En declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Miguel Sebastián dijo haber pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que «intermedie para que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia sea razonable y retire un recurso que ya no tiene ningún sentido».

«Ni siquiera las compañías eléctricas han decidido mantenerlo y por tanto es absurdo. Es una batalla perdida que lo único que hace es perjudicar a los mineros de Castilla y León y de las comarcas mineras», señaló, antes de apelar a la Xunta gallega a «recapacitar» y a «retirar los recursos».

«Nuestras minas de carbón son imprescindibles» y el Ejecutivo español las defenderá «en Bruselas y donde sea», ya que en caso de ausencia de otras fuentes, el carbón es el único recurso autóctono gestionable que posee España. «Defendemos el carbón autóctono porque es bueno para España», insistió.

Sebastián también explicó que, «para agilizar los tiempos», su departamento ya ha «puesto en marcha» algunos de los desarrollos normativos necesarios para aplicar el real decreto.

«Estamos plenamente convencidos de que, más pronto que tarde, el Tribunal de Luxemburgo va a levantar las cautelares y por tanto vamos a ponerlo en marcha, y lo vamos a hacer muy rápido, en cuanto Luxemburgo lo diga«, añadió.

Durante su comparecencia ante los diputados, Sebastián reconoció que el decreto del carbón «explica en torno a tres puntos porcentuales» de la subida del 9,8% de la luz de enero, pero defendió este mineral porque es «la única fuente energética española» y «por su dimensión social y territorial».

Por otro lado, aseguró que «habrá que esperar a que el real decreto se ponga en marcha» para conocer los efectos de la medida sobre las centrales térmicas que queman carbón de importación y que resultarán desplazadas por el mayor uso de plantas de mineral nacional.

Entre estas centrales de carbón de importación figuran las gallegas de As Pontes y Meirama. Esta circunstancia ha motivado a la Xunta de Galicia a recurrir el decreto del carbón.

Sebastián se declaró convencido de que la puesta en funcionamiento del llamado decreto del carbón no tendrá ningún efecto para las centrales de carbón de importación gallegas. No obstante, en el caso de que se produjera, «buscaríamos algún mecanismo compensatorio» y recordó que se ha creado un comité de seguimiento que se encargará de analizar «la afección real del mecanismo sobre estas centrales».

La Xunta de Galicia insiste en que no retirará el recurso

Por su parte, el Gobierno de la Xunta, a través de la Consellería de Economía e Industria, ha reiterado que mantiene firme su postura de no retirar el recurso contra el decreto del carbón por los efectos negativos del mismo en el tejido energético y productivo de Galicia.

La Consellería señala que no tiene «otro camino que el del recurso ante los tribunales», ya que el Ministerio de Industria, se ha negado reiteradamente a «escuchar a Galicia para tratar de buscar una solución más solidaria y justa, que no afecte al tejido productivo y energético de la comunidad».

El Gobierno gallego dice que la Xunta no se opone al desarrollo de la minería del carbón autóctono en otros territorios de España, pero tampoco «contempla la posibilidad de retirar ningún recurso judicial en contra de la aplicación del real decreto del carbón». Por eso está dispuesto a «escuchar» las soluciones que proponga el Ministerio de Industria, al que acusa de actuar con «constantes muestras de deslealtad institucional».

Agrega, además, que «tal y como ya adelantó el propio conselleiro, Javier Guerra, recurrirá también las diferentes reglamentaciones que desarrollan la norma, que prima la quema de carbón autóctono y que perjudica gravemente a Galicia».

El Departamento que dirige Javier Guerra recuerda que envió una carta al ministro de Industria el pasado 27 de enero en la que defendía la intención de la Xunta de no retirar el recurso, misiva en la que ponía encima de la mesa, «como muestra de una actitud constructiva y de colaboración, una propuesta de negociación que no obtuvo -agregó- ninguna respuesta».

La entrada en vigor del real decreto supone la paralización de las centrales térmicas gallegas en As Pontes y en Meirama, la reducción de la actividad de los ciclos combinados y un notable impacto en los puertos de A Coruña y Ferrol, en la planta ragasificadora de Reganosa y de los empleos en las empresas auxiliares.

