Miguel Sebastián repasa el panorama energético y propone luz gratis para los primeros kilovatios hora consumidos

El exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, realiza en una entrevista a Europa Press un amplio repaso al panorama energético actual: Castor, renovables, déficit de tarifa… y propone que los hogares tengan electricidad gratis hasta un número concreto de kilovatios hora y que, a partir de ese umbral, el precio vaya aumentando en función del consumo, de modo que los colectivos vulnerables con menos demanda verán rebajada su factura y el conjunto de los consumidores tendrá incentivos al ahorro.

El también exdirector de la Oficina Económica de La Moncloa plantea esta propuesta con motivo de la publicación de su libro La falsa bonanza, en la que también en materia energética compara el nuevo decreto de autoconsumo con «obligar a sacarse una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio» y se muestra convencido de que el Estado ganará los litigios con los inversores internacionales de renovables al menos en lo referido a los recortes que él aplicó en su etapa como ministro.

La idea de Sebastián sobre el recibo eléctrico consiste en «un mínimo exento» en consumo. «Fuera término de potencia. Que haya un mínimo, habrá que ver cuánto, de electricidad gratis. Para todos. Una vez superado el mínimo exento, el porcentaje de lo que vas pagando va subiendo con tu consumo», propone. Para Sebastián, esta idea es parecida al tipo único del IRPF, que también defiende y en la que se exime de pagar por la primera parte de la renta. Si se aplica la medida al recibo eléctrico, «ya no sería necesario el bono social mientras se incentivaría el ahorro energético porque, a medida que se consuma, se pagaría más«.

Por otro lado, Sebastián asegura que, en el caso del almacén subterráneo Castor, las decisiones «sustanciales» como la ubicación no las tomó él y que la cláusula que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado «era habitual en España y en otros países». Esta cláusula «hablaba de indemnización siempre que la planta estuviera operativa, cosa que nunca llegó a producirse, por lo que no entiendo por qué se ha aplicado«, sostiene, antes de considerar que los almacenes subterráneo son necesarios para enfriar el precio en caso de subidas. «Eso es muy bueno para el consumidor, pero malo para alguien. ¿Qué enemigos tiene Castor? Me temo que no solo los medioambientalistas», señala.

Al pronunciarse sobre los recortes a las renovables aplicados por el Gobierno a partir de 2008 para pinchar la burbuja en torno a estas tecnologías, Sebastián considera que «se tendría que haber sido más rápido y contundente», si bien duda de que legalmente fuese posible. «La forma de frenarlo habría sido con otro decreto o un real decreto ley. La pregunta es si hubiéramos podido aprobar un real decreto ley urgente. Estoy seguro de que no. Es más, seguro que no nos hubieran dejado ni los nuestros», señala. «Al principio dijeron que habíamos sido muy duros con la fotovoltaica, pero a la larga acabarán diciendo que fuimos demasiado blandos», sostiene.

Critica el decreto de autoconsumo

En lo referido al decreto de autoconsumo aprobado recientemente, el exministro de Industria se muestra «completamente» partidario de derogarlo. «Comparto el argumento de que no puede ser que todos los consumidores paguen los beneficios que van a recibir los que hagan el autoconsumo. Sin embargo, no puede ser que para tener unos paneles en casa te obliguen a tener permiso como si fueras una empresa productora. Es como si te obligan a tener una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio», afirma.

Sebastián también califica de «buena idea» la nueva factura por horas de la luz, aunque considera que es «un poco pronto» para aplicarla porque «primero hay que hacer la sustitución de contadores». «Cuando era ministro estaba desesperado con lo lenta que iba la sustitución y propuse a mis colaboradores pasar una norma para que a partir de ahora los contadores analógicos no se cobrasen. Pero los servicios jurídicos me dijeron que no podría hacerlo», explica.

