria a la energía nuclear y a favor del cierre de Garoña en julio del año 2013 y ha defendido que esta prórroga aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene como objetivo la preparación de un plan el mantenimiento de la actividad económica en los municipios de la zona.

El parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha defendido que se trata de un debate político y no técnico porque «con independencia de los informes que se hayan realizado, existen otras fuentes de energías más viables económicamente y más adecuadas desde el punto de vista medioambiental».

Asimismo, ha denunciado que el mantenimiento de la central responde a uno de los criterios «favoritos» del PP que supone «obtener beneficios privados a coste público» ya que según ha explicado, los beneficios de la explotación de la central serán para la cuenta de resultados de Iberdrola y Endesa, mientras que el coste de los residuos, su desmantelamiento y las actuaciones en caso de accidente correrán a cargo de los presupuestos públicos.

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha recordado que hace tres años el Parlamento vasco solicitó al gobierno del PSOE que no prolongase el permiso de explotación de la central hasta julio del 2013, solicitud que no fue atendida «imponiéndose desde Madrid» las decisiones sobre la central.

«La sociedad alavesa y vasca lleva años pidiendo su cierre porque es muy peligrosa y no tiene justificación técnica», ha defendido antes de afirmar que la central «no aporta ni el 0,3 por ciento de la energía al Estado», por lo que es «perfectamente prescindible».

El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, ha enumerado las paradas que ha tenido la central para advertir de que «lo único que tranquilizaría a la población sería el cierre de Garoña» porque «nadie puede garantizar la seguridad de ninguna central al cien por cien».

Los responsables de Seguridad de las seis centrales nucleares españolas se reúnen desde este miércoles en Granada

‘Safetygranada 2012’, que se celebrará en el Parque de las Ciencias, es un seminario de alto nivel en el que se abordará la seguridad en sistemas complejos de alto riesgo como el tráfico aéreo, la medicina o la energía. Estas jornadas tendrán como protagonistas a expertos mundiales en seguridad operacional, factores humanos y ergonomía en los sectores de ‘Aviación y transporte’, ‘Industria de energía’ y ‘Medicina y seguridad del paciente’, que expondrán su experiencia práctica y sus reflexiones científico-técnicas. Además, en el encuentro participará también James Reason, el mayor experto internacional en error humano y cultura de seguridad.

Las lecciones magistrales serán seguidas por exposiciones de los organismos reguladores españoles (Agencia Española de Seguridad Aérea, Consejo de Seguridad Nuclear y Ministerio de Sanidad) que servirán de apoyo para debatir sobre el estado actual y las perspectivas de futuro de la seguridad de dichos sectores en nuestro país. De este encuentro se esperan conclusiones importantes para la identificación precoz de las causas que pueden provocar accidentes severos en las industrias de alto riesgo.

Las jornadas, bajo el título ‘Factores Humanos de la Seguridad Operacional en los Sistemas Complejos de Alto Riesgo’, están organizadas por el Grupo de Ergonomía Cognitiva de la Universidad de Granada, en colaboración con la empresa Ergotec y la Editorial Modus Laborandi.

Una idea fundamental que subyace a este encuentro es que la Seguridad Operacional tiene muchos aspectos en común en diferentes sectores. Por ejemplo, hoy en día es generalmente asumido que los sistemas de gestión implantados en los hospitales para asegurar la seguridad del paciente se han beneficiado enormemente de los sistemas de gestión de la seguridad operacional aéreos y de la industria nuclear.

‘Safetygranada 2012’, del que ha informado la Universidad de Granada en una nota, será una oportunidad única para el encuentro de los profesionales, administraciones y empresas de los sectores de alto riesgo con expertos en factores humanos y ergonomía que desarrollan su actividad profesional y científica en estos ámbitos. La Seguridad Operacional es un objetivo prioritario y estratégico de cualquier sociedad moderna independientemente de los avatares económicos.

Las jornadas estarán dirigidas por José Juan Cañas, catedrático de Ergonomía Cognitiva de la Universidad de Granada, y Jesús Villena, Director de Ergotec y de la Editorial Modus Laborandi.

La OCDE cree «inconcebible» una Europa sin nucleares en unos 30 años por su impacto económico

En declaraciones a medios de comunicación con motivo de su visita a España para participar en el Seminario Internacional de Comunicación de Crisis en Energía Nuclear, Echávarri ha explicado que los cambios bruscos en el ámbito energético no son posibles por el impacto económico que supondrían.