Castilla y León cree que Industria aparta a la Xunta de la negociación sobre el carbón

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha acusado al Ministerio de Industria de «excluir» a la Xunta de Galicia en las negociaciones para desbloquear la aplicación del Real Decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono.

El vicepresidente segundo de la Junta, Tomás Villanueva, se ha referido a las declaraciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que ha pedido al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que intermedie para su homólogo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, retire su recurso contra el Real Decreto.

Villanueva ha manifestado su «extrañeza» por las declaraciones del ministro, que actúa «como que no supiera nada».

Al respecto, ha precisado que Sebastián está «perfectamente informado» de los contactos entre la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia en esta materia.

Sin embargo, es el Ministerio, ha añadido Villanueva, el que en ningún momento ha convocado a la Xunta a una reunión, cuando sí lo ha hecho con agentes económicos y sociales o con representantes de municipios de Galicia.

Industria ha iniciado así el procedimiento para aplicar el Real Decreto que prima el consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas, una norma que el Gobierno aprobó en octubre de 2010 pero que todavía no se ha puesto en marcha por la oposición de las eléctricas y la Xunta de Galicia.

El primer paso ha sido la aprobación de una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fija las cantidades de carbón autóctono que se deberán consumir en 2011, el volumen máximo de producción de las centrales afectadas por la norma y la retribución de la energía producida.

En la resolución, Industria asigna a diez centrales térmicas una producción de electricidad a partir de carbón nacional de 23.342 gigavatios hora (GWh). De esta cantidad, las de Compostilla y Teruel, con 5.444 GWh y 6.183 GWh, respectivamente, son las que mayor cantidad de electricidad producirán.

Esta contribución de las centrales de carbón nacional equivale al 8,3% de los 278.955 GWh que, según el borrador de orden de tarifas de enero elaborado por Industria, se van a consumir en España durante este año. Este consumo total es un 2,11% superior al de 2010.

En aquel momento, Industria calculó que el decreto del carbón costará 4,2 euros por megavatios hora (MWh) a los consumidores de baja tensión y elevó un 72% los pagos por capacidad para afrontar el coste de la medida.

El propio ministro Miguel Sebastián indicó que la entrada en vigor del decreto explica tres puntos de la subida de la luz del 9,8% de enero, al tiempo que su ex secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, cifró en 600 millones el coste de su puesta en marcha.

No obstante, para que se pueda aplicar el Real Decreto faltan aún dos pasos: la aprobación por el Consejo de Ministros de una Orden Ministerial que debe fijar, entre otros aspectos, la metodología de cálculo de los derechos de emisión de CO2 y la definición de los procedimientos de operación que deberán servir de guía al gestor técnico del sistema, Red Eléctrica de España (REE).

Precio superior al de las subastas

En la resolución publicada en el BOE también se aprecia que las centrales recibirán entre 63,6 y 99,94 euros por MWh por quemar el carbón, lo que supone un incentivo del 29% y del 103%, respectivamente, con respecto a los 49,07 euros en los que quedó el precio de la electricidad en la última subasta entre comercializadoras de Tarifa de Último Recurso (TUR).

Por centrales, las que quemarán más carbón serán las de Teruel y Compostilla, con 2,75 millones de toneladas y 2,33 millones de toneladas, respectivamente. Las cantidades asignadas permitirán dar salida tanto al «stock» de las centrales como al mineral que se vaya produciendo.

La potencia de las centrales que participarán en este mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro suma 4.671 megavatios (MW).

Al entrar en funcionamiento, estas plantas desplazarán a otras, entre ellas algún ciclo combinado o plantas de carbón de importación. Para las mismas se ha reservado precisamente el incremento en un 72% en los pagos por capacidad, que incentivan la disponibilidad de las plantas que no están en funcionamiento.

Las eléctricas retiran su petición de medidas cautelares ante la UE

El proceso se ha puesto en marcha coincidiendo con la decisión de las compañías eléctricas -Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- de retirar la petición de medidas cautelares que habían planteado ante el Tribunal de la Unión Europea (UE) para paralizar la aplicación de la norma. La Xunta de Galicia se ha desmarcado de esta iniciativa y mantiene su petición de suspensión cautelar.