Pese a ver con buenos ojos la factura por horas, Sebastián prefiere el sistema de subastas trimestrales que él puso en marcha para fijar el precio de la luz. «Yo no me hubiera cargado las subastas porque me parecía un mecanismo mucho más transparente y predecible que el de ahora», afirma. En todo caso, Sebastián reconoce su «mosqueo» ante las subidas de precios antes de la celebración de las subastas.

«Cuando pedíamos informes sobre las subastas, nos decían que no había ningún problema, pero siempre me mosqueaba que, cuando llegaba el momento, siempre subía el precio. A nosotros nos pasó un par de veces, pero todos los informes que pedíamos nos daban negativo y decían que no pasaba nada raro», señala. Este encarecimiento, indica, se debía a la toma de posiciones por parte de agentes financiero. «Cuando se mete el sistema financiero, realmente no sale nada bueno. En la fotovoltaica se metió el sistema financiero y la convirtió en un producto financiero: llevó a la gente a endeudarse para entrar en los huertos solares«, señala.

Sobre los arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables, Sebastián se muestra confiado en que el Estado «ganará» los correspondientes a las medidas adoptadas en su etapa como ministro. «La gran crítica es la retroactividad y lo que hicimos nosotros no es retroactivco porque la prima a las renovables no la tocamos«, sino que recortamos el número de horas, indica. «Lo hemos ganado en el Supremo y lo ganaremos en la corte internacional. Las medidas que vinieron después, ya veremos», afirma Sebastián, quien atribuye las subidas de la luz y la generación de déficit de tarifa en su etapa a la fotovoltaica y a la caída de la demanda.

«Metimos 3.000 MW de potencia instalada cuando estaban previstos 400. Eso eran 3.000 millones al año de primas, y eso fue lo que desequilibró todo. Sin eso, lo demás habría sido manejable. Es verdad que si la demanda de electricidad hubiera crecido más, ese coste se habría repartido entre más y hubiera sido menor, pero en vez de subir en tres años un 5% anual como estaba previsto, lo que es un 15%, cayó un 10%. Eso hizo que el coste para los que seguían consumiendo fuera muy alto», añade.

La CNMC propone a Industria reducir las cargas administrativas en el cambio de comercializador energético para ahorrar 7 millones

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaboró una propuesta de regulación para homogeneizar los procedimientos de cambio de suministrador en los sectores de gas y electricidad y ahorrar cargas administrativas por valor de 7 millones de euros. La propuesta, remitida al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, está en el Informe sobre alternativas de regulación en los procesos de cambio de comercializador.

La CNMC se muestra convencida de que la propuesta beneficiará a las cerca de 767 empresas de comercialización y de distribución de electricidad y gas existentes en España, además de a las empresas de nueva creación. El nuevo mecanismo reducirá las tasas medias de rechazo de cambio de suministro energético, lo que redundará en menores costes para los comercializadores y consumidores. En total, se pueden llegar a ahorrar hasta 14,7 euros de media por operación.

La propuesta consiste en favorecer la agrupación, actualización y armonización de los procedimientos de cambio de suministrador. El organismo regulador considera que el actual procedimiento de cambio en el gas es más eficiente que en el de la luz. Junto a esto, se definen los criterios básicos necesarios para el cambio, así como el contenido mínimo de las comunicaciones en cada uno de los trámites, además de los plazos en los que deberán finalizar cada uno de los hitos, eliminando asimetrías entre las empresas competidoras.

Con el nuevo procedimiento, se garantiza al consumidor el acceso al servicio contratado de forma «homogénea, transparente y no discriminatoria, con independencia del sector y de la modalidad de contrato presentada», afirma el regulador. La propuesta de la CNMC también regula las penalizaciones máximas a los consumidores y establece que el derecho al cambio de comercializador no puede quedar supeditado a cuestiones técnicas, salvo que el propio cambio lleva aparejada alguna modificación de ese tipo.

