Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, tras conocer que el propio Soria reiterase que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determina que Garoña cumple «con todas y cada una de las garantías y condiciones de seguridad», el Gobierno será «partidario» y apoyará la prórroga de su actividad, que está previsto que concluya en julio.

En declaraciones a los periodistas en Guadix (Granada) tras la inauguración de la Escuela Internacional de Turismo Rural y Naturaleza (Enturna), el ministro, que recordó que el operador nuclear de la central ha solicitado esa prórroga, sostuvo que esa posición del Ejecutivo «es la misma desde el principio de legislatura».

Asimismo, señaló que en el «mix energético» con el que cuenta España, el coste de megavatio/hora más barato es el de la energía nuclear, por lo que si «hay condiciones de seguridad», el Gobierno apostará por que Garoña siga abierta y generando «energía».

El ministro reiteró así la posición que ya anunció en su intervención en la Comisión de Industria del Senado, en la que manifestó que el Gobierno «no tiene prejuicio ideológico» respecto a la energía nuclear, añadiendo que «si el CSN es favorable a la prórroga, el Gobierno será favorable y si el CSN no lo es, nosotros tampoco».

El Pleno del CSN, a petición del Ministerio de Industria, volverá a reunirse este miércoles para continuar analizando la propuesta de Nuclenor, propietaria de la planta nuclear burgalesa, para que se revoque parcialmente la orden ministerial de cierre de 29 de junio de 2012, de modo que se pueda ampliar el plazo para que ésta pida la renovación de su licencia que, en la actualidad, expira el próximo 6 de julio.

Fuentes del regulador nuclear indicaron que los consejeros en pleno iniciaron el estudio de este tema el lunes pero, ante la necesidad de más imformes y de tiempo, acordaron convocar una nueva sesión este miércoles. Sin embargo, ello no quiere decir que adopten una decisión al respecto.

Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, sostiene que está a la espera de un informe de la Dirección General de Tributos sobre la retroactividad de los impuestos del sector energético.

Cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivode la actividad de Garoña en diciembre de 2012 , ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta, tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético.

En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.

Fuentes empresariales consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña «, sostienen de la empresa propietaria.

El CSN debe garantizar la seguridad sin impedir el deseo del titular

El ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y catedrático emérito en energía nuclear, Agustín Alonso, consideró que el organismo regulador debe garantizar que las centrales nucleares funcionan con seguridad para las personas y el medio ambiente pero sin impedir los deseos de los titulares de seguir operando o de parar su actividad.

Alonso insistió en que, al contrario de la opinión de los grupos ecologistas, la situación de Garoña es «reversible» porque no ve impedimento para que el organismo regulador acepte la petición del titular al Ministerio y que éste les remitió. Sin embargo, pese a que la petición «es simple», la central nuclear de Garoña podría estar sin operar más de un año, que es la prórroga solicitada.

En ese caso, Nuclenor tendría que mantener los requisitos formalmente establecidos para que la planta permanezca abierta y el CSN mantener sus sistemas de vigilancia, de evaluación continuada y su inspector residente. «Es como si la central siguiese funcionando», manifestó.

Asimismo, recordó al titular de la planta atómica que, a consecuencia de las pruebas de estrés surgidas tras el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón) hace dos años, hay una instrucción técnica complementaria del CSN a Garoña que le exige acometer una serie de modificaciones en un plazo. «Ahora también tendrán que ampliar ese plazo», indicó.

Sobre el cambio por el que Nuclenor se plantea que ahora Garoña sí podría ser viable, Alonso justificó la decisión del titular en que en la actualidad todos los fabricantes u operadores de electricidad (nuclear, hidráulica, de gas, renovables, etcétera) tienen planteados contenciosos administrativos por las decisiones tomadas por el Gobierno en cuanto a los impuestos en la energía. Por ello, estimó que Nuclenor quiere esperar a la resolución de estos porque en función del resultado, la central podría pasar de no ser rentable a sí ser viable.

AMAC considera perfecto que la central quiera seguir operando

Por su parte, la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) consideró «perfecto» que la central nuclear de Santa María de Garoña haya manifestado su intención de seguir operando más allá del 6 de julio próximo y señaló que la solicitud planteada por su titular, Nuclenor al Ministerio de Industria para que le dé un año de prórroga, da «esperanza a la población local del entorno».

