Ante esta «fuertísima» repercusión la empresa -que en su día facturaba 140 millones y tenía un coste salarial de 22- tendrá que modificar y adaptar el plan de viabilidad presentado, ya que la repercusión es «mayor de la esperada» en un principio (se empezó hablando de 9 millones, con el céntimo verde, y luego se subió a 20, tras la supresión de las primas, de modo que ahora, con 32 millones, estaría «peor» que en el punto de partida).

Así, a priori, y «vistos los números» y el «elevado coste» de la producción energética, que se ha determinado a raíz del reglamento introducido en la reforma para calcular la repercusión, la dirección se está planteando que la cogeneración no vuelva a funcionar y «buscar otras soluciones», como comprar otra caldera de carbón (la fábrica ya tiene una).

Así se lo ha trasladado este viernes la empresa al comité en la reunión que ambas partes han mantenido en la fábrica, encuentro del que ha informado el portavoz de los trabajadores, Antonio Pérez Portilla, que ha admitido que la repercusión de la reforma energética hace que la situación de Sniace sea «muy crítica».

En declaraciones a esta agencia, el secretario del comité de empresa ha valorado como «un paso más» las conclusiones del informe que los administradores concursales han entregado al juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, y que apuntaría a que las tres plantas (Sniace, Celltech y Viscocel) serían más viables unidas. Aún así, esto no supone la «solución a los problemas», porque «los peligros de alrededor siguen estando ahí», ha advertido.

No obstante, el sindicalista -que ha indicado que el comité todavía no ha tenido acceso al informe- ha señalado que la empresa va a presentar alegaciones al documento, extremo que puede llevar a cabo cualquier acreedor. Así, en función del número de alegaciones, el documento podría ser definitivo en un plazo de varios meses, ha apuntado.

En cuanto al aspecto laboral, el secretario del comité ha indicado que el próximo miércoles se reunirán, a las 11 horas en la fábrica, con la dirección, para abordar el futuro de las prejubilaciones de los trabajadores, que están todos afectados por el ERE. En este punto, ha recordado que este aspecto tiene que estar solucionado antes del juicio del 22 de abril en la Audiencia Nacional.

El comité también pedirá que se planteen las plantillas necesarias para arrancar de nuevo la producción de Sniace y las condiciones de las mismas. En este sentido, Pérez Portilla ha remarcado que los trabajadores quieren que les presenten «todas las posibilidades» y no les hablen de «hipótesis». Para finalizar, ha recordado que los trabajadores se sumarán este sábado a la Marcha por la Dignidad.

Así respondió el ministro en el Pleno del Senado a una interpelación planteada por Manel Plana, senador de CiU, en la que pedía que aclarase si el Gobierno llevará a cabo medidas urgentes para evitar el cierre de las plantas de tratamiento de purines y reducir el impacto que supondrá para las explotaciones ganaderas, en particular, las porcinas.

En su intervención, el ministro destacó que la reforma pretende que estas plantas reciban las mismas primas que las de las plantas de cogeneración convencional y no «un incentivo diferenciado», como el que perciben ahora.

En ese sentido, añadió que en la regulación, ahora en fase de alegaciones, «estas instalaciones se consideran como de cogeneración a todos los efectos, eliminando el trato diferencial», por lo que se reducirán en un 40% su sistema retributivo.

Soria señaló, en este sentido, que no se trata de que los españoles dejen de pagar en la factura de la luz el tratamiento de los purines, pero si que de que paguen menos. No obstante, señaló que «una parte» del incremento de la factura eléctrica en los últimos años «se debe» a esos incentivos otorgados.

«Nadie puede seguir apostando por que en la factura de la luz se nos siga metiendo el tratamiento de los purines. Hay que darle otro tipo de solución, y no es el recibo de la luz donde ha de financiarse«, sentenció.