Al describir la actividad de switching, o de cambio de comercializador, el organismo regulador indica que, en el ejercicio 2014, la tasa se situó en el 12,1% de los 28,8 millones de puntos de suministro registrados. Este porcentaje es un punto superior al del ejercicio anterior y resulta parecido al detectado en otros sectores como el de las telecomunicaciones. Están además «en línea o por encima» de las tasas registradas en la Unión Europea para la electricidad y el gas.

UPyD pide «medidas concretas» para acabar con el fraude de los contadores denunciado por la CNMC

Europa Press.- La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, pide al Gobierno medidas «urgentes y concretas» para acabar con el fraude de los contadores eléctricos por su manipulación o conexiones ilegales y que no lo sigan pagando los consumidores, habida cuenta de que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este tipo de casos se incrementó en los últimos años.

En una pregunta escrita, la dirigente magenta se hace eco de un informe del superregulador según el cual este tipo de fraude organizado alcanza ya los 150 millones de euros anuales, una cantidad que acaban sufragando los consumidores finales aunque en el 90% de los casos no son ellos los culpables. De hecho, la CNMC publicó incluso una propuesta de modificación del reglamento sobre fraude del suministro eléctrico para luchar mejor contra este fraude «profesionalizado». Entre otras cosas, sugiere una revisión del sistema de incentivos por reducción del fraude que reciben la empresas o que sean las distribuidoras y comercializadoras las que asuman el sobrecoste.

En estas circunstancias, Rosa Díez pregunta al Ejecutivo «qué medidas urgentes y concretas piensa llevar a cabo para evitar que los consumidores sean quienes sufraguen las pérdidas de las compañías eléctricas a raíz de fraudes cometidos por terceras personas» y si no cree que el aumento de la factura de la luz es ya «suficientemente elevado» como para «cargar también a los usuarios esta cuantía».

La CNMC propone revisar los incentivos a las distribuidoras para reducir el fraude

EFE / Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una serie de medidas encaminadas a «frenar» las situaciones de fraude que se producen en el sistema eléctrico, cuyo incremento según afirma ha sido «notable» en los últimos años, y proteger así al consumidor. Así lo recoge en un informe que aboga por «homogeneizar» las actuaciones de los distintos agentes, armonizar los criterios estatales y autonómicos, y revisar los incentivos actuales a las distribuidoras eléctricas.

Desde 2009, subraya la Comisión, «la diferencia entre la energía generada en barras de central y la energía demandada por los consumidores ha ido en aumento, lo que se ha traducido en un deterioro progresivo de las pérdidas del sistema». Una parte de estas diferencias tiene su origen en el incremento del fraude en sus diferentes modalidades, principalmente conexiones directas a la red y manipulación de los contadores. La CNMC recuerda que la energía defraudada, debido al régimen económico de la Ley del Sector Eléctrico, supone un mayor coste para los consumidores, que resultan los perjudicados, pues deben sufragar el coste que los efectos del fraude suponen para el sistema.

La normativa actual es imprecisa en los plazos y las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en la detección y el tratamiento de este fenómeno. Además, también recuerda la necesidad de fomentar una acción «conjunta y armonizada» por parte de las administraciones para la lucha contra el fraude, que elimine la «disparidad de criterios a nivel autonómico y estatal a este respecto».

Revisar el incentivo de 2013

La CNMC recuerda que un decreto del año 2013 introdujo un nuevo incentivo a las empresas distribuidoras para lograr una disminución del fraude de energía eléctrica, al ser éstas las titulares de las redes y las encargadas de la lectura. A la vista del incremento de pérdidas experimentado desde 2009, la CNMC considera necesario revisar el incentivo actual a la reducción de pérdidas, con el fin de incrementar su impacto sobre el distribuidor y hacerlo más sensible a su coste.

Por otra parte, con la adopción de las medidas propuestas por la CNMC no sería necesario seguir manteniendo el régimen de incentivos a los distribuidores por la detección del fraude, ya que los objetivos perseguidos quedarían cubiertos con las mismas. Así, el regulador propone con respecto a la responsabilidad sobre las pérdidas dos posibles alternativas, entre las que se encuentra que el distribuidor sea el responsable de la compra de la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares, requiriendo modificaciones en la normativa.