El gerente de Amac, Mariano Vila D’Adabal, especuló que parece que Nuclenor y el Gobierno han estado hablando. «Si el Consejo de Seguridad Nuclear dictamina que la central burgalesa es segura y este cambio quisiera decir que quizá se ampliara la operación a 60 años, a AMAC le parecería perfecto», apuntó.

Por ello, añadió que cree que abre la esperanza para la población del entorno del valle de Tobalina (Burgos) porque el cierre de Garoña supondría una pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica en la zona. «No nos parece justo que no se tengan en cuenta los intereses de la población, por lo que si se rompe esta dinámica estaremos encantados», concluyó.

País Vasco cree que la nuclear del mix no debería proceder de Garoña

Asimismo, la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, emplazó a conocer la decisión del CSN respecto a la petición de Nuclenor sobre Garoña y «bajo qué condiciones se podría «solicitar o conceder» una posible prórroga.

Tapia recordó que Garoña es una central «con muchos años de vida» y que precisaría de «grandes inversiones para adecuarse a la situación». «Por tanto, vamos a ser un poco cautos, pero en la medida en que podamos hacerlo, por las poblaciones vascas que se encuentran alrededor de Garoña, también muy escrupulosos con las garantías que nos va a proporcionar», advirtió.

La consejera insistió en que, el Ejecutivo aguardará al pronunciamiento del CSN, pero destacó que, aunque el ‘mix energético’ tiene una parte importante todavía de energía nuclear, «no debería ser ésa la central sobre la que habría que pivotar este tipo de energía».

Se ha generado «incertidumbre»

El Diputado General de Álava, el popular Javier de Andrés, defendió que el Gobierno central actúe «dando seguridad» en el caso de la posible revocación de cierre de la central de Garoña, y consideró que la decisión «se debería haber adoptado ya» porque «se ha generado incertidumbre, y las vacilaciones en una materia tan sensible como ésta generan tensión e incomodidad en la sociedad alavesa, por lo que no ayudan a que nos sintamos más seguros o a tener confianza en el proceso que se ha seguido».

El diputado general de Álava recordó que «las cosas estaban ya fijadas» porque había una fecha de cierre para este mes de julio. «Yo entiendo que se había adoptado ya la decisión porque creo que una reconsideración sobre una decisión ya adoptada no contribuye a calmar a la opinión pública ni a establecer un clima de confianza en el funcionamiento de la central nuclear», insistió.

Para De Andrés, es «fundamental» conocer el pronunciamiento del CSN sobre esta propuesta «repentina» de las eléctricas y conocer el recorrido que podría tener esta petición y destacó el «cambio» dado por las eléctricas «que daban por cerrada Garoña y ahora solicitan un plazo de un año para abrir un periodo de negociación o revisión del futuro de la central».

Ecologistas denuncian «negociaciones secretas y escandalosas»

Por su parte, Ecologistas en Acción aseguró que existen negociaciones «secretas y escandalosas» entre el Gobierno y las empresas eléctricas, a tenor de la decisión del titular de la Garoña de pedir un año más de plazo para solicitar la renovación de su licencia.

Para Ecologistas en Acción, esta petición está poniendo en juego «una vez más» la credibilidad del CSN porque si permite que la planta burgalesa siga un año más en parada fría, mientras el titular negocia con el Gobierno, estaría siguiendo el dictado de Nuclenor.

A este respecto, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, valoró que se trataría de un «peligroso precedente de cesión» a las presiones gubernamentales y empresariales.

La organización recordó que Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, mantuvieron en los últimos meses un pulso con el Gobierno para que se paralizara la ley que grava la generación de residuos radiactivos y para que se prolongara la vida de las nucleares. A su juicio, el «elemento de presión» que usaron las eléctricas fue la central nuclear de Garoña (Burgos), cuya vida se había comprometido a alargar el PP en su programa electoral.

Así, añadió que tras una primera parte de un pulso «bajo los focos», siguió una segunda parte «en secreto» y cuyos resultados se desconocen pero que han permitido a Nuclenor replantearse su postura de cerrar, por lo que solicitó pedir una prórroga para mantener la central en parada fría durante un año.

Para Castejón, la sola petición de la prórroga, después de que el titular haya incumplido «todos los plazos ofrecidos generosamente por el Gobierno, es un indicio de negociaciones escandalosas».