Además, ha destacado que frente a Alemania, hay países que han dicho «claramente» que su energía nuclear es segura, su industria «seria» y sus organismos de regulación son independientes, por lo que no van a renunciar a ella.

A su juicio, la credibilidad de un regulador atómico depende de la percepción social y ha puesto de ejemplo a Alemania, país del que ha dicho que tiene centrales nucleares «seguras, de primera clase» pero donde la percepción social creada por el accidente de Fukushima es negativa. Sin embargo, ha apuntado que otros países europeos, como Reino Unido, han anunciado nuevos proyectos nucleares.

«En Europa el impacto de Fukushima no es tanto de la credibilidad en los organismos reguladores sino de percepción de algunos responsables políticos», ha manifestado.

Respecto al impacto provocado por el accidente que se produjo el 11 de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón), a raíz del tsunami que siguió al terremoto, Echávarri considera que este accidente «no cuestiona la energía nuclear sino localizaciones específicas y diseños específicos» y ha asegurado que es una situación que en otros países «no se va a dar».

A este respecto, ha explicado que lo que ha sucedido en Japón es que la población ha perdido su confianza en el Gobierno y en el organismo regulador que tenía una relación de «no independencia con la industria» y ha advertido de que recuperar la credibilidad lleva «mucho tiempo» y el pueblo nipón ahora no quiere energía atómica.

Sin embargo, ha subrayado que la mayor parte de las centrales japonesas «con algunas modificaciones adicionales que se están haciendo podrían funcionar perfectamente«.

De este modo, ha incidido en que la recomendación realizada por la OCDE a Japón es que no hay razón para no poner en funcionamiento las centrales nucleares que «cumplan con los requisitos» de los estrés test, ya que el país necesita esta energía. De hecho, ha vaticinado una situación «muy grave» para este verano a causa del apagón nuclear de Japón -que culminó la semana pasada-, ya que la producción industrial del país y el verano anterior aún tuvieron un 11 por ciento de su suministro de origen nuclear.

«El riesgo de tener un grave impacto económico es muy elevado para Japón. La OCDE da una recomendación muy clara: Japón necesita de las centrales nucleares que sean seguras. El impacto económico sería desproporcionado«, ha sentenciado.

Para Echávarri, la apuesta de Japón por sustituir la nuclear por renovables no es posible a corto plazo porque necesitarán «unos cuantos años». Mientras tanto, ha dicho que «lo único» que puede utilizar el país nipón son las centrales que ya existen, que son de carbón y gas e incluso algunas antiguas de fuel-oil, que van a reutilizar y que funcionarán muchas más horas.

Esta práctica supondrá un enorme impacto económico para el país porque «no se puede montar un parque renovable en poco tiempo», menos aún en país aislado que no puede importar electricidad. De este modo, ha agregado que si Japón pone en marcha un programa renovable muy agresivo hasta dentro de tres o cuatro años no empezarán a tener algunas renovables, pero para sustituir y llegar hasta el 30 por ciento de nucleares que tenían hasta el 2011 «les llevará, al menos, 15 años».

«Es un error pensar que las renovables se sustituyen automáticamente por renovables. Se sustituyen por carbón y por gas. Japón tenía un sector renovable pequeñísimo», ha insistido, aunque estima que este país necesita un sector renovable «mucho más fuerte que el actual a largo plazo».

El responsable de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE ha recordado que Fukushima es «consecuencia de un tsunami impresionante» y que no ha sido un accidente generado dentro de la central por una mala práctica o por fallos de equipos, como en Chernobil o en Three Miles Island, sino un tsunami que ha matado a 20.000 personas y ha provocado una situación accidental en la central.

Finalmente, espera que esta situación no se va a dar en otros países que, sin embargo, debido a que podría haber situaciones naturales complejas que pueden afectar a las centrales, se van a instalar equipos adicionales para que en situaciones de estas se asegure que siempre va a haber electricidad para gestionar las situaciones de emergencia y que el personal va a estar mejor preparado.

Marti Scharfhausen vaticina que, en unos 30 años, se podrán hacer reactores completamente seguros

Martí hizo estas declaraciones en la clausura del Seminario Internacional de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis que durante dos días se celebró en la Casa de América de Madrid, organizado por la Agencia de la Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (NEA/OCDE), en colaboración con el CSN.