Además, la CNMC aboga por que el comercializador siga siendo responsable de la compra de las pérdidas, pero el distribuidor le financiaría la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares. En ambos casos, asegura, el efecto de la diferencia entre las pérdidas reales y las estándares incidiría de forma inmediata sobre los ingresos de los distribuidores, por lo que se reforzaría el incentivo a la reducción de pérdidas.

En ambas alternativas se plantea un periodo transitorio de tres años, para hacer su aplicación más gradual con respecto a la regulación vigente, hasta alcanzar su repercusión total sobre el distribuidor el cuarto año. Además, plantea que las empresas distribuidoras presenten antes del 1 de diciembre de cada año los planes de verificación para la detección del fraude eléctrico previstos para el año siguiente a las autonomías donde se ubiquen los distintos puntos de suministro, a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Aspapel advierte de la falta de habilitación de fábricas para participar en las subastas de interrumpibilidad

Europa Pres.- La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) ha advertido que la situación de incertidumbre de varias fábricas pendientes de la habilitación para participar en las subastas de interrumpibilidad, que se celebrarán la próxima semana, puede afectar «gravemente» al futuro de ciertas industrias.

En un comunicado, la patronal ha señalado que el sector cuenta con varias fábricas pendientes de la habilitación para participar en las subastas al haberse visto afectadas por resoluciones sancionadoras que no pueden considerarse ejecutivas.  Así, considera que estas empresas, que están en proceso de impugnación de los supuestos incumplimientos que se les atribuyen, «no pueden ser excluidas de las subastas, ya que de ser así el daño sería irreversible, aunque al final se les diera la razón en sus alegaciones».

Aspapel afirma que estas empresas están sujetas a requisitos adicionales a la mayoría de las empresas interrumpibles por tener unidades de generación. En el pasado, nunca han tenido problemas de cumplimiento, pero un cambio en las especificaciones técnicas introducido esta temporada ha dado origen «a problemas generalizados» que el Ministerio de Industria está analizando. De esta manera, la patronal cree que la solución vendría de su habilitación para concurrir a la subasta, sin parar el proceso hasta que las resoluciones sancionadoras fuesen firmes, ya que la exclusión sin causa de estas empresas podría conllevar la nulidad de la subasta si posteriormente fuera recurrida por éstas.

Por ello, Aspapel confía en que los organismos responsables tomen «las medidas pertinentes» para subsanar la situación creada, teniendo en cuenta que «sería peligroso adoptar decisiones irreversibles» que afectarían gravemente al tejido industrial del sector, en un momento en el que sería «desastroso minar la competitividad» de empresas manufactureras que además son significativamente exportadoras.

Iberdrola contrata el suministro de contadores inteligentes por 80 millones de euros a 4 proveedores españoles

EFE.- La compañía eléctrica Iberdrola ha adjudicado a 4 proveedores españoles, ZIV, Sogecam, Sagemcom y Landis+Gyr, contratos para suministrar más de 3 millones de contadores inteligentes por un importe cercano a los 80 millones de euros, según la empresa. Estos contratos se enmarcan en el proyecto STAR (Sistema de Telegestión y Automatización de la Red) que Iberdrola está desarrollando en las 10 comunidades en las que tiene redes de distribución.

Los cuatro proveedores suministrarán los contadores entre octubre de 2015 y diciembre de 2016 para avanzar en la implantación de la red eléctrica de última generación de Iberdrola. La eléctrica instaló ya más de 5 millones de contadores inteligentes en España, lo que supone la modernización del 48% de su parque de contadores con una potencia contratada igual o inferior a 15 kilovatios. Este cifra supera el programa oficial fijado por el Ministerio de Industria, que obligaba a renovar el 35% de los 10,5 millones de contadores para 2015. En el primer semestre, Iberdrola compró equipos y servicios por un valor aproximado de 2.100 millones de euros y realizó pedidos a mas de 13.000 empresas.