Respecto a la fecha en la que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que tener listo el informe, el 1 de junio, Ecologistas consideró que es «imposible» realizarlo de forma competente en tan corto espacio de tiempo, «salvo que se pida a los técnicos que escriban al dictado».

Por ello, consideró «inadmisible» la «enorme presión» que Nuclenor y el Gobierno está ejerciendo sobre el CSN y sus técnicos. Además, esto está dañando «enormemente» su credibilidad, por lo que instó al organismo regulador a rechazar la petición por la simple «imposibilidad material de cumplirla y para demostrar su independencia».

Ecologistas en Acción recordó que las maniobras de estos días son nefastas para la seguridad nuclear, puesto que los propietarios de las centrales se creen con derecho a comerciar con el Gobierno y el CSN.

Finalmente, la organización señaló que, si finalmente se prorroga Garoña se sentará un «peligroso precedente» porque si la planta volviera a operar se pondría en grave riesgo a las personas y el medio ambiente. De este modo, subrayó que cientos de personas se dirigen estos días al CSN a través de las redes para pedirles que #StopGaroña.

Eguzki denuncia la «connivencia» del CSN con el lobby nuclear

Finalmente, el colectivo ecologista Eguzki se mostró «pesimista» ante la decisión que tomará el CSN sobre la prórroga de un año para la central de Garoña, y denunció la «connivencia» del CSN con el «lobby nuclear», sumada a la opinión favorable del Gobierno del PP. «Creemos que es muy probable que el CSN dé el sí a la prorroga», indicó.

Además, Eguzki consideró que el debate de la prorroga está solapando «el verdadero problema de Garoña: la falta de seguridad». A su entender, esté produciendo energía o no, es una central «con graves defectos constructivos y de seguridad que está poniendo en riesgo tanto a los habitantes (más de 1.000.000) como al medio ambiente».

Por ello, afirmó que la única medida que puede evitar estos riesgos es su cierre y desmantelamiento definitivo, para lo que Eguzki trabajará «sin cesar» hasta conseguirlo.

La decisión de pedir la revocación parcial de la orden fue acordada en una reunión extraordinaria por el Consejo de Administración de Nuclenor y ya está en manos del ministro de Industria, José Manuel Soria.

Tras considerar lesivas las medidas de la Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor se dirigió al Ministerio de Industria en dos ocasiones, el 14 de agosto y el 3 de septiembre de 2012, para solicitar una prórroga para presentar la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central de Garoña una vez se aclararan los efectos de la nueva ley.

Con la aplicación de la nueva ley, en base a los borradores que el titular de la planta conoció entonces, Nuclenor se situaría en patrimonio negativo por «la magnitud de los tributos» que debían abonarse por mantener la operación de la central.

Por ello, al no concederse las prórrogas solicitadas, el 28 de diciembre, al día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, el Consejo de Administración de la propietaria de Garoña, formada por las eléctricas Endesa e Iberdrola, comunicó al Ministerio de Industria su decisión de cese de actividad de la planta atómica burgalesa, que desde finales de 2012 se encuentra parada y desenganchada de la red eléctrica.

En la comunicación al ministerio, Nuclenor ya apuntaba que no descartaba la posibilidad de que la planta fuera puesta de nuevo en funcionamiento si dispusiera «de nuevos elementos de valoración», aunque aseguró que el cese definitivo de la actividad quedaba supeditado a un informe vinculante que pidió a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y del que, hasta la fecha, no se recibió respuesta, según fuentes de la empresa.

En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.

Por todo ello, Nuclenor presentó un escrito al Ministerio de Industria en el que solicita un nuevo plazo para solicitar la ampliación del periodo de funcionamiento más allá del 6 de julio de este año.

Las fuentes consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña», sostienen de la empresa propietaria.

Entre los argumentos de Nuclenor al Gobierno, se refiere a la Ley del sector eléctrico que establece el régimen de la «libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas.

Al mismo tiempo, recordó a la Administración que, de acuerdo con los artículos 5 y 6 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el informe del CSN relativo a la seguridad nuclear y protección radiológica es preceptivo y vinculante en caso de ser negativo, y también vinculará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las condiciones que imponga en caso de ser positivo.

