En la reunión del pleno del CSN celebrada el pasado martes, los cinco consejeros estudiaron este proyecto normativo, del que ya se habían pronunciado en el pasado mes de mayo, pero que tras algunos cambios por parte del Gobierno, se remitió al Consejo para una nueva valoración.
La central de Garoña se encuentra en parada una vez concluyó el pasado 6 de julio su permiso de explotación, si bien, continúan las labores de mantenimiento de la planta ante una posibilidad de que su propietaria, Nuclenor, solicitase nuevamente su apertura ya que el cierre se debió a motivos económicos y no de seguridad.
En el proyecto, Industria modifica el reglamento e introduce «la posibilidad» de la renovación de la autorización «cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica».
En su informe, el CSN argumenta que este cambio introducido por Industria «clarifica que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación válida hasta la autorización de desmantelamiento».
De esta manera, se abre la puerta a que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, pueda solicitar si lo desea una nueva autorización para explotar Santa María de Garoña.
Sin embargo, el CSN denuncia una «laguna importante» ya que la futura norma elimina la necesidad de que, un mes antes de que caduque una autorización, el Consejo deba pronunciarse sobre el permiso.
Con este respaldo a la propuesta de Industria, el CSN permite una central que haya cesado «por razones distintas a la seguridad nuclear o la protección radiológica» pueda solicitar «la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos la declaración de cese».
El informe salió adelante con los votos favorables de todos los miembros del pleno del CSN a excepción de la consejera Cristina Narbona, que emitió un voto particular, en el que se posiciona en contra de las últimas modificaciones porque considera que «las motivaciones económicas para justificar un cese de explotación no deberían, en ningún caso, considerarse ajenas a las garantías de seguridad nuclear y radiológica».
El PP celebra el informe favorable del CSN que permitiría reactivar la central tras un cierre «político»
La diputada del PP por Burgos, Sandra Moneo, ha celebrado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido un informe favorable sobre el proyecto de Real Decreto que facilitaría la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), a la vez que ha recordado que el anterior gobierno socialista dictaminó el cese de explotación de la planta en julio de 2013 «por motivos políticos».
Moneo ha recalcado que tanto el PP como este Gobierno «siempre» han defendido la continuidad de la nuclear burgalesa, y de hecho apunta que, «desde el minuto primero», el jefe del Ejecutivo revocó la orden de cierre del anterior Gobierno de José Luis Zapatero. «Fue nuestro compromiso electoral y lo cumplimos», apostilla la ‘popular’.
En este sentido, ha indicado que en todo el proceso se han dado determinados elementos que a los propietarios de la central les han llevado a no continuar con la explotación de la central.
De hecho, insiste en que el cese de actividad en Garoña ha tenido lugar «por cuestiones económicas y no de seguridad», a la vez que apunta que el Gobierno tiene que valorar las cuestiones de seguridad y no las económicas.
«El cese firmado por parte del Gobierno, lo tenía que tomar sí o sí puesto que jurídicamente no existía ninguna otra posibilidad, ante esa solicitud», ha agregado.
En este contexto reitera que la postura del PP es de respeto hacia las decisiones del CSN, «órgano competente y especializado», a la vez que subraya que Garoña es una central «que no presenta problemas de seguridad» y que así lo había acreditado el CSN.
«Seguimos apostando por hacer las modificaciones pertinentes que permitan que, si en un futuro los propietarios deciden continuar y solicitar su periodo de explotación, puedan hacerlo», ha sentenciado.
El PSOE denuncia «presiones» del Gobierno al CSN para favorecer la reanudación de la actividad de la planta
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha denunciado que es «evidente» que existen «presiones» por parte del Gobierno hacia el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Así, ha manifestado que el Gobierno «hace algo que no estaba en la actividad del CSN, marcándole los plazos y obligándole a revisar sus propios actos respecto a informes anteriores». Por ello, ha subrayado que «es evidente que la presión existe» ya que «hasta ahora el Consejo era quien decidía los plazos para la toma última de decisiones para presentar los informes y ahora es el Gobierno el que le obliga a trabajar fuera de los protocolos a los que estaba acostumbrado».
Además, ha recordado que en su momento el PSOE «advirtió de que el Gobierno estaba recorriendo un camino muy peligroso», que era, ha apuntado, el de «convertir al CSN en un simple peón al servicio de sus intereses político-económicos y de sus procesos de negociación con terceros».
Por ello, considera que «modificar los protocolos que históricamente han sido respetados en materia de seguridad nuclear y teniendo presentes acontecimientos que revelan con claridad que la vulneración de éstos sólo aporta mayores riesgo, no es el camino correcto».
