La italiana Enel tuvo unos ingresos de 70.600 millones de euros en 2016, un 6,7% menos

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EFE / Servimedia.- La eléctrica italiana Enel generó unos ingresos de 70.600 millones de euros en 2016, un 6,7% menos respecto a los 75.700 millones de 2015, según los datos preliminares del 2016. Enel explicó que esta disminución en los ingresos se debió a factores como a una menor venta de energía eléctrica en los mercados maduros o a una reducción en las ventas de energía generada.

También se explican por los menores ingresos resultantes de las tarifas de distribución aplicadas en Italia y al tipo de cambio negativo, registrado particularmente en América Latina. El beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en 15.300 millones de euros en 2016, la misma cifra que en el ejercicio precedente. El grupo comunicó su endeudamiento financiero neto a finales de 2016 y dijo que alcanzó 37.600 millones de euros, un 0,3% más respecto a la cifra de diciembre de 2015. En 2016, Enel ha producido 261,8 teravatios-hora (TWh) de electricidad, frente a 284 TWh en 2015, ha distribuido en sus propias redes 426,0 TWh (427,4 TWh en 2015) y ha vendido 263,0 TWh (260,1 TWh en 2015), según sus datos.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

En torno a la sentencia del bono social discriminatorio

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España no está para argumentos que requieran atención y precisión. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la financiación del bono social, por otro lado esperable y predecible con unos conocimientos básicos de Derecho, lo demuestran. El bono social es una forma imperfecta, por su forma indirecta de entender la renta disponible en el domicilio, de trasladar a la legislación española el concepto de consumidor vulnerable y de pobreza energética en lo que se refiere al suministro eléctrico.

El bono social supone una reducción del 25% de la tarifa para aquellos consumidores que cumplían una serie de condiciones. Dicha reducción está sufragada fundamentalmente por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, como está reglamentariamente fijado por decisión del regulador. La sentencia, por su parte, pone en cuestión que el bono social deba ser sufragado por los grupos que integran las actividades de producción, distribución y comercialización, cuando, en realidad, existen más agentes en el sistema.

No hay que olvidar la dimensión de “política social” que tiene el bono social y que debería ser resuelta de forma pública vía política fiscal y no con la tarifa eléctrica. Hagamos una analogía. Imaginemos que, el Estado determina una entrega de alimentos gratuita para los individuos que estén por debajo de un umbral de pobreza y se determina por norma legal que lo tienen que sufragar las tres principales cadenas de supermercados. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo ha sido que, esa fórmula no es posible, es ilegal y no se adapta a las normas comunitarias por su propio desequilibrio, discriminación y desigualdad.

Lo que subyace debajo del diseño de la medida es una mirada oblicua sobre los propios agentes empresariales (a efectos de determinar el descuento, pagado selectivamente por elección discrecional del Gobierno) y la tendencia española a solucionar vía subsidios cruzados, frente a una ortodoxia hacendística y fiscal que sea responsable de aquellas materias que deben tener naturaleza pública. Todo ello en los tiempos de la demagogia económica de corte colectivista, por un lado, y de la superación de las previsiones de déficit en los Presupuestos Generales del Estado por otro.

Empiezan las turbulencias para el nuevo gobierno en ciernes, como cosecha de las tropelías pasadas. Ahora tocará la propia reliquidación al respecto. Por eso, en lugar de pedir intervención, es mucho más necesario pedir rigor y ortodoxia en la regulación.

El Tribunal Supremo condena a una comercializadora de electricidad por incumplir el contrato de suministro y exime a la distribuidora

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Europa Press / Servimedia.- La Sala Primera del Tribunal Supremo confirmó una condena interpuesta contra dos entidades comercializadoras de energía eléctrica a las que atribuye la responsabilidad civil por incumplimiento de contrato de suministro de energía, rechazando así que esta responsabilidad deba recaer exclusivamente en la entidad distribuidora de la energía, que en este caso no ha sido demandada y con la que el usuario no tenía contrato alguno.

El pleno de la Sala considera que la ley atribuye a las comercializadoras la función de la venta de energía eléctrica a los consumidores sin ambages y de un modo directo y añade que, en este caso, «no cabe duda» de que la comercializadora, en calidad de suministradora, se comprometió a suministrar la energía «de acuerdo con unos estándares de calidad y continuidad». Por su parte, el cliente accedió a dicha contratación confiando en que la comercializadora respondiera de su obligación, no como una mera intermediaria sin vinculación directa, sino que cumpliese «con las expectativas razonables y de buena fe» de acuerdo al contrato celebrado.