En este contexto, Nuclenor subrayó la «práctica internacional», como defiende el regulador atómico de Estados Unidos (referencia en este sentido), de extender la explotación de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Concretamente, recordó que en Estados Unidos se renovaron los permisos de explotación de 73 reactores nucleares y se está evaluando la renovación de 15 reactores más.

Respecto a las centrales de referencia (equivalentes) a la planta burgalesa, Nuclenor incidió en su escrito a Industria que ya fueron renovadas hasta los 60 años las licencias de Peach Uottom (en 2003), Dresden 2 y 3 (en 2004), Quad Cities I y 2 (en 2004), Nine Mile Point 1 (en 2006), Monticello (en 2006), Oyster Creek (en 2009) y Vermont Yankec (en 2011).

En el marco de los países de la OCDE, añadió que países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y «otros» extendió ya sus autorizaciones por periodos de 10 y 20 años, hasta los 50 o 60 años de operación.

Del mismo modo, insistió en que el informe del CSN sobre la solicitud de renovación de la autorización de explotación de Garoña para el periodo 2009 a 2019 consideraba que las centrales nucleares podían seguir operando en condiciones de seguridad una vez pasados 40 años.

Por último, Nuclenor consideró «muy importante recalcar» que en este periodo operativo adicional (desde 2009) el CSN tiene la autoridad y la capacidad de comprobar «en todo momento» que la seguridad de la central es la adecuada y que puede parar su operación «en cualquier momento, si es necesario».

Por otro lado, el 8 de mayo de este año se aprobaron las cuentas anuales de 2012, con un resultado negativo después de impuestos de 133 millones de euros. Ante este resultado, Nuclenor señaló que la Junta General de Accionistas acordó restablecer el equilibrio patrimonial en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, reduciendo el capital social al mínimo legal de 60.000 euros.

Industria pide al CSN que analice la solicitud de Nuclenor

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pidió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), presidido por Fernando Marti, un informe sobre la solicitud remitida por Nuclenor para que se revoque parcialmente la orden de cierre previsto para el 6 de julio.

Además, según el escrito de Industria al organismo regulador, requirió un informe en el que diga «antes del 1 de junio» si el titular puede pedir una renovación de la autorización de explotación por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia. De este modo, el Pleno del CSN lo estudiará la próxima semana.

Así, Industria recordó que la orden IET/1453 de 29 de junio de 2012 por la que se revoca parcialmente la Orden ITC/1785, de 3 de julio de 2009 –en la que se acuerda como fecha de cese definitivo de la explotación de la central el 6 de julio de 2013 y que autoriza su explotación hasta esa fecha–, establece en su parte dispositiva que antes del 6 de septiembre de 2012 el titular podrá solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una renovación de la autorización de explotación por un periodo no superior a seis años.

Asimismo, Industria explicó que en el escrito del presidente del Consejo de Administración de Nuclenor se solicita al Ministerio que se modifique el punto tres de la Orden ministerial de 29 de junio para determinar una nueva fecha con anterioridad a la cual se le permita solicitar una renovación de la autorización de explotación, a partir del 6 de julio de 2013 por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia.

Saénz de Santamaría afirma que «hay que seguir el procedimiento»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que «lo que hay es hacer es seguir el procedimiento» después de que Nuclenor haya remitido un escrito al Ministerio de Industria en el que solicita una prórroga en el plazo para poder solicitar la renovación de la licencia de explotación de la central, que expira el próximo 6 de julio.

«Lo que hay que hacer es seguir el procedimiento y la primera regla es pedir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que cualquier actuación lo sea con todas las garantías y eso es lo que va a hacer Industria, reclamar el informe», detalló Saénz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El PSOE pide al Gobierno una explicación sobre Garoña

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, reclamó al Gobierno que aclare «de inmediato» qué modificación normativa está preparando para que Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), haya pedido ahora la prórroga de la licencia de la planta, cuando falta poco más de un mes para su expiración.

Así, Morán apuntó a que la solicitud pone en evidencia una «negociación subterránea» y que, de esta «se deducen compromisos a futuro que podrían ser calificados como información privilegiada».

De este modo, se preguntó qué ha ocurrido para que la central, que hace cinco meses dijo que no era rentable seguir operando hasta 2019 considera que ahora sí lo sea sin que haya cambiado el marco regulatorio y fiscal en este tiempo.