«España debería estar caminando hacia un proceso de refuerzo de las exigencias en relación con la gestión de los reactores nucleares y no todo lo contrario -ha precisado-. Se están diseñando medidas ad hoc para facilitar procesos de reapertura de centrales nucleares y esto no le hace ningún bien al CSN».
En este contexto, Morán reclama la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nacional en el Parlamento, para que «explique qué es lo que está pasando y a qué se debe la modificación de la normativa a petición expresa del Ejecutivo».
«Pediremos también al ministro de Industria, José Manuel Soria, que haga públicas todas las negociaciones que se están manteniendo y que explique qué es lo que está sucediendo y en manos de quién están para que se esté modificando la legislación a la carta», ha apostillado.
Castilla y León cree una «muy buena noticia» la decisión del CSN sobre el Real Decreto que permitiría reabrir la central
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno De Santiago-Juárez ha insistido en que la decisión del cierre fue un «capricho político» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero detrás del que «hay 1.000 familias y 1.000 empleos».
Tras realizar esta reflexión, el portavoz de la Junta ha insistido en que la decisión del CSN es una «magnífica noticia».
Greenpeace presenta alegaciones al proyecto de Real Decreto que permitiría a la central ser reabierta
Así, la ONG denuncia que el proyecto permite a las centrales nucleares continuar, una vez que hayan cesado su actividad «exclusivamente por razones económicas», igual que, en su momento cerró Vandellós I.
La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha manifestado que en este proceso de modificación normativa no se está dando el trámite de audiencia pública y que, aunque el Gobierno se está ateniendo a la ley y los plazos, no existe la capacidad de participar de manera libre, como organización interesada.
De este modo, ha justificado que las alegaciones presentadas por la ONG señalan que «lo más grave» es la vulneración de la seguridad jurídica, recogida en los principios constitucionales, y ha subrayado que el ordenamiento jurídico «debe dar confianza» por lo que «no se puede cambiar la ley cada dos días.
Asimismo, estima que este Real Decreto modifica de manera «interina y encubierta» la autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña, al igual que el Reglamento de Instalaciones Nucleares, que es «la Biblia» de la seguridad nuclear.
En este sentido, para la portavoz de Greenpeace dice que si Nuclenor ya tiene problemas económicos que han provocado que renunciara a solicitar una renovación de su licencia en el plazo establecido, más problemas económicos tendrán para reabrir la planta. «Se está poniendo en riesgo la seguridad nuclear. Vandellós I también cerró por motivos económicos», ha advertido.
A su juicio, el Gobierno está escribiendo las normas al dictado de Iberdrola y Endesa y para ello el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha puesto al CSN en un brete el pasado mes de mayo, y se está demostrando que la independencia del organismo regulador «no es real».
«Para que a Iberdrola y Endesa les salgan las cuentas con Garoña, el ministro de Industria está quebrantando el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas», ha señalado.
«El Gobierno ha pasado del CSN, al que deja en estado latente, como un zombie, durante un año en el que el titular de Garoña puede decidir lo que hace», ha criticado Montón, que añade que esto se hace por razones económicas.
Por ello, pide que se supriman las modificaciones introducidas en el Proyecto Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, y de forma especial en lo que afecta al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Ecologistas en Acción condena la decisión del CSN sobre el Real Decreto que permitiría reabrir la central
En concreto, la ONG entiende que resulta «muy peligroso» que prevalezcan los intereses del sector nuclear sobre los convenios internacionales, las leyes, el funcionamiento normal del CSN y sobre el interés general.
El portavoz en materia de energía nuclear de la ONG, Francisco Castejón, insiste en que «contraviniendo las normas de buenas prácticas, el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable al nuevo Real Decreto» y, por lo tanto, «se cambia radicalmente el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas».
«Las modificaciones están hechas a medida de las necesidades de Nuclenor, propietaria de Garoña, pero tendrán repercusiones sobre todas las instalaciones nucleares y radiactivas españolas«, ha insistido el portavoz de Ecologistas en Acción. De la misma forma, critica que «este Decreto debería hablar sobre la gestión de residuos» y, sin embargo, «esta materia pasa desapercibida, ya que se pone el foco en Garoña».
Castejón explica que las modificaciones consisten en «introducir una nueva figura que es la de cese temporal de funcionamiento y en permitir que una instalación nuclear o radiactiva que haya parado pida una reanudación de su explotación, en el plazo de un año».
«Estos cambios se hacen de forma acelerada, sin un estudio profundo de lo que supone para la seguridad nuclear, contraviniendo todas las normas sobre buenas prácticas emitidas por el Organismo Internacional de la energía Atómica (OIEA), de cuyo convenio España es firmante», ha sentenciado.