Con estos argumentos, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra por Axpo Iberia y que condenaba a ésta y a Endesa Energía a indemnizar a Allianz Seguros con 991 euros y 7.198 euros respectivamente. Los hechos tuvieron lugar en 2010 cuando se produjo un siniestro eléctrico en la factoría que Euro Roca tenía en Porriño (Pontevedra) y que ocasionó daños materiales por valor de 8.190,18 euros. Por ello, concluye que existía un «vínculo contractual» de suministrar energía por parte de las compañías demandadas y que quedó acordada en el contrato una facultad de control acerca de la adecuación de las instalaciones para recibir el suministro.

La parte recurrente argumentaba que la responsabilidad contractual por daños derivados por el suministro de energía eléctrica (falta de suministro o deficiencias) solo puede exigirse a la empresa distribuidora. La sentencia deja a salvo el derecho a la acción de repetición que en su caso pudiera corresponder a la empresa comercializadora frente a la empresa de distribución de energía eléctrica. En la medida que la decisión del recurso se limita a la legitimación pasiva de las comercializadoras, no cabe interpretarse como una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los consumidores.

Gas Natural Fenosa invertirá unos 190 millones de euros en distribución de electricidad en Castilla-La Mancha entre 2016 y 2019

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EFE.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, va a invertir en torno a 190 millones de euros en Castilla-La Mancha entre 2016 y 2019 para mantener y reforzar sus infraestructuras eléctricas en la comunidad autónoma, con el fin de mejorar el servicio que presta a sus 621.417 clientes de la región.

Para ello, invertirá 43,3 millones de euros durante 2016 y cerca de 147 millones en el trienio 2017-2019, según indicó el director de la zona Castilla de Unión Fenosa Distribución, Sergio Arana, que precisó que las inversiones en el próximo trienio será de 52,4 millones en 2017, de 45,2 millones en 2018 y de 49,1 millones en 2019. Asimismo, además de las inversiones recurrentes en mantenimiento y mejora en la red en la comunidad, durante los próximos años se van a llevar a cabo varios proyectos destacados en Castilla-La Mancha, donde suma casi el 50% de la cuota de distribución.

El proyecto de mayor dimensión para los próximos años es la nueva subestación de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y la línea de 132 kV que unirá esta localidad con el también municipio ciudadrealeño de Moral de Calatrava. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y previsiblemente se iniciará en 2018, servirá para aumentar la capacidad de las redes de media y alta tensión en el entorno de Almagro y de Bolaños, lo que garantizará la conexión de los crecimientos futuros de la zona y reforzará la garantía del suministro.

Además, en 2018 iniciará en Guadalajara la construcción de la nueva línea Fuentes de la Alcarria-Fuentes de la Niña, de 23 kilómetros de longitud, que reforzará la alimentación eléctrica de la capital de la provincia y de su entorno ante posibles contingencias. Arana ha añadido que las inversiones previstas hasta 2019 contribuirán a aumentar la calidad del suministro en las zonas en las que Unión Fenosa Distribución suministra energía eléctrica.

En este sentido, ha destacado que la compañía ha mejorado sustancialmente el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión (TIEPI) en Castilla-La Mancha, el principal indicador de la calidad del servicio. Así, entre 2006 y 2015, el TIEPI bajó el 61%, hasta situarse el año pasado en 0,79 horas. En las dos provincias con mayor número de clientes, Ciudad Real y Toledo, el TIEPI mejoró el 60% (0,73 horas en 2015) y el 62% (0,78 horas en 2015), respectivamente, mientras que las provincias de Cuenca y Guadalajara cuentan con porcentajes similares de reducción de las interrupciones.

Arana ha explicado que Unión Fenosa Distribución tiene en la comunidad castellanomanchega más de 655.000 puntos de suministro, que suponen el 17% de los 3,7 millones de puntos de suministro principalmente en cuatro comunidades autónomas, además de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Galicia. Estos datos la convierten en la tercera empresa distribuidora en España con un 15% del total de la distribución nacional, ha indicado Arana. En Castilla-La Mancha cuenta con redes en 432 municipios de las cinco provincias de la región, en la que tiene 621.417 clientes, entre ellos 5.275 de media tensión, en tanto que 57 son de alta tensión y el resto de baja tensión.

Castilla-La Mancha aprueba un borrador de decreto de energías para adaptar la normativa autonómica a la ley estatal

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EFE.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el borrador del decreto de energías para adaptar el desarrollo normativo autonómico, que data de 2007 y 2010, a la ley estatal del Sector Eléctrico de 2013. Así lo ha dado a conocer la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que explicó que conllevará una simplificación de trámites que va a favorecer y permitir, especialmente en el sector eólico, que las empresas se implanten en la comunidad autónoma.