Las eléctricas y la Xunta habían pedido en enero al Tribunal de Luxemburgo que suspendiera la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar el Real Decreto del Carbón.

En España, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han optado por no decretar la suspensión cautelar de la norma.

En la vertiente laboral, la situación también se ha aclarado tras el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana por la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012.

Según este acuerdo, Industria se compromete a pagar las ayudas al sector del carbón correspondientes a 2011, las empresas del sector a retirar los expedientes de regulación de empleo (ya que las ayudas están ligadas al mantenimiento de los puestos de trabajo) y los sindicatos a desconvocar las movilizaciones.

Las empresas tienen los contratos casi cerrados y esperan firmarlos el lunes

Por su parte, las empresas mineras Grupo Alonso, Grupo Viloria y Hullera Vasco-Leonesa han asegurado que tienen las cartas de compromiso de adquisición de carbón con las compañías eléctricas ultimadas, por lo que esperan que se firmen el próximo lunes día 14 si no surge ningún problema de última hora.

Con la publicación en el BOE de una resolución que fija las cantidades de carbón autóctono que se deberán consumir en 2011, se ha iniciado el procedimiento para aplicar el Real Decreto que incentiva el consumo de mineral nacional. Para que pueda ponerse en marcha esta norma es necesaria la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una orden ministerial que fije, entre otros aspectos, la metodología de cálculo de los derechos de emisión de CO2, y la definición de los procedimientos de operación que deberán servir de guía al gestor térmico del sistema, Red Eléctrica de España (REE).

El Grupo Alonso espera que el procedimiento termine lo antes posible, para que la energía producida por la quema de carbón esté en el mercado entre la tercera y la cuarta semana de este mes.

La empresa ha precisado que se reunirá con las compañías eléctricas el lunes, fecha en la que esperan firmar las cartas de compromiso de suministro.

Una vez se formalicen estos contratos y comience la actividad, se irán levantando progresivamente los expedientes de regulación de empleo que afectan a los trabajadores de plantilla y a las subcontratas asociadas a estas empresas.

En este sentido, el dueño del Grupo Viloria, Manuel Lamelas, ha afirmado que los primeros empleados que volverán a la actividad serán los de transporte, a los que seguirán los de preparación de las minas y los de extracción.

El empresario ha añadido que «prácticamente sólo queda estampar la firma» en los contratos, pues los precios del carbón ya están acordados con las eléctricas. «Los pasos se están dando en forma y en tiempo acordado», dan respuesta a las «necesidades del sector» y plasman el «sentir» de una sociedad que había reclamado soluciones ante el bloqueo de la minería de carbón, ha expuesto.

La Hullera Vasco-Leonesa ha manifestado que, por el momento, se están cumpliendo los pasos que se acordaron en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón. Ha incidido en que los contratos con las eléctricas, que estaban redactados previamente a que impugnaran el Real Decreto y pidieran su suspensión cautelar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están prácticamente cerrados.

Tras la firma de estas cartas de compromiso, el Ministerio de Industria será quien deba dar a REE la orden de inicio de quema de carbón a las centrales térmicas, ha aseverado esta empresa.

En el Foro Quevedo de León, Rosa Díez ha lamentado que las ayudas que se han dado para el sector del carbón no hayan servido para generar una actividad alternativa, algo que supone un engaño a los ciudadanos, porque lo único que se ha hecho es «mantener el subsidio para mantener a las personas» que trabajan en el sector, pero sin generar más.

Estas ayudas «han sido un gran fracaso, un engaño y una falta de respeto a los demás», ha dicho Díez, que ha insistido en que «no se pueden dar subvenciones para toda la vida», sino que éstas tienen que servir para garantizar el futuro de las generaciones venideras.

También ha abogado por que haya un pacto energético, en el que tenga cabida la energía nuclear.

Rosa Díez ha intervenido en el foro periodístico Quevedo, organizado por la Agencia EFE, la Asociación de Periodistas de León y Paradores de Turismo, y moderado por el director del Diario de León, Pablo Lago.