En concreto, García Tejerina manifestó que «cambiarán los regimenes pluviométricos» y que las infraestructuras hidráulicas «se tienen que acondicionar a las nuevas situaciones». «Deben ser consideradas de adaptación al cambio climático», insistió.

Así se expresó la ministra durante su intervención en la apertura del seminario internacional «Gestión de la Sequía y la Escasez del agua en tierras semi-áridas: Los casos de California y España«, organizado por la Fundación Botín y el Rosenberg International Forum on Water Policy.

«Estamos todos llamados a actuar en medidas de mitigación del cambio climático, es decir, que no se llegue a producir, pero también necesariamente tenemos que adoptar medidas de adaptación a este cambio climático. La gestión de las sequías es una de estas grandes necesidades y las infraestructuras hidráulicas son, sin ninguna duda, una parte importante de esta adaptación«, argumentó.

La titular de Medio Ambiente recordó que la edición 2015 de la reunión anual de Foro Económico Mundial que se celebró en la localidad suiza de Davos-Klosters la semana pasada situó «las crisis del agua como la primera amenaza global en el largo plazo», por lo que hizo hincapié en que «todo lo que contribuya, por lo tanto, a mejorar la gestión de este recurso escaso es sin ninguna duda trascendental».

Asimismo, García Tejerina explicó a los asistentes a este seminario que el año 2015 es «de enorme importancia» por el desarrollo de «grandes negociaciones para llegar a acuerdos en París» sobre cambio climático. En este sentido, manifestó que «habrá que llegar a un acuerdo global para evitar, entre todos, que la temperatura suba no más de 2ºC por encima de la época preindustrial».

Habrá periodos secos o muy secos

Por otra parte, García Tejerina recordó que España, como otras regiones y países con climas mediterráneos, ha sufrido y sufrirá «sin ninguna duda períodos secos o muy secos». «El más severo de nuestra historia reciente en España tuvo lugar entre los años 1992 y 1995. Entonces, hubo restricciones de abastecimiento urbano de hasta 18 horas en ciudades de la importancia de Sevilla y, por su puesto, hubo pérdidas millonarias para el regadío de muchas zonas de España», recordó.

En este sentido, señaló que aquellas restricciones de abastecimiento, «en su día, fueron aceptadas por la población» y se mostró convencida de que «hoy se considerarían inaceptables» por parte de los ciudadanos. Por ello, defendió que resulta «imprescindible y estratégico» gestionar las sequías de la forma «más eficiente, más sostenible» posible.

Según afirmó la ministra, «tradicionalmente», en España las sequías se abordaban como «situaciones de emergencia adoptando medidas, movilizando recursos con carácter extraordinario» y se ponían en marcha actuaciones de urgencia «no siempre adecuadamente planificadas» lo que acarreaba «a menudo un importe económico negativo y lo que es peor muchas veces producía situaciones que solamente servían para agravar sequías posteriores».

De este modo, explicó que hoy en día las situaciones de sequía se abordan bajo la coordinación de un Comité Permanente para situaciones de adversidad climática y medioambiental.

El regadío, la principal solución técnica

Además, indicó que, para hacer frente a esas situaciones de sequía, el regadío es la «principal solución técnica adoptada para reducir las pérdidas económicas y para dar una cierta estabilidad a la agricultura».

«España es el país con mayor superficie de regadío de la Unión Europea, tres millones y medio de hectáreas de las cuales al menos millón y medio han sido objeto de modernización, se han adoptado medidas para ahorrar agua en esas hectáreas en el marco de lo que comenzó siendo el Plan Nacional de Regadío horizonte 2008, puesto en marcha en 2002″, concretó.

En esta línea, agregó que España cuenta con una herramienta «fundamental» para paliar los efectos sobre las rentas de agricultores y ganaderos, que son los Seguros Agrarios. A su juicio, es uno de los «grandes activos» de España, «único» en la Unión Europea y «referente» para muchos países en el mundo.

De forma complementaria, según detalló la ministra, «el Gobierno adopta en su caso otras medidas de carácter fiscal o de carácter financiero que contribuyan al mantenimiento de la actividad agraria que es tan importante para el mantenimiento de la economía y del empleo».

En relación con las sequías hidrológicas, Tejerina indicó que en al actualidad se abordan mediante un esquema en el que concurren «instrumentos legales, institucionales y técnicos, cuyo núcleo fundamental son los planes especiales de sequía».

La ministra defendió que la puesta en marcha de «elementos que han permitido llevar las sequías por la senda de las situaciones previsibles y abordarlas conociendo en tiempo real el papel y la responsabilidad que cada parte tiene en su gestión».

Por último, entre ellos, destacó el establecimiento de las prioridades de uso; los análisis de riesgo y los protocolos de actuación de los planes de sequía de cada cuenca hidrográfica; los estados de sequía de cada cuenca; el régimen de caudales necesario en cada río; los planes de contingencia de las ciudades medianas y de gran tamaño; la posibilidad de establecer intercambio de aguas entre usuarios o centros de intercambio; el manejo conjunto de las aguas subterráneas y las campañas de concienciación ciudadana.