«Evidentemente, alguna expectativa de mejora de la rentabilidad que habría de llegar de la mano de una modificación de la normativa, que aún no es pública», denunció. Por este motivo, el dirigente socialista quiere que el Gobierno aclare «de inmediato» cuál es el alcance de esa negociación «subterránea».

A este respecto, Morán recordó que Nuclenor había declinado ya a acogerse a la solicitud de prórroga que el Gobierno le concedía y que en diciembre adelantó la parada definitiva de Garoña porque el nuevo marco regulatorio y fiscal aprobado pro el Gobierno «la hacía inviable económicamente» por lo que rechazó acogerse al nuevo calendario que le habría permitido seguir operando hasta 2019.

Además, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Julián Simón de la Torre, pidió al Gobierno que «clarifique su política energética» y explique sus «negociaciones con las eléctricas», en particular con Nuclenor -que integran Endesa e Iberdrola- y que a su juicio «está jugando y presionando» al Ejecutivo para «que se someta a sus intereses».

Simón de la Torre precisó que no se trata de «pedir la prórroga» de la explotación vigente sino del plazo para poder pedirla, con lo que la planta seguirá parada.

A su juicio, Nuclenor «está presionando y jugando, y no se fía del Gobierno», por «su falta de claridad en cuanto a lo que quiere hacer con la energía nuclear». Para el secretario de Organización del PSCyL, al «no tener una idea clara de su política energética, el Gobierno está «en manos de las eléctricas», cuando a la par «está asfixiando» al carbón de la Comunidad.

El PNV insta a «liderar» una movilización social para rechazar la prórroga

Asimismo, el grupo del PNV en las Juntas Generales de Álava realizó un llamamiento a la Diputación Foral de Álava a «liderar», junto al resto de instituciones, la movilización social contra las «pretensiones» de Nuclenor de continuar con las operaciones de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Los jeltzales recordaron que Nuclenor solicitó al Ministerio de Industria la posibilidad de pedir una renovación del permiso de explotación vigente que permitiese continuar operando Garoña.

Ante esta información, el Grupo Juntero EAJ-PNV presentó una pregunta para respuesta en pleno dirigida al diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), para que explique la posición de la Diputación Foral de Álava ante la solicitud de Nuclenor al Ministerio de Industria.

En este sentido, el Grupo Juntero EAJ-PNV presentó también una moción urgente por la que solicita a la Diputación Foral de Álava que se «oponga activamente» a la pretensión de Nuclenor.

«No podemos permitir que Garoña continúe abierto ni un día más a partir del 6 de julio, que es la fecha prevista para su cierre. Todos tenemos que oponernos a esta posibilidad y esa oposición la tienen que liderar las principales instituciones alavesas, entre otras, el propio Diputado Genera», defendió el portavoz del Grupo Juntero EAJ-PNV, Ramiro González.

Los ecologistas tildan de «desfachatez» y «surrealista prevaricación» la petición

Por último, las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvia, calificaron de «desfachatez», «burla al estado de derecho» y «surrealista prevaricación» la decisión de Nuclenor, de pedir una autorización para mantener abierta Garoña durante un año más aunque sin producir electricidad.

Así, para Ecologistas en Acción, esta solicitud es una «nueva maniobra» de la industria nuclear y subrayó que motivos técnicos y políticos hacen esta prórroga «inviable», por lo que calificó de «verdadera desfachatez» la pretensión de Nuclenor si piensa que se puede evitar su cierre a menos de dos meses de que expire su licencia.

A su juicio, la petición se realizó «a destiempo» y tras permitir que pasaran «todos los plazos legales» para pedir la prórroga en tiempo y forma. Por ello, considera que «resulta de todo punto imposible» que se prorrogue la orden de funcionamiento.

De este modo, explicó que por índole técnica de aquí a julio el CSN no podría evaluar la documentación que tendría que remitirle el titular para dictaminar si se prorroga la vida de la central y por cuento tiempo. Además, por índole política, porque consideró que Iberdrola y Endesa, propietarios de Nuclenor, usaron Garoña como elemento para «chantajear al Gobierno» y tratar de conseguir que retirase el impuesto sobre la gestión de residuos radiactivos de la Ley de Medidas Fiscales.

A su juicio, la concesión de esta nueva prórroga sería «un verdadero escándalo» desde el punto de vista político, puesto que el Ministerio «se plegaría a los deseos de estas empresas». Por ello, Ecologistas en Acción consideró que la «extraña solicitud» al Ministerio de Industria «carece de sentido» y espera que la respuesta sea una «negativa rotunda».