Franco subrayó que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la implantación de renovables porque Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en potencia fotovoltaica instalada, la segunda en energía eólica y la tercera en el total de renovables. En este sentido, señaló que el compromiso del Gobierno regional es agilizar al máximo todas las tramitaciones para seguir favoreciendo la implantación y el desarrollo de estas energías en la comunidad autónoma.

La consejera destacó la importancia que tendrá este decreto, porque se estaban exigiendo numerosos requisitos a las empresas que no eran necesarios para su implantación y ahora se pasa a la autorización previa por parte de la Administración. Antes se hacía mediante un sistema de concurrencia y con la adaptación a la normativa nacional se posibilitará que haya una implantación libre por parte de las empresas, con la autorización previa de la Administración tutelante. Para ello habrá una simplificación de trámites que afecta tanto a las acometidas (por ejemplo, para las pequeñas acometidas no va a ser necesario el trámite de información pública) como a otros aspectos como a las futuras repotenciaciones del sector eólico.

Por otra parte, Franco ha valorado que las 33 empresas distribuidoras de energía que hay en la región van a realizar inversiones en los tres próximos años por importe de 270 millones de euros para mejorar las infraestructuras energéticas en Castilla-La Mancha. En este sentido, hizo hincapié en que el suministro energético es clave no solo para el bienestar de los habitantes de la región, sino para el crecimiento y la competitividad de las empresas. Franco consideró importante para la competitividad de las empresas «que el suministro sea económico» ya que en España siguen generándose problemas en la competitividad de las empresas con respecto a otros países de Europa debido al coste de la electricidad.

156 distribuidoras de electricidad todavía no reemplazaron el 35% de sus contadores y serán investigadas por no cumplir los plazos

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Redacción / Agencias.- 156 distribuidoras no cumplieron a finales de 2015 el objetivo fijado para 2014 de sustituir el 35% de su parque de contadores analógicos por telegestionados, los conocidos como inteligentes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, Competencia señala que existen distribuidoras de electricidad que, disponiendo de contadores inteligentes, emiten un porcentaje muy reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o que no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ha anunciado que abrirá actuaciones previas para analizar los casos en los que se incumplen los plazos de sustitución de los contadores y en los que han instalado más de 1.000 inteligentes y no han emitido curvas de consumo horario. En global, el número total de contadores inteligentes a cierre del pasado año ascendía a 14,49 millones, lo que supone que el 51% de los contadores analógicos ya ha sido sustituido en España. Un dato que no es óbice para que haya esas 156 distribuidoras de electricidad que no están cumpliendo los plazos para reemplazar sus contadores.

Contadores inteligentes, integrados y telegestionados

Según el informe de seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida correspondiente al segundo semestre de 2015, al 90% de los consumidores con este tipo de contador se le facturó utilizando sus curvas de consumo horario. De estas medidas horarias, un 91,6% correspondieron a medidas reales. Los contadores telegestionados son equipos capaces de medir de forma remota el consumo horario de energía eléctrica de los usuarios.

La normativa vigente establece que las distribuidoras deben realizar la sustitución de los contadores analógicos y posteriormente integrarlos en sus sistemas de telemedida y telegestión para poder realizar las lecturas horarias de forma remota de aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW. Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, se estableció un cambio gradual. Así, a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.

Unión Fenosa Distribución lanza una app para consultar en tiempo real incidencias y trabajos de mantenimiento en la red eléctrica

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Europa Press / Servimedia.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución de electricidad de Gas Natural Fenosa, ha mejorado el servicio que presta a los clientes de sus redes con el lanzamiento de una herramienta pionera en el sector eléctrico español que permite consultar en tiempo real las incidencias fortuitas y los trabajos de mantenimiento programados en la red eléctrica.

La herramienta es accesible a través de la página web de Unión Fenosa Distribución o de la aplicación tuluz, que está disponible de forma gratuita y abierta en las principales plataformas de aplicaciones, explicó Fenosa. Esta herramienta localiza en un mapa, con un icono azul, la zona en la que se están efectuando trabajos de mantenimiento de la red eléctrica y que pudieran estar provocando una interrupción del servicio. Haciendo clic en el icono se visualiza información relativa a la hora de inicio y fin del trabajo, así como el número de clientes potencialmente afectados.

Además, los clientes pueden consultar en tiempo real en el mapa si existe alguna avería que supere los 3 minutos de duración. La herramienta localiza con un icono rojo el lugar en el que se está trabajando para resolver la incidencia y facilita información sobre hora de detección, hora prevista de resolución y los clientes afectados. Una vez resuelta la avería, el icono cambiará a color verde antes de desaparecer del mapa, indica la empresa.