En su intervención, Martí indicó que los reguladores están viviendo «un momento único e histórico» en el que, en su opinión, hay «que dar la vuelta a la situación» y «aprender de los errores del pasado». «Nuestro reto es de aquí a 30 años», auguró.

«En los últimos cuatro meses hemos hecho más cambios en energía que en los anteriores dos años y estamos preparando una nueva regulación definitiva en breve; es un proceso rápido pero muy difícil que está llevando un tiempo», indicó.

Marti Scharfhausen vaticina que, en unos 30 años, se podrán hacer reactores completamente seguros

Martí hizo estas declaraciones en la clausura del Seminario Internacional de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis que durante dos días se celebró en la Casa de América de Madrid, organizado por la Agencia de la Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (NEA/OCDE), en colaboración con el CSN.

En su intervención, Martí indicó que los reguladores están viviendo «un momento único e histórico» en el que, en su opinión, hay «que dar la vuelta a la situación» y «aprender de los errores del pasado». «Nuestro reto es de aquí a 30 años», auguró.

«En los últimos cuatro meses hemos hecho más cambios en energía que en los anteriores dos años y estamos preparando una nueva regulación definitiva en breve; es un proceso rápido pero muy difícil que está llevando un tiempo», indicó.

Industria inicia el procedimiento para revocar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña

Industria acuerda incoar «por razones de oportunidad» el procedimiento de revocación parcial de la Orden de cierre de la planta burgalesa emitida el 3 de julio de 2009 que establecía que la central debería cesar sus operaciones el 6 de julio de 2013.

Además, acuerda notificar la orden a los interesados para que presenten alegaciones en el plazo de diez días. Industria fija también que el plazo máximo de resolución será de tres meses desde el 27 de abril y que el titular de Garoña, Nuclenor, dispondrá de plazo máximo hasta el 6 de septiembre de 2012 para presentar una solicitud de renovación de licencia de operación por un nuevo periodo «no superior a seis años».

Es decir, Industria amplia la actividad de Garoña hasta 2019, tal y como dictaminó el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, por unanimidad, se mostró favorable a que la planta operara diez años más. Entonces, el Gobierno decidió dar a Garoña cuatro años más y establecer su cierre en 2013.

El documento firmado por Soria argumenta que «en las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que España es uno de los Estados miembro de la Unión Europea con una mayor dependencia energética del exterior, no se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles».

Por ello, estima que mientras las centrales que actualmente están en funcionamiento en España cumplan con todos los requisitos en materia de seguridad impuestos por el CSN, «deben seguir contribuyendo a la seguridad de suministro energético español, a la optimización de los costes energéticos y a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero«.

Por estas «razones de oportunidad», Industria considera «desfavorable» que el anterior gobierno ampliara la licencia de Garoña «solo» hasta 2013, lo que define como un «acto administrativo, toda vez que carece de naturaleza normativa» y añade que «debe ser revisado».

El pasado mes de febrero el organismo regulador español remitió un informe al Ministerio en el que concluía que no había «impedimento alguno» por razones de seguridad nuclear o protección radiológica para revocar la orden de cierre de Garoña de 2009, siempre y cuando se modificaran una serie de límites y condiciones.

Posteriormente, con fecha de 6 de marzo y a petición de Industria, el CSN remitió un informe complementario para «precisar alguno de los extremos contenidos en su informe anterior».

Nuclenor celebra el inicio de la revocación del cierre pero afirma «que no es la noticia que esperaba»

Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha celebrado el inicio del procedimiento de revocación parcial de la orden de cierre de la central por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo porque considera que es una «buena noticia» que abriría a la planta atómica la puerta para continuar con sus operaciones hasta 2019.

En este sentido, fuentes de comunicación de Nuclenor han manifestado que se trata de una «decisión coherente» por parte del Gobierno «en la línea de la continuidad». En todo caso, han apuntado que (el inicio del procedimiento) «no es la noticia que estaban esperando», sino que están a la espera de la orden ministerial definitiva que confirme la revocación del cierre.

Nuclenor ha confirmado que el Ministerio dirigido por José Manuel Soria les ha notificado a ellos, y a todas las partes interesadas, la decisión de iniciar la revocación, pero ha recordado que este departamento ha de cambiar la orden ministerial de forma definitiva. «Cuando veamos la orden modificada y sus condiciones entonces decidiremos y podremos adoptar una postura concreta», ha declarado.