«En definitiva, se trata de si realmente queremos o no aliviar el coste de la electricidad y, por ello, de la factura, tanto para el consumo doméstico como la de la energía en ‘inputs’, que es un factor fundamental para la industria», remarcó.

Según el ministro, estas instalaciones tratan el 5% del volumen de los excrementos que se generan en España, es decir, unos 2,5 millones de toneladas al año de los 50 millones totales. «No hay ni un sólo país europeo que tenga un sistema de incentivos al tratamiento de los purines tan elevado», defendió.

Por su parte, Plana consideró que, con la propuesta del Gobierno, el sector se verá abocado «al cierre de una gran cantidad de explotaciones ganaderas», por lo que pidió coordinación entre el Departamento de Soria y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para tratar de encontrar una solución al problema que, a su juicio, es de índole económica y medioambiental.

«No puede ser» que «intente culpabilizar del incremento de la factura eléctrica a esas plantas», indicó, después de pedir «diálogo y puntos de encuentro por parte de todos los actores para dar salida a una situación que puede ser grave».

Así, en la misiva, Zarzoso explicó que la industria de fabricación de baldosas cerámicas es un sector «intensivo en energía, con un importante consumo de energía térmica en el proceso y que utiliza la cogeneración como herramienta de competitividad». «Las turbinas de gas de cogeneración son la tecnología idónea para cubrir esta necesidad de calor, ajustando la producción de calor a las necesidades del proceso industrial», indicó.

Según explicó, actualmente existen unas 80 instalaciones de cogeneración, con una potencia instalada de 300 megavatios (MW) y una producción de electricidad de 1.500 Gwh/año. «Somos un sector eminentemente exportador, aportando un superávit a la balanza comercial española de 1.800 millones de euros, y mantenemos casi 15.000 empleos directos en la actualidad», aunque cayeron «casi en un 50 por ciento desde el inicio de la crisis en 2008».

Además, agregó que más del 80% de la producción del sector se dirige a mercados exteriores, «compitiendo por tanto en un mercado global, y soportamos costes energéticos muy superiores a los de países competidores, sin posibilidad de trasladarlos al precio final del producto».

Por eso, según Zarzoso, «la cogeneración resulta vital para nosotros, ya que nos ayuda a minorar esos costes incrementando nuestra competitividad y nuestra capacidad competitiva y exportadora».

El presidente de Ascer informó a Rajoy de que la industria fabricante de baldosas cerámicas «viene sufriendo un gravoso tratamiento, derivado de la puesta en marcha de normativas y leyes que buscan resolver situaciones en las que poco o nada tenemos que ver, en el marco de la reforma energética».

«Acusamos las consecuencias de la entrada en vigor de la tasa al consumo de gas industrial, viéndose particularmente castigadas las
instalaciones cogeneradoras del sector con una tasa que cuadriplica la tasa al consumo industrial, a lo que hubo que sumar un impuesto del 7% a la generación eléctrica«, afirmó Zarzoso.

Asimismo, añadió que, posteriormente, «sufrimos la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico, que supuso de inmediato la supresión del complemento por eficiencia y la bonificación por reactiva, con una pérdida global de ingresos cifrada en 25 millones de euros anuales«.

La carta recogió que, una vez conocida y analizada la reciente propuesta normativa que regula el nuevo régimen retributivo para la cogeneración «se puede concluir que la repercusión económica anual para el sector puede alcanzar los 28 millones de euros adicionales, poniendo en riesgo la viabilidad de la cogeneración instalada y la competitividad de las empresas, que ya tienen una cuenta de resultados global negativa y con márgenes operativos muy estrechos».

Ascer consideró que el nuevo régimen económico «establece límites a las horas de funcionamiento que serán retribuidas, lo que carece de sentido para la tecnología de cogeneración, pues su funcionamiento está condicionado al régimen de funcionamiento de la industria a la que está asociada».

Por otro lado, apuntó que la normativa propuesta establece un mecanismo de compensación de ajuste de la retribución por desviaciones de precio de mercado «en un marco temporal demasiado largo que puede provocar situaciones de pérdidas operativas y necesidades de circulante inasumibles para las empresas».