En este sentido, Greenpeace exigió al Consejo de Seguridad Nuclear que no conceda a Garoña la prórroga para mostrar su «independencia y credibilidad», ya que reiteró al Ministerio la necesidad de que emita una declaración del cese de explotación para que éste tenga efecto jurídico, y recuerda que el Ministerio no ha dado ninguna explicación al retraso de este proceso.

«Sin haber cambiado ninguna de las condiciones relativas a la seguridad, sino todo lo contrario debido al paso del tiempo, el CSN no puede conceder una prórroga que ya denegó«, manifestó la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que consideró que el CSN debe elegir «entre su independencia y credibilidad o su obediencia a las exigencias de las compañías eléctricas y del Partido Popular».

En este sentido, denunció que una «nueva revocación de la revocación de la Orden Ministerial de cierre de Garoña es reírse del derecho, de los procedimientos y, en definitiva, del poder legislativo», al tiempo que añadió que este Ejecutivo está «despreciando al poder legislativo y judicial» y que se está burlando del estado de Derecho.

Por su parte, el portavoz de Salvia, Carlos Bravo, calificó de «surrealista» la solicitud de Nuclenor al Gobierno y opinó que esto se debe a que las eléctricas juegan con información privilegiada por parte del Gobierno respecto al futuro normativo-energético, un supuesto que advirtió de que podría suponer un delito de prevaricación.

A su juicio, la Ley de reforma energética que prepara el Gobierno va a «torpedear» las renovables y creará un ‘banco malo para las renovables’ pero, a cambio, las nucleares obtendrán 20 años más de vida útil para operar.

En este sentido, Bravo explicó la solicitud en que Nuclenor «tiene que ganar tiempo» porque dicha ley no estará lista antes del 6 de julio, cuando expira la licencia de Garoña y añadió que este es el motivo por el que pidió una solicitud de prórroga de un año pese a que está parada y sin producir electricidad. Así, vaticinó que se acogerá a la Ley cuando esta se apruebe.

Por este motivo, estimó que esta situación evidencia que las eléctricas tienen «información privilegiada» lo que puede constituir un delito de prevaricación. «Ahora el CSN tiene la pelota en su tejado y si le concede la prórroga es un acto de privilegio que se puede llevar a los tribunales», indicó.

Finalmente, insistió en que Garoña «no es necesaria» para el panorama eléctrico español y que esta situación es «escandalosa» y se produce porque «hay algo detrás» que las eléctricas esperan que les sea «ventajoso».

Ante el 27 aniversario del accidente de Chernóbil (Ucrania), que se celebra este viernes, Ecologistas en Acción recordó los daños «tremendos» en términos económicos, de pérdidas humanas y de sufrimiento.

Así, señaló que casi 30 años después de la tragedia no existe un consenso sobre las víctimas, unas 200.000 según fuentes de la Academia Rusa de Ciencias y unas pocas decenas según la Organización Mundial de la Salud. Mientras, la aseguradora Swiss Re estimó que el número de víctimas fue de unas 165.000.

Además, añadió que la superficie contaminada asciende a 150.000 kilómetros cuadrados, un tercio de la superficie española y que los costes económicos ascendieron a 350.000 millones de euros.

La organización apuntó que la situación aún no está controlada porque el sarcófago que se construyó sobre la central se hizo a toda prisa y tiene numerosos daños, ya que está surcado por más de 200 metros cuadrados de grietas que permiten salir la radiactividad y la entrada de agua.

Asimismo, aseguró que durante el mes de febrero se produjeron derrumbes lejos del reactor que si se generalizan se convertirán en una «auténtica amenaza» de que la reacción nuclear se reinicie. La posible solución, no definitiva, a todo esto pasa por construir un segundo sarcófago de más de 120 metros de alto, valorado en más de 1.000 millones de euros. El problema es que este segundo sarcófago no estará listo hasta 2020 según las estimaciones más optimistas. El gobierno Ucraniano se plantea cubrir con resina las grietas del actual sarcófago para reducir las emisiones radiactivas.

Sin embargo, lamentó que «a pesar de esta terrible experiencia», algunos países del mundo siguen «sin aprender la lección» y «se empeñan» en mantener abiertas sus plantas atómicas.