Competencia multa con 150.000 euros a Euroenergía de Levante y la inhabilita por un año

Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 150.000 euros a la empresa Euroenergía de Levante como responsable de una infracción grave por sus incumplimientos de la obligación de adquirir la energía necesaria para el suministro a los consumidores.

Competencia explica que en febrero de 2014 recibió un informe de Red Eléctrica, el operador del Sistema eléctrico español, relativo a este incumplimiento. Una vez instruido el expediente, la CNMC ha acreditado que desde el inicio de su actividad, en el año 2013, Euroenergía de Levante ha adquirido en el mercado, de una forma consciente, menos de la cuarta parte de la energía que ha estado vendiendo a sus clientes.

Además, Competencia considera acreditada que la estrategia de compras de Euroenergía de Levante continúa las prácticas seguidas por Elecval y Cenermed, de cuya cartera de clientes Euroenergía es, en buena medida, depositaria. Ambas empresas también fueron inhabilitadas, en 2012 y 2013, respectivamente, por la falta de adquisición de la energía para el suministro de sus clientes y la falta de prestación de las garantías exigidas por el operador del sistema.

La CNMC considera que el valor estimado de los desvíos pendientes de pago que Euroenergía de Levante ha ocasionado es de varios millones de euros. En caso de impago, dicha cantidad no está cubierta con las garantías exigidas por el operador del sistema, debido a la negativa de esta empresa a depositarlas. La sanción conlleva también la inhabilitación para el desarrollo de la actividad de comercialización de energía eléctrica durante un año, inhabilitación que queda condicionada en su eficacia a la tramitación de un procedimiento de traspaso, al comercializador de referencia, de los clientes que no escojan un comercializador diferente.

La CNMC critica que las comercializadoras de electricidad y gas aprovechan las quejas de los clientes para lanzarles sus ofertas

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que las comercializadoras eléctricas y gasistas utilizan el servicio telefónico de atención al cliente, cuando estos están planteando quejas o reclamaciones, para lanzar ofertas y promociones. Así ha sido constatado por el organismo regulador en su Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, basado en los resultados de un cuestionario de 120 preguntas contestado por 88 empresas.

Para la CNMC, el uso del servicio de atención telefónica con fines publicitarios cuando el consumidor no ha solicitado este tipo de información implica «molestias», especialmente si la llamada estaba relacionada con una queja. El regulador añade que «un porcentaje elevado de las empresas comercializadoras admitieron aprovechar la llamada del consumidor para solicitar información que no tenía que ver con el motivo de la llamada». Además, Competencia detectó que un escaso número de comercializadores evaluó internamente la calidad de la atención recibida por sus clientes.

De hecho, la CNMC elaboró este informe como respuesta al escaso grado de satisfacción percibido por los consumidores con respecto a los servicios que proporcionan estas empresas. Por ello, elaboró un Catálogo de Buenas Prácticas de Atención al Cliente para los Comercializadores Energéticos. Además, trabaja en la actualidad en una circular de información de las reclamaciones que reciben de los consumidores, y continuará supervisando periódicamente el desempeño de estas prácticas. Entre los problemas que detectó la CNMC destaca la dificultad que tienen los clientes para identificar claramente a los comercializadores que pertenecen a las empresas tradicionales, verticalmente integradas, y diferenciarlos de otras empresas del grupo.

La CNMC también señala que, pese a existir un teléfono de atención gratuito, en ocasiones las llamadas se gestionan a través de números de tarificación adicional «sin informar a los usuarios del precio de estas llamadas». De acuerdo a la encuesta, los comercializadores no ofrecen compensaciones económicas al consumidor incluso cuando «habían comprobado que el motivo de una reclamación era responsabilidad suya«. En cuanto a la resolución de los conflictos, la CNMC lamenta que en este período un escaso número de comercializadores se encontraron adheridos a un sistema de resolución extrajudicial y que cuando sí lo estaban, sólo lo hacían en algunas provincias o autonomías.