«Esto hace totalmente inviable el funcionamiento de las cogeneraciones, y por tanto urgimos a que se modifique la propuesta para que se ajuste el plazo de compensación a un periodo razonable, que consideramos debería ser trimestral«, añadió.

Zarzoso instó de igual modo al presidente del Gobierno a escuchar al sector y a «tomar urgentemente acciones acertadas porque somos industria, eficiente y exportadora, y el país nos necesita».

Tanto el presidente de Acogen, José Manuel Collados, como su director general, Javier Rodríguez, aseguraron que la oficina de la asociación se encuentra estos días «colapsada» por las llamadas telefónicas en las que «los consejeros delegados y directores financieros» de las empresas «intentan entender por qué se pega este mazazo a la industria».

Acogen calculó que con los nuevos impuestos a la producción eléctrica ya les rebajaron en 220 millones de euros la retribución anual, a lo que se suman otros 140 millones de euros por el impuesto al gas y otros 50 millones de euros por los derechos de emisión que ahora deben pagar.

Si estos recortes suponían una reducción del 8% en la retribución, la propuesta de orden ministerial con los nuevos parámetros retributivos implica una minoración adicional de 567 millones de euros por la menor facturación y de 203 millones de euros por las limitaciones horarias.

«La nueva orden ministerial es demoledora» y «ya estamos viendo que las plantas tienen Ebitda negativo, así que no nos queda más remedio que cerrar. No sé si el Ministerio de Industria es consciente de lo que esto supone de pérdida de competitividad y de si tiene sensibilidad con la industria», afirmó Collados.

La potencia de cogeneración en funcionamiento es ahora 1.500 megavatios (MW) inferior al nivel habitual, después de que en lo que va de febrero se hayan retirado otros 700 MW. En total, Acogen calculó que el 25% del parque cogenerador, que incluye 978 instalaciones, ya está cerrado.

Collados dio por hecho que, si el borrador de orden ministerial se mantiene en su enunciado actual, «habrá una catástrofe en seis meses» que puede obligar a nuevos cierres y a la consecuente pérdida de empleo en la industria, que ve cómo el coste de la electricidad daña su competitividad relativa con respecto a otros países de Europa.

Las alegaciones de Acogen ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de esta norma parten del principio de que «los números de Industria tienen que estar mal hechos si es que el Gobierno quiere defender a la industria», explicó Rodríguez.

Entre las alegaciones, figura la previsión de un precio medio del «pool» de 48 euros por megavatio hora (MWh) que puede verse sometido a volatilidad y que implica de por sí una retribución más baja para la cogeneración, así como la falta de reconocimiento retributivo para todas las horas con actividad cogeneradora o la «incertidumbre» añadida acerca de la forma en que se calcula y actualiza el precio del combustible.

«Lo que pedimos es sentido común», señaló Rodríguez, antes de considerar adecuado que Industria reconozca en el caso de la cogeneración no sólo el coste de la inversión eléctrica, sino el de otros componentes asociados. «La ley habla de instalaciones eficientes y bien gestionadas, y nosotros somos una actividad de alta eficiencia», aseguró.

Acogen advirtió de que la orden ministerial provocará un resultado negativo en las plantas, que se verán abocadas a cerrar porque, a diferencia de otras instalaciones como las renovables con costes nulos de operación, la cogeneración tiene el coste operativo del gas. «En nuestro caso no es un problema financiero, sino un problema operativo que afecta al mantenimiento de la propia actividad», advirtió Rodríguez.

Sobre la posibilidad de desarrollar un «plan renove» de cogeneración incluida en la nueva Ley del Sector Eléctrico, el director general de la asociación se preguntó «quién se renueva en un cementerio» y consideró que su aplicación será difícil cuando, en paralelo, se lanza una norma que «quiebra la confianza» de los inversores.