El seminario «Energía y Agua. La creación de valor compartido« fue inaugurado por el presidente de la Fundación Gas Natural Fenosa Martí Solà, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila.

Contó con la participación de 150 expertos provenientes de diversos ámbitos, como el académico, empresarial y de la administración, y Martí Solà explicó que el agua se interrelaciona con la energía como materia prima y como componente para producir electricidad, mientras que la energía sirve para obtener agua subterránea, potabilización, distribución y depuración.

El agua no sólo permite generar energía hidráulica, que es la cuarta parte de la producción total de electricidad en el mundo, sino que también está presente en la fabricación de silicio para paneles solares, en la refrigeración de las centrales térmicas, y en la obtención de energía geotérmica, entre otros.

El responsable de coordinación de Operación, Química y Medio Ambiente de los Ciclos Combinados de Gas Natural Fenosa, David de la Fuente, analizó la gestión del agua en las centrales de ciclo combinado y explicó dos proyectos relacionados: «Menos H2O» para mejorar el rendimiento del agua en el proceso, y «CapWa» para obtener agua a través de los gases de escape.

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Zaragoza Enrique Playán señaló que la agricultura de regadío en España supone un 40% de la demanda eléctrica del sector del agua, y un 2,3% del consumo nacional de electricidad; la modernización de los regadíos reduce el consumo de agua pero incrementa el consumo energético.

El conseller Santi Vila destacó el compromiso de las empresas con la sociedad al reinvertir sus recursos en mejorar procesos tecnológicos que permitan aprovechar la energía de una manera más eficiente.

Mediante esta iniciativa, la energética incorporó a las plantas con más años de funcionamiento tecnología de última generación y máxima eficiencia para mejorar su producción de energía eléctrica y prolongar su vida útil.

Los principales trabajos realizados por Iberdrola en sus minihidráulicas españolas fueron el remozamiento electromecánico de las turbinas y alternadores.

Además, la compañía llevó a cabo rehabilitaciones de obra civil en los canales y azudes y sustituyó los sistemas de control que operan estas infraestructuras de generación de energía renovable. Asimismo, acometió mejoras en los ámbitos medioambiental y de la seguridad, como la construcción de escalas para peces en azudes o el vallado de canales.

La modernización de estas plantas contó con la participación de unos 60 empleados de Iberdrola y numerosas empresas locales del entorno de las mismas.

Iberdrola, que dispone de una potencia minihidráulica instalada en España de 306 megavatios (MW) al cierre del primer semestre, acometió la citada remodelación en centrales de estas características ubicadas en el País Vasco (tres), la Comunidad Valenciana (siete), Castilla y León (15), Castilla-La Mancha (cuatro), Navarra (nueve) y La Rioja (siete).

En una rueda de prensa que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria, Folgado afirmó que Red Eléctrica cumplirá «en el sentido de lo que la ley dice» y que se trata de una inversión regulada para la garantía y seguridad del suministro y para el apoyo del funcionamiento de las energías renovables.

«Estamos a lo que manda la legislación y a las disposiciones judiciales. El asunto está en proceso. Ahora hay seis meses, más otros dos meses que tiene la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para dirimir el tema», dijo.

Folgado afirmó que REE «nunca» actuará «como uno que busca lucrarse de la generación» y que tampoco se va a retribuir a la compañía en función del lucro.

No obstante, explicó que en el momento en que queden sustanciados los aspectos judiciales y administrativos, REE cumplirá. «Y cumplimos en el sentido de que es una inversión regulada para la garantía y la seguridad del suministro y para el apoyo al funcionamiento de renovables«.

La central hidroeléctrica de bombeo es un proyecto que Endesa se adjudicó hace años en concurso público y que está llamado a dar estabilidad al suministro de energía en Gran Canaria. Además, de ella depende el futuro de la energía eólica en la isla, ya que se diseñó para almacenar en forma de agua bombeada a su presa superior la electricidad que produce el viento en horas en las que no hay demanda. Ese agua se volvería a convertir en electricidad en un salto de turbinas hidroeléctricas cuando la red lo necesite.

Sin embargo, a comienzos de mayo, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, aseguró que la eléctrica no ha renunciado a construir y explotar la central de bombeo Chira-Soria, sino que aspira a obtener una remuneración «fijada y justa» por esta instalación.

También a comienzos de mayo, el BOE publicó una orden ministerial en la que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo obliga a Endesa a transferir a REE este proyecto, conforme a lo estipulado en la nueva legislación para instalaciones de bombeo en Canarias.

En la orden ministerial, Industria aseguró que Unelco, filial de Endesa, renunció a la ejecución del proyecto y explicó que el traspaso se produce en aplicación de la Ley 17/2013, por la que REE asumirá las instalaciones de bombeo en Canarias cuya principal finalidad sea la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables.