Por su parte, entre las mejores prácticas detectadas, la CNMC destaca la amplia accesibilidad y disponibilidad de estos servicios a través de los diversos canales, sobre todo cuando se trata de los comercializadores de mayor tamaño. Asimismo, subraya que en estas compañías está bastante extendida la formación del personal de atención telefónica al que, en ocasiones, se ofrece incentivos económicos en función de la calidad con la que atienden las llamadas. Además, en los comercializadores de menor tamaño es común que las reclamaciones sean tramitadas por la misma persona o gestor durante todo el proceso. Se ofrece así una atención más personalizada para el consumidor.

Las compañías integradas en Unesa seguirán pagando más del 99% del bono social de la electricidad para el consumidor vulnerable

Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto un nuevo esquema de reparto de la financiación del bono social para 2015, que recaerá sobre un total de 29 empresas, en lugar de las 27 que se incluyeron en la lista del pasado año, si bien las eléctricas integradas en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir más del 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

En el caso de las cinco grandes compañías eléctricas, Endesa será la que mayor porcentaje del bono social deba financiar en 2015, con el 42,28%, frente al 41,61% del año pasado; seguida de Iberdrola (39,21% frente al 38,47% del ejercicio anterior), Gas Natural (12,27% frente al 14,18%), EDP España (3,18% frente al 2,64%) y Viesgo (2,27% frente al 2,36%). Según consta en la memoria de la propuesta, el coste liquidado del bono social durante los meses de septiembre de 2013 y agosto de 2014 ascendió a 184 millones de euros.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros anuales, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional el coste del bono social a la tarifa eléctrica en 2013, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las compañías eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios. En concreto, este importe se carga sobre las compañías que desarrollen simultáneamente las tres actividades de producción, distribución y comercialización.

Facua lleva a los tribunales el cobro de tarifas «ilegales» en el alquiler de los contadores inteligentes de la luz

Servimedia / EFE.- Facua-Consumidores en Acción ha emprendido acciones judiciales por la aplicación «ilegal» de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz, con una primera demanda interpuesta contra Endesa Distribución, ya que consideran que las compañías eléctricas aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que «todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados».

Asimismo, la asociación ha habilitado la web FACUA.org/contadores, en la que pone a disposición de los usuarios afectados un modelo de demanda para que la presenten contra sus distribuidoras eléctricas de forma gratuita, ya que este tipo de procedimientos no requiere de abogado ni procurador. En este sentido, instó a los usuarios a acudir a los tribunales para «poner freno a este fraude masivo que lleva años produciéndose ante la pasividad de las administraciones competentes».

«El Ministerio de Industria no ha tomado medidas contra las compañías eléctricas, pese a que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha instado a hacerlo», denunció Facua. Además, criticó la falta de actuación de las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades autónomas y de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, «pese a las denuncias presentadas por la asociación».

«Fraude» de 4 euros anuales

De esta forma, Facua lamentó que «la irresponsabilidad de las administraciones obliga a judicializar una vez más un fraude masivo contra los consumidores». En este caso, los tribunales tendrán que tratar una a una reclamaciones de cuantías que no alcanzan los 4 euros por cada año en el que se haya producido la facturación ilegal. El «fraude», según la organización de consumidores, supone 33 céntimos mensuales (27 más IVA) por cliente, pero dado el volumen de afectados representa «decenas de millones de euros cada año».

Facua presentó en 2014 una batería de denuncias ante las administraciones competentes contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España: Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico Distribución (EDP HC Energía) y E.On Distribución. En sus denuncias, Facua reclamó que se impusiese a las compañías la devolución de decenas de millones de euros «cobrados de más» a los usuarios al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión y telemedida.

Según Facua, el sector está cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) que según la normativa sólo puede aplicarse si los equipos ofrecen las prestaciones propias de la telegestión. La cuota es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA). Cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros mensuales) por el alquiler de contadores inteligentes que «no lo son en absoluto», indica Facua.