En cualquier caso, la dirección de comunicación de la central burgalesa ha recordado que desde Santa María de Garoña «siempre se ha apostado por la continuidad de su actividad» y que, precisamente por ello, «han mantenido las inversiones para tener en todo momento a punto la planta».

Castilla y León ve una «excelente noticia» la revocación de la orden de cierre de la central

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, cree una «excelente noticia» la revocación de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) por el mantenimiento de los 1.000 empleos vinculados al centro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia ha valorado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo haya iniciado el procedimiento de revocación parcial de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

«Es una magnífica noticia para Castilla y León, una magnífica noticia para Burgos y para las 1.000 familias que veían peligrar su trabajo», ha concluido.

El delegado de Gobierno de Castilla y León visitará la central nuclear para conocer las «inquietudes» de la empresa

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, acompañado del subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas, ha anunciado una visita a la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña para conocer «de primera mano» las «inquietudes» de la empresa de cara a la prórroga de actividad de la infraestructura.

Ruiz Medrano, que ha presidido este jueves en la capital burgalesa la Comisión Territorial de Asistencia al Delegado del Gobierno, no ha precisado la fecha de la visita, aunque ha confiado en que se produzca en las próximas semanas.

Por su parte, Arribas ha explicado que en estos momentos se trabaja en la modificación de la orden ministerial relativa al cierre de Garoña en 2013, con el objetivo de que se realice dentro de los plazos prefijados.

Ante la posibilidad de que la prórroga exceda de 2019, ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no especifica una fecha en su informe, sino una serie de condiciones de mantenimiento y actuaciones a ejecutar de cara al mantenimiento de actividad.

Además, ha recordado que se desconocen las intenciones concretas de la empresa que explota la central, por lo que habrá que esperar a su pronunciamiento para conocer más detalles sobre la prórroga.

Hugo Morán (PSOE) critica al Gobierno por ir «en dirección opuesta» a Alemania en materia nuclear

El Secretario Federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha criticado al Gobierno por ir «en dirección opuesta» a Alemania en materia nuclear, tras conocer el procedimiento iniciado por el Ministerio de Industria para revocar el decreto de cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos).

En un comunicado, Morán ha indicado que el país germano «fía a las nuevas tecnologías limpias buena parte de las oportunidades de salida de la crisis» y ha señalado que «el PP cierra las renovables y abre las nucleares».

«Esta actuación viene a coincidir en el tiempo con el Real Decreto mediante el que se aplica de facto un apagón renovable en España, refleja bien a las claras cuál es el modelo energético que pretende implantar el Partido Popular en España», ha lamentado.

Greenpeace presentará alegaciones al proyecto de revocación del cierre de la central nuclear de Garoña

El grupo ecologista ha advertido de que la revocación es «una burla» a los funcionarios del Ministerio de Industria que fundamentaron el cierre de Garoña y «a los Tribunales de Justicia que lo confirmaron», según ha informado en un comunicado.

Además, Greenpeace defiende la «necesidad» de mantener el cierre definitiva de la central dada la «acumulación de problemas técnicos y de seguridad» que la empresa propietaria, Nuclenor, «no tiene previsto solucionar» y considera que la producción «es innecesaria para la seguridad de suministro eléctrico» y que «su desmantelamiento generaría muchos más puestos de trabajo que mantenerla en servicio».

Entre los fundamentos jurídicos en los que se basa el proyecto de revocación, Greenpeace explica que la orden ministerial es un acto administrativo «que carece de naturaleza normativa y es desfavorable», pues fue ratificada por la Audiencia Nacional el 14 de julio de 2011, cuando confirmó la decisión que el Gobierno tomó en 2009 y «rechazó el otorgamiento de indemnizaciones».

Asimismo, Greenpeace ha recordado que la actividad de Garoña supone «menos del 0,3 por ciento» en el sistema energético español cuando, además, esa actividad «depende de la importación y del tratamiento del uranio que utiliza».

Por otro lado, la organización ecologista señala que este proyecto de revocación se presentó «al día siguiente» de que el Grupo de Reguladores de Seguridad en Europa, ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), presentara sus conclusiones a la Comisión Europea sobre las pruebas de resistencia de las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima.