A partir de ese momento, se inició un plazo de seis meses para el traspaso de los activos y se abrió un periodo de negociación para fijar el precio de compraventa, en el que se tendrán en cuenta los costes en los que hayan incurrido hasta la fecha los promotores del proyecto.

En el caso de que Endesa y REE no alcancen un acuerdo sobre el precio, Industria se dirigirá a la CNMC para que nombre un árbitro independiente que, en el plazo de tres meses, dicte un laudo vinculante.

Inversiones de 801,4 millones de euros en Canarias hasta 2016

Por otro lado, REE invertirá en Canarias 801,4 millones de euros hasta 2016 que permitirán cambiar su «fisonomía energética», pues reducirá su dependencia exterior, al posibilitar evacuar la generación de energía de los futuros parques eólicos, y mejorará su eficiencia.

El presidente de REE consideró que este volumen de inversiones abre una «oportunidad histórica» para Canarias y proceden de la modificación reciente por parte del Consejo de Ministros de la planificación energética del periodo 2008-2016 y de las previstas en el Plan Extraordinario de 2012.

Folgado señaló que estas inversiones suponen un reto para su compañía y para las administraciones públicas canarias, de manera que se puedan llevar a cabo «en tiempo y forma» porque la falta de energía es un factor que limita el crecimiento económico.

El presidente de REE subrayó que con las actuaciones previstas, una vez concluidas, en un año se podría ahorrar el 50% de las inversiones a realizar y el total de las destinadas a la incorporación de las renovables a la red, 250 millones de euros.

Ello, una vez que estén operativos los parques eólicos autorizados en las islas, con los que se pretende generar 600 megavatios en Canarias, que suponen el 25% de la demanda energética del archipiélago.

Folgado también hizo hincapié en que estas actuaciones permitirán aumentar las interconexiones entre las islas, la mejora de los sistemas eléctricos insulares, y el mallado de la red de transporte para garantizar la seguridad del suministro.

Las inversiones que se llevarán a cabo proceden, 312 millones de euros del Plan Extraordinario de 2012 sobre el que ya se actúa, y 489,4 millones de euros de la modificación autorizada por el Gobierno central el pasado 6 de junio para infraestructuras en todo el país, y que suponen el 53% del total.

De este último importe, 309,7 millones de euros irán destinados a infraestructuras eléctricas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y 179,7 millones de euros a Tenerife y La Gomera.

Folgado consideró, además, que es «muy conveniente» para las islas que en el nuevo Plan Energético Nacional 2015-2020 tenga cabida financiera para el cable submarino entre Gran Canaria y Fuerteventura, porque permitiría tener un único sistema en la provincia occidental, el refuerzo de la interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura, que ya están interconectadas, y la ejecución de la interconexión entre La Gomera y Tenerife.

En relación a las infraestructuras que REE lleva a cabo en las islas dentro del plan de 2012, su presidente destacó que urge la nueva subestación de El Sabinal, en Las Palmas de Gran Canaria, obra espera que se pueda iniciar a partir de octubre. Esta subestación permitirá descongestionar la central de Jinámar y garantizar el suministro eléctrico a la capital grancanaria, según indicó.

También en Gran Canaria, está prevista la ejecución de cuatro nuevas subestaciones de 66 kilovoltios (kV), las de Nueva Bco. Seco, Arinaga, Agüimes y El Escobar, junto a Carrizal, y la ampliación de otras cuatro, Cinsa, Aldea Blanca, Guía y Muelle Grande, así como las líneas asociadas.

En Lanzarote, se incluye la construcción de cuatro nuevas subestaciones (Tías, Callejones, Playa Blanca y Haría), así como la ejecución del DC 132 kV Tías-Playa Blanca.

En Fuerteventura, está prevista la construcción de cuatro nuevas subestaciones (La Oliva, Puerto del Rosario, Jare y Cañada de la Barca) y la ejecución del nuevo circuito de 132 kV entre Puerto del Rosario y la Oliva.

En Tenerife, también destacó que urge la nueva subestación de Caletillas, aún en tramitación, y las dos nuevas líneas previstas, y en Fuerteventura es preciso declarar de interés general la nueva línea de 75 kilómetros de longitud para garantizar el suministro energético en la isla.

También en Tenerife, se incluye la construcción de tres nuevas subestaciones en la zona de Granadilla y Arico (Abona, Poris y Chío), así como la ejecución de las líneas que conectan estas subestaciones con la red de transporte existente.

Fogaldo, por otra parte, manifestó que en los tres últimos años se consiguió reducir el tiempo de interrupción en el suministro eléctrico «claramente» y, en este sentido, aludió al Plan de Mejora de la Red (MAR) 2011-2015, con una inversión de 150 millones de euros en Canarias.

Sobre este plan, que permite resolver los problemas de suministros y mejorar la calidad del servicios, indicó que a finales de 2013 se había ejecutado el 43% las actuaciones y 64 millones de euros.