Inteligencia a disposición del cliente

El director de distribución eléctrica en España de Gas Natural Fenosa, Luis Zarauza, señaló que «esta herramienta forma parte de una serie de iniciativas innovadoras desarrolladas por Unión Fenosa Distribución que tienen un denominador común: situar al cliente en el centro de la actividad de la compañía». El despliegue de las redes inteligentes, cuyo elemento clave es el contador, camina en esa misma dirección. La compañía ha superado ya los 2,7 millones de contadores inteligentes instalados e integrados en el sistema de telegestión, que recogen diariamente más de 400 millones de registros de medida horaria. La información que, junto a la energía, circula por las redes está a disposición de los clientes al día siguiente en la aplicación móvil tuluz.

Unión Fenosa Distribución está presente, fundamentalmente, en cuatro comunidades autónomas, que son Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En total, da servicio a 3,7 millones de puntos de suministro a través de una red de líneas de alta, media y baja tensión cercana a los 120.000 kilómetros. La distribuidora ha realizado durante los últimos años un importante esfuerzo inversor, cuyo importe asciende a 680 millones de euros entre 2013 y 2015, para mejorar la calidad de su servicio. 

Iberdrola aumenta un 2,1% hasta septiembre su producción global de electricidad

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EFE / Servimedia.- El grupo Iberdrola alcanzó una producción global de 103.442 gigavatios hora (GWh) en los nueve primeros meses del año, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2015, impulsado por las renovables según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La generación hidráulica aumentó un 50,7%; la procedente de instalaciones renovables, un 4,4%; la nuclear, un 4,6%; la cogeneración, un 3,6%; y la producida en centrales de ciclo combinado de gas, un 0,2%.

Por el contrario, la producción de las centrales de carbón se redujo un 66,5% respecto a los nueve primeros meses de 2015. Este descenso se debe, básicamente, al cierre de la planta de carbón de Longannet (Reino Unido), donde la producción descendió un 28,1%. El cese de la actividad en esta planta “responde al compromiso de la compañía de ser neutra en carbono en 2050”.

En España, la producción de Iberdrola ascendió a 48.253 GWh entre enero y septiembre, un 13,7% más que en igual periodo de 2015. La generación hidroeléctrica creció un 56,2% y la procedente de ciclos combinados, un 23,9%. La producción renovable aumentó un 5,8%; la cogeneración, un 4,9%; y la nuclear, un 4,6%. La generación con carbón también disminuyó en España, en concreto un 56,9%. En cuanto al resto de mercados en los que Iberdrola opera, la producción creció un 6% en Estados Unidos y un 34,7% en Brasil, mientras que en México descendió un 3,7% y en Reino Unido un 28,1% menos por el carbón.

La capacidad instalada de Iberdrola en todo el mundo era de 44.544 megavatios (MW) al cierre del tercer trimestre, de los que más de 26.000 MW corresponden a energías limpias: 14.931 MW de generación renovable y 11.083 MW de origen hidroeléctrico. Estas dos tecnologías han incrementado su potencia respecto a los nueve primeros meses de 2015, al igual que la cogeneración (1.267 MW) y los ciclos combinados (12.979 MW). Por otro lado, la energía distribuida por Iberdrola aumentó un 1,9% en términos globales y descendió ligeramente, un 0,9%, en España.

La CNMC propone penalizar con 52,5 millones de euros a las distribuidoras eléctricas por pérdidas de energía en la red

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto unas penalizaciones de 52,5 millones de euros para las distribuidoras eléctricas este año por las pérdidas de energía que tiene lugar a través de sus redes, según su informe. Entre las distribuidoras que registran mayores penalizaciones, Competencia destaca los 40,2 millones a Endesa, mientras que a Iberdrola corresponden 6,9 millones, y a Unión Fenosa, 2,5 millones. Estos cálculos, correspondientes a 2016, se han realizado con datos de 2014.

Competencia explica que la normativa fija que las empresas distribuidoras de electricidad recibirán unos incentivos o penalizaciones en función de la gestión que realicen de las pérdidas que tienen lugar a través de sus redes. El objetivo, añaden, es garantizar una adecuada prestación del servicio e incentivar la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución «con criterios homogéneos en todo el Estado y con un mínimo coste para el sistema».

La CNMC es la encargada de proponer a Industria la cuantía que corresponde a cada empresa distribuidora en concepto de incentivo o penalización por este tema. Para calcularlo, se usa una metodología en la que se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de pérdidas registradas por la distribuidora dos años antes, cuando tanto la CNMC como el Operador del Sistema Eléctrico, Red Eléctrica (REE), disponen de toda la información. Frente a las penalizaciones, otras compañías recibirán incentivos por un valor global de 900.000 euros. En el caso de las empresas que han remitido datos erróneos de medidas al operador del sistema o ni siquiera las han remitido, la CNMC propone establecer unas penalizaciones por valor de 300.000 euros.