En el documento de conclusiones del ENSREG, en el que valora las pruebas de resistencia realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a las centrales nucleares españolas, destaca, según los ecologistas, las «carencias para la gestión de accidentes integrado dentro del marco legal español, junto con otras deficiencias detectadas» y subraya que una de las carencias más importantes de las pruebas de resistencia es «la falta de consideración del envejecimiento de las centrales nucleares», aspecto fundamental en el caso de Garoña, a juicio de Greenpeace.

La OCDE descarta construir más nucleares en España a corto plazo por exceso de capacidad instalada

En declaraciones a medios de comunicación, con motivo de su asistencia al seminario internacional sobre comunicación de crisis en el sector nuclear que se celebra en Madrid, el director de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE, Luís Echávarri, ha explicado que «en este momento hay un «exceso de capacidad instalada en España«, lo que «no lleva a considerar nuevas inversiones».

Así, ha señalado que la capacidad nuclear instalada es el triple de la eólica porque su rendimiento es mucho más elevado y ha agregado que «en este momento no hay necesidad» de instalar más capacidad, ya que España no tiene un problema de producción y «no lo va a tener en los próximos años».

En cualquier caso, ha celebrado que el nuevo gobierno haya dicho «algo fundamental», como que el criterio sobre el parque atómico es técnico y, por tanto, compete al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esto es «muy positivo» porque, en su opinión, la seguridad nuclear «no puede ser política».

Además, ha destacado que con este mensaje, el Ejecutivo da por sentado que en la medida en que las centrales sigan siendo seguras «no hay razón para pararlas y menos aún en la situación económica actual».

Por otro lado, considera «inconcebible» que Europa y España puedan seguir sin nucleares en los próximos 20 o 30 años, ya que es fuente de aproximadamente el 30 por ciento de la energía del continente.

Respecto a la crisis nuclear mundial generada a raíz del accidente en la central de Fukushima Daiichi, Echávarri ha precisado que «el futuro de la energía nuclear depende de la percepción de la sociedad y de la seguridad que se transmita». Por ello, ha insistido en que no se puede esperar a organizar la comunicación de crisis hasta que la crisis se produzca.

Durante su participación en el seminario, ha lamentado que «desafortunadamente» el accidente de Fukushima Daiichi ha puesto un ejemplo de la importancia de la comunicación de crisis y ha reconocido la dificultad que entraña para la sociedad en general entender los efectos de la radiación, de ahí la importancia de comunicarlo bien.

«Estamos tratando de alcanzar mejores prácticas para la comunicación e información a la sociedad civil (…). Para que la energía nuclear sea una opción real, debe ser apoyada por la sociedad civil«, ha apostillado.

Finalmente, ha apuntado que la comunicación de la crisis en Japón «no fue tan buena como pudo ser» y ha insistido en que no se puede esperar a que se produzca un nuevo accidente -algo que considera posible- para decidir cómo se comunica.

En seguridad nuclear «no hay espacio para la complacencia» porque depende de la percepción social, según expertos

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, ha señalado este miércoles que en materia de seguridad nuclear «no hay espacio para la complacencia» porque las situaciones de crisis llevan aparejadas una «crisis de confianza», un valor que cuesta mucho conseguir y que se puede perder en un instante.

Así lo ha manifestado en la presentación del seminario de trabajo en ‘Comunicación de Crisis, enfrentando los retos’ organizado por la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid y al que durante dos días asisten expertos y responsables de los organismos reguladores de los países con programas atómicos.

En este contexto, Martínez Ten ha subrayado el trabajo realizado en el último año, a raíz del accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima Daiichi en marzo de 2011, para detectar las posibles mejoras en el parque nuclear mundial.

Además, ha destacado que la seguridad nuclear requiere de un trabajo de cooperación internacional después de que Fukushima haya puesto sobre la mesa la importancia de la comunicación para los reguladores y ha mostrado «con nitidez» la dimensión internacional en momentos de crisis.

«La comunicación es uno de los desafíos más importantes de los organismos reguladores», ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que la comunicación y la transparencia tiene que ver con la nueva ciudadanía y las sociedades de la información y el conocimiento.

Mientras, el director del Comité de Actividades de los Reguladores Nucleares (CRNA), Mike Weightman, ha reconocido que en el accidente de Fukushima no se hizo «lo suficiente en esas circunstancias» e incluso hubo malos entendidos, incluidos problemas con las traducciones, así que considera que hay que mejorar la comunicación porque, a su juicio, la percepción del riesgo está basada en creencias y valores.

Al seminario de trabajo, que se celebra este miércoles y jueves en Madrid, asisten representantes de los Gobiernos, de los organismos reguladores atómicos nacionales, representantes de organismos internacionales, periodistas, expertos en comunicación e investigadores de países como Austria, Bélgica, Canadá, China, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Lituania, México, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Emiratos Árabes unidos, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros. El objetivo del programa es discutir sobre la comunicación nuclear en situaciones de crisis.

El comisario europeo de Energía anuncia inspecciones adicionales durante las próximas semanas a los reactores nucleares de la UE

«Creemos que la manera en que se cubren los riesgos frente a accidentes de avión deben estar cubiertos también», ha explicado el comisario en rueda de prensa tras participar en el segundo debate público que han mantenido en Bruselas responsables de los reguladores nucleares nacionales, representantes de la industria y de ONG para debatir las pruebas de resistencia a las centrales nucleares realizadas hasta ahora. «Nosotros queremos garantizar la seguridad frente al terrorismo», ha recalcado.

Fuentes comunitarias han precisado no obstante que las nuevas inspecciones no se centrarán exclusivamente en medir la seguridad y la capacidad de respuesta frente a ataques terroristas o accidentes de avión sino que cubrirán otros criterios como la capacidad de resistencia frente terremotos, inundaciones o fusiones del núcleo que fueron pactados entre los Veintisiete tras el accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima.

Aunque el Ejecutivo comunitario se había comprometido a presentar a los líderes europeos su informe completo con sus recomendaciones y las posibles mejoras necesarias en los distintos reactores nucleares en Europa la cumbre de junio, Oettinger ha confirmado que, ante las nuevas inspecciones previstas, aplazará su presentación a octubre. «En octubre queremos presentar nuestro informe al Consejo», ha confirmado.

Las inspecciones hasta ahora sólo han cubierto 38 del total de 147 reactores nucleares en los 15 países de la UE con plantas nucleares en su territorio, en el marco de las revisiones de expertos del resto de socios europeos realizadas el pasado mes de marzo siguiendo criterios pactados a nivel europeo después del accidente nuclear de Fukushima en marzo de 2011.

El presidente de ENSREG, Andrej Stritar, ha explicado que los socios europeos ya cuentan con «un plan del tipo de requisitos técnicos» para «mejorar» la seguridad de las centrales nucleares en Europa «a nivel europeo» a partir del informe que presentó el grupo a finales de abril y «listas de acciones considerables que se llevarán a cabo en este sentido en el futuro próximo» y por ello ha descartado introducir modificaciones al mismo pese a las nuevas inspecciones que se realizarán.

«Se están haciendo mejoras en todas las plantas en Europa para reducir riesgos frente a acontecimientos externos», ha explicado Striar, que ha augurado que las mejoras de las centrales nucleares en Europa requerirán «cientos de millones (de euros) o incluso más» en nuevas inversiones.

En su informe, ENSREG reclamó sobre todo mejoras en las centrales nucleares para superar la falta de evaluaciones adecuadas para hacer frente a desastres naturales y de la medidas de prevención como equipos móviles y de respuesta en caso de emergencias.

Aunque el comisario de Energía se ha mostrado partidario en el pasado de cerrar las centrales nucleares en Europa que no cumplan requisitos suficientes de seguridad, fuentes comunitarias admiten que se trata de una prerrogativa nacional y que no tienen capacidad para obligar a su cierre.

Además, el comisario ha avanzado este martes en todo caso que presentará nuevas propuestas legislativas a finales de año «en base a los resultados de las pruebas de resistencia en 2012» con el objetivo de mejorar la actual directiva comunitaria sobre seguridad nuclear.

La nueva legislación, ha precisado Oettinger, buscará «mejorar» la capacidad de respuesta en caso de situaciones de emergencia con el objetivo de promover «los mejores estándares» y, sobre todo, garantizar «la plena independencia y la responsabilidad» de los reguladores nacionales para garantizar que «no reciben instrucciones de nadie», así como «la responsabilidad frente a daños a terceros» para promover «ciertas normas comunes».

El comisario no ha querido señalar sin embargo a los países donde existen dudas sobre la plena independencia de sus reguladores nacionales nucleares. «En algunos países son plenamente independientes, en otros Estados miembros las cosas podrían mejorarse. Queremos los niveles más elevados posibles de independencia. Es lo que vamos a proponer a nivel europeo», ha explicado.